La Ley de Costas vulnera cuatro directivas europeas

ECOTICIAS* : WWF ha denunciado ante la UE la modificación de la Ley de Costas, que se encuentra ahora en trámite parlamentario. La organización ha presentado una queja ante la Comisión Europea porque considera que esta reforma vulnera la normativa europea. De hecho, WWF argumenta que supondría un impacto profundo en nuestro litoral, aumentaría su desprotección y fomentaría la inseguridad jurídica.
WWF ha presentado una queja ante la UE porque considera que la modificación de la ley de costas, aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año, va en contra de los pilares básicos defendidos por la UE en materia de medio ambiente. De hecho, la organización denuncia que la reforma de la Ley de Costas podría vulnerar las siguientes Directivas europeas.

· Riesgo de Inundaciones
(Directiva 2007/60/CE)

La modificación incumpliría la legislación relativa al riesgo de inundaciones. WWF insiste en su queja en que la reforma conllevaría la ocupación de zonas susceptibles de inundarse. De hecho, omite lo que se refleja en el Atlas de Áreas Inundables (1) encargado por el propio MAGRAMA. Además, ignora las previsiones realizadas por los expertos sobre los impactos del cambio climático en los próximos 75 años (período ampliado a las concesiones a particulares e industrias en la costa), sobre los bienes e infraestructuras situadas en el litoral. Esto podría dar lugar a daños en “personas y bienes” de los que se derivarían responsabilidades legales para sus promotores.

· Calidad de las aguas
(Directiva 2000/60/CE)

Para WWF, también incumpliría la obligación de garantizar la buena calidad de sus aguas. No en vano, la reforma de la ley fomenta la desprotección de la franja costera, poniendo en riesgo importantes ecosistemas litorales, como salinas, dunas y marismas. Todo ello a pesar de que estos espacios impiden la regresión de playas y aseguran un buen estado de los recursos pesqueros, etc. Asimismo, no se han evaluado las consecuencias que sobre este aspecto tendría también el fomento del urbanismo en la costa y de los usos industriales.

· Tratamiento de aguas residuales urbanas
(Directiva 91/271/CEE)

WWF destaca que tampoco ha respetado lo que refleja la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. La organización pide al gobierno que no se plantee generar más residuos. De hecho, sigue sin resolver los problemas que ya existen en esta materia por la insuficiencia de sistemas de depuración. La estacionalidad de la población en la costa y el urbanismo excesivo han supuesto que las infraestructuras estén mal dimensionadas y no sean útiles, especialmente en verano.

· Participación pública y acceso a información
(Directiva 2003/4/CE)

Por último, WWF recuerda que no se ha permitido a las ONG acceder a la cartografía ni a los criterios usados por el Gobierno para la exclusión de los diez núcleos urbanos y Formentera del Dominio Público.

Desde que se presentó, WWF ha alertado de que su aprobación supondría un varapalo para la riqueza de nuestro litoral y fomentaría la inseguridad jurídica. De hecho, el proyecto favorece los intereses privados en detrimento de un bien público y del interés general, reduce la servidumbre de protección y amplía el plazo de concesiones.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, ha declarado: “Fomentar la ocupación del litoral es una temeridad que con seguridad dará lugar en el futuro a responsabilidades”. Y añade: “La reforma va en contra de la legislación europea y es de tal calado que resulta urgente que la Comisión Europea y el Parlamento europeo se pronuncien sobre ella antes de su aprobación en el Parlamento español”.


* Ecoticias - 18.1.13
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)

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35 de los 88 ayuntamientos canarios han sido investigados por corrupción

LAOPINIÓN/Tenerife* : 35 de los 88 municipios del Archipiélago se vieron envueltos en casos de corrupción urbanística entre 2006 y 2010, la época de expansión de la burbuja inmobiliaria y del urbanismo salvaje. Esta cifra representa casi un 40% de los ayuntamientos de las Islas, lo que supone algo más del cuádruple de la media española, situada en un 8,3%. Se trata, por tanto, de la segunda comunidad autónoma que porcentualmente estuvo más afectada por la corrupción, solo superada por Murcia que septuplica la media. Los habitantes de todas las localidades afectadas suponen más de la mitad de la población española (26,3 millones).

Esta evaluación del impacto de la corrupción urbanística, que alcanza a municipios habitados por 26,3 millones de personas (el 56,1% de la población española) está recogida en un estudio de Luis M. Pérez Darías, Víctor O. Martín y Ramón Pérez González, de la Universidad de La Laguna (ULL), titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España, y se basa en una investigación de más amplio alcance, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre las características singulares que, debido a la burbuja inmobiliaria y la corrupción, ha adquirido la crisis económica en los países del sur de la eurozona conocidos como PIGS (acrónimo de las iniciales en inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España). El trabajo fue publicado en el número 87 de Ería, revista cuatrienal de geografía de la Universidad de Oviedo.

Dentro del estudio se reflejan datos como que España solo representa el 10% del PIB europeo y a pesar de ello, desde el año 2000 se han construido en el país el 30% de las viviendas de toda la Unión Europea. La mayoría de esos nuevos hogares han sido financiados con dinero que procedía del exterior, por lo que la crisis inmobiliaria española se relaciona estrechamente a la crisis financiera.

Desconocimiento

El estudio también hace referencia al enorme iceberg que supone la corrupción urbanística en España, del que solo se conoce la punta. "Sabemos dónde está, pues hemos localizado su punta, pero se desconoce la dimensión real de ese trozo de hielo flotante que se encuentra mayoritariamente hundido e invisible para el que navega en la superficie de ese mar", explican los autores de la investigación.
"Parece que una gran parte de la expansión económica, del milagro económico español, se entretejió con la telaraña de la corrupción política y urbanística", señala la investigación. "Parece también que esta ligazón entre la economía, la deuda y la corrupción ha sido propia de los países de la periferia de la Unión Europea de la moneda única". Tras estudiar algunos casos en Portugal, Irlanda y Grecia, el estudio hace una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la casuística de la corrupción urbanística en España, algo que elabora a partir de la información extraída de la prensa, blogs y comunicados dado que según aclaran "España no dispone de ninguna estadística oficial que recoja información de este tipo".

El estudio también distingue cinco tipos de municipios en función del sector económico: industrial, urbano, turístico, agrario y mixto. Los autores observaron una destacable actividad inmobiliaria en las capitales provinciales y sus municipios periféricos (21,7%), ya turístico (13,3%), mientras que el resto corresponden a localidades agrarias (42,3%) o industriales (7,7%) que han optado por cambiar de modelo de desarrollo económico, pasando al inmobiliario-urbanístico. Lo que concluye que, en definitiva, la corrupción urbanística afecta, como es lógico, principalmente a aquellos municipios donde se asienta la economía inmobiliaria.

Los posibles motivos que encuentran los autores para que los poderes económicos y políticos trampeen la ley en la planificación urbanística están, por un lado la necesidad económica para elevar la renta diferencial de la tierra al capitalizarla para urbanizarla. El 88% de los casos están relacionados con la transformación del suelo rústico en urbanizable, saltándose la ley y produciendo impactos medioambientales.

En cuanto a cuestiones políticas distinguen entre las administraciones locales y los partidos políticos predispuestas al soborno. La mayoría de los casos se descubrieron por la clasificación del suelo, la transmisión irregular, materia de legislación medioambiental y el fraude fiscal.


* La Opinión Tenerife - J.GONZÁLEZ - 17.1.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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