El Consell deja en manos de los ayuntamientos la autorización de obras en zonas monumentales

LEVANTE/Valencia* : La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013 que el Consell aprobó a finales de diciembre incluye la enésima modificación de la ley valenciana de Patrimonio Cultural de 1998 que permitirá a los ayuntamientos sortear la hasta ahora preceptiva solicitud de permiso a la Dirección General de Patrimonio para cualquier obra en entornos monumentales.
De haberse aprobado antes esta modificación, el portavoz del PP en el Consell y exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, no habría tenido que sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevarización al autorizar las obras de un aparcamiento junto al jardín monumental de Monforte sin haber recabado la autorización de la Dirección General de Patrimonio. Bellver, como se ha publicado, salió finalmente absuelto.

Sea para evitar o no casos como el de Jorge Bellver y reforzar al mismo tiempo las competencias e independencia de los ayuntamientos en las intervenciones que afecten al patrimonio histórico, el Consell ha aprovechado la ley de Acompañamientos para modificar el artículado de la ley de patrimonio en lo que algunos consideran una relajación de la obligación de la Generalitat de fiscalizar la conservación del patrimonio histórico.

Se ha modificado la ley para que los ayuntamientos que hayan aprobado planes especiales de protección para sus bienes de interés cultural asuman plenas competencias en las intervenciones en los entornos de los bienes de interés cultural. Los ayuntamientos podrán eludir así el siempre incómodo filtro de la Conselleria de Cultura en obras de urbanización de calles, de nueva planta, de demolición, de ampliación de edificios existentes, de reconstrucción, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos artísticos y ornamentales.

Como la redacción de planes especiales es un proceso largo y técnicamente complejo se ha introducido una situación de excepcionalidad que, entretanto se redactan los planes, establece que aquellos ayuntamientos que cuenten con una comisión técnica en la que exista un representante de la Conselleria de Cultura, podrán solicitar la delegación de las competencias para la concesión de licencia.

El Ayuntamiento de Valencia entra en la excepcionalidad por que ya disponen de una comisión municipal de cultura que se encarga de supervisar las obras que afectan al patrimonio protegido.

49 planes en tramitación
El ayuntamiento del «cap i casal», que aplaude la modificación de la ley de patrimonio porque evita duplicidades, tramita en estos momentos los planes de protección de 49 bienes de interés cultural entre ellos las Torres de Serranos, la Lonja, la Catedral, el Mercado Central, los jardines de Monforte y el Botánico.

En la ley de patrimonio cultural ha habido otras excepciones, siempre polémicas,como la que abrió la puerta para modificar la declaración de bienes de interés cultural, un supuesto que se podría aplicar de llegar el caso al conjunto histórico del barrio del Cabanyal de Valencia, tras el cual hay un enquistado conflicto entre los vecinos y el consistorio que preside Barberá.

La ley de acompañamiento del Consell también modifica la ley de patrimonio para que revisar la protección genérica como bien de relevancia local de los pozos de nieve, las chimeneas industriales anteriores a 1940, los molinos de viento, las barracas tradicionales de la huerta valenciana anteriores al siglo XIX, los calvarios y los paneles cerámicos cuando se acredite que no reúnen valores culturales suficientes.


* Levante - H. GARCÍA - 24.1.13
Foto: El Ayuntamiento de Valencia tramita estos días el plan de protección del entorno de las Torres de Serranos.- Ferran Montenegro

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Granada.- Sólo cinco municipios han adaptado sus planes urbanísticos a la norma andaluza

GRANADAHOY* : La adaptación al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que entró en vigor en el año 2005 para reordenar la planificación urbanística de la comunidad, es una asignatura pendiente para la gran mayoría de los municipios de la provincia de Granada. Según la información facilitada por la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, Sandra García, de los 168 municipios granadinos únicamente cinco han adecuado sus planes generales de ordenación urbana al documento de planificación regional casi ocho años después de que se produjera su aprobación.
Todos los demás -163- se verán afectados de una u otra forma por el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral andaluz, que entró en vigor el 27 de noviembre de 2012 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por no hacer aprobado aún sus planes de desarrollo urbanísticos.

Los únicos municipios que quedan totalmente exentos de la nueva norma por tener adaptados ya su futura planificación urbanística al POTA, según confirmó la delegada, son Armilla, Alhama de Granada, Baza, Montefrío y Marchal.

Ninguno de estos municipios están en la Costa granadina, por lo que todos los municipios del litoral de la provincia les afecta la suspensión cautelar que el decreto plantea de los proyectos urbanísticos previstos en los terrenos urbanizables de la zona costera hasta que se desarrolle el llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de Costa. Este plan se espera tener listo este mes con la intención de que se someta a trámite de información pública sobre junio. A partir de entonces, las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.

Sobre la incidencia que la suspensión puede tener sobre los proyectos en la Costa, Sandra García alega que "ahora mismo todos los planes parciales que estén aprobados seguirán su tramitación, los que no lo están tendrán que esperar seis meses, que es el compromiso que tiene la Consejería para hacer el avance del Plan". "A pesar de que no esté terminado ese Plan del Litoral, todos los planeamientos que se presenten tendrán que tener un informe sobre si se adaptan a ese documento inicial y si se adaptan, que es lo más importante, al Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía", explica la delegada.

Sobre la finalidad del proyecto de la Junta, García alega que "el Decreto de Protección del Litoral lo que pretende son dos cosas, por un lado hacer un plan de protección del litoral y que todos los ayuntamientos se adapten al POTA, que establece unos límites que afecta no sólo a los municipios de la Costa por lo que hay que hacer una lectura más amplia del decreto".

Ante la preocupación que los planes de la Junta generó entre las entidades locales y el sector empresarial de la Costa, Sandra García explica que ya ha habido reuniones para explicar en profundidad los textos, cuyo objetivo principal "es hacer un modelo de desarrollo más equilibrado".

"Entendemos que hay muchos ayuntamientos que teniendo en sus planeamientos suelos aptos para desarrollar con clasificación de urbanizable han tenido bastante tiempo para desarrollarse y que no lo han hecho", recuerda la delegada, que insiste en que "lo que pretendemos es que los planeamientos de adapten al POTA".


* Granada Hoy - R. GARRIDO / A. ASENSIO - 21.1.13
Foto: Armilla (Granada), ayuntamiento - ser

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