SOS: Patrimonio en riesgo inminente de derrumbe

ABC* : El abandono, las diferencias sobre su restauración, la falta de presupuesto y el paso del tiempo hacen mella en bienes de interés cultural que deberían tener garantizada su protección.
Un gran estruendo sacudió a las 7 de la mañana del 12 de enero al pueblo de Tembleque. Era el último estertor que emitía la antigua posada ubicada en la Plaza Mayor del siglo XVII, monumento nacional desde 1973. Unos tres metros de la fachada oeste de la plaza se venían abajo sin causar daños personales. Nadie se sorprendió. El deterioro y el abandono de la finca era evidente. El paso del tiempo había ido socavando la casa ante las diferencias entre sus propietarios, que pretendían erigir un nuevo hotel derribando el viejo edificio, y la Dirección General de Patrimonio que apostaba por restaurarlo.

«Hay hundimientos cantados y éste era uno de ellos», se lamenta Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra. La asociación para la defensa y puesta en valor del Patrimonio Cultural español recopila en su Lista Roja más de 400 edificios de patrimonio civil, militar y religioso en situación de abandono. El último en engrosar este preocupante listado es la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes o de los Monegros de Sariñena (Huesca), declarada bien de interés cultural (BIC) en 2002. La maleza se va adueñando de este monasterio hoy propiedad de las hermanas Bastarás, el chapitel de su campanario ya se ha hundido y peligran los frescos únicos que alberga de Fray Manuel Bayeu, cuñado de Goya.

La Lista Roja «ha aumentado en los últimos años», según explica Morenés, que vaticina un negro futuro tras estos años de crisis económica. «El fuerte descenso de las partidas para patrimonio, la desaparición de las subvenciones y la retirada de patrocinadores que se está produciendo se van a notar de aquí a diez años. El patrimonio va a sufrir una barbaridad», considera.

El convento de Santa María de Jesús de Ávila, más conocido como Las Gordillas, padece en sus propios muros esta realidad. El proyecto para construir un hotel de cinco estrellas en este Bien de Interés Cultural ha quedado congelado al no poder acometer las obras la empresa adjudicataria. Fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Ávila consideran que «sería conveniente hacer una intervención ya», bien con otra empresa que retomara el proyecto del hotel o mediante otro procedimiento para salvar de la ruina al edificio, como se ha logrado con el palacio Caprotti o con Los Verdugos. El de Las Gordillas es uno de los muchos proyectos de conservación y restauración que se han visto paralizados por la crisis. En el Palacio de Ustáriz de Madrid los andamios quedan como testigos de las obras que iban a convertir este edificio del siglo XVIII en hotel y que se paralizaron por el caso Malaya al ser su propietario José Antonio Roca. «No sabemos en qué situación se encuentran las pinturas de Goya de su interior», apunta Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

En cambio, para Carlos Bitrian, presidente de la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), la crisis actual es un buen momento para reflexionar sobre la conservación del patrimonio tras unos años de bonanza que «han sido tiempos de vileza y depredación urbanística». «Es un respiro paradójico», añade.

BIC en peligro

Sólo en abadías, monasterios y conventos y según la revisión realizada en 2011 del Plan Nacional, existen más de 550 edificios o restos de monasterios medievales de entre los siglos X al XV declarados Bien de Interés Cultural, uno de los más altos grados de protección que otorga la legislación española al patrimonio histórico-artístico español, aunque ser BIC no les libra del abandono. El historiador del arte de la Fundación de Santa María la Real, Artemio Martínez Tejera, reseña más de 20 espacios monásticos que reclaman una actuación urgente, entre los que destaca Santa María de Palazuelos en Valladolid. «Estaba en buen estado, pero los recortes le han hecho pasar a engrosar la otra lista», afirma este experto. La crisis ha afectado también al mantenimiento, cuyo coste en España corre a cargo casi exclusivamente de las distintas administraciones. Martínez Tejera alerta además sobre la situación de Santa María de Bonaval (Guadalajara) y Santa María de Rioseco (Burgos). «Están prácticamente enteros pero sin cubiertas y si en 4 o 5 años no se hace nada se van a venir abajo, si no antes», asegura.

La situación ha llevado a los propietarios de San Salvador de Albeos, en Crecente (Pontevedra), a poner en venta este cenobio románico por 300.000 euros ante la imposibilidad de rehabilitarlo. A ese precio salió a la venta hace dos años el Convento del Desierto en Calanda (Teruel), conocido en Aragón como «el pequeño Escorial» por sus colosales dimensiones. En 2012 ya se vendía por 150.000 euros este edificio barroco catalogado Bien del Patrimonio Cultural y en franco deterioro por abandono.

Camino de la ruina se encuentra también la Torre de Celles, un palacio rural asturiano del siglo XVI «paradigmático» y «muy singular» a juicio del arquitecto de la asociación Instituto del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, José Ramón Fernández Vázquez de Prada. «Por sus características arquitectónicas y artísticas es acreedor de valores culturales muy importantes -añade- que lo hacen merecedor de una gran protección». Declarado Bien de Interés Cultural en 2003, sufre un deterioro cada vez mayor pese a que su propietaria ha sido multada por no conservar el edificio en condiciones.

En Segovia, la Asociación Cultural Amigos de la Villa y Tierra de Sepúlveda, intenta desde hace años que Manuel Cosío ceda a la Junta de Castilla y León el Castillo de Fernán González, deshabitado desde hace 30 años, para albergar el archivo de la localidad. «A los descendientes de Fernán González les cuesta mucho mantenerlo y se encuentra en estado precario», cuenta María Bernal Sanz, miembro de la Junta de Hispania Nostra y presidenta de la asociación que desde hace siete años promueve este proyecto para salvar el castillo de la ruina.

También se encuentra «estancado» el futuro del frontón Beti Jai de Madrid, a la espera de sentencia judicial, según explica Igor González, portavoz de la plataforma Salvemos el Beti Jai. El precio de la expropiación fijado en 7,2 millones de euros fue recurrido tanto por el Ayuntamiento, que solo quería pagar 5,7 millones, como por los propietarios de este «Vaticano de la pelota» declarado BIC en 2010, que piden 32 millones. El arquitecto Vicente Patón estima la reparación urgente necesaria para evitar que el edificio se venga abajo en menos de un millón de euros. «Nos preocupa la cubierta, se puede caer en cualquier momento», señala el presidente de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio que alerta sobre otro monumento de la Comunidad de Madrid. «El Palacio de Monesterio en San Lorenzo del Escorial se está cayendo», recuerda Patón. Propiedad del BBVA, este antiguo palacio de Felipe II construido en el siglo XVII por Juan Gómez de Mora, está actualmente abandonado. Uno más.

Con 44 lugares en la lista de la Unesco, España es el segundo país con más patrimonio protegido del mundo, por detrás de Italia y algunas fuentes estiman en 40.000 los puntos patrimoniales valiosos en el país. Mantener en buen estado este legado resulta una tarea ingente, como reconoce Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra que, sin embargo, cree que «no se tiene en cuenta que es mucho más barato el mantenimiento que la reconstrucción».

«Hay que olvidar esa dañina asociación de que «conservar» significa «gastar», considera Artemio Martínez. «Conservar significa invertir, pues no se puede explotar lo que no se conserva, ni lo que no se conoce». La clave es aprovechar el inmenso patrimonio español «como yacimiento de empleo y motor económico de zonas deprimidas», a juicio de este historiador del arte que recuerda cómo muchos de los monasterios fundados algunos hace ya mil años fueron el motor económico de un territorio en momentos de crisis como los que ahora vive España. «Ahora siguen siendo un yacimiento de empleo para historiadores, arqueólogos, arquitectos, aparejadores, restauradores, informáticos y una correcta gestión del edificio permitiría la creación de puestos de trabajo indirectos» como se ha logrado en el monasterio gallego de San Cristina de Ribas de Sil, que una vez restaurado se autofinancia con el simbólico importe económico de la entrada.


* ABC - M.ARRIZABALAGA - 8.2.13
Foto: Tembleque (Toledo), derrumbe plaza - LUNA REVENGA

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un nuevo varapalo a España por su política de vivienda

DIAGONAL* : El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en entredicho la política española de vivienda por segunda vez en dos meses. En esta ocasión, el tribunal de Estrasburgo ha vuelto a sentar precedente al suspender de manera cautelar el derribo de una vivienda familiar en la Cañada Real Galiana, antigua vía pecuaria de la Comunidad de Madrid donde miles de familias, de manera irregular pero tolerada e incluso reconocida por las administraciones, se han ido asentando en los últimos 40 años en seis sectores repartidos entre las ciudades de Madrid, Coslada y Rivas.
Desde 2007, más de 250 viviendas de Cañada han sido demolidas por las administraciones, dejando en el desamparo a sus habitantes, que a menudo habían llegado a ellas en situación de precariedad y por la falta de alternativas habitacionales.

El caso de Mohamed Raji era uno de ellos. De 47 años, con mujer y una hija de ocho años, Raji vivía y trabajaba en Madrid desde hace 20 años, pero la crisis lo abocó al paro y en 2010, con pocos recursos y después de cuatro años solicitando una vivienda social tanto al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de Vivienda sin obtener una respuesta favorable, decidió mudarse a una casa en la Cañada Real, sin saber que sobre ésta ya pesaba sentencia de derribo, cuya notificación recibió meses después.

A pesar de los requerimientos de Javier Rubio, abogado de la familia, invocando los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso decidió ratificar la demolición, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a suspender el desalojo de manera cautelar mientras se tramitaba el recurso interpuesto. “Ante el derribo inminente, solicitamos amparo ante el TEDH alegando una posible vulneración de derechos fundamentales y la inexistencia de vías efectivas en España para proteger estos derechos mientras se tramita un recurso”, explica Rubio.

Igual que ocurrió en diciembre con el caso de una familia que, ante la falta de alternativas, ocupa una vivienda del Ivima, el TEDH requirió al Gobierno español para que explicase qué alternativas habitacionales iba a proponer a los afectados. La respuesta del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, que proponían enviar a la familia a un albergue entre 7 y 15 días, no satisfizo al tribunal, que dictaminó el 31 de enero la paralización del desalojo.

“Hay garantías que deben cumplirse, como la de que todas las personas tienen derecho a un alojamiento alternativo adecuado. El alojamiento alternativo propuesto a esta familia por el Ayuntamiento de Madrid es de emergencia, temporal, no satisface los requerimientos del derecho internacional a una vivienda adecuada y deja a las personas en una situación de total desprotección”, explica Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional, que ha recibido “con satisfacción” la decisión del TEDH, decisión que “supone un nuevo recordatorio para el Estado español de que tiene obligaciones jurídicamente vinculantes con respecto al derecho a la vivienda que afectan a todas las autoridades a nivel central, autonómico y local”. Mendiola añade que “los desalojos efectuados sin salvaguarda de derechos han sido calificados por diversos organismos de la ONU como violaciones graves de derechos humanos y son contrarios a la legalidad internacional”.

Precisamente, el pasado 28 de enero el relator especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, declaraba tras una visita a la Cañada Real que “es necesario atender con carácter urgente la situación de desalojos forzados de las zonas de la Cañada Real y Puerta de Hierro en Madrid, y encontrar soluciones inmediatas y a largo plazo a los problemas relativos al acceso a una vivienda adecuada y a los servicios en dichos lugares. Estas situaciones son simplemente inaceptables y España debería encontrar una solución integral para estas víctimas”.

Negociaciones y derribos

A pesar de la aprobación en 2011 de la Ley de Cañada y de que en los últimos meses los ayuntamientos de estas tres localidades, la Comunidad de Madrid, asociaciones y vecinos afectados han iniciado un proceso de negociación que debería desembocar en una solución para sus habitantes, en los últimos dos años se han producido al menos 15 derribos y en meses pasados numerosos vecinos recibieron notificaciones para abandonar sus viviendas. “En ningún caso se previó un alojamiento alternativo y tampoco había previsión sobre la situación social o sobre si contaban con medios económicos, de modo que tenemos casos en que los derribos han dado lugar a personas sin hogar”, explica Javier Rubio, que mantiene que “se puede decir que los derribos anteriores que no tenían estas previsiones constituyeron violaciones de derechos humanos, por lo que se puede pensar en algún tipo de medida”.

No ha sido hasta el 30 de enero cuando el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la paralización de los derribos en Cañada, vinculados a 141 órdenes de demolición, en nombre de “su voluntad inequívoca de contribuir para generar el mejor clima social posible hasta que se alcance el acuerdo marco previsto en la ley”. Casualmente, este anuncio se producía días después del requerimiento por parte del tribunal europeo y pocas horas antes de que éste pronunciara la orden de suspensión. “Hasta hoy los habitantes de Cañada nos sentíamos desprotegidos, y con esta decisión sentimos que podemos negociar con la administración con más protección”, explica Mohamed Raji.

Según Javier Rubio, “la consideración del tribunal tiene importancia no sólo para Cañada, sino también para el derecho a la vivienda. Aunque se reconoce este derecho en el artículo 47 de la Constitución, no es invocable ante los tribunales españoles, y de alguna manera la decisión del TEDH es un toque de atención sobre las autoridades españolas porque, en la medida en que no hay recursos efectivos para los ciudadanos ante estas agresiones, se está incumpliendo el Convenio de Roma y se están vulnerando los derechos humanos”.


* Diagonal - GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ - 6.2.13
Foto: Madrid, casas derribadas en Cañada Real - elpais.com

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