Botella vende las viviendas sociales de Madrid a fondos de inversión privados

ELCONFIDENCIAL* : La oferta está ya encima de la mesa. El jueves de la semana pasada, el Ayuntamiento de Madrid recibió la propuesta de varios fondos de inversión para comprar 18 edificios de viviendas de protección oficial (VPO) gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), según confirman fuentes del proceso. Sin concurso público mediante, pues no son bienes patrimoniales municipales, y tras un primer intento fallido, la alcaldesa Ana Botella pretende hacer caja con el negocio inmobiliario impulsado desde el consistorio.
La operación en ciernes asciende a cerca de 150 millones de euros, aunque los fondos de inversión sólo asumirán un desembolso aproximado de 30-40 millones, dinero que recaudarán las arcas municipales, mientras que el resto del importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tiene la cartera de edificios de VPO que se ha puesto a la venta. Antes de que se formalice la transacción, los inquilinos pueden ejercer el derecho preferente para comprar la vivienda que disfrutan en régimen de alquiler social.

Consultado por este diario, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido guardar silencio y no hacer valoración alguna sobre esta información, a pesar de tratarse de una empresa pública. De hecho, la EMVS es el brazo encargado de promover desde hace más de 30 años el acceso a la vivienda de los sectores con mayores dificultades, además de conceder ayudas para la rehabilitación y favorecer los realojos sociales. Al cierre de 2012, el consistorio regido por Ana Botella tuteló un total de 17.000 viviendas en alquiler, a un precio medio de 685 euros.

Los planes de la alcaldesa madrileña, conocidos desde el pasado mes de diciembre, han sembrado de tensión el Ayuntamiento, donde el PSOE se ha hecho eco ya de las quejas de los vecinos afectados. A pesar de la opción preferente de compra, los inquilinos afectados por los planes de Botella alegan que los precios ofrecidos por la EMVS, que oscilan entre 100.00 y 220.000 euros, representan cantidades inasumibles para contribuyentes que han tenido que recurrir a un programa de ayudas sociales para tener acceso a la vivienda.

También la Comunidad de Madrid

Otra de las operaciones similares en curso es la puesta en marcha por la Comunidad de Madrid. El consejero Pablo Cavero, responsable de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, ha encargado un cuaderno de venta para desprenderse de los inmuebles del Instituto de la Vivienda (IVIMA), organismo dirigido por Juan Van-Halen (en la foto) que gestiona un parque de 23.000 viviendas sociales en alquiler. La operación permitirá generar ingresos que alivien las arcas regionales, que el pasado enero emitieron 2.270 millones de euros en bonos a cinco años para cubrir las necesidades de caja del año.

El proceso entrará en marcha después de que concluya el plazo ofrecido para que los inquilinos que llevaban tiempo viviendo en los pisos -y que, según todos los informes sociales y económicos del IVIMA, podrían estar interesados en pasar a ser propietarios-, afronten la compra de sus viviendas. En este sentido, según los datos oficiales disponibles, se han ofrecido un total de 9.155 viviendas para las que "se firmó un convenio con entidades financieras para que ofreciesen condiciones ventajosas a los posibles compradores".

Originalmente, el plazo expiró el pasado 31 de diciembre de 2012, pero ante el interés mostrado por muchas familias (más de 2.300) que no han llegado a materializar la compra por diversas razones, el periodo se ha prorrogado otros seis meses, hasta el mes de junio, para facilitar las gestiones de compra-venta. Una vez concluido este derecho preferente de compra, la Comunidad de Madrid tiene previsto vender el resto de viviendas, de manera que la gestión de los inmuebles y el cobro a los inquilinos corra a cuenta de los nuevos propietarios.

Estas operaciones retoman el interés de las Administraciones Públicas por liberar recursos mediante la venta de activos inmobiliarios. Durante meses, el formato barajado fue la modalidad de venta y posterior alquiler (sale & lease back) de los edificios en uso, aunque no llegó a ejecutarse ninguna gran operación, como por ejemplo ocurrió en Cataluña y Andalucía, ante las diferencias de precio existentes, condicionadas por el riesgo de impago y las dudas sobre el euro. Ahora, más que hace caja toca sobre todo reducir estructura administrativa.


* El Confidencial - Carlos Hernanz - 28.2.13
Foto: Madrid, viviendas IVIMA - diagonal



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Murcia.- El juez imputa a la exedil Megía por tramitar el plan parcial Nueva Condomina

LAVERDAD* : A Pilar Megía le han metido un gol en el tiempo de la prórroga. Posiblemente, el peor tanto que imaginara encajar. El titular del Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, David Castillejos, dictó este lunes, 25 de Febrero, un auto por el que decide que la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Megía, preste declaración como imputada por el llamado 'caso Umbra' de corrupción. De haber transcurrido solo dos días más sin que nadie hubiera dirigido una imputación contra su persona, toda su hipotética responsabilidad penal por el plan parcial Nueva Condomina habría quedado extinguida, ya que el fiscal estima que el asunto prescribe precisamente mañana, 28 de febrero.
Tal fue el día, pero una década antes (2003), en el que se aprobó definitivamente el plan parcial que permitió desarrollar -gracias a una supuesta serie de ilegalidades que se están investigando desde hace cinco años- una superficie de dos millones de metros cuadrados en la zona norte del municipio. A cambio de permitir la urbanización de esos terrenos adquiridos por el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y de otorgarles una edificabilidad presuntamente superior en más de un 60% a la permitida por la ley, el municipio recibiría un nuevo estadio de fútbol -Nueva Condomina- y un campo de golf que todavía no se ha construido.

En un informe redactado el pasado día 19 de febrero por el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, éste pone de manifiesto que el presunto delito de prevaricación, que es el que se considera que podrían haber cometido algunos miembros de la Corporación que impulsaron el proyecto entre ellos, el alcalde Miguel Ángel Cámara, ya imputado-, prescribe a los diez años. A la hora de establecer el cálculo, Lozano señala que este delito se habría cometido de manera continuada desde el momento en que se aprobó el convenio Nueva Condomina, suscrito el 31 de mayo de 2001, hasta el instante en que el plan parcial fue aprobado de manera definitiva en el Pleno del 27 de febrero de 2003.
Tal fue la fecha, según el fiscal, «en la que culminó y se llevó a término la ilegalidad iniciada con la aprobación del convenio de 2001». Se trata de un delito continuado, según su tesis, ya que si las presuntas ilegalidades contenidas en el convenio no se hubieran ido viendo refrendadas a posteriori, con las aprobaciones inicial, provisional y definitiva del plan parcial, no existiría delito alguno.
«Los delitos cometidos mediante el favorecimiento a terceros en instrumentos de planeamiento urbanístico -argumenta- son delitos de tracto sucesivo, cuya inicial ilegalidad se arrastra a los sucesivos trámites hasta la consecución de la resolución final. Se trata de delitos cuya voluntad delictiva se debe mantener de forma permanente o continuada en el tiempo».
Así pues, según su argumentación, sería mañana, 27 de febrero de 2013, cuando prescribiría el delito de prevaricación que cualquier funcionario o alto cargo pudiera haber cometido sobre Nueva Condomina. Aunque también apunta como posible a la fecha del 3 de abril, ya que fue el momento en que Samper presentó el aval para construir el campo de fútbol, que era condición indispensable para que el plan parcial cobrara vigencia.
De cualquier modo, la imputación le ha cogido a Pilar Megía en el descuento del partido. El fiscal recuerda que esta mujer -ahora al margen de la vida pública- estaba al frente de la Concejalía de Urbanismo en los años 2002 y 2003, que fue cuando se tramitó y aprobó el plan parcial Nueva Condomina. Por ello, estima, Megía estaba obligada a tener un conocimiento exhaustivo de todo el expediente, incluyendo las supuestas ilegalidades que se cometieron en su gestión: irregular cuantificación del 10% de aprovechamiento que Samper debía ceder a la ciudad; posibilidad de adscribir suelos forestales NF como sistema general para el campo de golf, cuando tal uso no lo permitía el Plan General; posibilidad de computar el campo de golf como parte del área residencial, atribuyéndole desde una edificabilidad del 0,3 m2/m2 a otra superior de 0,4 m2/m2; otorgarle a la zona una edificabilidad de 0,64 m2/m2, pese a que la ley en vigor no autorizaba más de un 0,4 m2/m2...
El juez del 'caso Umbra', en un auto dictado este lunes, acepta a priori la tesis del fiscal y ordena que Pilar Megía sea citada a declarar como imputada, lo que supone la interrupción de la prescripción. Castillejos aclara que el delito que se le imputa es el de prevaricación, por haber impulsado como concejal de Urbanismo un proyecto, el de Nueva Condomina, supuestamente a conciencia de su ilegalidad.
Megía pasa así a sumarse al alcalde Cámara y al también exconcejal Fernando Berberena como los imputados más relevantes de este caso de supuesta corrupción.


* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 27.2.13
Foto: Murcia, La-Condomina antigua - gacetacartagonova



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