La PAH ve “inadmisible” que haya viviendas públicas vacías

ELPAÍS/Madrid* : "Hay un incumplimiento sistemático por parte de la Comunidad de su obligación de proveer el derecho a la vivienda a los ciudadanos, ya que tiene transferidas esas competencias". En estos términos ha hablado Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta mañana en la Asamblea de Madrid, adonde ha acudido a informar sobre la situación de los desahuciados en la comunidad ante la Comisión de Asuntos Sociales.
Mayoral ha dicho que el Gobierno regional se burla de ellos cuando dice que pondrá viviendas públicas a disposición de los desahuciados, ya que por ley "ya hay un cupo de especial necesidad en el Instituto de la Vivienda de Madrid que debería haberse cumplido y que está sistemáticamente incumpliendo". El abogado ha explicado que la Comunidad tiene la "obligación de poner vivienda pública para las personas sin alternativa cuando se produce un desahucio", cosa que, según él, no está haciendo mientras hay "miles de viviendas públicas que están siento tapiadas" en la región.

Antes de comparecer, en los pasillos de la Asamblea, el asesor de la plataforma ha explicado que "no es admisible que siga habiendo en Madrid un parque público de viviendas vacías y abandonadas y no se hayan tomado medidas por parte de la Comunidad para impedir que una entidad en la que ha tenido una amplia participación como Bankia, ejecute desalojos forzosos sin alternativa y las condenas a deudas perpetuas". Ha acusado además a las administraciones de no suministrar datos acerca del número de desahucios, de los que ha dicho que, en la capital, se producen unos 50 lanzamientos cada día.

Asimismo, ha considerado "inadmisible que en los juzgados de Madrid queden las personas en situación de indefensión y no estén siendo informadas de la justicia gratuita para poder defenderse en estos procedimientos" y que las medidas adoptadas para afrontar la situación son insuficientes y que "lo único que se está haciendo es poner miles de millones de euros al servicio de las entidades financieras". Mayoral ha recordado que se está tramitando una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, a la que se ha referido como un "acuerdo de mínimos". "Este es un primer paso y no aceptaremos rebajas en esos contenidos ajustados".

No es la primera vez que un portavoz de la plataforma interviene en un parlamento. Hace un mes su portavoz, Ada Colau, acudió al Congreso de los Diputados para defender esa propuesta de mínimos que exige a los representantes de la Cámara un debate sobre la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social. Antes, el grupo popular, que tiene mayoría, advirtió que no apoyarían la discusión de la iniciativa legislativa popular. La intervención de Colau tuvo mucha repercusión ya que, entre otras cosas, tachó de criminal al secretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.


* El País - AGENCIAS / EL PAÍS Madrid 5 MAR 2013
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org



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La corte inmobiliaria de Barbadás

ELPAÍS/Ourense* : José Manuel Freire Couto, el alcalde baltarista de Barbadás que ha acumulado con su mujer un patrimonio en fincas e inmuebles cercano al millón de euros, ha convertido A Valenzá, el núcleo urbano del municipio colindante con la capital ourensana, en la apoteosis del ladrillo. En apenas tres décadas ese rural abandonado, zona de expansión natural de la ciudad, se fue llenando de vida atraída por la oferta, a precios asequibles, de un sinfín de viviendas que proliferaron al mismo tiempo que la creación de empleos municipales, copados por personas vinculadas al PP, y las mayorías arrolladoras del regidor.
Hasta 2011, en las sucesivas corporaciones que presidió, Freire se parapetó en una corte de promotores con los que llenó sus listas electorales. Buena parte de sus concejales de confianza diseñaron el urbanismo vertical de A Valenzá al mismo tiempo que hacían negocio. Ahora, con el boom de la construcción parado incluso en A Valenzá y con el baltarismo de capa caída, Freire está bajo sospecha. Su considerable patrimonio y su vinculación al administrador de la inmobiliaria Mahía-Maexpa, Ramón López Casal, a quien un juez de Valladolid ha impuesto una fianza millonaria tras imputarlo por los presuntos delitos de corrupción urbanística y cohecho, lo ponen bajo los focos.

La obsesión edificadora de los promotores privados que se asentaron en A Valenzá, muchos ocupando los escaños del ayuntamiento, aniquiló la iniciativa pública en esta localidad de Barbadás: ni una sola vivienda social, ni la cesión del 10% de edificabilidad en algunas de las áreas de reparto, ni instituto, ni polideportivo, ni servicios sanitarios. Solo una sucesión de edificios y torres para acoger a 15.000 personas (tiene 10.000 en este momento) apelotonadas en un núcleo por el que no existe más salida a la carretera nacional que una rotonda construida por el centro comercial Carrefour tras obtener licencias de Ourense y Barbadás.

Freire y sus concejales promotores se vieron obligados a incluir en el plan de ordenación municipal un vial de salida. El Ministerio de Fomento y la Xunta condicionaron a la construcción de esta infraestructura la aprobación del planeamiento. La corporación municipal lo dibujó en los planos y el plan fue bendecido en 2002. Pero después desapareció del plano para siempre. Ni rastro de la gran obra. Mahía-Maexpa edificó sin sobresaltos un gran número de viviendas en esa área de reparto.

El vial no fue lo único que se esfumó del planeamiento. Las modificaciones que el grupo de gobierno realizó sin pasar por pleno incluyeron también la supresión de un parque. No había espacio entre tanto ladrillo. Rodeado de promotores en su actividad pública, Freire acabó abrazando la misma causa. El regidor no solo creó sus propias inmobiliarias sino que intimó con el administrador general de Mahía, Ramón López Casal, que también hizo negocio en el boom edificador de A Valenzá (edificó más de 300 viviendas) y al que Freire asegura que le compró propiedades. “Algunas se las pagué y otras se las estoy pagando”, precisó en el pleno extraordinario que convocó la semana pasada, acosado por las sospechas, para intentar despejar dudas sobre su enriquecimiento y en el que acabó reconociendo que había defraudado el IRPF a Hacienda durante cinco años.

Su amigo López Casal está siendo investigado judicialmente por supuestos cobros en dinero negro y también por supuestos indicios de fraude contra la Hacienda Pública. López Casal y Freire Couto, este a través de su hija, comparten sede inmobiliaria en el mismo inmueble de la localidad portuguesa de Matosinhos.

La corte de promotores inmobiliarios de la que se rodeó el alcalde de Barbadás en sus encadenados y arrolladores mandatos constituye, en realidad, el mapa del baltarismo al que asoma, incluso, el máximo oponente interno de este sector del PP en la provincia, el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Los concejales-constructores de Freire forman parte de un entramado de empresas que acaban en una ligazón directa con el Club Deportivo Ourense, la ruinosa empresa deportiva que el primero de los Baltar se empeñó en adquirir y por la que está siendo investigado por Hacienda.

José Ramón Fernández Iglesias, concejal de Obras durante casi dos décadas con Freire (abandonó en 2007 la actividad política) está considerado uno de los principales pilares de la construcción en A Valenzá. Mientras tomaba decisiones políticas sobre el desarrollo urbanístico de esa localidad tenía registradas empresas que edificaron buena parte del núcleo urbano. A través de Cofervi, Fernández participó en la construcción del colegio privado Luis Vives en el que figura como accionista. Cofervi está participada por Promociones Avenida de Santiago de la que es administrador Adolfo Domínguez Suárez. El exconcejal de Obras y exmiembro de la comisión de gobierno de Barbadás José Ramón Fernández, compartía este socio con el también exconcejal y exmiembro de la misma comisión de gobierno Antonio Currás, dueño de varias constructoras.

Fernández ha estado vinculado a 17 empresas. Entre otras, Inversiones Deportivas Auria creada en 2007. La sociedad está presidida por el exdelegado provincial de Agricultura, Agustín Prado Verdeal (principal acreeor del Club Deportivo Ourense) y ocupan cargos en ella, además del exedil de confianza de Freire y de otro de sus concejales promotores, Felipe Rodríguez Vide, destacados cargos, o excargos, del PP como Joaquín Muñoz, Juan Carlos Fasero (exconcejal en Arnoia durante los mandatos del actual delegado de la Xunta en Ourense y ahora director de la SGAE Noroeste) o Fidel Martínez, hermano y socio del superdelegado. Buena parte de los consejeros de Inversiones Deportivas Auria lo son o han sido también del Club Deportivo Ourense. Como José Ramón Fernández, el exconcejal de Obras que diseñó mano a mano con Freire Couto el boom del ladrillo de A Valenzá que ahora se resquebraja y da paso a la pandemia de los desahucios.

Entrega de documentos al fiscal

“¡No me comparen!” con el alcalde de Arroyo de la Encomienda, clamó airado Freire en el pleno de la semana pasada cuando PSOE y BNG le espetaron los datos de un reportaje publicado en la revista Interviú en el que se exponía el paralelismo entre el papel de Mahía en ese municipio vallisoletano y en el de Barbadás. Arroyo de la Encomienda es, como A Valenzá respecto a Ourensee, colindante y zona de expansión de Valladolid en donde, igual que en la localidad ourensana, Mahía se asentó y llevó a cabo (en el mismo periodo de tiempo que en el municipio ourensano) importantes urbanizaciones. Como Freire, el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo, comparte sede empresarial en Matosinhos con López Casal, el dueño de Mahía.
El malestar del regidor ourensano lo produjo el hecho de que tanto Méndez Freijo como López Casal están imputados por un juez de Valladolid por los supuestos delitos de corrupción urbanística y cohecho en relación con esas actuaciones inmobiliarias. A Freire solo lo ha investigado hasta el momento la Agencia Tributaria, a la que ocultó ingresos por 208.000 euros entre 2007 y 2010 —“un pequeño desequilibrio”, en sus palabras— pero el portavoz del BNG en Barbadás, Xosé Manuel Fírvida, entregará esta semana al fiscal un abultado dossier con supuestas ilegalidades en la gestión del planeamiento urbanístico. “No es una denuncia”, explica el nacionalista, sino la entrega de documentación oficial que “un anónimo dejó en mi buzón”. Fírvida acude con la documentación a la fiscalía porque sostiene que no quiere “ser partícipe" con su "silencio” de posibles delitos.


* El País - CRISTINA HUETE Ourense 4 MAR 2013
Foto: Panorámica de edificios construidos en la localidad de A Valenzá (Barbadás) limítrofe con Ourense / NACHO GÓMEZ

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