El despilfarro de la Ley de Costas

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : La reforma de la Ley de Costas, que en la actualidad está en trámite en el Senado, no solo desprotege una parte significativa del litoral y abre la puerta a su privatización. Supone además un despilfarro de dinero. Si la reforma entra en vigor, se tirarán por la borda buena parte los 180 millones de euros empleados para deslindar la costa, según denuncia Ecologistas en Acción.
A lo largo de los últimos veinticinco años, las administraciones públicas desarrollaron largos y complicados trámites para delimitar las franjas de costa que son públicas. Se establecieron Dominios Públicos Marítimos Terrestres (DPMT) en la primera línea del litoral, seguidos de zonas de servidumbre de diferente longitud. Para fijar estas áreas de protección, es decir, para efectuar los trámites de deslinde, fueron necesarios estudios sobre el terreno, fotografías aéreas, informes técnicos y, en muchas ocasiones, procesos judiciales y pago de compensaciones.

Ecologistas en Acción calcula, en base a datos oficiales de inversión y estimaciones propias, que esos deslindes costaron cerca de 180 millones. Una cantidad que será desperdiciada, en buena medida, si la reforma de la Ley de Costas pasa los trámites de aprobación en el Senado como ya lo hizo en el Congreso de los Diputados.

La reforma incluye arbitrariedades y vaguedades que abren la puerta a la anulación de deslindes. Excluye, por ejemplo, determinados núcleos de población del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Una exclusión que es grave en si misma, pero que además, se reclame la misma excepción en otros puntos del litoral, con los consiguientes procesos judiciales y administrativos. La reforma presentada permite además la desafección de zonas que quedan al interior de los paseos marítimos, poniendo en riesgo la protección actual de las zonas de servidumbre frente a la especulación urbanística

Estas y otras ambigüedades, sujetas a interpretación, conducirán a la inseguridad jurídica con la nueva reforma, en caso de ser aprobada. Y llevarán a anular el trabajo realizado por profesionales de la administración pública para proteger el litoral. No se puede establecer cuántos deslindes se verán afectados, precisamente por el carácter ambiguo de la reforma. Pero, en todo caso, supondrá un gasto de tiempo y de dinero poco coherente con la supuesta política de austeridad a toda costa promovida por el Gobierno.

Nota: Los cálculos han sido realizados en base a datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y de los Presupuestos Generales del Estado.

La Disposición adicional tercera de la reforma, que trata sobre el deslinde en determinados paseos marítimos, reza así: La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.


* Ecologistas En Acción - 7.3.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace2006



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Las Palmas.- El Supremo admite el recurso de los vecinos y reabre el caso del Canódromo

LAPROVINCIA* : El caso del Canódromo ha vuelto a la vida en el Tribunal Supremo (TS). La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de casación que la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (Avecalta) interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se defendía la legalidad del Plan Especial del Canódromo.
La comunidad vecinal de Schamann, que comenzó la disputa contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace ya diez años al creer que la decisión de construir 120 viviendas en dos torres saturaba un barrio ya de por sí atestado de inmuebles y con pocos espacios públicos, ha resucitado de esta forma un asunto que en mayo del año pasado parecía completamente cerrado.

En aquel mes, el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, atendiendo a un fallo del Tribunal Supremo fechado el 16 de diciembre de 2011, revisaba su decisión inicial de estimar la demanda de Avecalta en la que se impugnaba el acuerdo del Ayuntamiento de finales de 2003, por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación del Canódromo y los planes generales de ordenación de 2000 y 2005.

En su revisión, el TSJC dio un giro de 180 grados y le otorgó la razón a la Corporación, desestimando los argumentos de los vecinos y desbloqueando la construcción de las torres, paralizada desde 2008.

A los vecinos solo les quedaba una opción para seguir plantando batalla al plan urbanístico que transformó 13.000 metros cuadrados del parque del Canódromo en suelo residencial, a saber: un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo que debía basarse, según la sentencia del TSJC de 2012, en "normas de Derecho estatal o europeo".

Los vecinos han hecho posible lo que parecía imposible al conseguir que se reabra completamente el debate judicial sobre la construcción de las torres. Hasta tal punto parecía cerrado el caso tras el fallo del TSJC que, el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, -a su vez responsable de Urbanismo entre los años 1999 y 2003 y uno de los impulsores del Plan Especial del Canódromo- afirmó al enterarse del fallo judicial que servía para "poner las cosas en su sitio" y permitía "acabar con tanto daño que se ha hecho a la ciudad y a tantas personas".

Las reacciones a aquella sentencia llegaron hasta Madrid, donde el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que fue regidor de la ciudad durante la tramitación de este plan urbanístico, aseguró que se habían "puesto las cosas en su sitio y a algunos en su lugar". Asimismo, sostuvo que la decisión judicial era el "fin a una etapa de mentiras, de falsedades, creadas precisamente para dañar a quien entonces era alcalde, José Manuel Soria".

El auto del Tribunal Supremo, que abre de nuevo el debate jurídico, está fechado el pasado 7 de febrero de 2013 y tiene como ponente al magistrado Mariano de Oro-Pulido y López.

En su resolución, el Alto Tribunal admite íntegramente a trámite los seis motivos de impugnación planteados contra la sentencia del TSJC y que conducen, según su argumentación, a que se haya podido vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos y que se les haya creado una situación de indefensión con el nuevo fallo judicial.


* La Provincia - B. Valcarce / M. Reyes - 8.3.13
Foto: Las torres del Canódromo se alzan en una esquina del parque ubicado en el barrio de Schamann. | yaiza socorro

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