Santa Cruz.- Urbanismo se enfrenta a otra indemnización millonaria

CANARIASAHORA/Tenerife* : La Gerencia otorgó una autorización que permitió la construcción de un geriátrico que podría ocupar el doble de lo que contemplan las normas.
El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt ha trasladado al representante de la asociación de vecinos Ifara-La Ninfa, Mariano Reymundo su preocupación por las consecuencias que puede acarrear la concesión de una licencia que según los primeros informes resultó errónea y permitió la construcción de un geriátrico. El concejal ha señalado que por lo que conoce del expediente este asunto puede implicar el desembolso de una indemnización millonaria a los promotores por parte de Urbanismo. Los tribunales obligaron a la Gerencia a llevar a cabo la revisión de oficio de esta autorización y ya los técnicos han indicado que efectivamente han encontrado “indicios” de que se permitió construir el doble de lo que establecen las normas urbanísticas para este ámbito.

Según Reymundo tras diversas reuniones con representantes de la Gerencia estos le han comunicado que han detectado “anomalías” en el procedimiento seguido.

El representante vecinal acaba de presentar un escrito ante el Juzgado para que el organismo autónomo lleve a cabo la ejecución forzosa de la sentencia emitida hace un año que obligaba a volver a estudiar esta licencia dictada en el mes de abril del año 2003 por la que se permitió la construcción de un edificio de tres plantas y sótano. Igualmente exigía que ésta fuera anulada al considerar que existía base legal para concluir con que el edificio no se adapta a las normas urbanísticas del entorno.

Reymundo recuerda que el fallo es firme desde finales de 2010 pero que aún no se le ha dado cumplimiento pese a que entonces se dio un plazo de diez días. Por ello, esta asociación vecinal ha decidido interponer otro recurso contencioso administrativo en contra de la Gerencia de Urbanismo. En cualquier caso el colectivo pide al Juzgado que se proceda a la imposición de multas coercitivas periódicas de hasta mil quinientos euros y hasta la completa ejecución del fallo judicial, “por la mala fe manifestada, y con apercibimiento de la posible responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir“.

Por su parte, la representación de Residencias Atlántida, propietaria del Geriátrico, defendió que Urbanismo se debe inadmitir la solicitud planteada por la asociación de vecinos y también se opone a que se recabe dictamen del Consejo Consultivo “por que no existe ninguna causa de nulidad”. La empresa considera que la solicitud carece “manifiestamente de fundamento ya que se refiere a dos licencias urbanísticas que deben considerarse extinguidas por sustitución”. Además, apuntan que el propio Ayuntamiento ya se ha pronunciado acerca de la conformidad de derecho”, sobre esta cuestión.

No es ni mucho menos la primera irregularidad que se localiza en Ifara donde son varios los edificios sobre los que en algunos casos ya pesan sentencias firmes de demolición. En el conocido como La Ninfa la no ejecución de una sentencia de derribo ha dado lugar a la imputación de los antiguos concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, al ex gerente, José Tomás Martín y al ex secretario, Víctor Reyes. Por motivos parecidos ya se ha procedido al derribo de una vivienda unifamiliar y de un edificio en Residencial Anaga y existen otras cinco sentencias firmes que podrían acabar de idéntica manera.

En todos estos casos los juzgados han considerado que el responsable de los incumplimientos no son los promotores sino la propia Gerencia de Urbanismo a la que los dueños podrán pedirles indemnizaciones que hasta ahora han oscilado entre los 150.000 y los 300.000 euros. Entre las cinco edificaciones sobre las que pesa una orden de demolición total o parcial se encuentra la que es propiedad del diputado nacional y consejero insular del Partido Popular (PP), Manuel Luis Torres Herrera. Estas licencias fueron otorgadas hace años por otro cargo del PP, Pablo Matos cuando ejercía como concejal de Urbanismo y que actualmente también es diputado nacional y edil en la oposición del Ayuntamiento por esta formación política.

Resulta llamativo que Torres Herrera fuera viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando acabó de construir su casa a finales de la década de los años noventa.


* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 7.3.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, geriátrico Ifara - tercera-edad



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Sobre la anulación del PGO de Gijón: negocio, democracia y vivienda

MIGUEL A.LLANA SUÁREZ* : Son los ciudadanos los que han de estar consternados por no tener un Plan de Urbanismo y, sobre todo, por no haber tenido una alcaldesa y unos concejales, que para eso estaban y cobraban, con la voluntad de sacarlo adelante por la vía democrática, tal como algo tan importante y de interés colectivo requiere, y no de manera soterrada como ha resultado ser.
Y lo anterior no solo es una opinión, también es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias cuando decide anular el PGO porque no ha cumplido con los principios de publicidad y participación ciudadana lo que ha generado indefensión a los ciudadanos. Tampoco es una cuestión de “forma” con la que pretenden disculparse y escudarse la ex alcaldesa Fernández Felgueroso y el concejal Santiago Martínez, ni el silencio de los dos concejales de Urbanismo Jesús Morales y Pedro Sanjurjo (actual Presidente del Parlamento asturiano y cuñado de Santiago Martínez ), protagonistas y responsables de este ladrillazo. La sentencia es clara, ustedes han hecho su Plan a espaldas de los ciudadanos a los que han relegado reiteradamente.

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el jueves día siete, en un artículo de Miriam Suárez en LNE, dice "las grandes bolsas urbanizables del concejo están en manos de 21 empresas, algunas familias notables y los bancos". La inmediata pregunta es ¿para qué y para quién era el PGO anulado? O, dicho de otra manera, ¿quiénes eran los beneficiarios del Plan? En Gijón, como en tantos otros lugares, sobran pisos y faltan pisos; sobran pisos vacíos y hay mucha gente sin vivienda, cuando no desahuciados. Esto no es un defecto de forma, esto es simplemente el resultado de una estudiada planificación de Política Económica con unos criterios que han dado por resultado la actual debacle financiera pero, sobre todo y lo más importante, nos han conducido, junto con otras actuaciones similares, al desastre social en el que estamos, a lo que llaman crisis, de la que nadie sabe cómo ni cuándo vamos a salir.

Ni este Plan ni tampoco el anterior, del que el Tribunal Supremo confirmó la anulación con más de treinta sentencias, han sido redactados democráticamente. La movilización social de la pasada década en contra del Plan fue muy importante y numerosa sin que por parte del Ayuntamiento hubiera más respuesta que las descalificaciones (Abogados de caleya, quieren hacer caja, decía Montes Estrada). El Ayuntamiento, ex alcaldesa y concejales, se burlaron de las tres "Marchas Verdes" y de los tres mil escritos presentados en el Registro municipal con la escusa de que si eran o no "alegaciones" o "recursos" de modo que en vez de facilitar la participación ciudadana, el Ayuntamiento la obstaculizó de mil maneras.

El PGO no ha sido recurrido por ningún malvado enemigo de Gijón sino por organizaciones vecinales y por ciudadanos a secas. Decir ahora que la victoria ha sido pírrica, como afirma la exalcaldesa, es tratar y considerar y a los ciudadanos como si fueran masoquistas. El interés general tiene que comenzar por el respeto de los bienes y de los intereses particulares hasta donde se pueda, pero no vale actuar como si el fin justificara los medios.

Es más, nada de victoria pírrica, sino de tozudez antidemocrática por parte del Ayuntamiento porque no conformes con las treinta sentencias, volvieron a reescribir el mismo PGO, más o menos y a toda prisa, solo unos días antes de finalizar el mandato. Así las cosas, no sorprende que este segundo Plan, fotocopiado del anterior, haya sido anulado.

Esta es la primera sentencia, porque al TSJA aún le quedan por resolver unos setenta recursos más y es fácil sospechar que todavía se desvelará algún despropósito que todavía vaya mucho más allá de un defecto de "forma". Queda por ver ahora qué Recursos de casación admite el TS porque los incumplimientos del PGO ni siquiera podrían ser de su competencia, sino simplemente de leyes autonómicas en las que el TSJA tiene la máxima competencia.

* www.asturbulla.org

* Rebelión - Opinión - 9.3.13
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com



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