Hipotecados a la europea

GABRIELA CAÑAS* : Es evidente que la crisis y las políticas económicas europeas están fomentando la desafección de los ciudadanos. Y, sin embargo, al menos para los españoles, ¡menos mal que existe la Unión Europea! Para sonrojo de todos los políticos que han pasado por los sucesivos gobiernos de España desde 1993, tanto del PP como del PSOE, han tenido que ser unos jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea los que hayan puesto las cosas en su sitio respecto a los abusos que las entidades financieras españolas están cometiendo en el mercado hipotecario español.
El caso que el juez español llevó al tribunal, con sede en Luxemburgo, evidencia cuál es la situación. Lo recoge con precisión la propia sentencia europea.

Mohamed Aziz pide en 2007 un crédito a Catalunyacaixa de 138.000 euros para comprarse un piso. La entidad se lo concede y Aziz, mediante contrato, se compromete a amortizar el préstamo con intereses durante 33 años. El hombre se queda sin trabajo al cabo de un año y deja de pagar, momento en el cual Catalunyacaixa aplica de manera automática las cláusulas del contrato. Le aplica intereses de demora anuales del 18,75% y, además, le exige a su cliente el pago del capital prestado de manera inmediata. El resultado es que Aziz fue expulsado de su casa (tasada en la mitad de precio, por cierto) y la entidad le reclama 139.674 euros en concepto principal, 90 euros por intereses vencidos y 41.902 por costas: total, 181.666 euros.

Este podría ser un caso más de los miles que se han producido en España durante décadas con la diferencia de que Aziz dio a parar con un abogado, Dionisio Moreno, y un juez, José María Fernández Seijo, que han tenido la imaginación, la honradez y la perseverancia suficiente como para llevar el caso a instancias superiores, dado que en España la alianza gubernamental con el mundo financiero ha permitido y permite este engendro. ¿Cómo es posible que a día de hoy España no disponga de una legislación que impida estos desmanes? ¿Cómo es posible que el Gobierno español —entonces en manos de Felipe González— aprobara con sus socios europeos una directiva que prohibía las cláusulas abusivas en los contratos y todavía no se haya traspuesto la norma a nuestro marco legal?

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es un monumento a la sensatez. El juez Fernández Seijo pedía aclaraciones sobre cuándo deben considerarse abusivas las cláusulas de un contrato y con una literatura jurídica no muy alambicada, los jueces vienen a responder que hay abuso cuando estas producen en el consumidor (frente al profesional, la entidad financiera) “un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes”. En otra parte de la sentencia se especifica que una cláusula es abusiva cuando en la negociación individual un consumidor de buena fe jamás la habría aceptado. Son razonamientos, en fin, de sentido común. Como aquella otra sentencia reciente, también europea, en la que indicaba que los intereses de demora no pueden tener una gran desproporción con el precio habitual del dinero.

Lo perverso de todo este asunto es que al tiempo que la crisis arreciaba, al tiempo que se sucedían llamadas de atención por parte de los jueces y de los movimientos ciudadanos, al tiempo que se conocían las escandalosas cifras de ejecuciones hipotecarias y se producían algunos suicidios por parte de algunos afectados, el Gobierno de turno, en este caso del PP, ha actuado con una lentitud desesperante. Hasta el punto de que han tenido que venir desde la Unión Europea a recordar a nuestras autoridades que los consumidores españoles no disponen de la misma protección que el resto de los europeos porque sus políticos no han hecho su trabajo y que España, tan europeísta y tan presta siempre a hacerse la foto en Bruselas, firma una cosa allí y hace otra distinta aquí.

Desde el jueves pasado, muchos de los que se estén pasando al euroescepticismo tienen una buena razón para reconsiderar su posición y otra buena razón para comprender que Europa no es un ente ajeno y alejado. El Tribunal de Justicia de la UE es una de las instituciones que más ha hecho por los europeos, pero está obligado a aplicar las normas que deciden los políticos. Si las que ahora se toman no nos gustan, basta con cambiarlos. En un año tenemos la oportunidad de hacerlo, por cierto.


* El País - Opinión - 18.3.13
Foto: Barcelona, CatalunyaCaixa - orange



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Más de 60 colectivos denuncian la privatización del agua en Madrid

LAMAREA* : Varios representantes de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II han registrado este martes en la sede del gobierno regional de la Comunidad de Madrid más de medio centenar de escritos contra la opacidad del ejecutivo autonómico en el proceso de privatización del Canal de Isabel II, responsable de la gestión del agua.
En total, 67 organizaciones sociales, asociaciones de vecinos y colectivos ecologistas firman estos textos en los que piden, sobre todo, transparencia. Francisco Caño, representante de la plataforma, denuncia que el proceso de privatización tiene detrás un componente clave de corrupción, en el que se “regalan recursos públicos a amigos de políticos”. “El agua es un derecho humano fundamental, pero es uno de los recursos clave a los que le han echado el ojo los grandes mercados”, ha asegurado Caño. Los activistas alertan de que el 40% del agua pública del país ha sido privatizada y hasta el 70% está en proceso.

La plataforma lamenta que la Comunidad no les hace “ni caso”. “Ni siquiera hace un año, cuando 180.000 personas votaron en una consulta popular contra la privatización del agua en Madrid, tuvieron el gesto de contestarnos”, ha señalado Caño. “Nos gustaría que al menos nos mandaran a hacer puñetas, pero en todo caso nuestra intención es no dejar tranquilo a nadie”, ha advertido.

La luz es el ejemplo que ponen los activistas para demostrar que la gestión de los recursos básicos por entes privados encarece el servicio. “Es mentira el argumento de la eficiencia privada que esgrimen desde la Comunidad. Sólo hay que mirar lo que está pasando con la sanidad, la educación, o la luz, que ya fue privatizada en su momento. ¿Es la gestión de la luz más eficiente y barata ahora? No. Y con el agua va a ocurrir lo mismo”, ha razonado Caños.

La marea azul, integrada entre otras asociaciones por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, continuará sus movilizaciones a lo largo de los próximos meses, aunque ahora están centrados en la “batalla jurídica”.

“Estamos estudiando los fallos que han cometido. De hecho, ya hemos presentado denuncia por la firma de los convenios en los ayuntamientos de Madrid, Getafe, Majadahonda y Alcorcón, que se ha realizado con opacidad, sin igualdad de oportunidades y renunciando a la obligación de suministro y saneamiento de agua a toda la ciudadanía, cediendo a un ente privado los recursos que pertenecen a toda la Comunidad”, ha zanjado.


* La Marea - EDUARDO MURIEL - 19/03/2013
Foto: Madrid, Canal oficinas - madrid



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