La nueva Ley de Montes abre la puerta a la recalificación urbana de bosques quemados

La legislación española actual prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años, pero los intereses inconfesables del gobierno pretenden volver a la antigua norma que causó estragos en el territorio desde los años sesenta y fomentó descaradamente la especulación urbanística.
"ELCONFIDENCIAL* : El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presentó hace una semana a varias ONG ecologistas el cuarto borrador de la futura Ley de Montes. Un texto que contempla la posibilidad de recalificar montes arrasados por el fuego. 'Con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente el cual deberá ser apreciado mediante ley, siempre que se trate de terrenos de titularidad pública y que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada'."

Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso, reza el borrador de la futura ley.

Aunque el texto todavía no es definitivo, Greenpeace alerta de que este nuevo párrafo (añadido ahora sobre el texto originario de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre) abre la puerta a posibles recalificaciones de montes quemados para convertirlos en urbanizables. “Durante la reunión, el ministro Arias Cañete nos aseguró que esto solo se aplicaría en casos excepcionales, pero tenemos el razonable temor de que, como ocurre tantas veces, la excepcionalidad se pueda convertir en norma”, explica a El Confidencial Mario Rodríguez, director de Greenpeace en España.

Para evitar que la avaricia especulativa inspirara a propietarios de montes y constructores a arrasar con fuego espacios naturales para su posterior recalificación, como ocurrió de forma reiterada desde los años 70 en España coincidiendo con el boom inmobiliario, la legislación española prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años. Es decir, si un monte arde su recuperación está protegida por la prohibición de “cambio de uso forestal al menos durante 30 años” y por la imposibilidad de realizar en ese espacio “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”.

El parque carbonizado donde se asienta Terra Mítica

Caso emblemático de sospecha sobre la quema de montes para su recalificación en España son los terrenos sobre los que se asienta Terra Mítica, parque temático situado en Benidorm (Alicante). Terra Mítica se construyó sobre 450 hectáreas de terreno no urbanizable de especial protección forestal. De hecho, estaba prevista la creación en ese entorno de un gran parque forestal, que se hubiera convertido en uno de los grandes referentes ecológicos de Europa. Pero, el 11 de agosto de 1992, un incendio provocado arrasó esos terrenos. A medida que los equipos de extinción intentaban detener las llamas, varios focos simultáneos las iban reavivando desde los lugares más insospechados. Como si se tratara de una campaña orquestada. Esta situación se prolongó durante varios días. Mientras bomberos y retenes se concentraban para detener los frentes de fuego, nuevos focos renacían desde zonas desprotegidas.

Desapareció así uno de los más bellos pulmones forestales de España. Y la comarca alicantina de la Marina Baixa se convirtió en un páramo de carbón negro. El alcalde de Benidorm era entonces Eduardo Zaplana, que culpó a la Consellería de Medio Ambiente, del gobierno del socialista Joan Lerma, de “descoordinación y lentitud en las tareas de extinción”. Ningún plan de reforestación se aplicó en los años siguientes para recuperar los bosques quemados.

Cuatro años más tarde, en 1996, recién elegido Zaplana presidente de la Comunidad Valenciana, se creó la sociedad Parque Temático de Alicante, que ese mismo año se beneficiaba de la expropiación de los terrenos arrasados y otorgaba a Terra Mítica SA la concesión del suelo para construir una enorme zona hotelera (2.500 plazas), dos campos de golf y el Parque de la Naturaleza.

Cuando se redactó la ley que cercenó en 2003 la posibilidad de recalificar bosques quemados también Zaplana estaba allí. Era el portavoz de Gobierno de José María Aznar desde mes y medio antes.

Ahora el ministerio de Arias Cañete pretende retocar aquel restrictivo artículo 50 de la ley de 2003 y abrir la puerta a excepciones. Una propuesta que Greenpeace califica como “un peligroso paso atrás”.


* El Confidencial - Aníbal Malvar - 23.3.13
Foto: Benidorm (Alicante), vistaTerra Mítica - elconfidencial



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El Tribunal Superior anula las 6.600 viviendas previstas por las normas urbanísticas de Mucientes

Al igual que sucedió con la sentencia que el pasado mes de febrero anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, el Tribunal Superior considera que las Normas Urbanísticas de Mucientes (Valladolid) no justifican de manera mínimamente suficiente el incremento de viviendas.
"ELDÍA* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha anulado las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes, aprobadas por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 18 de septiembre de 2009, y que contemplaban la construcción de 6.600 viviendas."

La sentencia, tal y como asegura Ecologistas en Acción a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que "en el instrumento de planeamiento de que aquí se trata se contemplan nueve sectores de suelo urbanizable residencial con una superficie bruta de más de 240 hectáreas y una previsión de viviendas de más de 6.600.

Tal incremento "no se considera justificado de manera mínimamente suficiente, pues no vale desde luego la simple referencia que se hace al fomento de un crecimiento compacto o la mención a la existencia de propuestas realizadas por promotores con experiencia y solvencia, capaces de llevar a buen fin la urbanización, dato éste que en sí mismo nada informa sobre las necesidades del municipio y de su población, que es el objetivo al que ha de atender la ordenación urbanística".

Al igual que sucedió con la sentencia que el pasado mes de febrero anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en el Área Homogénea 5, donde se preveía la construcción de 4.600 viviendas, en aplicación de la Ley estatal de Suelo y la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la Sala entiende que "la desproporcionada cantidad de suelo urbano y urbanizable" y "la previsión de crecimiento del suelo residencial en absoluto se justifica por las necesidades del municipio y sus circunstancias urbanísticas".

La localidad de Mucientes, situada trece kilómetros al Noreste de Valladolid, cuenta en la actualidad con 743 habitantes y 432 viviendas, a las que se pretendían añadir 6.781 nuevas viviendas con capacidad para más de 20.000 nuevos habitantes.

Con la anulación de las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes se desmorona así, según denuncia EA, uno de los últimos exponentes del urbanismo del "ladrillazo" en el entorno de la ciudad de Valladolid, "que durante la última década ha alimentado la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la actual crisis económica y a niveles insoportables de corrupción y deterioro ambiental".

Por ello, EA se felicita de que las resoluciones judiciales impidan el "despropósito" aprobado por el Ayuntamiento de Mucientes y la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, "al dictado de los intereses inmobiliarios, como pone de manifiesto la sentencia".

Al tiempo, los ecologistas recuerdan que los nuevos planes urbanísticos en tramitación en Cabezón de Pisuerga, Castronuevo de Esgueva, Cigales o Villanubla, todos aprobados inicialmente por sus respectivos ayuntamientos, pretenden clasificar 1.250 hectáreas de suelo urbanizable para construir 21.000 nuevas viviendas, con capacidad para 60.000 personas, seis veces más que la población actual de estos municipios. Al tiempo, la ciudad de Valladolid está revisando su PGOU, en la que todas las Áreas Homogéneas deberían pasar a suelo rústico.

Dado lo "disparatado" de estas previsiones, los ecologistas piden a la Junta de Castilla y León mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos de Valladolid y los municipios de su entorno, aprobando sólo el suelo urbanizable para las viviendas y las industrias que se justifiquen por las necesidades propias de cada municipio, tal y como establece la nueva legislación de urbanismo y suelo, pasando página de la desastrosa política urbanística practicada durante la última década.


* El Día - Europa Press - 22 de marzo de 2013
Foto: Mucientes (Valladolid) - codigopostal



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