La Junta de Castilla y León debería retirar el proyecto de Ordenación del Territorio

El autor, catedrático de Geografía de la U.Salamanca, reclama que la Ordenación del Territorio de Castilla y León que promueve su Gobierno sea revisada en profundidad y con cambios sustanciales a los previstos inicialmente.
"VALENTÍN CABERO* : El informe del CES ha venido como lluvia de primavera a deshacer y limpiar las múltiples sombras y errores contenidos en el anteproyecto de Ordenación del Territorio presentado ante las Cortes por la Junta de Castilla y León a finales de 2012. Las observaciones y conclusiones del CES no pueden ser más demoledoras y coinciden en gran medida con las formuladas en su momento por nosotros o con el documento presentado el pasado 20 de marzo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León por el foro Comarcas Si, Distritos NO".

También comparten en sordina esta crítica muchos alcaldes y representantes del PP. Tamaño dislate y despropósito, no sólo de lenguaje, sino también de espíritu y de contenido merece el rechazo cada día más unánime y generalizado.

Ahora, el PSOE, que había firmado un pacto de mínimos acerca de éste y otros problemas regionales, descubre las incoherencias del proyecto y las trampas que encierra. La propia ausencia de la palabra comarca ha dolido a más de un diputado regional, aunque varios representantes del PP, bien parapetados entre el poder de las Diputaciones y el de la Junta, digan que falta tradición comarcal en la región o que sigue primando la identidad provincial. Así nos va en nuestra región. El presidente de la Junta de Castilla y León debería mirar más atentamente a su alrededor y saber cómo abordar con inteligencia y con mirada diagonal problemas de tanta envergadura como la ordenación territorial. Sus colaboradores y delegados territoriales se han expresado con torpeza en sus intervenciones de propaganda pública, porque sencillamente el modelo es inexplicable, confuso y de interpretación territorial imposible. Salta a la vista que algunos políticos bien cercanos a la Presidencia se han pasado de imprudentes e insolentes y, muestran en este tema como en otros muchos, una desconsideración manifiesta hacia la región y hacia sus habitantes.

Precisamente ni las personas que deben ser “el epicentro de la ordenación” ni el propio territorio con su diversidad ambiental y sus desequilibrios internos están presentes en el anteproyecto de la Junta, se subraya en las observaciones del CES. No es, por tanto, “un modelo de ordenación del territorio que venga a resolver problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y de despoblación”. Los argumentos generales y particulares, expuestos detalladamente y con criterios bien razonados en largo informe del CES, son análogos a los que desde el mundo rural y desde los municipios o entidades locales menores ha presentado el foro Comarcas Si, Distritos NO .

Además de lo dicho, las reflexiones del CES son de profundo calado y penetran de lleno en la filosofía política del anteproyecto y en sus principios y conceptos, todos ellos subordinados a un solo mandamiento, “la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera”, olvidando los objetivos fundamentales de la ordenación del territorio: la solidaridad, la equidad y el bienestar de los ciudadanos. No solamente se ponen en cuestión las figuras propuestas como unidades básicas de ordenación por su confusa definición y concepción, sino también porque el anteproyecto no contempla la rica realidad que nos rodea, ni mucho menos la delimitación de espacios intermedios, “marcando límites ajenos a los provinciales actualmente existentes”. En la delimitación y propuesta de comarcalización de 1985 si se contemplaba. Se critica, asimismo, la ausencia de un mapa de de referencia previamente consensuado y delimitado, pues se elimina de este modo la posibilidad de un debate abierto y objetivo sobre bases territoriales reales.

Tanto el CES como el foro Comarcas Si, Distritos No, coinciden en una valoración negativa de la resurrección de las Diputaciones, de la falta de criterios geográficos para la fusión de los municipios, de la seria amenaza a la privatización de los servicios a través de los consorcios, etc, Un problema grave de carácter territorial y geográfico es indudablemente señalar como umbral demográfico de ordenación entre lo rural y lo urbano a los 20.000 habitantes, pues prima una política de ordenación predominantemente de escala urbana, menospreciando núcleos urbanos de tamaño menor de gran significado histórico y geográfico en la región, que hasta el momento han sido considerados decisivos en la articulación y cohesión territorial como cabeceras de comarca. o de un área funcional.

La confusión permanente entre ordenación del territorio y gestión administrativa llama poderosamente la atención al CES, y plantea verdaderas dudas y contradicciones acerca de la adecuación con la legislación vigente, y sobre todo nos revela que el modelo propuesto por la Junta no garantiza los derechos básicos de nuestra ciudadanía ni mucho menos la cohesión social, en particular a las personas que viven en aquellos territorios más desvalidos y despoblados.

En su reflexión final, el Consejo opina por unanimidad que el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León debería, por prudencia, paralizarse, pues una buena parte del articulado se verá directamente afectada por la reforma de la Administración Local prevista por el Gobierno del Estado ( Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). En definitiva, un informe bien vertebrado y con observaciones rigurosamente analizadas que recomiendan a la Junta de Castilla y León una propuesta más próxima a los ciudadanos y más comprometida con la compleja y difícil realidad geográfica de la región. ¿A qué espera el señor presidente para retirarlo?


* El Diario - 4.4.13
Foto: El río Duero, uno de los símbolos de Castilla y León.- eldiario

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Seis piezas separadas investigan la actividad de Gürtel en Valencia

La Comunidad valenciana ha sido en estos años un auténtico nido de 'aves de rapiña' que, bajo la mayoría absoluta política, se ha financiado ilegalmente gracias a contratos concedidos a dedo y comisiones por la construcción de diferentes espacios y urbanizaciones.
"ELPAÍS* : El llamado caso de los trajes fue solo la punta del iceberg de la abundante actividad de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, según atestiguan los miles de folios que integran las seis piezas separadas de la causa que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Gürtel puso a prueba el sistema judicial español, y ha revelado disfunciones cuando las causas, como en este caso, tienen aforados en más de un territorio, lo que fuerza la división de la investigación en distintos órganos jurisdiccionales.

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron juzgados solo por haber recibido presuntamente regalos de la trama corrupta (22 prendas el primero y 16 el segundo) por un montante total de 23.000 euros. Quedó excluido del juicio por jurado el resto de negocios de la trama en Valencia, que finalmente han llegado al Tribunal Superior valenciano.

La primera de las piezas separadas indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte de ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones por parte del Gobierno valenciano. Según los indicios que obran en la causa, las empresas pagaron actos electorales del PP de las campañas electorales municipal y autonómica de 2007, en la que Camps logró la mayoría absoluta, y de las generales de 2008, en las que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy perdió contra su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. En esta pieza está imputada la cúpula del PP en Valencia de la época, incluido Costa, y también el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.

Formalmente, esta pieza esta subdivida en otras dos: una por las elecciones de 2007, en la que se atribuyen de forma indiciaria delitos electorales (el nombre técnico de la financiación ilegal); y la otra por los comicios de 2008, que se sigue por falsificación en documento mercantil pero que el magistrado instructor ya ha adelantado que puede terminar reconvertido igualmente en delito electortal.

El tribunal mantiene abierta otra pieza por el supuesto fraude con motivo de la cobertura televisiva por parte de Canal 9 de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Según la prolija investigación judicial, la trama utilizó a una empresa constructora leonesa sin experiencia en el sector audiovisual, Teconsa, como pantalla para adjudicarse el contrato en connivencia con el exdirector de la televisión autonómica, Pedro García que, como Camps, era íntimo amigo de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la red. De los más de seis millones de euros destinados a la cobertura televisiva, la trama se habría embolsado más de la mitad, tras subcontratar por tres millones los trabajos. El sobrecoste habría sido distribuido en comisiones entre los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, Pérez y el director de Canal 9.

La pieza separada más avanzada, en la que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha dado ya por concluida la instrucción, versa sobre el mayor negocio que la red hizo en el territorio. Se trata de las adjudicaciones, por cinco millones de euros, del diseño y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur desde 2005 a 2009. Anticorrupción considera que las cinco ediciones fueron amañadas, y que Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se llevó año tras año los concursos a pesar de no reunir los requisitos para presentarse (en la primera edición), realizar las ofertas más caras (en casi todos los casos) y presentar numerosas facturas duplicadas o con precios hinchados para justificar los gastos.

El amaño, según la fiscalía y la acusación popular de los socialistas valencianos, contó con la colaboración de numerosos cargos y funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo. A la cabeza, quien fue consejera de Turismo y después presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aún diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, a pesar de que Anticorrupción solicita 11 años de prisión para ella. Entre los acusados figura otra consejera de Camps, Angélica Such, para quien fiscalía pide inhabilitación, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, para quien ha solicitado otros 11 años de cárcel.

El fin de la instrucción fue recurrida por varios de los imputados, y el procedimiento se encuentra ahora pendiente de que se resuelvan.

La actividad de Gürtel se extendió por casi toda la Generalitat y sus empresas públicas, como demuestra otra de las piezas separadas, en la que figuran más de 70 contratos por cuantías menores. La mayoría fueron adjudicados a dedo por menos de 12.000 euros, según la fiscalía, para esquivar los procedimientos de contratación más exigentes de las Administraciones. Aunque los hechos son similares, aparentemente, a los que se investigan en las adjudicaciones de Fitur, el complejo discurrir procesal de la causa ha hecho que se instruyan de forma separada.

La última de las piezas investiga los supuestos delitos fiscales que la trama habría cometido con motivo de la contratación con la Generalitat y el PP valenciano. Al contrario que en el resto de piezas, en esta sólo están imputados los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Pérez, así como varios de los trabajadores de su entramado empresarial.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 21.3.13
Foto: Francisco Camps y Mariano Rajoy, entre otros, en un mitin del PP en Paterna en mayo de 2007. Sentado a la izquierda, Álvaro Pérez, El Bigotes. / CARLES FRANCESC

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