Madrid.- El Club de Campo amplió su vida hasta 2034 sin permiso del Ayuntamiento

Lamentable, una vez más, como administra el urbanismo el ayuntamiento de Madrid. Resulta que el Club de Campo es una empresa municipal muy peculiar, ya que actúa por libre saltándose toda la normativa, algo que va contra el interés de los ciudadanos madrileños que ven como el propio ayuntamiento actúa ilegalmente. Luego, eso sí, pedirán responsabilidad ejemplar a los demás.
"ELPAÍS* : El Club de Campo Villa de Madrid es una empresa municipal que funciona como si no lo fuera, gestionando unos terrenos públicos para beneficio exclusivo de sus socios. La lista de irregularidades cometidas en los últimos años es larga, pero quizá la más ilustrativa de cómo algunos miembros del Ayuntamiento lo han administrado como su cortijo particular sea la que afecta a la naturaleza misma de la empresa".

Según el acuerdo del Pleno municipal adoptado en 1991, el club debía volver a manos del Ayuntamiento en 2025. Sus instalaciones revertirían entonces en la ciudad, y podrían ser usadas por todos los madrileños. Sin embargo, apenas unos meses antes de las elecciones municipales de 2003, el club decidió por iniciativa propia alargar su concesión nueve años más, hasta 2034, sin contar para ello con el refrendo del Pleno municipal, al que correspondía legalmente la decisión.

El Club de Campo ocupa 195 hectáreas (el 12%) de la Casa de Campo, un monte de la realeza que fue cedido a la ciudad el 1 de mayor de 1931, apenas dos semanas después de la proclamación de la II República. Los terrenos fueron entregados al Ayuntamiento “para uso y solaz de los madrileños”. Pero la Guerra Civil lo cambió todo: sobre las trincheras se construyó un campo de golf; y el régimen franquista cedió el uso y disfrute de ese pedazo de la Casa de Campo a una institución privada, la Real Sociedad Hípica Española.

Esa concesión, realizada en 1941, concluía en 1954, pero se prorrogó 30 años más, hasta enero de 1984. Ya en democracia, y con un alcalde socialista, Enrique Tierno Galván, el Ayuntamiento recuperó los terrenos.

Por entonces, el club era escenario de actos de la alta sociedad, y 7.000 de sus 20.000 socios eran militares. La cuota inicial ascendía a 3.000 euros (por 30.000 se podía comprar un piso de 100 metros). Un alto directivo del club afirmó que, a partir de entonces, “se haría lo que los rojos del Ayuntamiento quisieran”. Tierno Galván replicó: “Lo que los rojos quieren es siempre razonable”.

Lo que los “rojos” consideraron finalmente “razonable” fue constituir una empresa de mayoría municipal que se encargara de gestionar esas instalaciones. Calculaban que, cobrando 120 euros al año a sus 20.000 abonados, podrían mantener el club y abrirlo además al resto de madrileños. El socio ideal para esa empresa parecía ser la Real Sociedad de Hípica, que aportaría las instalaciones construidas con su dinero sobre terreno público durante el franquismo; ese capital se consideraría amortizado al final de la concesión, en 1993. Y así se hizo finalmente, no sin ciertas vicisitudes.

El Ayuntamiento se quedó con el 51% del capital del club, y la Real Sociedad de Hípica con el 49% restante. La decisión fue refrendada por el Pleno municipal; la empresa fue inscrita en el registro mercantil el 14 de febrero de 1985, con duración hasta el 31 de marzo de 1993. Su objeto social era “la explotación como servicio público” del club “para solaz y esparcimiento de los ciudadanos”.

El 30 de enero de 1991, dos años antes de la fecha en la que expiraba la concesión, el Pleno municipal (con mayoría del PP y UCD) amplió su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Pese a que para entonces se debería haber dado por amortizada ya la participación de la Sociedad de Hípica, se la mantuvo en el accionariado con un 24,5%. El otro 24,5% pasó a manos de Patrimonio del Estado.

La concesión podría rescatarse o ponerse en manos de una empresa privada
En el inventario municipal de zonas verdes, el Club de Campo figura en la actualidad como instalaciones y terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid precisamente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, en 2003, apenas unos meses antes de que José María Álvarez del Manzano (PP) tuviera que abandonar la alcaldía tras 12 años al frente de la ciudad, el Club de Campo decidió por su cuenta y riesgo, y sin el refrendo obligado del Ayuntamiento, postergar su vigencia hasta 2034. Es decir, mantener esos terrenos públicos para uso exclusivo de sus socios durante nueve años más.

Lo hizo mediante una junta general extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2003, en la que además aprobó varios cambios en sus estatutos que tampoco contaron con el refrendo del Pleno municipal. Se arrogó, por ejemplo, el derecho a construir y explotar nuevas instalaciones sobre terrenos de propiedad municipal o autonómica. Todo ello, con la firma de Álvarez del Manzano, y de los concejales Mercedes de la Merced e Ignacio del Río (PP), entre otros. Pero a espaldas del Pleno, en el que estaban representados todos los grupos políticos, y que era el único con potestad para ampliar la concesión en caso de considerarlo conveniente para los intereses de la ciudad.

El Gobierno municipal actual, presidido por Ana Botella (PP), ha dejado en manos de sus servicios jurídicos la subsanación de este “error”, pero ha recalcado en cualquier caso que la concesión llevada a cabo en 1991 sí es legal, por lo que el club sigue teniendo cobertura jurídica hasta 2025.

La semana pasada, el presidente del club y concejal del distrito de Latina, José Manuel Berzal (PP), insistió sin embargo ante el Pleno en que la vigencia de la empresa se extiende hasta 2034, y se mostró “muy orgulloso” de cómo se había gestionado la institución.

Entre las muchas irregularidades desveladas en las últimas semanas por EL PAÍS, se cuentan: sus edificios (piscina, gimnasio, etcétera) carecen de licencia de funcionamiento, pero el Ayuntamiento permite pese a ello que siga abierto. El club olvidó pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la tasa de basuras hasta este año. Y también hasta este año, ha regalado tarjetas VIP de acceso gratuito a familiares de políticos, miembros de la jet-set, periodistas y hasta al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Pese al carácter mayoritariamente público y municipal de la institución, los socios del club disfrutan a precio simbólico de unos servicios que para el resto de ciudadanos tienen un coste prohibitivo. El Ayuntamiento se niega a convertirlo en un polideportivo municipal más, o a sacar a concurso su gestión para que lo regente una empresa privada a cambio de un canon. Berzal afirmó la semana pasada, cuando UPyD le conminó a ello, que sería el PP quién decidiría por su cuenta qué hacer.

Dinero público para uso privado

El Club de Campo tiene un presupuesto de 18,6 millones. Sus ingresos provienen de las cuotas de los socios y de la venta de entradas; no recibe dinero del Ayuntamiento.
Sin embargo, desde que en 1985, recién constituido, el Gobierno municipal invirtiera 600.000 euros para pistas de tenis y pádel, y hoyos de golf, muchas de sus instalaciones se han hecho con dinero público.
En 2006, por ejemplo, recibió dos millones de euros en subvenciones de capital del Ayuntamiento de Madrid. Entre 2007 y 2009, obtuvo 1,5 millones de dinero público.
Los socios pagan 2.000 euros de inscripción y 700 al año. Pueden usar el club a precio simbólico, mientras que al resto de madrileños la entrada les cuesta 40 euros, y usar la piscina, otros 36.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 29.4.13
Foto: Instalaciones deportivas del Club de Campo Villa de Madrid, junto al río Manzanares. / CLUB DE CAMPO

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El Supremo cierra cualquier opción de evitar el derribo de 32 viviendas en Alcanar

Unos 10 años más tarde de la concesión municipal de la licencia para la construcción de estas viviendas ilegales en Alcanar (Tarragona) parece que la justicia da por terminado el asunto de su derribo obligatorio. A pesar de las numerosas trabas que tanto la Generalitat como el propio ayuntamiento han puesto para evitar este derribo, la lentísima resolución judicial ha llegado por fin. Ya veremos si se ejecuta. 
"EFE* : El Tribunal Supremo ha cerrado al Ayuntamiento de Alcanar cualquier opción de eludir el derribo de las 32 viviendas de Turov en la urbanización de Serramar mediante una modificación urbanística. El consistorio y la Generalitat de Cataluña lo intentaron en 2006 con la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que ahora la máxima instancia judicial ha invalidado.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que la Generalitat presentó en 2009 contra la invalidación del PERI tras agotar todas las vías legales para intentar frenar el derribo de las 32 viviendas y considera que el ayuntamiento y la administración catalana han ejercido lo que se conoce como "desviación de poder".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ernesto Piezas Morato, argumenta que "la administración pública no ejercita sus potestades de planeamiento con el fin de satisfacer el interés público, sino con la única finalidad real de legalizar una situación contraria a derecho, al margen de cualquier consideración sobre los intereses generales a los que esta potestad debe servir".

El juez va más allá y considera que tanto la Generalitat como el ayuntamiento eran conscientes de que la licencia de Turov sería declarada, con toda probabilidad, ilegal: "La Administración era perfectamente conocedora de la pendencia de este procedimiento cuyas resultas se pretendían enervar mediante una ordenación contenida del PERI", y no sólo eso, sino que el magistrado ya apunta que con la modificación urbanística lo que se pretendía era "consolidar una irracionalidad urbanística que incrementaba la densidad de viviendas un 255,5 %, y aparte no respetaba las distancias".

De hecho, fue la propia Dirección General de Urbanismo quien ya en 2004 requirió al ayuntamiento la revisión de oficio "de las licencias controvertidas" de estas obras y ese mismo año detuvo la puesta en marcha de una segunda fase.

El 6 de noviembre de 2006 (casualmente el mismo día que el contencioso de Tarragona declaraba la licencia ilegal) la Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro aprobaba este PERI y argumentaba que "con la redacción de este plan se quiere regularizar la situación de los apartamentos ya construidos en la parcela afectada".

Piezas Morato expone en la sentencia que "la administración autonómica, cuando menos, debió expresar las razones por las que se aprobaba un planeamiento urbanístico que legalizaba 'ex post facto' edificaciones litigiosas", y añade que "tal forma de proceder habría requerido una motivación esmerada y rigurosa que, sin embargo, no se ha aportado".

El ayuntamiento, que ya hace semanas que ha iniciado los trámites de derribo, insta a los vecinos a acelerar su personación en la causa para intentar abrir otra vía, aunque ya ha avanzado que presentarán recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

"Tenemos abierta la vía del recurso de queja en el TSJC en contra de la sentencia del contencioso administrativo de Tarragona por el que pensamos que deben motivar la obligación de derribar, y que habría alternativas. Otra vía es que los vecinos se personasen en el procedimiento y se abriera una nueva vía", argumenta el concejal de Urbanismo del Consistorio, Manel Martí.

Martí reconoce que a pesar de que esperaban el pronunciamiento del Supremo," la sentencia es dura. Cada vez el margen de maniobra es más estrecho y nos vemos cada vez más abocados al derribo".


* El Economista - EFE - 29.4.13
Foto: Alcanar (Tarragona), viviendas a derribar  - ACN



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