La Comunidad de Madrid fraccionó 3 millones en contratos a Gürtel para evitar concursos

El uso de contratos de obras fraccionados es una práctica antigua para desviar la legalidad vigente, pero su abuso e irregularidad debe ser considerado claramente delito, sobre todo si ese fraccionamiento no está debidamente justificado ni se aportan pruebas que permitan fiscalizar dicha actividad. Estamos, sin duda, ante una contratación ilegal, efectuada a dedo, para favorecer a determinados amiguetes políticos a cambio de beneficios ilícitos. Así es la trama del llamado caso Gürtel.
"ELDIARIO* : La Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público, según un informe remitido al juez del caso Gürtel que detecta varias irregularidades en la contratación pública. El informe, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional, analiza la legalidad de 686 contrataciones de actos institucionales de la Comunidad de Madrid por importe de 6.484.080 euros relacionadas con empresas de la trama Gürtel, la mayoría en los cuatro años citados".

De ellas, 657 son contratos menores por un total de 5.335.808 euros y 6 expedientes de contratación por 1.148.271 euros.

En el caso de los contratos menores, explica que se tramitaron 657 facturas, y que en ellas "de forma habitual el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad".

"En al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento, ascendiendo el importe total de dichos actos a 3.160.549 euros", añade el informe de 136 páginas, y luego concluye que esta cifra supone el 69 % del importe total de los contratos menores, descontando los pagos de los que no se ha facilitado factura.

Por consejerías, destaca que dos de ellas, la de Cultura, Deportes y Turismo y la de Presidencia, registran el 53 % del importe de todos los contratos menores supuestamente fraccionados.

Indica que 418 de las facturas aportadas por la comunidad no desglosan los servicios prestados, otras 56 tienen un concepto genérico y sólo en 96 (el 17%) "figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se presta".

"El que en las facturas figuren cantidades a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas, ni su coste unitario", indica el informe, no sólo supone una vulneración de la legalidad, sino que además "imposibilita verificar y en consecuencia certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado".

En ocasiones, la emisión de la factura por parte de la Comunidad de Madrid es "muy posterior" a la celebración del acto y en uno de los casos la factura es anterior al mismo, lo que responde, según el informe, a "la voluntad de ir cambiando de forma intencionada las fechas, los importes o los conceptos de las facturas, con el fin de que el órgano gestor preste su conformidad".

También se da el caso de "actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que figuran como destinatarios de los servicios, o incluso órganos gestores que no inician el expediente de contratación, sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".

El informe destaca en sus conclusiones servicios por 108.087 euros adjudicados por el ente público Radiotelevisión Madrid a la agencia de viajes Pasadena, que la red Gürtel supuestamente usaba para dar contraprestaciones a políticos a cambio de adjudicaciones públicas.

Este dinero se remonta a años anteriores a los analizados en la generalidad del informe y corresponde a gastos relativos a la caravana del PP en las elecciones generales y municipales de 1996, 1999, 2003 y 2004.

Otras empresas relacionadas con la trama figuran como adjudicatarias de los seis expedientes de contratación analizados por 1,1 millones de euros (dos mediante negociado sin publicidad y cuatro mediante concurso).

En el caso de los dos negociados, concedidos por 94.000 euros, el informe indica que en ambos las tres empresas que concurrieron eran del mismo grupo (todas ellas vinculadas con Gürtel) y que por lo tanto se vulneraron las normas de contratación pública.

En cuanto a los concursos, destaca que sólo uno de los cuatro cumplió la legalidad, y que en los otros hubo duplicidad de servicios pagados, así como coste y número de actos que no se ajustaban a ellos.

Uno de los concursos sirvió, según el escrito, "como una especie de cuenta corriente" en donde arbitrariamente se incluyeron servicios prestados por la empresa adjudicataria.


* El Diario - EFE - 8.5.13
Foto: Madrid,  sede de la Comunidad  - turismo



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Vender y construir en los montes públicos

Continúa la devastación territorial llevada a cabo por este gobierno, con el ministro Arias Cañete a la cabeza. Ahora le toca el turno a la nueva Ley de Montes que va a suponer una nueva agresión el Medio Ambiente y a la ordenación sostenible, bajo unas condiciones retrógradas, como es la posibilidad de construir en montes quemados antes de los 30 años de la ley actual. La nueva especulación urbanística está en marcha.
"DIAGONAL* : El pasado mes de marzo el Minis­terio de Arias Cañete presentó el primer borrador de la Ley de Montes estatal que abre la puerta a la recalificación de los montes públicos que se hayan quemado si las comunidades autónomas consideran que hay un “interés general prevalente”. Varios grupos ecologistas ya han advertido que este cambio podría provocar que los incendios sirvan para recalificar y urbanizar el suelo de los montes, alentando, además, a que se produzcan más incendios intencionados. El texto de la Ley de Montes actual, la Ley 43/2003, señala que, tras un incendio, está prohibido recalificar los terrenos de los montes quemados durante un periodo de 30 años.

Días después de este anuncio de Medio Ambiente se llevaron a cabo varias reuniones entre Begoña Nieto, directora general de Medio Rural, y grupos ecologistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Ecologistas en Acción, Green­peace y Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Natu­ra­lesa (GOB), para tratar de llegar a un acuerdo sobre el primer borrador de la reforma de la actual Ley de Montes y en concreto sobre este punto que autorizará la recalificación del suelo quemado.

Grupos ecologistas denuncian que hasta el momento ninguna ley califica qué es “un interés prevalente” y que esto podría rebajar la protección de los montes en las comunidades autónomas y dar pie para que éstas conviertan los montes en pelotazos urbanísticos bajo el pretexto del desarrollo y los puestos de trabajo.

Según ha declarado a este periódico Theo Oberhuber, responsable de Parques y portavoz de Ecologis­tas en Acción: “Estamos acostumbrados a que los gobiernos de las comuni­dades autónomas consideren prevalentes usos de cualquier tipo. Cuando necesitan construir una carretera, se expropian los terrenos y se hace un cambio de uso; lo mismo podrán hacer si se aprueba esa reforma de la Ley de Montes”. Lo que se refleja de forma clara en el borrador de la nueva ley es que “con carácter excepcional las comuni­dades podrán acordar el cambio de uso forestal”, dice el documento.

Para el sector maderero

Por su parte, Greenpeace considera que esta ley obedece a la demanda de algunos sectores como la industria importadora de madera. Según Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de esta organización: “Esta ley se hace a petición de algunos sectores que han estado demandando un cambio. Como los cazadores, el sector maderero y deplantaciones forestales”, apunta.

Pero eso no es todo. Cañete pretende hacer extensible la venta de Montes Públicos que quiere llevar a cabo su compañera de partido Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Tanto Greenpeace como Ecologis­tas en Acción coinciden en que es posible, además, que al llegar al trámite parlamentario esta ley incluya algún artículo que permita la venta de montes sin dar tiempo a las organizaciones a reaccionar. En este aspecto, Soto señala: “Se podría enmendar la ley y, además, ésa podría ser la idea, porque no hemos conseguido que la directora general de Medio Rural nos diga que está en contra de la venta de montes públicos”.

El PP aprueba la nueva Ley de Costas

El Senado dio el visto bueno el 24 de abril a la nueva Ley de Costas propuesta por el PP. El texto amnistía miles de construcciones ilegales construidas en dominio público marítimo-terrestre, entre ellas el Hotel El Algarrobico. Entregará a sus concesionarios en propiedad espacios públicos como salinas y otras explotaciones públicas, al ampliar a 75 años más el derecho de explotación, según denuncia Greenpeace , que recuerda que uno de los más beneficiados va a ser Abel Matutes, que cuenta con grandes intereses urbanísticos en Cádiz e Ibiza. Además, la reforma de la anterior Ley de Costas incumple la figura de protección europea de Red Natura 2000 y abre la puerta a nuevos proyectos especulativos al rebajar la protección del dominio público de nuestras costas de 100 a 25 metros. Científicos, grupos ambientales y la mayoría de la oposición coinciden en que esta Ley de Costas abre la puerta a la especulación y el ladrillo, sin, además, contemplar la subida del nivel del mar.


* Diagonal - JONATHAN MACÍAS MARÍN - 9.5.13
Foto: El borrador de la nueva Ley de Montes contempla la contrucción en los montes públicos quemados.- JAVIER GALÁN

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