Alicante.- El TSJCV anula la aprobación del plan Rabasa y su adjudicación al empresario Enrique Ortiz

El macroproyecto del Plan Rabasa en Alicante fue aprobado por el ayuntamiento 'popular' en 2006 y en 2009 recibió el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, estaban todos implicados en esta irregular actuación, como finalmente ha sancionado la justicia, que demuestra que se vulneró la ley de contratación pública para otorgar a dedo, al conocido, por sus ilegalidades, empresario E.Ortiz... Más corrupción imposible.
"EUROPAPRESS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación provisional de plan parcial de Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', y deja sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009.

En una sentencia del 30 de abril, que incluye el voto particular de uno de los magistrados que no está de acuerdo con el fallo ni con los razonamientos de la sentencia, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal valenciano estima el recurso interpuesto por dos particulares al considerar que se vulneró la Ley de Contratos.

Por ello, ordena anular la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante.

Además, deja sin efecto el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006, por el cual se aprobó provisionalmente la homologación, el plan parcial y PAI de la U.E. única del sector Rabasa, en cuanto la adjudicación al agente urbanizador, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L., propiedad del empresario Enrique Ortiz.

En la demanda presentada en 2009, los dos particulares mantenían que esta actuación urbanística "sólo perseguía el enriquecimiento y beneficio propio del urbanizador, en perjuicio de los propietarios" y para ello "se servía de instituciones públicas, con fines contrarios al interés público".

Los demandantes, además, consideraban que la mercantil adjudicataria del PAI, Viviendas Sociales del Mediterráneo, no se había ajustado a la ley de Contratos, dado que no reunía los requisitos legales para ser agente urbanizador, ni había constancia de que estuviera debidamente calificada para contratar con la administración y el procedimiento de adjudicación del PAI.

Vulneración de la ley de contratos

Ahora, el TSJCV estima su recurso y accede a anular el acuerdo plenario del consistorio al considerar que sí se vulneró la ley de contratos por falta de publicidad del instrumento de adjudicación en el ámbito europeo, y que además no quedó acreditada la solvencia económica, técnica y financiera y profesional de la sociedad que resultó adjudicataria del Programa.

En este sentido, la sala entiende que "no se han cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia" en la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) a la que está sometido esta adjudicación y aún cuando sea de aplicación la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Por otra parte, los demandantes aludían en su recurso a la falta de recursos hídricos y recordaban que el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) era "desfavorable".

En este sentido, los magistrados sostienen que el plan parcial de Las Lagunas de Rabasa ha sido sometido a sucesivas modificaciones después de 2009, —entre ellas las referidas en el convenio con IKEA Ibérica SAU, aprobado en julio de 2012— por lo que afirman desconocer a día de hoy si el informe favorable relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye también previsiones para esta zona.

En todo caso, puntualiza la sentencia, el plan Rabasa requeriría de un informe "preceptivo y vinculante favorable de la CHJ" sobre esta concreta actuación urbanística, dado que proyecta la recalificación de 3,6 millones de m2 de suelo y la previsión de edificación de 12.503 viviendas.

Por otra parte, la sala rechaza que este plan parcial tal y como mantenían los demandantes, vulnere el principio general del uso sostenible del suelo por ser iniciativa privada tramitada al margen del Plan General.

En este punto, recuerdan que el plan Rabasa está "congelado en el tiempo en junio del 2009 por motivos procesales", y que su calificación anterior era de suelo urbanizable.

En principio, añade la resolución, "no pude apreciarse una imposibilidad legal absoluta y total para que, por medio del instrumento de modificación de un plan parcial, pueda recalificarse suelo no urbanizable en suelo urbanizable y programarse el sector reclasificado, ni con la normativa de la LRAU, ni con la actual LUV".

El tribunal aclara que el recurso presentado no hace referencia a las modificaciones sucesivas de la homologación y del plan parcial, por lo que tampoco cabe su pronunciamiento al respecto.


* 20 Minutos - EP - 30.5.13
Foto: Alicante, terrenos Plan Rabasa - información



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El plan de urbanismo de A Estrada fue avalado por la archivera

Los intereses económicos que hay detrás de los planes de urbanismo quedan retratados en este caso de A Estrada (Pontevedra). Aprovechando las vacaciones del secretario municipal, el alcalde y su corporación aprobaron un controvertido Plan General solo con el aval de la archivera del ayuntamiento, miembro, además, del mismo partido político. Creo que se ve a la legua la intención claramente ilegal del alcalde 'popular'.
"ELPAÍS* : El alcalde de A Estrada y ex diputado autonómico del PP, José López Campos, logró eludir el preceptivo informe del secretario municipal del Ayuntamiento, José Naveira, sobre el Plan General aprovechando sus vacaciones para que ese dictamen lo avalase la archivera municipal, María Jesús Fernández Bascuas, compañera del regidor en el comité local del PP estradense. La documentación que obra en poder de este diario demuestra que el plan para evitar los posibles reparos del secretario titular del Ayuntamiento al documento urbanístico no fue casual.

El 2 de octubre de 2012, el regidor remitió una carta en la que emplazaba al funcionario a solicitar las vacaciones pendientes de aquel ejercicio en menos de 24 horas. El secretario municipal fijó entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre sus días pendientes de disfrutar pero, en vísperas de la aprobación provisional del Plan General, comprometió su “más completa disposición a variar el calendario propuesto”. Previendo lo que podía pasar, el funcionario avisó de que “dada la trascendencia del asunto, lo idóneo es que la aprobación del expediente se produzca actuando como secretario de la Corporación su titular y no ningún otro”. Al no recibir respuesta del alcalde, el funcionario le envió una segunda comunicación recomendando que durante sus vacaciones le sustituyera el jefe del servicio jurídico de Urbanismo en ese Ayuntamiento, la misma persona que otras veces había cubierto sus libranzas. Y justificaba su consejo puesto él mismo debería “retomar” a la vuelta de vacaciones la gestión del plan general.

Ninguna de esas cautelas fue tomada en cuenta por el regidor, que designó como secretaria accidental del Ayuntamiento a una persona de su confianza, la archivera y compañera en la dirección del PP estradense, María Jesús Fernández Bascuas. Fue ella quien dio su bendición al planeamiento urbanístico con un dictamen, firmado el 26 de noviembre, en plenas vacaciones del secretario titular, y la que avaló una por una todas las variaciones introducidas por el gobierno municipal. Pero la víspera de que se celebrase el pleno para aprobar provisionalmente el plan general, el secretario titular presentó un segundo informe que enmendaba el de su sustituta y repleto de reproches al documento del gobierno. El dictamen realizado en solo cinco días por el técnico a su vuelta de vacaciones defendía que la propuesta de planemiento no presta “la mínima atención” a la Lei do Solo de 2010 pese a que la adaptación a esta debía ser “uno de sus principales objetivos”. El dictamen, con fecha de 17 de diciembre de 2012, critica la clasificación de varios terrenos como suelo urbano no consolidado pese a que no estaban urbanizados.

Las salvedades al documento no se paran ahí: el dictamen del secretario también argumenta que los cambios introducidos en el plan desde que este había sido expuesto a información pública, durante el otoño e invierno de 2009 (con el anterior gobierno municipal socialista) obligan a repetir ese trámite para volver a exhibirlo a los vecinos.

Todas esas pegas jurídicas llevaron a la oposición a exigir, en la sesión plenaria del pasado 18 de diciembre, que el polémico plan quedase sobre la mesa. Pero el regidor decidió tirar hacia adelante, su mayoría absoluta lo refrendó y el documento salió camino de la Xunta, que ha empleado los últimos meses en analizarlo. Finalmente, el planeamiento ha obtenido el sí de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que preside Agustín Hernández, compañero de escaño del alcalde hasta 2011, cuando López Campos dimitió tras vencer en las municipales. El pasado lunes, Hernández anunció que la Xunta da luz verde al polémico ordenamiento urbanístico para llenar un vacío normativo de 35 años y dejar sin validez las vetustas normas subsidiarias de los años setenta.

Desde que estalló el conflicto, el secretario municipal, erigido en enemigo público número uno del alcalde, no ha vuelto a ejercer. Primero se tomó un permiso para casarse y cuando le tocaba reincorporarse presentó una baja laboral. Como sustituta, sigue ejerciendo la archivera del Ayuntamiento, abogada de formación, que ya percibe un complemento por sustituir al técnico titular. Los tres sindicatos con representación en el Ayuntamiento (UGT, CC OO y CIG) han denunciado su situación y la de otros funcionarios que también han asumido tareas que no le competen, señalados por el dedo del alcalde.

Entretanto, la Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano amenaza con pleitear contra el futuro plan. No será la primera vez: la asociación vecinal ya llevó hasta el final —y con victoria— su pelea por la supresión de una normativa urbanística provisional que acabó tumbando el Tribunal Supremo.


* El País - JOSÉ PRECEDO - 5.6.13
Foto: Vista general del casco urbano de A Estrada. / ÓSCAR CORRAL

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