Mantienen la imputación a 17 personas en el caso Arona

El caso de corrupción urbanística en Arona (Tenerife) lleva ya desde 2007 en manos judiciales y parece que aún queda bastante para que se celebre el juicio y se ejecute la sentencia. Arona es un gran municipio turístico con antecedentes numerosos de ilegalidades urbanísticas, pero se merece una justicia más ágil y efectiva.
"DIARIODEAVISOS* : El caso Arona, que cursa la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tras haber practicado la instrucción el Juzgado 2 de Arona, mantiene la imputación a 17 personas, tras desestimar un recurso de apelación de éstas, cuyos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por presunta corrupción urbanística, relacionada con la concesión irregular de licencias, favores y otras cuestiones que implican a la administración local de Arona y más personas.

Sin embargo el caso, en esta parte, ha quedado “reducido” en el número de imputados tras el sobreseimiento libre y archivo de otras doce personas, entre las que se encuentran el consejero de Carreteras del Cabildo, José Luis Delgado, tal y como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS. También quedan fuera del este proceso judicial la actual concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Clara María Pérez, ya que no se halla delito de tráfico de influencias alguno al acusarla de haber creado y ofertado una plaza en la oficina de atención a las víctimas de delito de Arona para “colocar a una recomendada”, dice el documento, por el que fuera alcalde, José Alberto González Reverón.

Tampoco se aprecia el mismo delito, ni igualmente prevaricación, en el concejal de Seguridad, Manuel Reverón, porque no influyó para modificar puntualmente el plan insular de ordenación en Cabo Blanco para evitar la demolición de su casa. Sin embargo, el auto no estima el recurso de apelación del actual edil de Medio Ambiente, Antonio Sosa, y también de Urbanismo entre 2007 y 2011, ya que “en contra de lo que él alega”, dice dicho auto, “sí que existen vestigios de la posible comisión por su parte, por lo menos de prevaricación, como fue la contratación de cuatro personas que solían trabajar en las dependencias municipales sin formar parte del personal laboral, según escuchas telefónicas y según Administración de Personal del Ayuntamiento, donde se corrobora que no estaban contratadas y cobraban mensualmente por estudios realizados, explica el auto. También se le acusa al edil de no paralizar las obras del hotel Sir Anthony a pesar de saber que carecía de la licencia municipal.

Igualmente se desestiman las objeciones de Hortensia García citada como subinspectora de la Policía Local de Arona a la que se le achaca tráfico de influencias y prevaricación por mediar a favor de un opositor a un puesto de Policía Local. El Juzgado mantiene igualmente la imputación al cabo de la Guardia Civil, José Rodríguez, por un supuesto tráfico de influencias.

Con respeto al exalcalde se mantiene que existen posibles delitos contra la ordenación del territorio al conceder licencias de obras con informes desfavorables de los técnicos de Urbanismo. También, testigos “clave”, como Ansorena Carrera, dieron lugar , mediante grabaciones de conversaciones a otras “conductas delictivas” de funcionarios de la administración local que en principio “nada tenían que ver con los hechos investigados”,dice el auto.

El aparejador del Consistorio Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal o Jorge Menéndez y Zenón Rodríguez, también arquitectos, siguen imputados en la causa.

Cabe citar que todas estas diligencias se derivan de febrero de 2007, cuando se efectuó una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado Decano de la instrucción en Arona para que se investigase un presunto delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y cuyos denunciados eran el alcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno 2003- 2007. La denuncia fue formulada a raíz de la que puso en enero de 2007 en Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid el edil del PSOE en Arona, Francisco Santamaría, y que se remitió a la Audiencia Provincial.

Luego vinieron las diligencias previas en marzo de 2007 hasta este último auto, fechado el pasado 5 de junio.


* Diario de Avisos - NICOLÁS DORTA - 8.6.13
Foto: Arona (Tenerife), juzgados - diariodeavisos.com



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Madrid.- Demolida una casa blasonada del XVII

El ayuntamiento de Madrid, con la complicidad de la Comunidad, continúa con su labor de destrucción del Patrimonio histórico artístico de la ciudad. Si hace unos días era el Palacio de Sueca, ahora se trata de otro edificio céntrico protegido que era propiedad del mismo ayuntamiento. Otra barbarie más en la pérdida de valores monumentales que sigue sufriendo la capital por culpa de la equivocada gestión de sus munícipes.
"ELPAÍS* : Madrid tiene desde marzo una casa solariega del siglo XVII menos y un solar más. El Ayuntamiento ha demolido el edificio de su propiedad, situado en la calle de Embajadores 18, por amenazar ruina inminente. El inmueble tenía un nivel 2 de protección y formaba parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid, Cerca y Arrabal de Felipe II. “Desde que pasó a manos municipales no se ha hecho nada para su mantenimiento y, al cabo del tiempo, resulta que es irrecuperable”, critica Vicente Patón, presidente de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que lucha por conservar lo que todavía queda del legado histórico, artístico y cultural de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento indican que la casa ya tenía un expediente de expropiación por ruina de 1963. Además, añaden, en el Plan General de 1997 se obligaba a que pasara a manos del Consistorio por el mal estado en el que se encontraba. La tramitación de la expropiación se inició en 1999. Hace dos años se cedió el edificio al Área de Hacienda y pasó a formar parte del inventario de bienes del Ayuntamiento.

La vieja casona presentaba un blasón de los Osorio-Villalobos en la fachada, escudo de armas que podría haber desaparecido en las labores de derribo. El arquitecto Álvaro Bonet, también miembro de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, asegura que cuando preguntó a los operarios que estaban demoliendo el edificio por el destino del blasón, le contestaron que se había desplomado y “hecho añicos contra el suelo”. Les pidió los trozos, pero le respondieron que el Ayuntamiento se iba a hacer cargo de ellos.

Bonet describe la casa como un palacete castellano, “probablemente del XVII por su estructura”. Presentaba un amplio corral o patio interior donde crecían un par de robustos árboles. “Llamaba la atención la potente caja de escaleras, de esas que se alzan sobre recios pies derechos de madera, árboles que debieron crecer allá por el siglo XV o XVI, antes de ser convertidos en la estructura del inmueble”, describe. Como prueba de la solidez de la escalera, relata que en la demolición los trabajadores la usaron para subir y bajar durante las labores de demolición.

En algunos lugares los ventanales estaban tapiados y apuntalados. “Pero el resto del edificio, el que daba hacia la calle de San Cayetano, se veía muy sólido”, apunta el arquitecto. La propia demolición demostró, en su opinión, la fuerza de los muros. “El desmontaje se realizó a mano y tardaron unos tres meses. Si la ruina era inminente, no te entretienes en quitar ladrillo a ladrillo”. Admite que en puntos concretos podía presentar algún tipo de pudrición por efecto de las goteras. “Esa parte podría estar afectada, pero se puede llevar a cabo una intervención puntual, pero no se han molestado”.

Ahora, el solar resultante, de 712 metros cuadrados, se ha incluido en el Plan de Gestión Patrimonial, y se prevé construir un edificio moderno que albergue servicios municipales, bien de tipo administrativo, de equipamiento social o cultural. Pero habrá que esperar a que se disponga de los créditos suficientes para ello, según informó Isabel Pinilla, directora general de Gestión Urbanística a Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida, que preguntó en una comisión del 20 marzo sobre la demolición, que costó 250.000 euros.

En la misma intervención, Pinilla aclaró que el edificio lo había demolido la Dirección General de Control de la Edificación y que el solar se ha incluido en el Plan de Gestión Patrimonial, que pretende “optimizar los bienes inmuebles de propiedad municipal y reducir los costes de arrendamiento, entre otros”.

“Es incomprensible que en estos tiempos, porque ya no estamos en los años sesenta, se siga teniendo este concepto del patrimonio histórico artístico. Ha sido una barbaridad”, se queja Bonet. El arquitecto recuerda que no es el único caso. Entre ellos destaca el palacio de la duquesa de Sueca, en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, que data de 1850 y con el máximo grado de protección. El Ayuntamiento lo expropió en 1998 y lo abandonó, lo que condujo a que 15 años después se decretara su ruina y demolición. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación y ha paralizado el derribo. El edificio de Embajadores ha corrido peor suerte.


* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 7.6.13
Foto: Imagen de la fachada de la casa con el escudo de armas antes de su desaparición. / ENRIQUE F. ROJO

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