Miles de madrileños viven en casas levantadas ilegalmente por toda la región

La dejadez en el cumplimiento de las normas urbanísticas durante lustros ha terminado produciendo la saturación de viviendas ilegales en todo el Territorio, no solo madrileño. Evidentemente en esta Comunidad, con la complicidad y, a veces apoyo implícito de sus autoridades, el asunto se ha desmadrado totalmente con la enormidad del número de estas viviendas construidas en grandes zonas rústicas protegidas.
"20MINUTOS* : Comprar una parcela, levantar una casa y esperar a que, como contempla la ley, la infracción prescriba a los 4 años. Eso es todo lo que tiene que hacer un particular en Madrid para tener un chalé con piscina en medio del campo. Ni permisos, ni pago de impuestos, ni engorrosos trámites administrativos. El descontrol y la falta de vigilancia es tal que, según el Cuerpo de Agentes Forestales, "muy mal se tiene que dar" para que el delito no se archive antes de que se levante acta y el caso llegue a un juzgado. Las edificaciones fuera de planeamiento urbanístico en la Comunidad se cuentan por miles, según los datos recogidos por los forestales, Ecologistas en Acción e investigadores ambientales.

Muchas de ellas corresponden a urbanizaciones hechas ilegalmente en suelo rústico, forestal o protegido que se desarrollaron durante los años 80, hasta 137 núcleos según el catálogo de la época. Otras son fruto del boom de la construcción vivido entre 1996 y 2008. La mayoría nunca fueron legalizadas y hoy, a pesar del estallido de la burbuja del ladrillo, el negocio continúa a menor escala.

Zonas más afectadas

La vega del río Tajuña, con unas 700 construcciones y no menos de 300 piscinas, es una de las zonas más afectadas. Acumula más de 150 denuncias de los agentes forestales, pero de nada sirve que los suelos sean rústicos o que muchas de ellas se encuentren en las zonas protegidas.

Chinchón se sitúa a la cabeza. En su término municipal se sitúan enclaves como Valbosque y Valromeroso, con decenas de casas que siguen ampliándose; o Las Cubillas, donde un grupo de feriantes ha creado su particular barrio. La alcaldesa, Luisa Fernández (PP), asegura que la "falta de medios" le impide controlar su término municipal. Lo mismo ocurre en el vecino Morata de Tajuña, apunta la organización Arba Bajo Jarama.

San Martín de la Vega alberga la urbanización Pingarrón, situada en zona inundable. Según su alcaldesa, Carmen Guijorro (PP), el núcleo está en proceso de legalización a pesar de que en una de sus calles aún se mantiene un cartel en el que la Consejería de Medio Ambiente advierte que cualquier construcción en terreno rústico será demolida. Este ayuntamiento permite la existencia de un complejo con dos viviendas, huerto, piscina y un aparcamiento para maquinaria de obra que ha levantado irregularmente una conocida familia del pueblo en pleno Parque del Sureste.

En El Molar, la vía pecuaria que enlaza las casas del Camino Viejo de Madrid a Burgos ha sido asfaltada con el consentimiento del Ayuntamiento. Otras 200 casas se desperdigan aquí repartidas, en ocasiones, en terrenos arcillosos de poca estabilidad. "Es un peligro. Y también pasa en Valdetorres, Talamanca, Pedrezuela...", denuncian los geógrafos Daniel Devesa y Antonio Romero, autores de la web pensandoelterritorio.com.

La Cañada Real de Madrid, con 2.500 viviendas entre Madrid, Coslada y Rivas, también es un ejemplo de urbanismo descontrolado.

La ley no funciona

Ecologistas en Acción acusa a la Comunidad de Madrid de desentenderse de la problemática (en incluso de fomentarla con la nueva ley que permite contruir en suelo rural) y a los ayuntamientos, que tienen las competencias en materia disciplinaria, de obviarlo la mayor parte de las veces. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente aseguró a 20minutos que cada denuncia que llega se tramita, aunque responsabilizó a los ayuntamientos de hacer cumplir la normativa.

Según la ley autonómica del suelo, tanto las infracciones como las sanciones prescriben a los 4 años de cometerse. Las multas van de 600 a 3.000.000 de euros, pero estas raramente se ejecutan y no disuaden a los infractores. Medio Ambiente asegura que tramita todas las denuncias que le llegan, pero la maraña normativa, la tardanza judicial y la propia ley del suelo benefician a los incumplidores.

Empresas se ofrecen a construir casas desde 50.000 euros.Para eludir la norma que impide subdividir parcelas, los terratenientes venden pequeñas porciones de suelo rústico de una misma unidad a varios propietarios mancomunados por un precio de entre 6 y 20 euros el metro cuadrado, mucho más barato que el suelo urbanizable.

Una vez hecho, los compradores instalan casas prefabricadas o se construyen la suya propia. Incluso hay empresas que se ofrecen a hacer chalés por unos 50.000 euros. Una vivienda móvil o un bungalow va desde los 3.000 euros de las más modestas a los 65.000 o más, dependiendo del número de habitaciones y los extras.

Dado que se construyen sin permiso, la mayoría de las viviendas cuentan con paneles solares o generadores de gasoil para conseguir electricidad. El agua se saca de pozos. Las confederaciones hidrográficas permiten hacerlos, aunque la mayoría de los consumidores ni siquiera lo comunican. Los desechos se tiran a fosas sépticas o pozos negros que ninguna autoridad supervisa.

Si no hay denuncia ni procedimiento administrativo o judicial iniciado, la infracción no tiene consecuencias. Como los ayuntamientos no incluyen estos núcleos en el planeamiento, quedan en situación alegal, en un limbo. Muchas corporaciones ni siquiera las tiran para evitarse la demolición, que puede rondar los 60.000 euros en caso de que el propietario se niegue a hacerlo. Cobrárselo después es una odisea, admite la alcaldesa de Chinchón.


* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 11.06.2013
Foto: Viviendas ilegales en Chinchón - AC



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Cartagena.- Un juzgado cita a declarar a la cúpula de Urbanismo en un caso de posible prevaricación

Este caso viene de 2006 y es ahora cuando la justicia cita a declarar a los principales implicados municipales. Parece mucho tiempo para otra 'posible' corrupción urbanística, al expropiar el ayuntamiento unos terrenos con el fin de la construcción de un centro cívico, algo que nunca sucedió.
"LAVERDAD* : El juzgado de Instrucción nº2 de Cartagena comunicó ayer la admisión de la querella de la empresa promotora de unos apartamentos turísticos en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Azohía contra el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, y dos altos funcionarios por presunta prevaricación y expropiación ilegal de esos terrenos para hacer un centro cívico que finalmente no se ha construido.

Por estos hechos, el juzgado remitirá a los querellados la citación correspondiente para tomarles declaración en próximas fechas.
Los hechos objeto de la causa se remontan a julio de 2006 cuando la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía SL pidió la licencia de obra para edificar un complejo de dos alturas con 24 alojamientos. Eligió para ello el solar del viejo cuartel de la Benemérita. Esa parcela está dentro del Plan Parcial de la Chapineta, amparado por el planeamiento urbano de 1987. En él, ese terreno estaba catalogada como de uso comercial y hotelero, compatible con el de equipamiento privado.


Según la sociedad querellante, tras la petición de licencia de obra y la inspección previa de los técnicos municipales, solo quedaba su expedición a partir de 2009. Pero en la querella se denuncia que el permiso nunca llegó y fue anulado del nuevo plan general que cambió el uso por el de equipamiento público. Apartamentos Turísticos La Azohía SL acusa a la cúpula de Urbanismo de hacer caso a una asociación local que estaba en contra de su proyecto por unos intereses medioambientales que a los demandantes les parecen guiados por cuestiones privadas.
La petición de responsabilidades se divide entre Segado (por presunta prevaricación y expropiación ilegal), el gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, (lo mismo) y la que entonces era jefa jurídica de Urbanismo, Paloma Rodríguez (solo por prevaricación).


* La Verdad - ERK - 12.6.13
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es



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