Grandes constructoras ingresaron directamente dinero en las cuentas que Bárcenas mantenía abiertas en Suiza

Está claro de donde provenía la enorme cantidad de dinero que el extesorero del PP tenía en Suiza. La adjudicación directa de obras a grandes constructoras, y las comisiones cobradas por ello, son el origen de esta enorme corrupción urbanística del partido del gobierno, por más que sus dirigentes pretendan desviar la atención, y la justicia, politizada y débil como siempre, no logre sancionar con sentencias definitivas estos casos de la mayor gravedad para el país.
"VOZPÓPULI* : Bárcenas volverá a prestar declaración en la Audiencia Nacional el próximo día 27, de no ser admitida por el juez su solicitud de aplazamiento, y en el PP hay temor a que abra la gran caja de los truenos con su estrategia exculpatoria. Que el extesorero continúa fuera de control no es ninguna novedad y que su situación judicial se agrava por momentos tampoco, a medida que las comisiones rogatorias enviadas a Suiza bombean nuevas sorpresas. Esta diabólica secuencia hace que en el PP se haya instalado la tesis de que el extesorero terminará tirando de la manta o, de forma más precisa, justificando las voluminosas cuentas halladas en Suiza a partir de la propia gestión que tenía encomendada como responsable de las finanzas del partido. Desastre total que descansaría en la sospecha de que Bárcenas mezcló la contabilidad de Génova con la suya personal.

Fuentes empresariales confirman que algunas de las principales compañías constructoras no se anduvieron con rodeos geográficos y acudieron a la ventanilla que Bárcenas había abierto directamente en Suiza. “Era la manera más discreta de actuar”, reconocen. En la documentación manejada por el extesorero que está en manos del juez Pablo Ruz se cita entre las firmas que fueron generosas en sus donativos a Sacyr Vallehermoso, OHL, FCC y a Constructora Hispánica, ésta última muy vinculada a Francisco Álvarez Cascos. Pero hubo otras, tanto o más conocidas que éstas.

Es improbable que estas empresas reconozcan sus ofrendas al extesorero y mucho menos que admitan que tuvieron como contrapartida la concesión de grandes obras públicas durante los tiempos, más de una década, en la que el propio Álvarez Cascos y José María Aznar pilotaron el partido y tuvieron responsabilidades de Gobierno. Pero es siempre posible, se asegura en medios del PP, que la botella la descorche Bárcenas si ve que él, su mujer, o ambos a la vez, se adentran en un callejón judicial de difícil salida y, en una situación de desamparo como la que el expresidente del Gobierno habría querido denunciar para los enterados en su reciente reaparición: sería tanto como “invitar al baile a los que participaron con él en la fiesta”, se repite con insistencia en las filas del partido.

Las pesquisas judiciales y de la propia Agencia Tributaria se centran en las cuentas que el extesorero tenía abiertas en Lombard Odier y en el Dresdner Bank, con nombres tan exóticos como Tesedul, Novis, Obispado o Ranke. Los dineros de Bárcenas danzaron en ellas durante década y media y en la actual dirección del PP causa alarma cómo algunos de los antiguos responsables del partido de aquella época se encogen de hombros al asegurar que, en todo caso, la gestión de estos fondos y los posibles sobresueldos que salieron de ellos serían delitos prescritos. “Algunos creíamos que se trataba de una defensa psicológica, pero nos hemos convencido de que forma ya parte de una partitura estratégica”, aseguran alarmados.

Para un alto dirigente de Génova, “lo que pasó en aquellos años es indefendible” y ahora nadie puede exigirles ni al Gobierno ni al partido “que vigilen la agenda de los jueces”. Ensayadas todas las vías posibles para controlar al extesorero y una vez comprobada la inutilidad de estos intentos, vuelve a tomar densidad en las filas del PP aquella frase pronunciada por María Dolores de Cospedal cuando estalló el escándalo: “Que cada palo aguante su vela”. “Nadie tiene la culpa”, añaden otras fuentes del PP, “de que el juez Ruz haya centrado su investigación en todo el periodo de mando de Aznar. Si éste cree que se le está haciendo un juicio popular a su recorrido como presidente, se equivoca. Nadie tiene la culpa de que toda la suciedad que sale proceda de su etapa”.

Las pesquisas judiciales y de la propia Agencia Tributaria se centran en las cuentas que el extesorero tenía abiertas en Lombard Odier y en el Dresdner Bank, con nombres tan exóticos como Tesedul, Novis, Obispado o Ranke. Los dineros de Bárcenas danzaron en ellas durante década y media y en la actual dirección del PP causa alarma cómo algunos de los antiguos responsables del partido de aquella época se encogen de hombros al asegurar que, en todo caso, la gestión de estos fondos y los posibles sobresueldos que salieron de ellos serían delitos prescritos. “Algunos creíamos que se trataba de una defensa psicológica, pero nos hemos convencido de que forma ya parte de una partitura estratégica”, aseguran alarmados.

Para un alto dirigente de Génova, “lo que pasó en aquellos años es indefendible” y ahora nadie puede exigirles ni al Gobierno ni al partido “que vigilen la agenda de los jueces”. Ensayadas todas las vías posibles para controlar al extesorero y una vez comprobada la inutilidad de estos intentos, vuelve a tomar densidad en las filas del PP aquella frase pronunciada por María Dolores de Cospedal cuando estalló el escándalo: “Que cada palo aguante su vela”. “Nadie tiene la culpa”, añaden otras fuentes del PP, “de que el juez Ruz haya centrado su investigación en todo el periodo de mando de Aznar. Si éste cree que se le está haciendo un juicio popular a su recorrido como presidente, se equivoca. Nadie tiene la culpa de que toda la suciedad que sale proceda de su etapa”.


* Voz Pópuli - Federico Castaño - 19.6.13
Foto: Bárcenas - tiempodehoy



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El TS condena al alcalde de Cantoria y ordena derribar 4 casas vendidas a ingleses

Otra vez la provincia plagada de corrupción urbanística de Almería, ahora es el caso de Cantoria donde el alcalde 'popular' permitió unas viviendas ilegales, contrarias a la normativa. Se supone que los compradores ingleses actuaron de buena fe, por lo que ahora, tras el derribo, deberán ser recompensados. La 'marca España' continúa su cuesta abajo.
"LAVOZ* : El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de 2 años de prisión y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde de Cantoria (PP), Pedro Llamas, por faltar a la verdad en un escrito “con sello oficial” del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica en relación a una promoción de cuatro viviendas construidas sobre suelo no urbanizable. Llamas ha sido condenado, asimismo, por no denunciar estas edificaciones contrarias a la normativa urbanística ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística sino que, al contrario, según remarca el Supremo, “concedió autorizaciones para el suministro eléctrico y el agua de las mencionadas viviendas”.

El Alto Tribunal desestima su sentencia el recurso de casación interpuesto por la defensa del alcalde contra el fallo de la Audiencia Provincial, que le impuso penas de 24 meses de cárcel, y un año y seis meses de inhabilitación.

La Sección Segunda, que absolvió al regidor del delito de prevaricación por el que también estaba procesado, tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos, por los que fue condenado el promotor de las cuatro viviendas en un finca de su propiedad de carácter forestal, se remontan al año 2003 aunque se extienden en el tiempo hasta 2007. Llamas deberá abonar, asimismo, una multa de cinco meses a razón de diez euros al día.

No se ajustó a la legalidad
La sala de lo Penal del TS rechaza que, tal y como sostuvo la defensa, Llamas se “ajustase a la realidad” al decir a la Fiscalía de Medio Ambiente, a través de informe a la Policía Autonómica, que “no expidió ningún tipo de licencia o de certificación en relación a la contratación de cualquier tipo de suministro” y que, por tanto, “hubiera faltado a la verdad si lo hubiera afirmado, ya que, en realidad, lo que expidió fueron autorizaciones”.

Así, sostiene que cuando la Fiscalía pidió información acerca de si se había otorgado alguna licencia, “es evidente que estaba requiriendo datos acerca de si, en relación con las obras ilegales, se había otorgado algún permiso o autorización”. “El silencio del alcalde supuso falta a la verdad en un documento público y, por tanto, conllevó la ofensa al bien jurídico tutelado”, concluye.

En concreto, las citadas autorizaciones se concedieron en abril y septiembre de 2004, en marzo de 2005 y en mayo de 2006 y en su escrito, Llamas trasladó que “de los archivos obrantes en la Secretaría del Ayuntamiento, no se había otorgado certificado alguno con el objeto de contratación de cualquier tipo de suministros”.

El Supremo recuerda que se le solicitó la suspensión cautelar de la obra y que, “sin embargo, se abstuvo de toda actuación, excepto la de autorizar el suministro de luz y agua, e incluso llegó a comunicar a la Delegación Provincial de la Junta desconocer la realidad de los hechos denunciados pese a la advertencia o comunicación de la Secretaría del Ayuntamiento de la situación existente”.

Por último, el Supremo respalda al tribunal de la Sección Segunda en las razones que da y que, según dice, “militan a favor del carácter no urbanizable de los terrenos” sobre las que se levantaron las viviendas.

También deberá indemnizar a los ciudadanos británicos a los que vendió las viviendas unifamiliares y reponer la legalidad urbanística infringida con la demolición de la edificación ilegal.


* La Voz Almería - EP - 15.6.13
Foto: Cantoria (Almería), protesta ingleses (archivo) - ideal.es



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