Así expolia el PP de Madrid el parque de viviendas públicas

La trama de corrupción urbanística urdida por los máximos responsables del Ayuntamiento de Madrid en torno a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo viene de hace años, con Gallardón de alcalde y Aguirre de presidenta de la Comunidad, y consistía en endeudar a la citada empresa pública con una sucesión de irregularidades en el proceso de venta de suelo y bloques de viviendas de protección social a inversores internacionales.
"PÚBLICO* : El proceso de enajenación y venta del parque público de viviendas que está llevando a cabo la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) se ha vendido a la opinión pública por parte de los responsables políticos del Partido Popular como un proceso obligado, sin alternativas, para paliar el insostenible déficit de la empresa pública. La deuda de la EMVS llegó de la mano del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que financió parte de sus ambiciosos proyectos en el Ayuntamiento vendiendo suelo a la empresa pública muy por encima de su valor actual. Al borde de la quiebra técnica, la actual Corporación se ha decido por la enajenación de los activos de la empresa y de todos los madrileños.

La primera operación de salvamento económico ha sido la venta de 18 bloques de viviendas con 1.860 pisos de protección social, ocupados por menores de 35 años con un alquiler reducido, por 120 millones de euros al fondo de inversión oportunista Blackstone, según informó El Confidencial, ya que el Ayuntamiento se niega a hacer públicos los datos de la operación, a pesar de tratarse de bienes públicos. Antes, la EMVS trató de vender, sin éxito, cinco bloques de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal por 21 millones de euros.

Ahora, una serie de documentos a los que ha tenido acceso este diario desvelan una sucesión de irregularidades en el proceso de venta que han dejado a parte de los inversores internacionales que optaban a hacerse con las viviendas con la sensación de haber sido "engañados" y de haber observado "incompetencia y malas artes de un nivel que nunca han visto en Europa". Estas palabras corresponden a Michael R. Long, partner de los fondos de inversión especializados en vivienda social Harbor Group, que aspiraban a hacerse con los 18 bloques de viviendas junto a Álvarez & Marsall por 130 millones de euros, 10 millones de euros más que la supuesta oferta aceptada de Blackstone.

El cabreo que manifiesta Michael Long con la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid se hace comprensible cuando se repasa la correspondencia y reuniones mantenidas por Harbor Group y Álvarez & Marsall y la EMVS y la Corporación municipal. El 3 de junio Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS, comunicó telefónicamente la adjudicación de la venta a Harbor Group y Álvarez & Marsall (HGAM ) por 120 millones de euros. La otra oferta que había recibido la EMVS hasta ese momento, según fuentes del mercado, era de Blackstone, actual adjudicataria, por 70 millones de euros.

Sin embargo, el día 5, apenas dos días después de la comunicación, Oslé les comunicó por correo electrónico que se había producido un error administrativo y que el proceso no se había cerrado, invitando a presentar nuevamente ofertas hasta el día 14 de junio a las 14:00 horas.

Los fondos Harbour Group y Álvarez & Marsall (HGAM) mantuvieron su oferta de 120 millones durante los ocho días siguientes y decidieron aumentarla hasta 130 millones en el último momento, con la sospecha de que su anterior oferta pudiera haber sido filtrada a la competencia.

El día 21 de junio, Fermín Oslé comunicó a HGAM que "su oferta no ha sido seleccionada (...) por existir otra propuesta más ventajosa para los intereses" de la EMVS.

Ante el estupor por la extrañeza del proceso, los fondos norteamericanos decidieron solicitar información de las características de la oferta ganadora: "importe y fecha de presentación". El 24 de junio Oslé respondió: "El importe y las demás condiciones de la oferta deben tratarse dentro de los más estrictos parámetros de confidencialidad y discreción" y la decisión ha sido tomada bajo "parámetros puramente objetivos".

Esta negativa a comunicar a los participantes en un proceso de concurrencia pública las características de la oferta seleccionada se está valorando a la operación financiera como "insólito", ya que vulnera "la esencia del procedimiento", por lo que los fondos de inversión están valorando presentar un escrito de diligencias previas que obligue a la EMVS a facilitar los datos que hoy niegan.

Parte de la información solicitada por los fondos norteamericanos aparece, no obstante, en prensa. El Confidencial, para indignación de los pretendientes, publica que la oferta ganadora ha sido la de Blackstone por un importe de 120 millones de euros cuando en un primer momento este fondo de inversión oportunista había ofertado 70 millones. Tras esta información, las sospechas de los perdedores en la adjudicación de que su oferta había sido filtrada a la competencia se hizo más fuerte.

Dado que la EMVS se niega a confirmar o desmentir los datos publicados, los pretendientes tienen el temor de que se esté tratando de rehacer la oferta presentada por Blackstone de manera que mejore la oferta de 130 millones de HGAM para evitar incurrir en administración desleal. La imagen de Marca España que la EMVS y las administraciones madrileñas han dejado la resume Michael Long: "Incompetencia y malas artes nunca vistas en Europa".

"El objetivo de la EMVS no ha sido el obtener el mayor ingreso posible por la venta de activos ni el garantizar los derechos de los inquilinos actuales y de los madrileños en general, ya que se ha rechazado la mejor oferta. El procedimiento opaco y que en nada beneficia a los ciudadanos madrileños ha estado viciado por intereses ajenos al interés público", denuncia a Público fuentes cercanas a la operación, que apuntan que estos intereses responden a la "cultura del pelotazo" que ha llevado a España a la crisis y los relaciona directamente con los intereses económicos de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid.


* Público - ALEJANDRO TORRÚS - 10.7.13
Foto: Esperanza Aguirre y Ana Botella. -EFE

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Valladolid.- Comienza el juicio del 'caso Arroyo' contra el alcalde y otros cinco imputados

El municipio de Arroyo de la Encomienda está situado muy cerca de Valladolid y ha sido el que más ha crecido de Castilla y León en los últimos años. Este crecimiento espectacular ha sido en bastantes ocasiones debido a la ilegalidad urbanística en las que el alcalde Méndez y miembros de la Diputación (PP) han tenido mucho que ver, con la empresa constructora 'Mahía' como beneficiaria afín desde 1999.
"EUROPAPRESS* : La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo de los acusados desde este martes al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al exportavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más por el denominado 'Caso Arroyo' sobre supuesta corrupción urbanística. El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados.

En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.

En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.

Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de 2012, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional, cosa que ha cumplido hace unas semanas.

Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.

PETICIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.

En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).

En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que "llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior".

Entre las numerosas ilegalidades presuntamente cometidas figuran el convenio urbanístico suscrito en 2005 entre Méndez y su exempleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a residencial para que la promotora edificara 2.984 viviendas, o el acuerdo alcanzado cinco años antes para modificar puntualmente las normas subsidiarias del SAU-13, con el fin de edificar allí, pese a la existencia de una empresa papelera.

Las pesquisas apuntan que en este tipo de operaciones Mahía contó con la colaboración del arquitecto Buenaventura Conde, junto con la del entonces presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, que dio luz verde a las mismas y al PGOU de la localidad, que convirtió en urbanizable el 70 por ciento del municipio.

TREINTA MILLONES DE PESETAS

En este sentido, el auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como "colaborador", habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sangenjo y un piso en Carril, ambos en Pontevedra, o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.

"Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges--se refiere también a su esposa--para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos", refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.

PATRIMONIO NO JUSTIFICADO

A lo largo de las 34 páginas del auto, el juez detallaba igualmente el patrimonio acaparado por el resto de imputados, entre ellos el ya exportavoz del PP en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y también exconcejal en el Ayuntamiento de la capital.

De este último, expresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, la investigación le atribuía un regalo en forma de chalé, supuestamente concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados.

Aunque el precio se firmó en abril de 2004 por 148.000 euros, "aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones del citado a favor de la empresa", indica el auto, que recuerda que por aquellas fechas se sitúan las operaciones del SAU-9 y SAU-13 en Arroyo.


* Europa Press - 9.7.13
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es



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