Madrid.- Campo de golf de Puerta de Hierro: terrenos públicos de uso privado

Una concesión a dedo entrega al Real Club más de cinco hectáreas de terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa y al margen del Plan de Ordenación Urbana. Este Campo de Golf es también conflictivo por diferentes motivos de origen político. Ya el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo concluyó que el campo de golf situado en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II no era legal, pues no cumplía los requisitos administrativos para ser declarado de interés general, artimaña que utilizó Esperanza Aguirre para salvar el proyecto. Y así uno tras otro tienen una historia irregular.
"DIAGONAL* : Cuando se intenta acceder a la web del Real Club de Golf Puerta de Hierro, una pantalla pide el número de socio y el DNI para ello. Lo mismo ocurre cuando uno se acerca a sus inmediaciones. Un club selecto y exclusivo, asentado sobre un suelo que es Patrimonio Nacional y que ocupa 229 hectáreas. Pero esto no es suficiente, ahora está planeado que crezca un poco más, con la anexión de 5,4 hectáreas pertenecientes a la finca pública del antiguo cuartel militar de Buenavista. Los dueños del club quieren añadir otro campo más de nueve hoyos. Y todo ello con la tala de 841 árboles.

“Este club fue el primero de Madrid y es una concesión de Patrimonio Nacional, cedido por Alfonso XIII, a principios del siglo XX. Ahora, con la ampliación, cinco nuevas hectáreas de patrimonio público se vuelven a regalar a una entidad privada, sin darle publicidad, parecido a lo que hizo antaño el rey”, relata Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, quien añade que el proyecto ha salido a información pública cuando ya estaba autorizado. “Ha sido una cesión a dedo. Para autorizar el otorgamiento de suelo público hay que dar publicidad para que se presenten todas las entidades interesadas”. Es entonces cuando la portavoz de Ecologistas en Acción añade un dato: “Hasta que fue nombrado ministro de Defensa, el presidente del Real Club de Golf era Pedro Morenés. Curiosa­mente, los terrenos que se quieren anexionar son una concesión del Ministerio de Defensa”, subraya.

Además, y tal y como destaca Raúl Urquiaga, portavoz del Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), la ampliación es contraria al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. “El uso del suelo no coincide con el previsto en el plan que lo recoge como suelo de uso público. En esta zona no se puede dar un uso deportivo intensivo”, sentencia. “En el momento en el que se haga pública la Evaluación de Impacto Ambiental positiva, lo vamos a recurrir a los tribunales”, advierte.

Además, 841 árboles, en su mayoría pinos piñoneros de más de 35 años, serán arrancados del lugar. “Se saltan también la legislación sobre la protección de arbolado urbano”, destaca Urquiaga. Y todo porque, según recoge la ley, en caso de ser necesario efectuar talas, se debe plantar un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado para compensarlas.

Así, y sólo en el caso de los pinos, se deberían plantar más de 26.000 ejemplares. En el proyecto presentado se prevé una plantación de 513 pinos más 2.900 pies de distintas especies sin especificar. “Los árboles cumplen una función muy importante en la ciudad”, destaca Nieto, que se lamenta de esta gran pérdida mientras añade otro impacto asociado al golf: el elevado uso de recursos hídricos.

En concreto, y según datos de las organizaciones ecologistas, este campo de golf consume anualmente la misma cantidad de agua que todo el municipio madrileño de El Boalo (6.200 habitantes). El campo de Buenavista añadiría 52.000 m3 por año al total empleado en todas las instalaciones del club.

En la Comunidad de Madrid hay un total de 31 campos de golf que, según los datos recabados por las organizaciones, tienen un consumo de agua de 16,33hm3, similar al de una población de 278.000 habitantes. Además de su elevado consumo de este recurso, muchos de ellos nacieron de la mano de la polémica, por suponer concesiones de suelo público. “Este campo de golf está siguiendo los mismos pasos que el resto de campos de Madrid, muchos de ellos asentados sobre la ilegalidad”, sentencia Urquiaga.

Por otra parte, el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo concluyó que el campo de golf situado en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II no era legal, pues no cumplía los requisitos administrativos para ser declarado de interés general, artimaña que utilizó Esperanza Aguirre para salvar el proyecto. A finales de mayo, el Supremo hacía lo propio con el campo de golf de El Encín, en Alcalá de Henares.

El Tribunal consideraba este campo de golf “contrario al ordenamiento jurídico”, porque, entre otras cosas, no se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Para el portavoz de Grama, la expansión del golf en la Comunidad de Madrid responde a la misma tónica. “La norma de los propietarios es hacer trampas y la norma de la Comunidad de Madrid es hacer la vista gorda e incluso cambiar la legislación”. Y, todo ello, “pensando en los intereses de un negocio privado y elitista que invade espacios públicos”.

Un espacio para políticos del PP y empresarios

En el Club de Golf de Puerta de Hierro se da cita la cúpula del Partido Popular. Ahora amplía sus instalaciones con cinco hectáreas de terrenos públicos ‘donados’ a este club selecto a donde acuden, por ejemplo, Florentino Pérez, Mariano Rajoy y familia, Miguel Arias Cañete, etc.
Allí, al lado del campo de golf, residían hasta el año pasado medio centenar de familias humildes que perdieron su casa para que los golfistas tuvieran mejores vistas. Al menos de 52 viviendas fueron derribadas, aunque algunas de esas casas contaban con protección judicial contra el derribo. Las familias que residían en el poblado de Puerta de Hierro llevaban asentadas en esos terrenos desde 1961. Ni las denuncias de Amnistía Internacional ni las protestas del 15M sirvieron para evitar que esas familias se quedaran en la calle.


* Diagonal - SARA PLAZA - 23/07/13
Foto: Golf en Puerta de hierro. El club ya cuenta con dos recorridos de 18 hoyos a los que sumarán más terrenos y nueve hoyos. / DAVID FERNÁNDEZ

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La Fiscalía mantiene que sí hubo una trama urbanística en Arroyo con «regalos» a políticos del PP


El caso de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) sigue su lento curso. El crecimiento desmesurado e ilegal de este municipio cercano a la capital es un ejemplo de libro, estando todas las instituciones superiores implicadas gobernadas por el partido 'popular', lo que hace más sencillo y rápido el gran pelotazo que se ha dado finalmente.
"ELDÍA* : El fiscal y la acusación popular del Caso Arroyo hicieron hoy causa común al mantener su convicción de que, a partir de 1999, Mahía Grupo Inmobiliario vio allanado el desembarco urbanístico en este municipio vallisoletano gracias a la colaboración prestada, entre otros, por quien fuera alcalde del PP a partir de 2003 y hoy independiente, José Manuel Méndez, y gracias al entramado dispuesto entre los seis imputados, a quienes solicitan un conjunto de penas que suman 36 años y medio de cárcel, y multas por valor global de 2,1 millones.

En la sexta jornada del juicio celebrada ayer en la Audiencia de Valladolid, los representantes de las acusaciones pública y popular, ésta ejercida por la Asociación de Vecinos Siglo XXI (de Arroyo), se encargaron de exponer al tribunal sus informes finales. Mientras que el fiscal mantuvo todas sus tesis iniciales, el abogado acusador sí optó por modificar su petición de penas, pasando de los 58 años y medio de prisión con que inició la sesión el pasado día 9 a los mismos 36 y medio que se reclaman desde el Ministerio Público.

Diez y medio para Méndez. De todos ellos, diez y medio (y su inhabilitación por 27 años) son para el alcalde arroyano, al que se acusa de la presunta comisión de dos delitos de cohecho, dos de prevaricación urbanística y uno de malversación.

En el caso del exdelegado de la Junta (y exconcejal y exdiputado provincial del PP), Jesús García Galván, la petición de pena es de tres años de prisión y otros 18 de inhabilitación por dos delitos de cohecho y prevaricación.

El resto se los reparten Ramón López Casal (presidente de Mahía), José Presas (exsocio en común de Méndez y López Casal), Mª Iluminada Miguel Fernández (hija de un exalto cargo del PP en la provincia y exsecretaria de una empresa de Méndez y de Mahía) y Buenaventura Conde Salazar (el arquitecto municipal de Arroyo) a razón de catorce, dos, tres y dos años de prisión, ya que a éste se le retiraron ayer los cargos por delito de cohecho y sólo se le juzgará ya por dos delitos de prevaricación.

En sus alegatos finales, las dos acusaciones dieron por probado que Méndez, en 1999 teniente de alcalde y concejal de Deportes y Medio Ambiente en Arroyo y alcalde a partir de junio de 2003, comenzó una «estrecha» relación con el presidente de Mahía a partir del vínculo previo que mantenía con el también socio de la mercantil gallega, José Presas Zobra, debido a la participación de este último y el regidor en la mercantil Recreativos Dema.

Es a partir de entonces, según entienden probado tanto el fiscal como el abogado de la acusación popular, cuando los tres iniciaron una actividad delictiva con la que, presuntamente, se benefició los intereses de la citada promotora, hasta el punto de que en el periodo investigado ésta llegó a ejecutar un millar de las 6.000 viviendas construidas en el municipio. Para ello, según las acusaciones, los tres contaron con la colaboración de Iluminada Miguel (calificada ayer como la «mano derecha» de Méndez), Buenaventura Conde (el arquitecto municipal de Arroyo) y Jesús García Galván (exdelegado de la Junta y que presidía la CTU, Comisión Territorial de Urbanismo).

Origen: los 30 millones. El punto de inflexión o inicio de esa supuesta colaboración delictiva, es, según el fiscal, el préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas (180.000 euros) que, en 2001, Méndez recibió del presidente de López Casal y que, según los dos acusadores, fue en realidad un «regalo» o «dádiva» por cuanto nunca fue devuelto.

A ese «regalo» obedecerían las facilidades que la constructora habría conseguido en distintas operaciones urbanísticas que se desarrollaron en los denominados SAU-13 y SAU-9, el primero para lograr aumento de edificabilidad y en el segundo, para un cambio en la calificación del suelo. Y todo ello, según ambos acusadores, con la participación activa de Conde y, luego, de Galván en la CTU, «prescindiendo de las normas y a sabiendas de que iban en contra de la legalidad», según el fiscal.

Y a todos esos supuestos favores se achacan también la entrega, en 2004, de un piso en Villagarcía de Arosa (de 87.400 euros) a Méndez y de un chalé en Mugardos (de 150.000) a García Galván. A pesar de que ambos aseguran que abonaron el precio en efectivo, los dos acusadores sostienen que fue una dádiva y que los entonces dirigentes del PP formalizaron la solicitud de una hipoteca pero utilizaron el dinero a un fin distinto, ya que estos dos inmuebles eran un pago por sus servicios. En esta línea, el letrado de la acusación llegó a calificar de «esperpento» las explicaciones de Méndez y Galván.

Hoy será la séptima jornada, con los primeros alegatos de los abogados defensores.


* El Día - EP - 17.07.13
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es



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