El Supremo obliga al TSJ a revisar la operación de Tabacalera en Valencia

Un tema gravísimo para la política municipal valenciana de la 'popular' Rita B. Todo viene de 2005 cuando el ayuntamiento se apropió del complejo de Tabacalera, para ello realizó una recalificación urbanística 'ad hoc', desprotegiendo gran parte de las construcciones ya edificadas, que más tarde fueron derribadas para construir nuevos bloques de viviendas. Es decir, un pelotazo urbanístico más. A pesar de múltiples protestas ciudadanas y de asociaciones, los tribunales valencianos lo permitieron y se derribó todo. Pero ahora llega el Supremo y anula la operación cuando ya está todo perdido. Una máquina bien engrasada, como se ve.
"ELPAÍS* : La operación de Tabacalera, una de las iniciativas urbanísticas más polémicas de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está en el alero. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que avaló el derribo de varias naves del antiguo complejo industrial para construir pisos y obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a revisar la actuación municipal. Los magistrados valencianos deberán dictar un nuevo fallo que tenga en cuenta nuevas pruebas relacionadas con la protección de Tabacalera y el proyecto aprobado por el Ayuntamiento que presentó el colectivo Salvem Tabacalera y no fueron admitidas en el proceso.

El Consistorio aprobó a finales de 2005 una reordenación urbanística de calado para convertirse en dueño de Tabacalera. Tras aprobar una recalificación que excluyó de la protección como conjunto histórico a parte de los edificios de la antigua fábrica, el Consistorio dirigido por Barberá firmó en octubre de 2006 con la inmobiliaria Guadalmedina un convenio de permuta que dejó en manos de la empresa suelo residencial para construir 400 viviendas (más aparcamientos) en dos puntos privilegiados de la ciudad.

La empresa del grupo Ballester, que había comprado Tabacalera a Altadis, logró que el Consistorio derribara naves laterales y traseras del conjunto para levantar 320 viviendas y le entregara un edificio municipal en la plaza de América, con vistas al Jardín del Turia, para demolerlo y construir otro centenar de pisos. A cambio, el Ayuntamiento se quedó con Tabacalera y una compensación de 14,3 millones de euros que no alcanzó ni de lejos para cubrir los más de 50 millones de euros que costó la rehabilitación del gran conjunto modernista de principios del siglo XX y su conversión en centro administrativo.

La oposición al PP denunció la operación por la destrucción de parte del conjunto y por considerar que la permuta estaba desequilibrada y suponía una ruina para las arcas locales. El grupo socialista incluso llevó el caso a la fiscalía al entender que pudo cometerse una supuesta prevaricación con la permuta, que dejó al grupo Ballester beneficios multimillonarios que la oposición estimó en más de 150 millones de euros. La fiscalía no vio trato de favor a la inmobiliaria Guadalmedina.

El plan de Barberá se impuso con la bendición de la Generalitat entre las denuncias de “pelotazo” de la oposición, y las protestas de arquitectos, academias de bellas artes e incluso del Ministerio de Cultura, que pretendía que el conjunto de Tabacalera se declarara Bien de Interés Cultural. La alcaldesa desechó las críticas y las atribuyó a “rabietas de la oposición”.

Las máquinas entraron en Tabacalera a finales de 2007 y destruyeron las naves laterales, que el Ayuntamiento alegaba que no eran parte del conjunto original, y Guadalmedina recibió permiso para construir las viviendas.

El TSJ valenciano también avaló la recalificación urbanística y rechazó en 2010 el recurso de Salvem Tabacalera sin entrar a analizar la permuta con Guadalmedina porque argumentó que debió recurrirse en un procedimiento aparte. Tampoco admitió una serie de pruebas con las que el colectivo pretendía demostrar que la desprotección de las naves era ilegal y que los pisos de Guadalmedina, dos torres el doble de altas, destrozaban el conjunto histórico.

El Supremo, sin valorar la actuación municipal, enmienda la plana al TSJ y ordena repetir parte del proceso para que se analicen pruebas sobre la protección patrimonial y la permuta.

Salvem Tabacalera anunció este lunes que insistirá en la reconstrucción de la fábrica, y PSPV y EU se felicitaron por el fallo. El vicealcalde, Alfonso Grau, restó importancia al asunto y consideró que el Supremo anula el fallo del TSJ por cuestiones “exclusivamente formales” sin prejuzgar la legalidad de la operación.


* El País - SARA VELERT Valencia 29 JUL 2013
Foto: Imagen virtual de Tabacalera tras los derribos y con las torres de viviendas.- elpais

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La quiebra de Madridec deja otro agujero de 400 millones al Ayuntamiento

El despilfarro del anterior alcalde de Madrid, Gallardón, todavía sigue dejando sus huellas en forma de deudas para el ayuntamiento. Ahora, la empresa municipal Madridec arrastra más cadáveres por el camino, como por ejemplo el edificio llamado 'Caja Mágica', el esqueleto del Centro Acuático o la operación de Mercamadrid. Deudas y más deudas inasumibles por la citada empresa municipal y que terminarán recayendo, como siempre, sobre los hombros de los propios madrileños.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid aprobó la disolución de la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec), que se llevará a cabo el 31 de diciembre y transferirá un agujero de 400 millones de euros a las arcas municipales. La sociedad mercantil está en quiebra técnica debido al excesivo endeudamiento al que fue sometida por el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), y a la mala gestión de los administradores que colocó al frente. El Ayuntamiento se quedará ahora con la deuda, las facturas impagadas, el esqueleto a medio construir del futuro centro acuático y cuatro edificios obsoletos del recinto ferial de la Casa de Campo que requieren de una reforma millonaria para ser de alguna utilidad.

Los activos rentables pasarán a la nueva empresa municipal Madrid Destino, que se quedará también la parcela en la que Gallardón quería construir el centro de convenciones de Castellana y que, con esta operación, parece abocada a venderse sin edificar.

¿Cómo se ha llegado a esto? El Gobierno municipal de Ana Botella (PP) ha admitido que la gestión anterior de la empresa “no puede calificarse positivamente”. Los actuales administradores la consideran “política” en vez de “estrictamente profesional”. El acuerdo de liquidación dice que su viabilidad “se ha visto comprometida por el importante esfuerzo inversor en infraestructuras”. Pero ese esfuerzo se limita a tres inversiones ruinosas y a una operación de ingeniería financiera.

Tres pesos muertos. La Caja Mágica, inaugurada por Gallardón en 2009, costó 294 millones, más del doble de lo previsto. Ahora, el Ayuntamiento admite que su explotación es ruinosa: “No logra alcanzar la cuota de mercado que le correspondería, se encuentra en un lugar inconveniente y su mantenimiento es carísimo”.

El centro acuático es un esqueleto paralizado a la espera de saber si Madrid logra los Juegos Olímpicos, y arrastra una hipoteca de 50 millones; la parcela del centro de convenciones en la Castellana es un agujero que ya ha costado más de 100 millones y que el Ayuntamiento busca vender para que se convierta en centro comercial o aparcamiento.

En cuanto a la operación financiera: Gallardón transmitió el usufructo de sus acciones en Mercamadrid a Madridec por 188 millones; usó el dinero para proseguir su ambicioso programa de inversiones cuando la deuda ya se había disparado. Madridec se hipotecó, y ahora no puede pagar.

Más deuda municipal. Madridec adeuda 304 millones, y solo este año debe amortizar 52 millones; su previsión de ingresos es muy inferior, 15 millones, y cerrará el ejercicio con pérdidas, que en 2012 fueron de 24 millones. La sociedad está en quiebra técnica, y se disolverá el 31 de diciembre.

El Ayuntamiento asumirá la deuda pendiente, 283 millones, tras descontar los ingresos de última hora por la venta de edificios. Esa deuda, sumada a la de la Empresa de la Vivienda y al segundo rescate del Gobierno para facturas pendientes, elevará su endeudamiento en 844 millones.

Además, el Ayuntamiento perderá 53,3 millones que Madridec le debía por facturas impagadas de las que hubo de hacerse cargo.

Edificios a medio hacer. El Ayuntamiento asumirá también el centro acuático, pese a que supuestamente la nueva empresa municipal Madrid Destino debería gestionar todas las instalaciones deportivas heredadas de Madridec. ¿Por qué? Porque está sin terminar y las obras costarán 55 millones. El Ayuntamiento asume, además, cuatro pabellones de la Casa de Campo, pese que Madrid Destino debería gestionar también todas las instalaciones para congresos heredadas de Madridec. ¿Por qué? Porque estos edificios se han quedado “muy anticuados” debido a “la falta de inversión”, según reconoce el propio Ayuntamiento, sin mencionar sus gravísimos fallos de seguridad. La reforma ascenderá a 11 millones. En total, 66 millones, a los que se suman 750.000 euros más al año por mantenimiento y suministros.

Las joyas de la corona. Madridec calculaba perder 16,5 millones en 2014. Tras su disolución, el Ayuntamiento absorberá 11,3 millones de euros de esas pérdidas. Madrid Destino, la nueva empresa municipal que heredará el negocio y patrimonio de Madridec limpio de polvo y paja, podrá obtener en cambio unos ingresos adicionales de 4,1 millones gracias a ese legado. Pero, sobre todo, se quedará con las joyas de la corona de la empresa disuelta: la Caja Mágica (sin hipoteca); el Palacio Municipal de Congresos (valorado en 70 millones y su principal fuente de ingresos); y la gestión del Madrid Arena. Además, obtendrá la parcela del centro de convenciones, que podría vender por entre 80 y 162 millones.

Deudas y contratos. Se quedará también los eventos contratados a partir de 2014, que suman 14,5 millones (el principal es el Open de Tenis, dos millones anuales hasta 2017); los derechos de cobro pendientes, que ascienden a 26,7 millones (hay algunos de muy dudoso pago, como la deuda de 600.000 euros del equipo de automovilismo HRT por el alquiler de la Caja Mágica); y una deuda de Hacienda por las devoluciones del IVA de 4,6 millones.

¿Y los empleados? Parte (16) irá al Ayuntamiento, y el grueso (56) a Madrid Destino, entre ellos los seis directivos, que cobran 405.000 euros (el que más, el consejero delegado, con 92.000, casi como la alcaldesa) y se sumarán a los de la nueva empresa.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 30 JUL 2013
Foto: La parcela del centro de convenciones y las cuatro torres. / ÁLVARO GARCÍA

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