La Fiscalía pide tres años de cárcel y 35 de inhabilitación para el exalcalde de Arona

Como todo gran municipio turístico que se precie, las irregularidades y delitos urbanísticos en Arona (Tenerife) han sido muchas en los años del boom inmobiliario. Ahora la fiscalía pide cárcel para el exalcalde nacionalista, G.Reverón, por delitos continuados de prevaricación urbanística, solo desde 2003 a 2007. Como siempre la justicia llega tarde y mal, ya que se supone que muchas de esas obras estén ya acabadas, con la dificultad ahora de hacer cumplir la ley. De todas formas se habla de cientos de licencias concedidas ilegalmente por el alcalde en ese corto periodo, así que aquí vemos la colosal magnitud del delito cometido.
"LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de tres años de prisión y 35 de inhabilitación especial para el anterior alcalde de Arona, el nacionalista José Alberto González Reverón, por presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística –conceder licencias contrarias a las normativas urbanísticas–, prevaricación –dar una solución a sabiendas de que es injusta– y tráfico de influencias –utilizar su imagen para obtener favores o tratamiento preferencial–.

Según fuentes de la Fiscalía, además la acusación pública pide pena de prisión de entre dos y ocho años para 15 de los otros 16 imputados que figuran en la causa conocida como caso Arona 1 e inhabilitación especial para empleo o cargo público para todos ellos.

La acusación obedece a su presunta implicación en una trama de corrupción que tuvo lugar entre 2003 y 2007, según adelantó la opinión de tenerife, que también informó de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona ya declaró abierto el juicio oral el pasado martes. La adjudicación de unos 80 contratos a dedo y la concesión de 200 licencias ilegales centran esta causa ocurrida durante el mandado de González Reverón.

El exalcalde de Arona ya está condenado a cuatro años y medio de inhabilitación para cargo público en el Ayuntamiento por un delito de prevaricación por la contratación irregular de dos trabajadoras municipales. Esta decisión judicial hizo que el regidor local durante nueve años y medio tuviera que abandonar el Consistorio a finales del año pasado.
Según las fuentes de la Fiscalía, al nacionalista se le imputa un delito continuado de prevaricación urbanística, al igual que a siete concejales que formaban parte del antiguo Gobierno: Manuel Barrios Rodríguez, Sebastián Martín Martín, Daniel Martín Navarro, Alfonso Barroso Armas, José Luis González Rodríguez, Juan José Alayón Beltrán y Félix Sierra Melo. La acusación popular pide para todos ellos dos años de prisión. Asimismo, solicita por este delito para todos la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de 10 años.
A estos ocho imputados les atribuye también un delito continuado de prevaricación general, por lo que exige una pena de 10 años de inhabilitación especial.

El actual primer teniente de alcalde, Antonio Luis Sosa Carballo, está imputado por un delito continuado de prevaricación por el que se piden 10 años de inhabilitación especial, y por un delito de malversación de caudales público, por el que se reclama un año de prisión y cuatro meses de multa con una cuota de 50 euros.
La Fiscalía además imputa a Alberto González Reverón otro delito continuado de prevaricación, por el que pide nueve años de inhabilitación especial, y un delito de tráfico de influencias continuado por el que reclama un año de prisión, una multa de 20.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de seis años.

A Félix Sierra Melo (PP) también lo acusa de un delito de cohecho –realizar un soborno o que un cargo público lo acepte–, por el que pide cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años, así como una multa de 500.000 euros; y de un caso de negociaciones prohibidas a funcionario público, por el que pide 15 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros, e inhabilitación por tres años.

Al técnico municipal Roberto de Luis Jiménez, la fiscal le imputa un delito de prevaricación urbanística por el que pide dos años de prisión e inhabilitación especial por 10 años, y un delito de cohecho por el que solicita seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 10 años.

El también técnico municipal Eliseo de la Rosa Rodríguez se enfrenta a un delito de cohecho por el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión e inhabilitación por 10 años, y a un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que reclama dos años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.

Los imputados Arsenio Zamora Toledo, Zenón Rodríguez Neris, Jorge Menéndez Díaz, Antonio Luis González Tolosa (técnicos externos del Ayuntamiento) figuran como presuntos autores de un delito de cohecho, por el que se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.
Hortensia María García y José Manuel Rodríguez, mandos de Policía Local y Guardia Civil, están imputados por sendos delitos de prevaricación.
La Fiscalía pide para García inhabilitación especial para cargo público por un periodo de ocho años, y para Rodríguez una pena de seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros.


* La Opinión - EFE - 14.9.13
Foto: Arona (Tenerife) - laopinion

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Dos constructoras demandan a la familia de la alcaldesa de Lezama por su plan urbanístico

La denuncia ante la justicia del Plan urbanístico de Lezama (Vizcaya) por parte de una plataforma vecinal dio al traste con los planes de los vendedores. En 2009 se anuló todo el planeamiento y las constructoras pidieron la rescisión del contrato y la devolución de 2,2 millones, cosa que el ayuntamiento no ha hecho todavía. El delictivo Plan recalificaba una zona inundable, además, en un solar de la familia de la alcaldesa. O sea que doble delito, todavía sin definitiva solución, ya que, ahora, el ayuntamiento acaba de aprobar prácticamente el mismo Plan urbanístico que fue anulado por la justicia.  
"ELDIARIO* : El polémico Plan urbanístico de Lezama, la recalificación de una zona inundable de un solar de la familia de alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV), está ya en los tribunales. Las dos constructoras que iban a ejecutar el proyecto (52 pisos que iban a reportar 5,5 millones de euros a los Etxeandia) presentaron una demanda civil a finales de julio, pendiente de que sea tramitada por el juzgado correspondiente de Bilbao, según confirmaron fuentes judiciales. Estas empresas reclaman desde hace cuatro años 2,2 millones de euros a la familia de la alcaldesa al no cumplirse los plazos para la ejecución del proyecto, que quedó anulado en 2009 por el Tribunal Superior vasco de Justicia.

Al constatar las irregularidades, quisieron extinguir el acuerdo y desde entonces habían enviado hasta seis requerimientos notariales a los Etxeandia pero sin respuesta. En estos dos años han ganado tres pelitos judiciales en lo que los tribunales han confirmado la ilegalidad del plan urbanístico. El proyecto de las 52 pisos fue el único impulsado por el consistorio en su planeamiento urbanístico de todo el municipio anulado e incluso la secretaria municipal informó negativamente sobre su aprobación, pero el consistorio hizo caso omiso. Como ha informado El Diario Norte, el Ayuntamiento de Lezama aprobó la semana pasada todo el plan urbanístico del municipio que había sido anulado por el Superior sin apenas cambios y, en el caso del solar de la familia de la alcaldesa, manteniendo idéntico el proyecto.

Con ello quiere volver a impulsar la operación urbanística de Txupetxa, el solar familiar de la alcaldesa, al recalificar como urbanizables unos terrenos catalogados ahora como urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas. Contempla la construcción de 52 pisos, una operación que tenía además beneficios concretos: 5,5 millones de euros para la familia Etxeandia reflejados en un acuerdo de compraventa firmado con dos constructoras. Este acuerdo fue firmado en 2007, ocho meses antes de la aprobación del planteamiento urbanístico (anulado desde 2009) que recalificaba sus terrenos, por el padre de la alcaldesa, su tía y cuatro primos con las dos constructoras.

El pacto supuso el pago en 2007 a la familia Etxeandia de 646.088 euros, a lo que siguieron otros dos abonos en 2009, de 450.000 euros y 1.085.586. En esta última cantidad se incluye un piso en el barrio bilbaíno de Miribilla, que se valora en 300.000 euros, para uno de los primos de la alcaldesa. Los otros 3.095.212 euros restantes se pagarían en especie: 10 viviendas, una lonja y cuatro garajes del solar de Txupetxa.

Pero el acuerdo tenía un plazo: para abril de 2011 el Ayuntamiento tenía que concluir todos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar. En caso contrario, la familia de la alcaldesa debería reintegrar a las constructoras los 2.181.674 euros cobrados, más lo estipulado por daños y perjuicios.

La denuncia ante la Justicia del plan urbanístico de Lezama por parte de una plataforma vecinal dio al traste con los planes de los vendedores. En 2009 se anuló todo el planeamiento urbanístico de Lezama y las constructoras pidieron la rescisión del contrato y la devolución de los 2,2 millones. Pero, pese a ello, el Ayuntamiento siguió con los trámites para impulsar la urbanización en el solar de Txupetxa (fue la única actuación que se puso en marcha del planeamiento) y llegó a aprobar esta actuación en 2011. Entonces llegó la sentencia firme del Tribunal Supremo que invalidó todo el planeamiento urbanístico y con ello el de Txupetxa. Además, entre junio y noviembre pasados, ha habido otros tres fallos judiciales que han declarado ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Las dos constructoras han realizado en estos cuatros seis requerimientos notariales a la familia Etxeandia para que cumplan el acuerdo y devuelvan los 2,2 millones. El último de ellos fue en marzo y, ante la falta de respuesta, han decidido acudir a la vía judicial para recuperar el dinero. Reclaman la cantidad depositada, más otros 600.000 euros en concepto de intereses y costes: en total cerca de 2,8 millones. De esa cifra, la mitad se reclama al padre de la alcaldesa. Las empresas han asegurado que el Ayuntamiento “sigue maniobrando a su favor [de los Etxeandia]. En el nuevo plan urbanístico copia el Txupetxa anterior”. Agregan que incluso recibieron un escrito de los Etxeandia, sin ninguna referencia a los 2,2 millones, en el que se dice que “se resucita [el plan urbanístico de Txupetxa] y que el contrato es válido”.


* El Diario - Alberto Uriona - 17.9.13
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com



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