Imputado por prevaricación el subdirector general de Urbanismo de la Generalitat

Continúa el goteo de imputaciones urbanísticas en Cataluña, a pesar de la lentitud y falta de eficacia de la justicia. Ahora cae nada menos que el actual subdirector general de Urbanismo de la Generalitat (CIU), es decir la persona elegida para perseguir la corrupción y atentados contra la ordenación del territorio catalán. Más ya no se puede pedir, pero como tampoco es la primera vez que esto ocurre, parece que estemos curados de espanto ante tan graves ilegalidades públicas. Por supuesto, en este caso como en otros, nadie dimitirá ni será obligado a ello. Lamentable.
"ELPAÍS* : El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Girona ha citado a declarar como imputado al exdirector de Urbanismo de Girona y actual subdirector general de Urbanismo del Departamento de Territorio, Camil Cofan, por permitir seguir adelante las obras de construcción del chalé de lujo de Can Juncadella, edificado en una zona protegida junto al mar en Lloret de Mar. Cofan, declarará ante el juez por un presunto delito de prevaricación urbanística en espacio protegido.

La imputación es consecuencia de la admisión a trámite de la querella presentada por la entidad ecologista SOS Lloret. Además de Cofan, también deberá declarar como imputada la secretaria que participó en la ponencia técnica que dio el beneplácito al proyecto el 20 de julio de 2010.

La Finca de Can Juncadella se encuentra integrada Mazizo de Cadiretes, en un suelo no urbanizable de especial protección de la Red Natura 2000 como lugar de interés comunitario, así como también protegido por el Plan director del Sistema Costero y por el Plan de Espacios de Interés Natural. A pesar de esta catalogación ambiental, la presión urbanística logró que la Comisión de Urbanismo autorizara la construcción de un chalé de lujo, desoyendo tres informes desfavorables de los servicios territoriales de Medio Ambiente.

Ante el informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, SOS Lloret interpuso una querella que ha originado la investigación penal por un presunto delito contra el territorio y otro de prevaricación urbanística. Los ecologistas ya denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que consideró que existían indicios fundados de delito en la concesión de las licencias. Por ello fueron imputados la arquitecta municipal de Lloret y el técnico de la Comisión de Urbanismo de Girona. La instrucción del caso, sin embargo, fue archivada por el titular del juzgado 5 de Blanes, David Pérez.

Tras las protestas ecologistas, la Comisión de Territorio y Sostenibilidad del Parlament adoptó por unanimidad el 8 de abril de 2013 la resolución que instaba al Gobierno catalán a “iniciar los trámites necesarios para parar de manera inmediata las obras de edificación”. Las obras, sin embargo, siguieron su curso, denunció SOS Lloret. La comisión de Urbanismo de Girona alegó que no le correspondía la revisión del proyecto y derivó la responsabilidad al Ayuntamiento de Lloret. Ante esta respuesta, los ecologistas solicitaron al Consistorio la revisión y consecuente anulación de las licencias concedida, solicitud que todavía no ha recibido respuesta.

El Ayuntamiento de Lloret de Mar otorgó la licencia de obras para construir la mansión —de 3.000 metros cuadrados, 13 habitaciones y 15 plazas de garaje— cuando era alcalde el actual diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, investigado por sus lazos con la mafia rusa. Precisamente el hermano del regidor, el arquitecto Josep Maria Crespo, estaba detrás del proyecto de Can Juncadella, propiedad de un magnate de Kazajstán.

SOS Lloret también ha presentado una querella criminal contra los responsables de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona porque consideran que “incumpliendo su tarea de garantes” de la normativa urbanística, “permitieron con su voto favorable, la edificación de un chalé de más de 3.000 metros cuadrados pese a los reiterados informes desfavorables de Medio Ambiente”.

Los ecologistas exigen “la plena responsabilización de la Comisión sobre sus actos”. Para ellos, permitir “que las agresiones injustificadas al territorio, ciertas y demostradas, queden impunes sería dejar sin efectos la protección conseguida para nuestro entorno natural”. Además, critican los ecologistas, esto “abriría la puerta a perpetuar una gestión urbanística a la carta, donde la Administración publica está subordinada a los intereses privados”.


* El País - MARTA RODRÍGUEZ - 8.10.13
Foto: Vista aérea de la casa en construcción de Can Juncadella - elpais

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