'Malaya'.- Yagüe, García Marcos y Carlos Fernández repartían el dinero

Se van conociendo detalles fidedignos de la corrupción mayúscula habida en el Ayuntamiento de Marbella, según la sentencia del caso 'Malaya'. Nombres y apellidos de alto rango municipal cometían las mayorías tropelías, con el Urbanismo como catalizador de todos los desastres territoriales. Tras la desaparición de Gil, fue Roca quien tomó las riendas en el ayuntamiento y a su alrededor fueron creciendo todo tipo de personajillos sin escrúpulos. Ahora bien, llama la atención que con todos estos detalles ya conocidos, la justicia haya dictado una de las sentencias más débiles e injustas que se recuerdan en el país. Vergonzoso!
"SUR* : La contabilidad de Roca dibuja una estructura piramidal en el reparto de sobres entre los concejales. Y la sentencia del 'caso Malaya', que se dio a conocer, sitúa en la cúspide a tres personas: la entonces regidora de Marbella, Marisol Yagüe; la segunda teniente de alcalde, Isabel García Marcos; y el prófugo Carlos Fernández. El tribunal los considera las «cabezas visibles» de los partidos que firmaron la moción y conformaron el nuevo equipo de gobierno que arrebató la vara de mando a Julián Muñoz. «Son las tres personas encargadas de recoger y repartir los sobres del dinero que les entregaba Roca procedente de las aportaciones de los empresarios», recoge literalmente la sentencia del 'caso Malaya'.

El tribunal se expresa con dureza contra los ediles, a los acusa de estar «en nómina» del exasesor de Urbanismo. «Nos encontramos ante un total de 20 personas -funcionarios públicos, autoridades y asimilados- que reciben no una dádiva concreta, sino pluralidad de ellas a lo largo de un dilatado periodo de tiempo», subraya la resolución judicial. La sala utiliza la terminología utilizada por Roca, al que califica de «cabeza pensante» y también de «ideólogo que aglutina voluntades», quien en los archivos de Maras habla de «aportantes» y «receptores». Los concejales están en este último grupo y, en la cúpula de estos, los tres representantes del tripartito, según la sentencia.
El tribunal considera probado que las dádivas «no eran para financiar la campaña electoral del tripartito», como argumentó Roca, apuntando que era éste «quien requería a los empresarios el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos», añade. «Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente».
La sala señala la «absoluta dejación de funciones que realizaban los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca» y describe cómo las licencias y actuaciones urbanísticas se concedían y autorizaban en unas reuniones previas mantenidas entre Roca y el grupo de Yagüe, García Marcos y Fernández, a los que entregaba los sobres con dinero a repartir. «De aquellas reuniones salía el famoso cuadernillo con la 'F' de favorable o la 'D' de desfavorable que en la siguiente sesión de gobierno se concedían o denegaban», añade el texto del fallo.
Condenas a los ediles
La sentencia establece una de las penas más altas para la exalcaldesa, a la que se le ha condenado a seis años de cárcel, nueve meses de inhabilitación y a una multa de 2,3 millones de euros por delitos de cohecho, malversación, alteración de precios de subasta pública y fraude. El fiscal pedía para ella 16 años de prisión y multa de 3,78 millones de euros.
Por su parte, Isabel García Marcos ha sido condenada a cuatro años de cárcel y 700.000 euros de multa, aproxidamente un tercio de lo que solicitaba para ella el representante del Ministerio Público, que ascendía a 12 años. A Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa y Rafael González Carrasco también se les ha impuesto una de cuatro años de prisión, con multas que van desde 320.000 euros (para el primero) a 48.000 euros.
El resto de los concejales procesados ha sido condenado a dos años de cárcel, salvo José Jaén, al que se le impuso un año y seis meses, y Antonio Luque Pancorbo, que quedó absuelto.


* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 5.10.13
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es



.................................... Leer más...

El juez ordena sentar en el banquillo al delegado de la Xunta en Ourense

Otra vez la Galicia profunda es noticia por delitos urbanísticos. A la sombra del cacique Baltar en Orense, el exalcalde de Arnoia certificaba obras que ya estaban realizadas, a fin de obtener pingües beneficios a cuenta de los fondos europeos. Como siempre, la justicia ha estado mareando la perdiz y echando balones fuera durante años, ya que el asunto se había archivado injustamente en 2 ocasiones anteriores. Puede ser que la sombra del presidente Feijoo sea también demasiado alargada en toda la Comunidad. Es decir, otra vez más la irrupción política ilegal en asuntos graves de Urbanismo, algo inaceptable se mire como se mire.
"ELPAÍS* : El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, ha luchado con uñas y dientes por impedir su procesamiento acusado de desviar, durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de un grupo de acción local, más de 51.000 euros de subvenciones de fondos estructurales de la Unión Europea (UE) y certificar obras que ya estaban realizadas. Ayer, casi ocho años después de que iniciara esta carrera de fondo —basada en la petición constante del sobreseimiento de la causa y en los continuos recursos— el representante de Feijóo en el territorio de los Baltar recibió la noticia de que el juez instructor, José Manuel Deaño, había dictado el auto para la apertura del juicio oral que lo sentaría en el banquillo.

Ocho años después de iniciada la investigación judicial, el tercer instructor que dirige la causa reconoce —tras haberla archivado antes en dos ocasiones— la existencia de indicios delictivos en la conducta del superdelegado y de otras personas, entre ellos el secretario y dos concejales del gobierno local de Arnoia que presidía Martínez. Los acusados participaron en la gestión de aquellos fondos destinados al desarrollo de la comarca. Martínez se aferra, sin embargo, a su inocencia y se propone continuar su carrera de fondo. Su defensa no ha parado de recurrir en esta larga instrucción iniciada en 2006. La última ocasión en que pidió el sobreseimiento fue el pasado marzo, pero el juez instructor entiende ahora que existen indicios delictivos en la conducta del delegado. Pese a ello, recurrirá de nuevo este auto con el que Deaño marcaba el punto final a su instrucción.

El juez explica en el auto de procesamiento cómo el actual representante de la Xunta en Ourense firmó un contrato de construcción de una nave para el tratamiento de biomasa que ya estaba realizada y certificó la partida con cargo a los fondos comunitarios. El instructor relata que, lo que en realidad se hizo fue “una reconstrucción de un galpón” que había sido adquirido previamente por el Ayuntamiento que presidía el propio Martínez. Tras exponer los indicios delictivos que encuentra en la actuación del superdelegado, el juez conmina a las partes a que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral (lo que harán las dos acusaciones) o el sobreseimiento (que podría solicitar el Ministerio Fiscal) y abre la puerta a la posibilidad de que, “excepcionalmente”, las partes pidan diligencias complementarias.

Martínez se agarra a la presentación constante de recursos encaminados al archivo de la causa, pese a que la Audiencia Provincial ha intervenido ya en dos ocasiones reclamando que se reabriera y alertando de la existencia de “indicios de criminalidad” en la conducta del imputado. Las acusaciones particulares (BNG, PSdeG y Asociación polo Progreso do Ribeiro) imputan al delegado los supuestos delitos de fraude, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El procesamiento de Rogelio Martínez coincide en el tiempo con el del exbarón del PP gallego José Luis Baltar, acusado por otro juez de instrucción del supuesto delito de prevaricación por el enchufe en la Diputación de 104 personas en vísperas del congreso provincial del PP que ganó su hijo. Baltar y Martínez han sido, además, recientemente acusados por los especialistas en anticorrupción de la UE de los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias en relación con la gestión, desde la Diputación, de otros fondos estructurales europeos. Ambos eran presidente y vicepresidente de la institución provincial en la época (2003 y 2004) en que manejaron “fraudulentamente” 13 millones de euros de los que cuales 10,1 fueron aportados por la UE, que ahora los reclama. La empresa Cruzval, de la que es titular un primo del superdelegado, aparece implicada tanto en la acusación del juez instructor de Ribadavia como en el informe de los inspectores de Bruselas.

El BNG de O Ribeiro, grupo que inició el proceso contra Martínez por la supuesta malversación de los fondos comunitarios, insiste en reclamar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el cese de su representante institucional en Ourense a la vista de la decisión del juez de ordenar la celebración de juicio. Martínez ha tenido hasta ahora el respaldo inquebrantable del presidente de la Xunta, a cuya disposición puso el cargo a comienzos de este año, cuando el juez instructor rechazó archivar la causa.


* El País - CRISTINA HUETE - 9.10.13
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org



.................................... Leer más...