Barcelona.- La Fiscalía pide 27 años de cárcel para Millet y Montull por el caso Palau

Parece que se van aclarando algo las cosas en el caso del saqueo del Palau de Barcelona, aunque el asunto haya tardado con la intervención judicial más de 10 años de iniciados los hechos. Otra vergüenza más para la justicia en una comunidad como la catalana. Con la petición de la fiscalía queda clara la imputación delictiva del partido Convergencia de Cataluña, entonces dirigido por J.Puyol y continuado por el presidente actual A.Mas. Otra cosa será que la sentencia definitiva llegue a inculpar a la cabeza de esta alta red de corrupción urbanística. Las influencias político-financieras son demasiado fuertes y la justicia demasiado débil.
"PÚBLICO* : En su escrito de acusación por el caso Palau, la Fiscalía reclama 27 años y medio de cárcel para los exresponsables del centro, y ejecutores principales del saqueo de sus arcas, Félix Millet y Jordi Montull. También solicita 1 año y medio para el exdiputado de CIU Jaume Camps por tráfico de influencias. El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez pide 7 años y medio de cárcel y multa de 20 millones de euros para Daniel Osàcar, extesorero de Convergencia Democrática de Catalunya, el partido de Artur Mas. Solicita además decomisar a dicha formación política 6.676.105,58 euros por las comisiones ilícitas que afirma que cobró de la constructora Ferrovial.

Las penas más altas se reclaman para los exresponsables del Palau de la Música Félix Millet y Jordi Montull, 27 años y medio de prisión para cada uno, y para la hija de este último y exdirectora financiera del centro, Gemma Montull, 26 años. También incluye una petición de pena de 1 año y medio de prisión para el exdiputado de CiU Jaume Camps. En total, acusa a 17 personas, entre ellas dos directivos de Ferrovial, y solicita al juez la apertura de juicio oral.

En el caso del extesorero de CDC Daniel Osàcar, le acusa de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil.

En un comunicado difundido tras conocerse el escrito fiscal, CDC ha defendido la "irreprochable" actuación de su extesorero Daniel Osàcar y de su antecesor, el fallecido Carles Torrent, así como la absoluta inocencia del partido, ante el convencimiento de que no hubo ninguna irregularidad.

El partido de Artur Mas expresa su respeto por las actuaciones judiciales, pero remarca que utilizará todos los mecanismos a su alcance para defender su inocencia: por eso, se muestran dispuestos a continuar colaborando con la justicia para aclarar todos los hechos que se le imputan, que consideran "falsos y no probados", según informa Europa Press.

"Ni CDC, ni la Fundació CatDem, ni ninguna persona con relación orgánica con nuestro partido, nunca se han lucrado ni del Palau de la Música ni de las Instituciones que dependen de éste", ha apuntado.

En un extenso escrito, el fiscal pide además nueve años y seis meses de prisión para la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. Además, solicita decomisar 6.676.105,58 euros a CDC, que corresponde al total de comisiones presuntamente ilícitas pagadas por Ferrovial "y que se hicieron llegar a la órbita de CDC, con responsabilidad criminal de su tesorero".

El entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios "--desde su incorporación como directa financiera en 2003--, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

"Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

Además, Millet pagó con fondos del Palau las "ostentosas" bodas de dos de sus hijas, viajes exóticos --Polinesia, Tailandia, Maldivas, Egipto, México y Dubai, por ejemplo--, y otros gastos suntuosos. El fiscal detalla también la presunta trama de comisiones ilícitas cobradas por CDC, a través de un acuerdo criminal que tilda de sencillo y demoledor con Ferrovial.

Cree que la empresa efectuó cuantiosos pagos a CDC para garantizar "un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública" por parte de la Generalitat y otras instituciones públicas dominadas por el partido, y lo hacían camuflándolo como patrocinios a la institución musical.

Lo fraguaron el responsable de la constructora Pedro Buenaventura ayudado por el también responsable de Ferrovial Juan Elizaga, mientras que por parte de CDC participaron "como mínimo" el tesorero Carles Torrent --fallecido en 2005-- con la colaboración de Jaume Camps; el sistema fue continuado y perfeccionado por el siguiente tesorero Daniel Osàcar, según el fiscal.

"La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado", dice el fiscal, situando el fraude al menos entre 2000 y 2008.

Entre CDC y Ferrovial, mediaron Millet y Montull para proporcionar "el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas", llevándose una mordida de los mismos.

El fiscal sostiene que la comisión ilícita cobrada era del 4% del importe de las adjudicaciones de obra pública, del que un 2,5% iba a a CDC y un 1,5% a Millet y Montull, que a su vez se lo repartían con el 80% para el primero y 20% para el segundo; Camps recibió al menos una remuneración puntual.

Según él, entre las adjudicaciones hay algunas "de inusitada envergadura de las más importantes acometidas en Catalunya" como la construcción de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Para tapar estas comisiones se utilizaron presuntamente tres canales: entregas en efectivo, falsos convenios de colaboración con una fundación vinculada a CDC --entonces Trias Fargas, ahora rebautizada como CatDem-- y pago de facturas falsas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin, con los que llegaron 6.676.105 euros a las arcas convergentes.

El fiscal considera que Millet, Montull, y la hija de este, son coautores del delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, de los cuales cree que es cómplice Garicano.

A Osàcar y a Camps los acusa de un delito de tráfico de influencias, e inductores a los responsables de Ferrovial Buenaventura y Elizaga, a los que también atribuye administración desleal; considera a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallés y Mercedes Mir son partícipes a título lucrativo del expolio.

El portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Maurici Lucena, ha exigido este jueves que CDC asuma responsabilidades políticas "muy arriba en el escalafón" del partido si se confirman, tras el juicio, penas de prisión que se piden para sus afectados en el saqueo del Palau de la Música.


* Público - ANDRÉS MUÑIZ/AGENCIAS - 24.10.13
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com

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El gobierno valenciano entierra más de 350 millones en sus clubs de fútbol

Siempre se ha dicho que el deporte nacional por antonomasia, el fútbol, está involucrado en numerosos casos de corrupción, casi siempre urbanística pero también en forma de tráfico de influencias. Esto lo saben bien esos grandes magnates (mangantes), de dudosa reputación, que se hacen dueños de un club para manejar a su antojo los hilos políticos-financieros de una comunidad. En el caso valenciano es más que evidente, pero la broma pude salir por unos 350 millones a causa de los derechos televisivos y de avalar también la deuda de varios clubes de fútbol de 1ª categoría. Un asunto que se diluye siempre a costa de un supuesto 'interés público' que no puede ni debe existir de ninguna manera.
"ELDIARIO* : Una administración en quiebra es propietaria directa o indirectamente de varios de los clubs más importantes de su territorio. Esta situación kafkiana se produce en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha invertido cerca de 130 millones en la propiedad de varios equipos y directamente ha perdido 235 millones en la gestión de sus derechos de televisión a través de su televisión autonómica, Canal 9.

Valencia Club de Fútbol

En febrero de 2013 la Generalitat, que apenas atiende sus obligaciones con los proveedores, pagó 4,5 millones a Bankia por el aval que en 2009 le concedió el banco de la Generalitat –el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- a Bancaja para que la Fundación del club pudiera suscribir una ampliación de capital de 80 millones de euros.

En aquel momento, el club, en quiebra técnica, no podía pagar a sus acreedores, ni siquiera sus pagos corrientes. El gobierno valenciano, entonces presidido por Francisco Camps, urdió con Bancaja –ya desaparecida- una ampliación de capital que evitaba el concurso de acreedores de la entidad o su toma por inversores buitre de dudosas intenciones.

Lógicamente, el banco sólo prestó ese dinero con el aval de la Generalitat a través del IVF. La Fundación, ahora propietaria del club con el 70% de las acciones, no puede hacer frente a sus obligaciones. Bankia se plantea ejecutar el aval, algo que no puede hacer después de que un fallo de un juzgado de primera instancia lo considerara ilegal. La decisión está recurrida. Y el club, en el alambre.

Hércules

Más estrambótico, si cabe, es el caso del Hércules. La Generalitat pagó en enero de 2012 casi 19 millones de euros a la CAM por un crédito impagado por el club alicantino y que, previamente, había sido avalado por el IVF. El dinero fue, esencialmente, para pagar primas a los jugadores y a manos de Hacienda, el acreedor preferente del club propiedad, entonces, del empresario Enrique Ortiz.

La Generalitat, al responder por el préstamo, tenía derecho a quedarse el 82% de las acciones del club o la propiedad del estadio, pero un error jurídico y la entrada en concurso de acreedores de la empresa de Ortiz propietaria del estadio José Rico Pérez han dejando la situación en un punto de indefinición. Es decir, 19 millones después, los valencianos no tienen ni club ni estadio.

Elche

En marzo de 2012 la CAM ejecutó el aval del IVF que sirvió para que la Fundación del Elche pidiera un préstamo de nueve millones con el que cubrir los gastos corrientes del club. Aunque la Generalitat tenía pignoradas acciones por el 40% de la institución, nunca ha ejercido su derecho a quedarse con la entidad ilicitana que, de momento, atiende otro préstamo de 5 millones del Banco de Valencia también avalado por los contribuyentes.

Levante

El Levante, que entró en concurso de acreedores en 2008 con una deuda de 88 millones de euros, también recibió un aval de la Generalitat: 5,5 millones de euros frente a un préstamo de Caixa Penedés. De momento, la Fundación de la entidad azulgrana está cumpliendo con sus pagos sin problemas.

Villarreal

Es el único club de élite sin avales de la administración. Es más, renunció en noviembre de 2012 a 5 millones en ayudas públicas. Ahora bien, es cierto que, después del Valencia, es el club al que más dinero ha inyectado la televisión pública valenciana en su ruinosa incursión en la gestión de derechos de televisión.


* El Diario - Voro Maroto - 23.10.13
Foto: Estadio del Valencia C. F. (Nou Mestalla) abandonado y sin terminar por impagos - lasprovincias.es

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