La caja b de una constructora de Almería apunta a la financiación irregular del PP

El Urbanismo suele estar en el ojo del huracán de la corrupción en este país; una y otra vez se vuelve a demostrar la estrecha relación entre constructores y promotores inmobiliarios y los capos de partidos políticos para beneficio ilegal de ambas partes. Después de haber visto ya numerosas irregularidades urbanísticas en la provincia de Almería, siguen apareciendo noticias preocupantes que denotan que han sido bastantes más de las que han aparecido públicamente. Ahora es todo el partido popular, dominante en la provincia, el que está bajo acusación de gravísimas actuaciones públicas. Veremos si la justicia se atreve y es capaz de tirar del hilo hasta el final.
"ELPAÍS* : La contabilidad interna de la constructora Hispano Almería apunta a pagos de comisiones ilegales cuyo destino han sido supuestamente las arcas del Partido Popular. El rastro de la contabilidad b de la empresa incluye recibos con abonos para las campañas municipales, pero también para campañas autonómicas o nacionales del PP, dado que hay recibos fechados en 2008. La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando una denuncia sobre esta supuesta financiación ilegal del PP en Almería.

Las diligencias abiertas intentan determinar si Hispano Almería mantuvo un sistema de pagos a este partido durante una década a cambio de la adjudicación de obras, así como si ha habido enriquecimiento de algunos de sus dirigentes. Las pesquisas se centran en Roquetas de Mar, el segundo municipio más poblado de la provincia, con 90.000 habitantes, aunque es probable que se amplíe a otras localidades de la provincia. El alcalde de Roquetas es Gabriel Amat, el poderoso presidente provincial del PP y de la Diputación almeriense.

Se trata de un nuevo frente para Amat, que ya está siendo investigado judicialmente por sus relaciones con un entramado empresarial formado por más de un centenar de sociedades que durante años se benefició supuestamente de decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Roquetas, gobernado por Amat desde 1995. La juez que investiga este caso pidió en julio a la policía que estableciese un organigrama societario que permitiese “clarificar las conexiones existentes” entre las empresas implicadas, un caso que denunció la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).

Desde la semana pasada, la Fiscalía Superior andaluza investiga irregularidades en Roquetas y en otros municipios de Almería como Níjar. Estos datos apuntan a la constructora Hispano Almería, dirigida por el empresario local Miguel Ángel Morales.

Este empresario, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS y los testimonios de dos exempleados de la constructora, ha estado pagando al PP y a dirigentes de este partido dinero a cambio de la adjudicación de obras desde 2001. Era un método de libro durante el boom del ladrillo: pagos en sobres blancos con billetes de 500 euros, entregados siempre en almuerzos o despachos privados a políticos. Esta empresa ha acaparado buena parte de las adjudicaciones tanto de Roquetas como de la Diputación de Almería en los últimos años.

Los pagos supuestamente se han realizado durante años de manera directa a dirigentes del partido, según esta contabilidad, entre los que figuran el exdiputado provincial de Obras Gonzalo Bermejo, el exconcejal de Urbanismo de Roquetas José María González (que este lunes declara como imputado en otra causa judicial) y Enrique Arance, expresidente del PP de Almería (ya fallecido).

El flujo del dinero es sencillo: la Diputación y los Ayuntamientos almerienses supuestamente han concedido cientos de obras a esta constructora, y tras los modificados (aumentos en estos casos injustificados del coste de las obras durante su ejecución) la empresa recaudaba ese dinero público y lo repartía en sobres para el partido y sus dirigentes. La financiación del PP almeriense ofrece pocas dudas:

“36.000 euros en concepto de CAMPAÑA ELECT. ROQUETAS (2003)” “CAMPAÑA MUNICIPAL - G. BERMEJO 12.000, ARANCE [Enrique Arance] 6.000” “12.020,24 euros en concepto de DADO A GONZALO B. [Bermejo] el 11-04-02”, “25.000 euros en concepto de PP NÍJAR ELECCIONES 2008”.

Son los conceptos de los cientos de recibís que componen la contabilidad b de Hispano Almería para pagar dichas comisiones ilegales. De este último pago de 25.000 euros al partido se infiere que los fondos beneficiaron también a la campaña del PP regional o nacional, dado que en 2008 se celebraron elecciones generales y autonómicas, no municipales.

Los pagos ilegales a los políticos presuntamente se endosaban al presupuesto de las obras hasta aumentar su coste en un 10%. “He recibido de Hispano Almería S. A. la cantidad de 169.000 euros en concepto de 125.000 euros POL. 0/375 bulevar C Parador y 44.000 euros POL 0/328 Fra. Toros”. Este recibí de 2003 pagaba presuntamente por haber favorecido la concesión de ambas obras en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, gobernada por Gabriel Amat, hombre fuerte del PP en Almería y presidente de la Diputación.

Los testimonios de dos exempleados de la constructora confirman los pagos en metálico que durante años ejecutó el dueño de la empresa, Miguel Ángel Morales Duarte, tras extraer el dinero de la caja fuerte, donde se guardaba bajo el sello de contabilidad b. En la empresa, Amat era conocido con el apelativo de “el jefe”, según estos extrabajadores. Los testimonios ratifican las mordidas cobradas por los políticos por favorecer la adjudicación de las obras.

El dinero supuestamente salía de la empresa en sobres blancos con billetes de 500 euros

En los conceptos de estos recibís destacan el extenso listado de obras ejecutadas por la constructora, pero también el pago de 24.000 euros a Bermejo. “Campaña municipal – G. Bermejo (12.000), Arance (6.000)”, indica uno de los recibos. Los sobornos presuntamente alcanzaron cifras con muchos ceros. Tantos, como que la contabilidad interna de la empresa señala pagos ilegales de hasta un millón de euros solo en 2009. Exactamente 1.032.000 euros.

Los recibís tienen la firma del director de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales, así como el contable de Hispano Almería, además del sello de “Contabilizado”. Cada uno de estos cientos de recibís dispone de un número de cuenta interna de cargo, así como la obra ejecutada por esta constructora, cuya numeración coincide con el listado interno de obras que manejó la empresa. Morales recibía siempre el dinero procedente de la caja fuerte de la empresa, donde el efectivo había sido ingresado a través de un complejo sistema de facturas falsas gracias a la colaboración de terceros empresarios.

Hacienda cazó a uno de estos empresarios en el fraude, Francisco Dil Martínez, y tras cruzar datos inició un procedimiento contra Hispano Almería que tramita la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y está a la espera de sentencia.

El actual gerente de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales Carrillo, rechaza que durante la época de su padre como gerente (de 1986 a 2010) existieran recibos con comisiones ilegales. “Nunca jamás”, afirma. Sin embargo, Morales ha denunciado en los juzgados recientemente el robo de “variada y muy amplia información” desaparecida de su empresa, que incluía “facturas y libros de contabilidad”, según afirmó en conversación telefónica.

Mientras, Amat, al observar con detenimiento uno de los recibos con sobornos a políticos por obras en Roquetas, rechazó, en declaraciones a EL PAÍS, que este representara pagos ilegales a él o a miembros de su corporación porque “confío en la gente que tengo”. “Este recibo no me parece nada de nada. Esta empresa no trabaja solo con Roquetas (…) A mí me extraña que se hayan pagado comisiones por una obra hecha en mi pueblo. Es imposible que figuren cargos políticos. Es imposible. Es imposible. Es imposible”, repitió. Cuando se le recuerda que los empleados de Hispano Almería le llamaban “el jefe”, Amat replica: “También me dicen que soy socio de Hispano. Estoy cabreado”.

Solo en 2009 las mordidas presuntamente ascendieron a un millón

Gabriel Amat ha llegado a la cúspide del PP en Almería como presidente después de 18 años de alcalde de Roquetas. Y su influencia en Sevilla y Madrid es notoria. El dirigente popular presume en público de su amistad con Javier Arenas y de tener hilo directo con los ministros Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, así como con la dirección nacional del partido en Génova. De hecho, es presidente del comité electoral del PP andaluz y desde 2012 es miembro de la comisión censora de cuentas del PP nacional, tras el Congreso nacional que se celebró en Sevilla. Amat negó a este diario ser miembro de esta comisión que ratifica las cuentas del PP nacional, pese a que fuentes de Génova lo han confirmado. Hace dos años Hispano Almería realizó parte de una obra en el garaje de Amat, pese a que era la mayor contratista con el Ayuntamiento de Roquetas.

Mientras, políticos como Bermejo niegan la mayor: “De ninguna forma he recibido pagos. No tengo ni idea y lo habría recordado. Nunca he aceptado nada”, matiza. Bermejo fue concejal de El Ejido 12 años, entre 1991 y 1995 a las órdenes del exalcalde Juan Enciso, detenido en la Operación Poniente (“cuatro años maravillosos”, define) y ocho años diputado de la Diputación de Almería. “Yo intentaba que las obras no tuvieran modificados, pero siempre hay un porcentaje de situaciones que no se contempla”, reconoce.

Para explicar la asombrosa continuidad de este sistema de pagos sin que se levantaran sospechas durante toda una década, un exempleado ilustra que las entregas en metálico (de hasta 170.000 euros) se realizaban en cajas de proyectos o de zapatos: “¿Tú sabes lo que abulta un billete de 500 euros? Nada”, se responde.

El alcalde de la capital, salpicado

El senador y alcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP) encargó en 2000 a la constructora Hispano Almería una obra en un ático suyo. Fuentes de la empresa sostienen que el regidor no pagó esta reforma, algo que niega Rodríguez Comendador. Este defiende que pagó en metálico la reforma de su terraza, aunque ahora no puede localizar la factura dado el tiempo transcurrido desde que se ejecutaron las obras.

En la relación interna de obras de Hispano Almería figura el nombre de “Luis Rogelio” escrito a mano y situado a pie de página, con el código 314. Pero no figura entre las obras cobradas por la constructora.
El alcalde asegura que carece de factura pero recuerda el pago de 200.000 pesetas en efectivo (1.202 euros) y un pago por un talón de “algo más de 100.000 pesetas” (601 euros). “Le pagué directamente al constructor Miguel Ángel Morales, que me presentó Gabriel Amat, con quien mantenía una relación de confianza (…) En Hacienda tiene que figurar el pago de la factura”, aseguró el regidor.

Rodríguez Comendador contrató con Hispano Almería cuando presidía la Diputación de Almería (de 1995 a 2003), y asevera que la razón era evitar a empresas con las que entonces esta institución mantenía contrataciones de obras. “No me gustó tener que llamar a gente que trabajara con Diputación, por eso contraté con ellos”, alegó. Sin embargo, durante aquella época el organismo que presidía Rodríguez Comendador contrataba de manera habitual con la constructora. En los años siguientes a la reforma en el ático del senador del PP, el volumen de las obras contratadas con la Diputación almeriense se multiplicó: ejecutó obras en los municipios de Lubrín, Garrucha, Laujar, Tres Villas, Lijas, Berja, Carboneras, Bentarique y Terque.


* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO / MARTA SOLER - 27.10.13
Foto: LOS RECIBÍS. La documentación de la constructora que investiga la fiscalía señala supuestos pagos de Hispano Almería al PP para las campañas electorales de 2003 y 2008.

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Álava.- Admiten una denuncia por delito urbanístico contra un parlamentario del PNV

Como se sigue viendo, la corrupción urbanística existe en todas las autonomías y partidos del país, si bien en ciertas zonas es más abundante que en otras o, por lo menos, se da un tratamiento especial en los medios. En este caso se trata del alcalde de Valdegovía (Álava) que parece otorgó una licencia de construcción por decreto, a pesar de los informes técnicos desfavorables. Es decir, lo de siempre, la casta política se cree por encima de todo y de todos, aunque habrá que ver cómo termina esta acusación y si no hay otros beneficiados constructores de la misma cuerda.
"ELCORREO* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite una denuncia interpuesta contra el alcalde de Valdegovía (Álava) y parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, por supuestamente otorgar en 2011 una licencia para reconstruir un edificio en contra del criterio del arquitecto municipal. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV ha hecho público un auto en el que se declara competente para conocer la denuncia interpuesta contra este edil en su calidad de parlamentario vasco y considera que los hechos que se le imputan podrían ser constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

La Sala admite así a tramite este caso y designa magistrada instructora para continuar con el procedimiento.
Los hechos, que provienen de un juzgado de Amurrio (Álava), se iniciaron por una denuncia interpuesta contra el primer edil de Valdegovía por la Junta Administrativa de Caranca y Mioma por un permiso otorgado para rehabilitar un edificio en esta última localidad. El auto relata que el 25 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Valdegovía inició un expediente para declarar en ruina un edificio en Mioma, cuyo propietario solicitó un año más tarde, en junio de 2010, permiso para poder reconstruirlo.
El 24 de febrero de 2011, la arquitecta municipal de Valdegovía emitió informe en el que se rechazaba la posibilidad de reconstrucción. A pesar de ello, en abril de ese año, el propietario del edificio volvió a solicitar permiso de obras para su reconstrucción con un presupuesto de 42.000 euros y la arquitecta emitió de nuevo informe desfavorable.
Licencia en contra de los criterios técnicos
Sin embargo, el alcalde de Valdegovía a través de un decreto de la Alcaldía concedió licencia municipal para poder llevar a cabo la reconstrucción del edificio "contraviniendo los informes referidos y la legalidad en ellos expresada", según se recoge en los fundamentos de derecho del auto.
Ante estos hechos, el Ministerio Fiscal pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que emitiera opinión sobre su competencia y sobre la posibilidad de estimar si los hechos relatados pudieran constituir un delito de prevaricación o un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, al tiempo que reclamó que continuara la instrucción de la causa.
Ahora, la Sala de lo Penal y Civil considera que sí es competente para conocer esa denuncia por ser el acusado un parlamentario ya que el Estatuto de Autonomía establece que la "inculpación, prisión procesamiento y juicio" de los miembros del Parlamento Vasco corresponden al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Además, la Sala considera que examinado el relato de hechos se pudiera estar ante un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Ante esta resolución, existe posibilidad de impugnación mediante recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de tres días.


* El Correo - EFE - 15.10.13
Foto: Valdegovía (Alava) - sientealava



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