Noga recibió "compensaciones" urbanísticas por no ganar el concurso de los suelos de Mercasevilla

El caso de los suelos de Mercasevilla continúa abierto y con sorpresas de última hora. Según asegura la guardia civil, la empresa Noga, que concursaba para la adquisición de los terrenos, recibió compensaciones urbanísticas a cambio de no impugnar el concurso, al ser la empresa que ofrecía el mejor precio de las presentadas. Visto lo visto, parece que hubo tráfico de influencias y corrupción urbanística en este asunto a causa de la gestión municipal.
"DIARIODESEVILLA* : La Guardia Civil ha remitido un nuevo atestado a la juez Mercedes Alaya en el que concluye que el grupo Noga, que perdió el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla a pesar de que realizó la mejor oferta económica, recibió una “compensación” del Ayuntamiento, que suscribió en la misma época un convenio por el que se ampliaba hasta ocho años el plazo para la edificación de 36 parcelas de su propiedad en Sevilla-Este, lo que evitaba que estos solares fuesen incluidos en el registro municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y que posteriormente pasarían a situación de venta forzosa.

Este convenio supuso “un gran beneficio” para Noga, al compensar el quebrando económico por no haber ganado el concurso de los suelos, y “garantizó” que esta sociedad no impugnara el resultado del concurso, sospechan los investigadores.

Así lo explica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo atestado remitido a la juez Mercedes Alaya después de que la instructora solicitara el pasado 31 de julio a los investigadores que investigaran los posibles beneficios que hubiera podido obtener la sociedad Noga y que podrían haber hecho que esta sociedad no impugnara el resultado del concurso público para la adjudicación de la totalidad de los terrenos de Mercasevilla, a pesar de que ofreció 158 millones de euros frente a los 106 que había ofertado la constructora Sanma, que fue la que ganó el concurso.

El informe policial señala que la oferta de Noga fue “valorada deficientemente” hasta el punto de que, “de haber hecho correctamente, se le hubiera adjudicado el concurso”.

Para los investigadores, la pérdida de ese concurso fue compensada con beneficios urbanísticos y cita expresamente el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo del 8 de febrero de 2006 en el que se acuerda, “con el voto favorable” del entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín y los concejales Emilio Carrillo, Alberto Moriña, Manuel Gómez Lobo y Paula Garvín, la aprobación del convenio 11/06 con las entidades Inonsa S. L., Grupo de Inversiones Noga SAU e Inmobiliaria Osuna, relativo a la programación de actuaciones edificatorias en parcelas de su propiedad en Sevilla-Este.

Ese convenio, explica la Guardia Civil, suponía una “reprogramación” de la actividad edificatoria de 36 parcelas, con una capacidad de 2.161 viviendas y con unos compromisos temporales para cumplir el deber de edificar. De las 36 parcelas, 17 estaban inscritas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas; a otras 11 parcelas le había vencido el plazo para edificar el 27 de octubre de 2005; y a las otras 8 le vencía el plazo el 18 de septiembre de 2006.

Con el convenio, Noga lograba ampliar el plazo para ejecutar ese deber de edificar los solares a un máximo de ocho años –construyendo una media anual de 180 viviendas-, pudiendo ampliar el plazo a un máximo de cuatro años más, previa petición de las sociedades propietarias y justificado en las condiciones negativas del mercado que influyesen decisivamente en la reducción de la demanda de viviendas, siempre que se cumpliera la media de 180 viviendas construidas durante seis años.

La Gerencia de Urbanismo asumía el compromiso de cancelar y dejar sin efecto legal alguno la inclusión en el registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de los 17 solares propiedad de Noga, y ésta asumía el compromiso de no reclamar al municipio indemnización alguna por el exceso dotacional existente en Santa Justa –cifrado en 3.851 metros cuadrados- que desde 1997 se encontraba pendiente de indemnizar. También se comprometían a constituir un aval bancario de 221.963 euros para hacer frente al pago de las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento del plazo máximo de edificación previsto en la legislación aplicable.

Después de analizar este convenio y el concurso público de los suelos, la Guardia Civil concluye en el atestado que las sociedades del Grupo Noga con este convenio suscrito con el Ayuntamiento “consiguen evitar” la aplicación de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y su desarrollo reglamentario, lo que supondría que “estarían obligadas a edificar en solares de su propiedad en un breve período de tiempo y obtienen un plazo adicional de 8 años para la edificación de la totalidad de los solares, pudiendo ser ampliado cuatro años más”.

Esto supone, continúa la UCO, un “gran beneficio” para las tres sociedades implicadas en la firma del citado convenio porque consiguen que 36 parcelas no sean incluidas en el registro municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y “que posteriormente pasarían a situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, quedando de esta forma las sociedades propietarias de los solares obligadas a la venta de los solares”, precisa.

Los investigadores también llaman la atención sobre el hecho de que la firma de este convenio urbanístico es “muy próxima” a la adjudicación del concurso para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, que tuvo lugar el 13 de febrero de 2006, del que se deduce “estaba condicionado para que se adjudicara” a la sociedad Sanma desarrollos urbanísticos. “De este modo, puede entender la firma del convenio como una compensación a la sociedad frente al hecho de no resultar adjudicataria del citado concurso, dado que el quebranto económico que pudiera deducirse de este hecho se compensaría con la aplicación del convenio suscrito, garantizando que Grupo de Inversiones Noga SAU no recurriera el resultado del mencionado concurso”.


* Diario de Sevilla - JORGE MUÑOZ - 30.10.13
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es



.................................... Leer más...

Costas obliga a suspender licencias tras el deslinde del frente litoral de Benidorm

Siguen las contradicciones de las leyes de Costas, la actual de este gobierno privatizador y la antigua que no llegó a ejecutar totalmente los deslindes marítimo - terrestres. Zonas de tanta relevancia como Benidorm quedaron fuera de ese deslinde, bien sea por intereses particulares o por desidia administrativa. El caso es que ahora se ha decretado la suspensión de licencias en la zona pendiente del deslinde costero, con lo que eso significa para un litoral tan densificado. Lo mismo ocurre en Altea y otros núcleos limítrofes que ya veremos como solucionan este despropósito urbanístico que viene de años atrás.
"LAMARINAPLAZA* : Del deslinde de los bienes de dominio de dominio público marítimo-terrestre de toda la costa de Benidorm y Altea traerá consecuencias. De momento, el Servicio Provincial de Costas ha abierto el plazo de información pública del expediente de ambos litorales, que es de un mes desde que ayer se publicó en el BOP, para que cualquier persona pueda presentar alegaciones, pero lo más relevante es el informe jurídico que ha realizado la técnico superior en asuntos jurídicos de Benidorm que, a instancias de Costas solicita la aprobación plenaria de la suspensión cautelar de las licencias de obras afectadas por el deslinde.

El Servicio Provincial de Costas incoó el expediente de deslinde el 16 de agosto de 2013 y remitió los planos al Ayuntamiento, tras lo que hicieron su informe el ingeniero técnico de Topografía Municipal el 18 de agosto y el arquitecto municipal el 24 de septiembre, ya fuera del plazo de un mes dado por Costas para evitar la conformidad por silencio del Consistorio. La letrada municipal, que informó un día después, el 25 de septiembre, asegura que “establecen los artículos 12.5 de la Ley de Costas y 9.4 de su Reglamento de desarrollo, que la incoación del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones y suspenderá la tramitación de las solicitudes para la realización de obras mientras se encuentre pendiente la resolución del mismo”, y que “el acuerdo de suspensión cautelar de licencias de obras es de obligado cumplimiento”.

Por estas razones, la técnico jurídica municipal propone “elevar al próximo pleno municipal acuerdo de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras en el ámbito afectado por el deslinde y durante el plazo legalmente previsto”, que puede llegar a durar dos años.

Respecto a la zona afectada por este deslinde, el arquitecto ha informado que “prácticamente el amojonamiento coincide con los deslindes históricos, si bien se pone de manifiesto que las placas ubicadas en los paseos que sustituyen a los antiguos hitos, una vez ejecutadas las obras, no coinciden con la documentación alfanumérica aportada”. “Esta circunstancia hace que la solicitud de suspensión de licencias (…) debería tener escasa trascendencia respecto a la situación actual”.

El arquitecto municipal recuerda en su escrito que la práctica totalidad del frente marítimo de Benidorm fue construido antes de la mitad de la década de 1970, por antes de la Ley 22/1988 y que el informe del topógrafo pone de manifiesto algunos errores u omisiones del deslinde, “como el paseo de Tamarindos, así como los errores detectados en al playa de Poniente (edificios Bolero y Residencial Benipark).

Sin embargo, la delimitación de la ribera del mar propuesta por Costas, a la que hay que trazar dos líneas paralelas de seis metros para la servidumbre de tránsito y 20 ó 100 metros para la servidumbre de protección, pone de manifiesto -dice el arquitecto- la afección “a un gran número de inmuebles, en algunos casos por la simple proyección de escasos centímetros de los voladizos de las terrazas”. Y más: “también se ven afectados edificios públicos como la Iglesia de Sant Jaume (Bien de Relevancia Local) o el Centro Social El Torrejó, toda la zona portuaria, además de proyectos públicos, como es el caso del mirador de Punta Llisera”. El informe continúa asegurando que “no obstante la problemática principal se produce en los extremos del casco urbano (La Cala y Punta Llisera) y el Casco Antiguo (Punta Canfali), donde se da la circunstancia de coincidir la ordenación cerrada entre medianería y zonas escarpadas sin playa, además de existir concesiones (embarcadero del Rincón de Loix, Cable-Sky), con dificultades de acceso o el riesgo de desprendimientos del escarpe a levante de la Punta Canfali sin solucionar”.

A la vista del análisis de la legalidad vigente, el arquiteto propone: “Por tanto, mediante la redacción de una modificación puntual del Plan General, o Plan Especial, podría resolverse en un solo trámite la garantía de homogeneidad del frente marítimo, al tiempo que se garantizaría la efectividad de la servidumbre sin perjudicar el dominio público marítimo terrestre en los tramos aludidos, facilitando la gestión urbanística municipal”.

Por su parte, la Concejala de Urbanismo de Altea, Carolina Punset, estima que la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1998, de Costas, en su redacción dada por la ley 2/2013, de 29 de mayo, “permite que en las zonas de servidumbre de protección puedan efectuarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios”.

Punset considera que “no parece lógico suspender aquellas obras que entren dentro de los anteriores conceptos, puesto con ello se impondría a los propietarios afectados por la línea de servidumbre de protección un régimen más estricto antes de la aprobación del nuevo deslinde, que el que les sería aplicable en el caso de que ese nuevo deslinde fuera definitivamente aprobado”. Por lo tanto, según su parecer lo lógico es aplicar durante la tramitación del expediente el mismo régimen que el que se aplicaría en el caso de que se aprobara definitivamente el deslinde propuesto por Costas.

El Servicio Provincial de Costas tiene previsto mostrar en ambas poblaciones la delimitación provisional del dominio público marítimo terrestre. Será el 12 de noviembre a partir de las 9:30 en el centro social de la tercera edad de Altea y el día 14 a la misma hora en el salón de actos del Ayuntamiento.


* La Marina Plaza - 14.10.13
Foto: Benidorm, playa Levante - turismo



.................................... Leer más...