El juez absuelve a todos los acusados por la catástrofe del Prestige

11 años más tarde (once) ha llegado la vergonzosa sentencia del desastre medioambiental del buque Prestige frente a las costas gallegas. El que ha sido caso más grave ambiental y humanamente del país termina sentenciándose con la absolución de todos los implicados, es decir, como si no hubiera ocurrido nunca y las 63.000 toneladas de fuel no se hubieran vertido sobre el litoral. Evidentemente se duda del juicio del juez de marras, pero no solo aquí, sino en Europa y en todos los países del globo afectados por la lacra de la contaminación de las costas y aguas. Esto es sencillamente surrealista o hay mucho caradura por ahí haciendo su papel político depredador.
"PÚBLICO* : El juez del caso Prestige ha absuelto a los tres únicos acusados por la mayor catástrofe medioambiental vivida en España: el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, único miembro de la Administración al que se le atribuyó alguna responsabilidad. Con la absolución de López Lors, el tribunal exime también de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la catástrofe sino que trató de solucionarla y evitar daños materiales y humanos, por lo que el Gobierno queda exento de sufragar los daños que se le reclamaban.

El magistrado los absuelve de los delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos y únicamente condena al capitán del buque a una pena de 9 meses de prisión por ser el "autor criminalemente responsable de un delito de desobediencia grave".

El cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, queda excluido de esta sentencia porque no llegó a ser juzgado, al encontrarse en paradero desconocido.

La sentencia reconoce los daños económicos que sufrió la costa: "63.000 toneladas de fuel, 170.000 residuos, 2.900 kilómetros de costa y 1177 playas afectadas", pero asegura que "no existe responsabilidad penal", puesto que "nadie sabe exactamente la causa de la avería". En este sentido, el fallo establece, entre una de sus conclusiones, "la dificultad de atribuir responsabilidades precisas y la imposibilidad de investigar en detalle algunas cuestiones", aunque considera probado que hubo un fallo estructural en el petrolero, un "mantenimiento deficiente". "La empresa propietaria del barco sabía que sus condiciones no eran las adecuadas pero lo ocultó", ha dicho el magistrado durante la lectura del fallo.

Para los tres acusados se pedía una condena de entre 5 y 12 años de cárcel, aunque era improbable que fueran a prisión dada su avanzada edad y la petición expresa del fiscal de Medio Ambiente y los letrados de las acusaciones al respecto.

Contra la sentencia cabe un único recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia por los daños derivados del hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 ante las costas de Galicia ha marcado el punto y final de un prolongado camino judicial sobre la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España.

El fallo ha llegado en el 11 aniversario de la fatídica tragedia y ha sido leído en la sala primera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que juzgó los hechos desde noviembre de 2012 hasta el pasado julio.

El macrojuicio ha sido el de mayores dimensiones celebrado en Galicia. Ha durado ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos.

Aún así, muchas han sido las organizaciones ecologistas y sociales que han denunciado que en el banquillo de los acusados no se hayan sentado los responsables políticos de aquel entonces, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, o el propio Mariano Rajoy, que ejercía como vicepresidente del Gobierno. El propio juez del caso reconoció en su día que "faltaban muchos implicados".

En total, el 'Prestige' vertió al mar unas 63.000 toneladas de fuel generando una marea negra que afectó a la costa gallega y a las de Asturias, Cantabria y Francia.


* Público - agencias - 13.11.13
Foto: Prestige, contaminación Galicia - eco



.................................... Leer más...

La alcaldesa de Alicante moldeó a su antojo Urbanismo en los años de 'Brugal'

El Urbanismo en la ciudad de Alicante lleva muchos años en la picota. Tras la época de plomo del alcalde Alperi (PP), llegó la de su sustituta, S.Castedo, que ha seguido los pasos de su mentor, estando involucrada en varios casos de corrupción en la ciudad. Ahora llega otra sentencia judicial que la acusa de ilegalidad hace 6 años (seis), mientras era todavía concejala, en su intervención en la oficina de urbanismo municipal. Pero es que la época en la que se produce este hecho coincide con el amaño del Plan General Urbano, por el que Castedo está triplemente imputada, en el caso Brugal, y a la espera de apertura de juicio oral por parte del TSJ. Es decir, actuó además con claros intereses delictivos para favorecer la especulación urbanística.
"ELMUNDO* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Alicante a readmitir en su puesto al que fuera jefe de legalidad urbanística de la ciudad en el año 2007, después de que la actual alcaldesa -entonces concejal de Urbanismo-, Sonia Castedo, lo cesase de manera irregular y colocase a otro trabajador a dedo. El consistorio tendrá que reincorporar al técnico a su puesto, así como pagar los seis años de diferencia salarial entre el antiguo cargo y el nuevo. Actualmente ocupa una plaza de menor rango en la Concejalía de Cultura.

El fallo del TSJ recoge el argumento de la edil de que actuó con el objetivo de "lograr una mayor operatividad de las funciones encomendadas", pero concluye que lo hizo sin ningún tipo de criterio técnico: "Los supuestos cambios organizativos (...) no aparecen documentados en forma alguna en el expediente administrativo", ni "tampoco en el periodo de pruebas se aportó justificación mayor". En otras palabras, que la actual alcaldesa de Alicante fulminó al responsable de fiscalizar la legalidad urbanística de la ciudad de forma "arbitraria", según el alto tribunal.

El técnico al que se refiere la sentencia había informado negativamente dos años sobre la reparcelación de Benalúa Sur. Aunque el TSJ recoge que no se ha podido establecer una vinculación entre este hecho y el cese, sí explica que excede la "potestad de autoorganización de la que goza la corporación local".

También destaca que el sustituto del jefe de legalidad urbanística no tenía "experiencia previa" y se colocó "utilizando la fórmula de la adscripción provisional", es decir, mediante un procedimiento al que se recurre en circunstancias excepcionales pero que no puede convertirse en ordinario porque supone una colocación a dedo.

El trabajador apartado sí era funcionario de carrera, Técnico de Administración general, y trabaja en el consistorio desde agosto de 1991.

Época clave de las investigaciones sobre el PGOU

Lo interesante es que estos "cambios organizativos" a los que alude Castedo se producen apenas un año antes de que suceda a Luis Díaz Alperi como alcaldesa de Alicante (en septiembre de 2008), un cargo que compatibilizaría durante años con su responsabilidades en Urbanismo.

El cese también coincide con el inicio de la etapa que la Policía señala como clave para el presunto amaño del Plan General de la ciudad, por el que Castedo está triplemente imputada en el caso Brugal y a la espera de apertura de juicio oral por parte del TSJ.

El fiscal cree que la primera edil sirvió en bandeja el urbanismo de la ciudad al empresario Enrique Ortiz, principal dueño de suelo de Alicante y mayor contratista de su Ayuntamiento; a cambio Castedo presuntamente recibió varias dádivas, como varios viajes, un coche Mini Cooper y colocar a gente de su confianza en empresas de servicios de la ciudad.

Parte de las pesquisas policiales apuntan a que Castedo introdujo en la cúpula de Urbanismo cargos de su confianza con el objetivo de hacerle la vida más fácil a Ortiz. Al menos uno de estos técnicos, la jefa de servicio Isabel Campos, mantuvo en los años posteriores varias conversaciones con Ortiz en las que se comprometía a mediar en diversos trámites, según las conversaciones de Brugal.

La relación del empresario con Campos fue especialmente intensa para desbloquear la llegada de Ikea, por la que Ortiz cobrará 127 millones. Pese a que estas conversaciones ya se han hecho públicas, ni Castedo ni la actual edil de Urbanismo, Marta García-Romeu, han cesado a los técnicos que aparecen en el sumario.

El papel de Juan Seva

La sentencia del TSJ es especialmente dura con la política de Recursos Humanos, de la que es responsable el edil y acusa al departamento de actuar con 'absoluto desprecio a la legalidad ordinaria'.

En su sentencia el TSJ es especialmente duro con la política de personal del Ayuntamiento de Alicante, de la que es responsable el edil de Recursos Humanos, Juan Seva. El alto tribunal vuelve a desnudar el gusto de Seva por colocar la mayor parte de jefes de servicio sin ningún tipo de concurso público, utilizando la fórmula de la adscripción provisional. Y apunta, tajante: "El Ayuntamiento de Alicante, con desprecio absoluto de los mandatos constitucionales y de la legalidad ordinaria, ha convertido la adscripción provisional en el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, con la afectación que ello supone al mérito y capacidad a que debe responder la provisión de los puestos de trabajo en la función pública, la estabilidad en el desempeño de los mismos y la carrera profesional de apelante". Se trata de la misma acusación que hizo la Sindicatura de Cuentas tras analizar el control interno del consistorio en 2011, cuando Seva ocupó también la cartera de Hacienda. El auditor detectó que se habían colocado plazas sin el concurso exigido. La respuesta de Seva fue que el Síndic "se equivoca", pero meses después convocó a concurso 79 plazas de jefatura mediante el sistema de libre designación. Es decir, que mintió de forma consciente.

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Manuel Marín, denunció que al menos 200 jefes del consistorio están colocados utilizando la fórmula de la adscripción provisional. EL MUNDO ya publicó que esta situación afecta al 90% de los altos cargos de Alicante, y reveló que en algunos casos -como ocurre con el jefe de servicio de bomberos- están en situación irregular por no cumplir la legislación vigente.


* El Mundo - SERGIO SAMPEDRO - 11.11.13
Foto: Castedo y el edil de Recursos Humanos, Juan Seva (d), este sábado, en el día de Protección Civil - M. LORENZO

.................................... Leer más...