La Audiencia condena al alcalde de Arroyo a tres años de prisión por cohecho

8 años (ocho) más tarde, la 'ágil' justicia ha sentenciado el caso de corrupción urbanística en el municipio de Arroyo de la Encomienda, en las afueras de Valladolid capital. Se condena al alcalde 'popular, Méndez, a 3 años de cárcel, algo que parece insuficiente dada la gravedad de las ilegalidades cometidas. Además todavía es recurrible y seguro seguro que este alcalde corrupto, junto a sus colaboradores, no pisan para nada la prisión. Ya se ha visto en el caso del imputado exDelegado Territorial de la Junta y expresidente de la Comisión de Urbanismo cuyo delito, dicen ahora, ha prescrito. Parece evidente el partidismo judicial en pleno núcleo duro 'popular' de Castilla y León.
"ELNORTEDECASTILLA* : El actual alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid a 16 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público. Además, el regidor ha sido condenado a tres años de prisión por cohecho, lo que conlleva una «inhabilitación especial de sufragio». Méndez deberá hacer frente también a los 132.000 euros de multa que le han impuesto los magistrados de la Audiencia como responsable social subsidiario y además tendrá que abonar un noveno de las costas procesales.

Por su parte, el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid y exportavoz en la Diputación, Jesús García Galván, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y cohecho, al igual que María Iluminada Miguel, apoderada de la constructora Mahía. La absolución de García Galván se fundamenta en que el posible delito ha prescrito.
También ha sido condenado a otros tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación el presidente del grupo Mahía, Ramón López Casal, como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho; así como al arquitecto municipal, Benaventura Conde Salazar, condenado por cooperador necesario en el delito de prevaricación, por lo que se le han impuesto siete años de inhabilitación.

El fallo de la sala que preside Feliciano Trebolle, cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, ha absuelto también de de todos los cargos al también socio de Mahía, José Presas Zobra.
Recurrible al Supremo
La sentencia condenatoria no es firme puesto que contra el mismo cabe la presentación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según informa Europa Press.

El fiscal y la acusación popular, ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, habían solicitado para el regidor de Arroyo, José Manuel Méndez, un total de diez años de cárcel, inhabilitación por veintisiete años y multa de 316.720 euros por dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación, mientras que Jesús García Galván, por delitos de cohecho y prevaricación urbanística, estaba expuesto a una condena de tres años, dieciocho de inhabilitación y multa de 316.720 euros.

En cuanto al resto de imputados, las acusaciones habían solicitado para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de catorce y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros.
Además, para el arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, habían pedido dos años de prisión y veintisiete años de inhabilitación y para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multa, así como inhabilitación durante nueve años.

La sentencia otorga al alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en la trama montada, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con Ramón López Casal antes de recalar en Arroyo habrían sido aprovechadas por los dos para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.
A lo largo del juicio se analizaron, entre otras cuestiones, un supuesto préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas--en realidad un regalo--concedido por Mahía al alcalde de Arroyo , así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) tasada en 87.400 euros, además del regalo realizado por éste, sin expediente alguno, de unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego, aunque la Audiencia Provincial entiende no delictivo este último hecho.

En cuanto al que fuera en aquella época delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, quien días antes del juicio dimitió de sus cargos de portavoz del PP en la Diputación y de concejal en el Ayuntamiento de la capital, los acusadores le imputaban haber recibido un regalo en forma de chalé, concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados y valorado en 148.000 euros, por gestiones realizadas en favor de la empresa respecto de distintas operaciones urbanísticas.


'Cantidades salvajes'
El proceso judicial tuvo como principal prueba de cargo de las acusaciones el testimonio aportado por el que fue socio fundador de Mahía en 1989 Manuel Gómez Maroñas, quien aseguró que el alcalde José Manuel Méndez percibió "cantidades salvajes" de mordidas de la promotora gallega por los favores prestados a ésta en su expansión urbanística por el municipio y otros de Castilla y León.
Con un discurso absolutamente hostil a los intereses de las defensas, fundamentalmente del primer edil y del presidente de Mahía, Ramón López Casal, amigo desde la infancia del declarante pero hoy enfrentados ambos por cuestiones de índole económico, Gómez Maroñas llegó a sentenciar que Mahía no consideraba a Méndez alcalde sino "uno de sus mejores colaboradores y lanzadera" de sus negocios de promoción urbanística en Arroyo de la Encomienda y la provincia de Salamanca.


* El Norte de Castilla - S. QUINTANA - 22.11.13
Foto: De izquierda a derecha, José Manuel Méndez; Jesús García Galván; y María Iluminada Miguel Fernández. / El Norte


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Imputada la alcaldesa de Sanxenxo en una investigación urbanística

Uno de los municipios gallegos donde ha habido más irregularidades urbanísticas en estos años es Sanxenxo (Pontevedra), donde, debido a su fuerte expansión turística, hay auténticas mafias de corrupción territorial que han afectado a sucesivos gobiernos municipales. Ahora se imputa por delito urbanístico a la alcaldesa 'popular' actual, también presidenta de la Xerencia, y a varios técnicos del ayuntamiento. Habrá que seguir este nuevo caso ya que parece que los pelotazos urbanísticos continúan abundando en la zona.
"LAVOZDEGALICIA* : La alcaldesa de Sanxenxo, la popular Catalina González, se enfrenta a una imputación en una investigación de carácter urbanístico que lleva a cabo el Juzgado de Cambados a raíz de la denuncia de un particular. La Policía Judicial de la Guardia Civil acudió el pasado jueves por la mañana a la Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo y allí entregó también citaciones para entre cinco y seis técnicos municipales. Según señalaron algunas fuentes, entre los técnicos citados por el juez se encuentran algunas personas que actualmente no trabajan en el Ayuntamiento de Sanxenxo.

Poco es lo que ha trascendido sobre la razón concreta que llevó al juez a enviar a la Policía Judicial al Ayuntamiento de esta localidad pontevedresa, pero sí se supone que todos los expedientes consultados por los agentes se corresponden a mandatos anteriores y no al actual.

Al parecer, el número de políticos imputados se limita a la alcaldesa, que también es la presidenta de la Xerencia. González evitó ayer hacer ningún comentario sobre su imputación, remitiendo a los medios de comunicación a una rueda de prensa el próximo lunes. En esa convocatoria, la regidora señaló que dará explicaciones de «lo que haya, de lo que nos ha mandado el juzgado». Además, sostuvo que «no hubo ningún registro, simplemente nos han pedido los originales de unos expedientes». La regidora no quiso añadir más y también fue imposible recabar el punto de vista de sus concejales.

La presencia de la Guardia Civil en dependencias municipales de Sanxenxo causó un gran revuelo y cogió por sorpresa a los trabajadores del Concello y los grupos políticos. El urbanismo es uno de los temas más delicados de las sucesivas corporaciones locales y en la actualidad existen varios procesos judicializados por denuncias de particulares.

Uno de los expedientes que, según algunas fuentes, revisaron los agentes, se refiere a una polémica obra en Dorrón, que fue objeto de un largo proceso judicial por la vía administrativa. Este es uno de los supuestos expedientes por los que el juez de Cambados se interesó esta semana, pero no es el único probable y la incógnita se despejará el lunes con la comparecencia de la alcaldesa.


* La Voz de Galicia - M. GAGO - 23.11.13
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es



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