El gerente de Urbanismo y otro exconsejero del gobierno de Ceuta, imputados por un presunto delito de prevaricación

Poco se habla normalmente de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en cuanto a corrupción urbanística, pero quizás se deba más a lejanía que a que no exista realmente. Se ve en este caso donde importantes miembros del gobierno popular 'caballa' están imputados por dividir los contratos de obras para así poder adjudicarlos directamente a dedo a empresas amigas. Algo que suele pasar desapercibido normalmente, pero que es práctica delictiva habitual de ayuntamientos y otras administraciones públicas.
"LAINFORMACIÓN* : El actual responsable de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (Giuce), Juan Manuel Doncel, exconsejero de Fomento del Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP), y otro antiguo miembro del Gobierno ceutí José Antonio Rodríguez Gómez, que dirigió el Área de Gobernación hasta octubre de 2010, cuando fue cesado, figuran como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa en las diligencias previas incoadas en los Juzgados de Instrucción de la ciudad autónoma.

El proceso se remonta a hace tres años, cuando el primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, denunció al Tribunal de Cuentas la firma de más de 30 contratos por parte de Rodríguez Gómez "siempre con las mismas dos empresas y siempre por debajo de 3.000 euros para tramitarlos como un contrato menor".

Los tres sindicatos con representación en la Administración local --UGT, CCOO y CSIF--, habían hecho días antes saltar las alarmas al denunciar en una carta dirigida al presidente Vivas "una serie de obras comprometidas (ampliación de gimnasio, área de descanso y sala de transmisiones de la Policía Local) que no han sido ni tan siquiera iniciadas pese a los diferentes expedientes de contratación tramitados al efecto".

Nada más conocer el contenido del escrito sindical, Vivas cesó a Rodríguez Gómez y reconoció que se habían extendido las "sospechas" sobre su gestión. A pesar de todo, los informes técnicos evacuados sobre esos contratos concluyeron que no se habían registrado más que "irregularidades administrativas".

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el Tribunal de Cuentas no apreció la existencia de irregularidades contables aunque sí indicios de responsabilidad penal, por lo que puso el tema en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez lo ha derivado al Ministerio Público de Ceuta, que ya ha emitido un primer informe negativo sobre al menos una petición de sobreseimiento.

Para el próximo mes de enero se ha fijado la declaración, en calidad de testigo-perito, del interventor de la Asamblea de la Ciudad Autónoma.El artículo 404 del Código Penal establece que a la autoridad o funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia", dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo "se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

Rodríguez Gómez, empresario, permanece alejado de la política activa desde 2010. Doncel no entró en la candidatura del PP a las elecciones autonómicas de 2011 después de ser imputado por dos supuestos delitos de prevaricación y contaminación acústica por ignorar la normativa a la hora de conceder licencias para terrazas hosteleras en el centro pese a la existencia de mediciones de la Policía Local que demostraban que se superaban "escandalosamente" los límites establecidos por las ordenanzas. Tras los comicios fue designado gerente de la Giuce.


* La Información - EP - 24.11.13
Foto: Ceuta, ayuntamiento - wikimapia



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