Alicante.- Castedo maniobró para controlar el urbanismo antes del ‘caso Brugal’

La actual alcaldesa de Alicante, S.Castedo, imputada en varias corruptelas urbanísticas en la ciudad, ya controlaba el urbanismo desde hace 10 años cuando era concejala del también imputado exalcalde, Alperi. Los movimientos de Castedo en el personal técnico municipal se pueden considerar escandalosos, a fin de apartar a los más díscolos con su delictiva política urbanística. Todo esto debe salir a la luz pública cuando se juzgue el llamado caso 'Brugal', con el plan Rabassa como fondo. Pero parece que la justicia no avanza tampoco en este importante caso de corrupción.
"ELPAÍS* : Cuando la semana pasada se divulgó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que obligaba al Ayuntamiento de Alicante a readmitir a un funcionario destituido en julio de 2007 como jefe jurídico de la Gerencia de Urbanismo, una decena de altos empleados municipales encajó la resolución como un triunfo. Desde que Sonia Castedo tomó las riendas del desarrollo de la ciudad, primero como concejala (2003) y después como alcaldesa (2008), los técnicos críticos fueron desplazados.

Solo uno de la Gerencia de Urbanismo ha ganado en los tribunales, Felip Lozano Vidal. El resto, guarda un resignado silencio. Las degradaciones comportan tijeretazos de 300 euros mensuales.

La "purga", como coinciden varias fuentes, se desarrolló en tres tandas con similar esquema. Funcionarios con más de una década de experiencia en el cargo, prestigio y sin mácula en el expediente fueron sustituidos por interinos. “Son más manejables porque firman lo que les pongan delante para no perder su trabajo”, explica un abogado conocedor de los cambios en este Ayuntamiento investigado por el caso Brugal, presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para favorecer al constructor Enrique Ortiz de un pelotazo de 120 millones. El empresario, Castedo y su antecesor del PP, Luis Díaz Alperi, están imputados.

Fue en 2003 cuando la actual alcaldesa desembarcó en la Concejalía de Urbanismo. El arquitecto catalán Lluís Cantallops elaboraba entonces el PGOU. El proyectista discrepó con el alcalde Díaz Alperi a cuenta del Plan Rabassa, un macroproyecto de 13.505 viviendas impulsado por Ortiz. Los técnicos que respaldaron al arquitecto fueron desplazados. Y Cantallops, sustituido por los alcoyanos Jornet y Picó y, después por Jesús Quesada, que está imputado en el caso Brugal.

El organigrama de la Gerencia de Urbanismo sufría sus primeros retoques. “Se cambió a un auxiliar y al supervisor municipal del PGOU, un técnico prestigioso, que ahora se dedica a repasar planos menores como el cruce de dos calles”, afirma una fuente que ha seguido el “calvario” de los dos funcionarios destituidos en 2003. Estos trabajadores, sostiene, sufrieron mobbing. Ninguno quiere hablar. Un exconcejal del PP explica el silencio: “Tienen miedo. Si largan o no se avienen a las decisiones pueden tener problemas”.

Cinco años después llegaría un movimiento estratégico, según varias fuentes. Un retoque en la Gerencia coincidiendo en el calendario con la recta final de la tramitación del PGOU bajo sospecha: entre mayo de 2008 y junio de 2010. Las interinas María Ángeles de la Sierra-Llamazares e Isabel Campos García, consideradas de la máxima confianza de Castedo, alcanzaban la cima de este departamento con un centenar de empleados y un presupuesto el pasado año de seis millones de euros. Las nuevas jefas aterrizaron en octubre de 2008 en el área responsable de la disciplina urbanística y la tramitación planes parciales, como el polémico Rabassa. Su desembarcó degradó al histórico funcionario Miguel Ángel Cano, redactor del plan de 1987 y con fama de técnico insobornable.

La ungida por Castedo, Campos, aparece en los pinchazos policiales del caso Brugal como receptora de un bolso de Ortiz. El empresario instó a esta empleada a agilizar la tramitación de Rabassa para que llegase “al próximo pleno”.

“Los trabajadores desplazados por las interinas se creían su función. No se casaban con nadie y acumulaban décadas de experiencia”, asegura el abogado de EU, José Luis Romero. Elena Martín, concejala del PSPV, añade otra clave: “Castedo ejerce un férreo control sobre las áreas importantes: Urbanismo y Atención Urbana, donde están las grandes contratas del Ayuntamiento”. La socialista se refiere con sinceridad aplastante a la connivencia de Ortiz con los regidores de PP. “A Díaz Alperi se le conoce con el alias de Luis XV porque se le atribuye que se llevaba el 15% [de las contratas]”.

La Gerencia de Urbanismo fue absorbida por la Concejalía el pasado año. “Los cambios siempre se hacen para mejorar el funcionamiento del área”, indica la concejala de Urbanismo Marta García-Romeu, que lleva dos años en el cargo y declina valorar los polémicos nombramientos de 2008.


* El País - JOAQUÍN GIL - 17.11.13
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais



.................................... Leer más...

Privatizados 298 pisos de alquiler social en Barcelona por 11 millones

La empresa pública de vivienda de Barcelona, Regesa, debido a su pésima situación económica se deshace de 300 pisos de alquiler social pasando ahora la gestión a un fondo privado. Parece dudoso que esto se pueda hacer sin más, ya que es una pérdida de patrimonio público en un sector muy necesitado de intervención por la administración, que podría controlar eficazmente la especulación inmobiliaria que desarrolla siempre el sector privado. Además puede ser un primer paso para privatizar el resto de viviendas que posee la empresa pública, lo cual significaría otro desastre mayor en la gestión del Ayuntamiento barcelonés.
"ELPAÍS* : El Consejo Comarcal del Barcelonès privatizó el pasado mes de agosto la gestión de 298 viviendas de alquiler social de la capital catalana. Colón Viviendas, un fondo de inversión propiedad de la gestora Azora, pagó 11,4 millones de euros por las viviendas de protección oficial distribuidas en cuatro bloques de Sant Andreu, Les Corts y dos de Nou Barris. Todos los inmuebles tienen inquilinos con contratos en vigor.

Regesa, la empresa pública de promoción de vivienda social del Barcelonès que hasta ahora gestionaba las viviendas, desvinculó esta operación de su delicada situación financiera, que sí le obligó a desprenderse de otros 391 pisos en 2010 también a favor de Azora. El director general de Regesa, Jaume Vendrell, aseguró que la privatización es el resultado de la extinción de la Fundación Pisos de Alquiler, entidad privada pero vinculada a Regesa, que gestionaba las 300 viviendas. Según explicó, la fundación no podía pagar una promoción de alquiler que está construyendo en el Raval a causa de la denegación de un crédito por parte del ICO, por lo que precisaba liquidez para acabar los pisos. Cuando acabe la construcción de las viviendas del Raval, la fundación se extinguirá.

Colón Viviendas no podrá modificar los precios sociales de los alquileres hasta que expiren los contratos de alquiler vigentes. Los cuatro bloques deben destinarse a alquiler social durante 25 años. Los derechos de superficie de los edificios que ha adquirido, en cambio, tienen una duración de 75 años, tras los cuales la propietaria deberá devolver los pisos al Ayuntamiento de Barcelona.

Después de estas privatizaciones, Regesa se queda con un parque de 200 viviendas de protección oficial. Vendrell negó que existiera la intención de vender más activos sociales y que antes de su venta a una compañía privada, los pisos fueron ofrecidos al Ayuntamiento de Barcelona, que las rechazó. “Hace tres años había necesidades de tesorería y se privatizaron 400 viviendas, hoy estamos cumpliendo con el plan de viabilidad y no se privatizará nada”, aseguró Vendrell. El plan de viabilidad, tutelado por Deloitte y que concluye en 2014, ha obligado a la empresa a desprenderse de 12 solares y aplicar rebajas salariales. Vendrell admitió que Regesa “no tiene un buen horizonte” debido al fin de las subvenciones para la promoción de alquiler social por parte del Gobierno central y aseguró que, en el peor de los casos, recomendaría ceder la gestión de las viviendas de Regesa a la entidad municipal de vivienda de Barcelona, tal y como sucedió con los pisos de Regesa en Torre Baró, cedidos al Consistorio por su baja ocupación.

Por su parte, la asociación que denunció esta privatización, 500u20, señala que, tras esta operación, las viviendas sociales del Consell Comarcal se quedan “en cuadro” y temen que Regesa se privatice totalmente. Azora compró, junto a Goldman Sachs, los 3.000 pisos del plan de vivienda joven de la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros en agosto pasado. La Generalitat también analiza la posible venta de sus 14.000 viviendas de protección oficial.


* El País - ORIOL SOLÉ ALTIMIRA - 28.11.13
Foto: Barcelona, protesta en Nou Barris (archivo) - elperiodico.com



.................................... Leer más...