Los vecinos en el caso PGOU de Valladolid piden imputar al alcalde

La ciudad de Valladolid sigue inmersa en una tiranía urbanística sin precedentes, debida al equipo de gobierno formado alrededor del inefable alcalde 'popular' De la Riva. El escandaloso 'cambiazo' del Plan General ocurrido en 2003 todavía colea (cambiaron los documentos urbanísticos una vez aprobados). La 1ª sentencia judicial no llegó a imputar, sorprendentemente, al alcalde ni a varios colaboradores suyos en el tema. Ahora la acusación particular de los vecinos vuelve a insistir en la revisión del caso, ya que ve motivos sobrados de la delictiva actuación municipal de numerosos personajes cercanos al alcalde. Habrá que ver si son aceptados también por la Audiencia.
"EUROPAPRESS* : La acusación popular en el caso de irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU), ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ha solicitado en su recurso de apelación contra el auto del juez instructor no sólo la imputación del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y del concejal Manuel Sánchez, junto con la del empresario Ramón Herrero Merino, de Área Especial S.L, sino también la declaración como imputadas de otra docena de personas.

Si en su inicial recurso de reforma--desestimado por el Juzgado de Instrucción 1--el letrado de este colectivo, Carlos Castro, tan sólo pedía la imputación del primer edil, en el de apelación ante la Audiencia Provincial--lo tendrá que resolver la Sección Segunda que preside Feliciano Trebolle--coincide con la Fiscalía al solicitar que sean imputados los tres citados y, a mayores, plantea que el juez instructor tome declaración como imputados a otros doce, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Entre estos figuran directivos de la Fundación Emilio Álvarez, en relación con la operación urbanística en la calle José María Lacort, y propietarios de terrenos en Arcal Real 54 y la Avenida de Madrid, con motivo de las distintas irregularidades que son objeto de la presente causa.
La particularidad de esta última petición es que si la Audiencia Vallisoletana estimara el recurso sería preciso que el juez instructor, José María Crespo, tomara declaración como imputadas a estas doce personas, algunas de las cuales han prestado testimonio hasta la fecha como testigos mientras que otras ni siquiera han sido interrogadas en sede judicial.

Lo que sí ha hecho ya el juez instructor es dar traslado de los autos originales de la causa, en total 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones, a la Audiencia de Valladolid junto con los catorce recursos de apelación interpuestos contra su auto de fecha 31 de julio para que sea dicho tribunal el encargado de resolver las distintas cuestiones planteadas, algo que, según las mismas fuentes, no se producirá hasta bien entrado el año 2014.
En aquel auto de imputación, que ha mantenido invariable hasta la fecha, el juez excluyó al alcalde de Valladolid y en cambio dirigió la causa contra doce personas físicas y cuatro empresas.
En concreto, responsabilizó de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.
Junto a ellos, figuraban también como imputadas cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot.

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.
Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.


* Te Interesa - EP - 26.11.13
Foto: Valladolid, alcalde - EP



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Condenado el exalcalde de Gerb (Lleida) a pagar 6.000 euros por dar licencias sin competencia

Esto ya es el colmo. La Audiencia de Lleida condena a un alcalde pedáneo a una multa insignificante, tras conceder ilegalmente 13 licencias de obra (trece). Pero es que, además, no tenía competencias para ello y él lo sabía. Es decir fraude tras fraude, ilegalidad urbanística tras ilegalidad. Peor imposible. Sin conocer exactamente las causas de esta lamentable y débil condena, lo único que viene a hacer es dar más alas a la corrupción urbanística y a que sigan proliferando casos parecidos en todo el país. De nuevo la justicia actúa injustamente ante delitos insultantes contra la Ordenación Territorial.
"20MINUTOS* : La Audiencia de Lleida ha condenado al exalcalde de la entidad municipal descentralizada (EMD) de Gerb (Noguera), Jacint Tribó, a la pena de multa de 20 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros —6.000 euros en total— e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de 9 años por otorgar licencias de obras sin tener competencias entre 2004 y 2006.

La sentencia considera probado que Tribó, que fue alcalde pedáneo de Gerb entre 1987 y 2007 en su condición de presidente de la EMD de Gerb, otorgó trece licencias de obras a diferentes compradores de terrenos, algunos de los cuales los habían adquirido en su día de las sociedades Promocions Gerb 1998 S.L. y Promocions Gerb 2000 S.L., según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. 


Según la sentencia, el acusado concedió tales licencias ya directamente, tras la solicitud efectuada por los diferentes constructores, o bien tras la denegación por parte del Ayuntamiento de Os de Balaguer, pero en todo caso conociendo que no tenía potestad para ello y que no existía ninguna competencia legal o delegada para esta función. 

La sentencia señala que en el proceso, Ignasi Cortés Giné, quien desempeñó el cargo de alcalde de Os de Balaguer entre los años 1999 a 2012, manifestó que en ningún momento, ni por parte del Ayuntamiento de Os de Balaguer ni por él mismo, se delegó competencia a atribución alguna en materia de urbanismo a favor ni de la EMD de Gerb ni tampoco a favor de su presidente. 

Los magistrados absuelven a Tribó de los delitos de estafa y de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos por los que estaba acusado y también absuelven al Ayuntamiento de Os de Balaguer y a la entidad municipal descentralizada de Gerb.


* 20 Minutos - EP - 26.11.13
Foto: Gerb (Noguera-Lleida), vista - turismo

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