Santa Cruz.- La fiscal concluye que Urbanismo inició el ´mamotreto´ sabiendo que era ilegal

El asunto de la corrupción urbanística en la playa de las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife sigue adelante con una lentitud judicial pasmosa. Ahora se está tratando solamente el edificio del 'mamotreto', construido ilegalmente en plena playa y con el visto bueno de todas las autoridades (in)competentes municipales y autonómicas. Tras siete años (siete) de investigación judicial, la fiscal llega a la conclusión que el ayuntamiento del alcalde M.Zerolo (hoy senador CC) sabía que era ilegal. Se ha cubierto de gloria, sin duda.
"LAOPINIÓN* : La Fiscalía mantuvo ayer su petición de condena por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio contra los siete imputados del caso mamotreto, los exconcejales de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia, Luz Reverón (ahora en el PP) y José Domingo Pastor, y los funcionarios municipales Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Lo hizo en la última jornada del juicio por uno de los litigios en torno a Las Teresitas y que se refiere al edificio de aparcamientos y locales comerciales que se construyó en la entrada de la playa. Además, solicitó a la jueza, Beatriz Méndez, que la condena abarque el pago de la demolición de este edificio inacabado. Para la Fiscalía ha quedado claro que el Consistorio construyó el edificio sabiendo que era ilegal.

Tras escuchar al último testigo y después de cuatro jornadas de juicio, la fiscal, Inmaculada Violán, ratificó su solicitud de tres años de cárcel para los exediles Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor y para la empleada pública Loreto Ariz, y de dos años de prisión para la exconcejal Luz Reverón y los técnicos Candelaria Benítez y Epifanio Gómez, por "haber llevado a cabo un plan preconcebido dirigido a la aprobación de un proyecto sí o sí con el objetivo de que las obras se ejecutaran cuanto antes, aunque incumpliera la normativa urbanística y la ley de ordenación del territorio y con una simplicidad que se excede de lo que podría considerarse una mala praxis".

Además, y al considerar la fiscal que la construcción es "completamente ilegal", solicitó a la juez que también se incluya en la condena la demolición del mamotreto para que su coste sea asumido por los imputados, ya que este edificio, según la Fiscalía, tendría que haberse derribado desde 2008, cuando se paralizaron las obras porque Costas advirtió de la irregularidad del mismo. Asimismo, la fiscal pidió siete años de inhabilitación para los siete acusados e incorporó en su escrito de acusación la pena por prevaricación administrativa genérica.
Los letrados de la defensa coincidieron en solicitar la absolución de los acusados. Las conclusiones de estos, sobre todo del abogado de Manuel Parejo, Eduardo García, se centraron fundamentalmente en dejar claro que la responsabilidad de lo ocurrido era de otros. Los letrados de los funcionarios insistieron en que son los políticos los que toman las decisiones, y los de los responsables políticos, en que son los técnicos los que informan favorablemente o no sobre un expediente. El abogado de Parejo, además, dio nombres concretos, queriendo dejar claro que los responsables de este expediente del mamotreto fueron el gerente de Urbanismo, el técnico Víctor Reyes y el concejal de Obras, Norberto Plasencia, también imputado en este caso. El juicio quedó visto para sentencia, la cual, según los abogados de los acusados, se conocerá en uno o dos meses.

Durante la última jornada del juicio, la fiscal destacó el contexto en el que el Ayuntamiento "decidió iniciar unas obras en contra de la normativa", refiriéndose al procedimiento contencioso administrativo que en aquel entonces estaba en curso en relación a la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas. "Y ambas cosas están muy ligadas porque se estaba hablando de la disponibilidad de dichos terrenos. Cuando el Consistorio inicia las primeras acciones para aprobar el proyecto del edificio de aparcamientos y locales comerciales aún no existía la sentencia firme sobre la disponibilidad de las parcelas, algo indispensable porque esto implicaría la suscripción o no del convenio con Costas", indicó Inmaculada Violán.

La fiscal indicó que el exconcejal Manuel Parejo aseguró a la Dirección General de Costas que el Ayuntamiento contaba con la disponibilidad de los terrenos a pesar de que había pendiente un recurso que, además, finalmente todo el procedimiento acabó con una sentencia del Tribunal Supremo anulando la operación de compra de los terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento en 2001.

El Ministerio Público aseguró que ha quedado claro, según las declaraciones de los testigos y la prueba pericial, que la construcción del mamotreto era un proyecto inviable, que incumplía la normativa urbanística, que invadía la servidumbre de protección y de tránsito y el dominio público marítimo terrestre, que no contaba con autorizaciones y que incluía unos usos incompatibles con la ocupación del dominio público refiriéndose a los locales comerciales, y que todo esto lo sabían los acusados. "Y a pesar de todo, se inició y ha costado a Santa Cruz más de 10 millones de euros", concluyó la fiscal.


* La Opinión Tenerife - Eloísa Reverón - 30.11.2013
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto aparcamiento - laopinión.es

.................................... Leer más...

Galicia.- Operación Pokemon: la juez acusa de corrupción a tres alcaldes y cinco exalcaldes

La importante 'operación Pokemon' sobre contratos municipales ilegales abarca ya a toda Galicia y sus principales ayuntamientos. El caso lleva bajo secreto de sumario 14 meses (catorce) y no se ve el final a la acción judicial que trata sobre irregularidades urbanísticas cometidas hace años. La mayoría de los 88 imputados son del PP y del PSOE pero hay más siglas, incluso de fuera de la comunidad gallega. El ayuntamiento más afectado es el de la capital, Santiago, pero hay numerosos gobiernos de poblaciones imputados por corrupción en la contratación de obras y servicios. Parece así que este grave asunto va para largo.
"ELPAÍS* : La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga el llamado caso Pokémon, por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales, ha ratificado las acusaciones contra tres alcaldes, los de Santiago, Lugo y O Carballiño (Ourense) y cinco exalcaldes, así como contra tres concejales de la capital de Galicia, un exedil de ese Ayuntamiento y otro antiguo miembro de la Corporación de Lugo. La mayoría de los delitos que investiga la juez, centrados en Galicia, aunque con ramificaciones en Asturias y Cataluña, salpica a cargos públicos de PP y PSOE, pero también están imputados un exalcalde de CiU y un antiguo concejal del BNG.

La juez además sospecha que los dos principales partidos de Santiago -el Ayuntamiento con más imputados- pudieron haberse financiado ilegalmente.

La confirmación de los cargos en un caso que lleva 14 meses bajo secreto de sumario y acumula 88 imputados está recogida en un auto dictado por la juez para dividir la laberíntica instrucción de las diligencias entre nueve piezas. De Lara basa sus acusaciones en los datos obtenidos de intervenciones telefónicas, registros en oficinas públicas y domicilios privados, análisis de expedientes oficiales y las declaraciones prestadas a lo largo de la instrucción.

La magistrada advierte que su escrito no equivale a la “imputación formal” previa a la celebración del juicio, ya que su propósito es reorganizar el sumario para facilitar la investigación, pero reitera las sospechas contra todos los cargos públicos citados y contra los máximos responsables de la empresa Vendex, concesionaria de diversos servicios en ayuntamientos gallegos, y de Aquagest, que gestiona el abastecimiento de aguas en Santiago y Ourense. Entre los imputados también hay diversos funcionarios municipales, como el antiguo jefe de la policía local ourensana Abelardo Ulloa.

En la mayor parte de los casos la juez no individualiza sus acusaciones, pero los posibles delitos descubiertos en su investigación abarcan la mitad del Código Penal: cohecho, falsedad documental, malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos electorales… Los tres alcaldes imputados son dos del PP, los de Santiago, Ángel Currás, y O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes, y otro socialista, el de Lugo, Xosé López Orozco.

Además la juez mantiene las acusaciones contra tres exregidores que dimitieron de sus cargos por este caso, el socialista Francisco Rodríguez (Ourense), el popular Adolfo Gacio (de la localidad coruñesa de Boqueixón) y el convergente Robert Fauria (del pueblo gerundense de Sant Hilari). Al mismo tiempo, están encausados los que fueron alcaldes por el PP de Santiago, Gerardo Conde Roa -dimitió antes de conocerse estos hechos tras descubrirse que defraudó 290.000 euros a Hacienda- y de Pravia (Asturias), Juan Carlos Guerrero, aunque este último en relación con hechos cometidos en el municipio de Cangas de Narcea. Por las ramificaciones asturianas del caso figura entre los imputados el que fuera vicesecretario del PP en el Principado Joaquín Fernández Díaz.

De entre los antiguos concejales el que acumula más cargos es el socialista Francisco Fernández Liñares, el que fuera mano derecha del alcalde de Lugo. A Liñares se le acusa de manejos corruptos en la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Lugo, cuando era edil, y en los contratos que repartió desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de la que fue presidente con posterioridad. Es precisamente la concesión del servicio de grúa y otros contratos al grupo Vendex lo que mantiene las imputaciones contra el alcalde de Lugo, que está incluido en dos de las piezas separadas por la juez.

Pero sin duda el Ayuntamiento más sacudido por el sumario es el de Santiago. Los supuestos amaños de contratos a cambio de favores a las empresas del grupo Vendex y a Aquagest colocan bajo sospecha de la juez al actual alcalde, su antecesor, dos concejales del grupo de gobierno del PP, otro exedil popular que dimitió por este caso y además al concejal socialista Bernardino Rama. Este último fue secretario local del PSdeG y hombre fuerte del gobierno que dirigió hasta 2011 el alcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo.

Pero además la juez sospecha que los dos principales partidos de Santiago se financiaron de forma ilegal. En el caso de los socialistas, la juez apunta a que la imprenta La Ibérica de la capital de Galicia, “en connivencia con otras empresas, entre ellas, Aquagest”, “habría elaborado” para el PSOE local “facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podría constituir un delito de falsedad documental, y delito electoral”. En el caso del PP, la juez investiga “posible irregularidades” en su financiación “mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento”.

En la capital de Galicia, De Lara sospecha de actuaciones corruptas relacionadas con la adjudicación de los contratos de gestión de las multas de tráfico y de suministro de autobuses urbanos. La magistrada indaga posibles tratos de favor a empresas a cambio de regalos, viajes, el pago de actos del Ayuntamiento o la contratación de trabajadores enchufados.


* El País - XOSÉ HERMIDA - 26.11.13
Foto: Santiago de Compostela, ayuntamiento - turismo

.................................... Leer más...