Fiscalía pide cárcel para 43 acusados de integrar la trama de corrupción urbanística en La Muela

La Muela es un municipio a 23 kilómetros de Zaragoza que cuenta con unos 5.000 habitantes. Allí se han construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad y un gran polígono industrial. Pero la mayor parte de las obras las realizó la promotora Aranade, a cuyo frente estaba el inductor de la trama de corrupción urbanística que permitió a la exalcaldesa Pinilla (PAR) conseguir en unos años más de 3 millones de beneficios privados ilícitos. Ahora la Ficalía pide 37 años de cárcel para ella en este asunto que fue famoso al ocupar la policía el Ayuntamiento hace casi 5 años. Ya se verá cuando llegue la sentencia.
"ELPERIÓDICO* : Un siglo y medio de cárcel, tres y medio de inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, multas que rondan los cien millones de euros e indemnizaciones por más de once a falta de valorar los perjuicios que sufrió el Ayuntamiento de La Muela con los manejos urbanísticos de la época en la que Mariví Pinilla ocupó la alcaldía. Ese es el resumen, con trazo grueso, del minucioso escrito de acusación en el que la fiscal V.Esponera describe la mayor presunta trama de corrupción nunca investigada en Aragón --a expensas del resultado global de los casos Plaza-- y solicita condenas para los 43 imputados que finalmente se sentarán en el banquillo.

El escrito desgrana, agrupándolos en siete bloques, un memorial de episodios entre los que destaca la relación de la alcaldesa con el empresario Julián de Miguel, quien desde Aranade pilotó el desarrolló urbanístico del municipio con unos resultados que, según el ministerio público, le permitieron darle a la primera y su familia, "bien en metálico, bien mediante el pago de gastos", hasta 2,89 millones de euros en veinte años.

Ambos, que se encuentran en libertad provisional bajo fianza --ella de 800.000 euros y él de 120.000--, afrontan las principales peticiones de condena por parte del ministerio público: 37 años de prisión, 170 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y multas por valor de 22.944.200 euros para ella; 26 años de cárcel, 15 de inhabilitación para puestos en la administración, otros doce para gestionar empresas y una sanción económica de 19,6 millones para él.

La familia Embarba-Pinilla irá al completo al banquillo. Juan Antonio, el exmarido de la exalcaldesa, se enfrenta a una petición de prisión de once años y medio a la que se suman multas por valor de nueve millones y medio de euros. Sus tres hijos, Antonio, Víctor y Jorge, afrontan solicitudes de tres y cuatro años de cárcel y multas de, respectivamente, 300.000, 600.000 y un millón de euros. Junto a ellos se sentará su tía Dolores --dos años y 200.000 euros--.

De Miguel también ha arrastrado con él hasta el banquillo a sus hijos David y Julio, para quienes el ministerio público solicita sendas penas de dos años y medio de prisión y 480.000 euros de multa.

FRAUDE. Carmelo Aured, preso en Zuera para cumplir una condena firme por fraude fiscal y pendiente de juicio en el caso Becerril, se enfrenta a una petición de veinte años y tres meses de prisión, uno de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de multas por más de nueve millones de euros. El grueso de las peticiones está basado en presuntos fraudes tributarios con los que, presuntamente, escamotearon a Hacienda más de cuatro millones y medio.

A Aured le acompañarán en el banquillo algunos de sus colaboradores, como el testaferro Miguel Ángel Horta --le piden tres años-- o el asesor económico José Antonio Puyadas Embid --más de doce años y multas por 4,7 millones--, y varios empresarios que participaron en operaciones en las que el ministerio público aprecia indicios de delito.

El banquillo de la operación Molinos tendrá 43 ocupantes, trece de los cuales podrían eludir el ingreso en prisión aunque la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza --celebrará el juicio en aplicación del turno especial para asuntos de corrupción-- les impusiera las penas que solicita para ellos la Fiscalía. Si bien, en caso de condena, el pago de cuantiosas multas y/o indemnizaciones sería un requisito previo para poder eludir la cárcel.

En este grupo están María Jesús Velilla, intermediaria en el pelotazo del SR-1 y para quien las multas por 2,7 millones contrapesan la solicitud de dos años de cárcel; su hijo Antonio Royo, exescolta del exconsejero de la DGA Alfredo Boné --2,4 millones y seis meses-- y que se interesó por un expediente en el Pignatelli, o el excargo de Urbanismo Carlos Martín Rafecas --seis meses y 486.000 euros--. Fiscalía acusa a dos exconcejales --Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo--, al secretario Luis Ruiz y al arquitecto Francisco Núñez.


* El Periódico Aragón - BAYONA / IBÁÑEZ / MANTECÓN 21/12/2013
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org



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Otros megaproyectos que iban de farol: Gran Scala y el Reino de D.Quijote

A propósito del 'afortunado' fracaso de Eurovegas, la megaciudad de los casinos en Alcorcón (Madrid), son diversos los grandes proyectos estrella que cayeron también hace pocos años en este país de la corrupción y los pelotazos urbanísticos. Siempre con una financiación sospechosa y el apoyo 'indiscriminado' de las administraciones implicadas y ciertos medios de comunicación, tras los faraónicos proyectos de las ciudades del ocio que pretendían crearse en zonas apartadas, se encontraban las trampas urbanísticas y la absoluta falta de estudios serios sobre el impacto en el Territorio. Aquí traemos los planes para abrir dos grandes templos del juego en Los Monegros y en Ciudad Real que, también afortunadamente, nunca se desarrollaron.
"ELPAÍS* : Se anunciaron en su día a bombo y platillo. Iban a ser grandes complejos de ocio y juego que activarían la vida económica de zonas desérticas o poco pobladas de España. Pero, como ha pasado con Eurovegas, tanto el proyecto Gran Scala en Los Monegros (Aragón) como el Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, acabaron en fiasco: proyectos fantasma que murieron antes de nacer.

Gran Scala era el rimbombante nombre del parque de ocio y juego que iba a albergar la localidad de Ontiñena (Huesca), con 650 habitantes, en la zona desértica de Los Monegros. International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, prometía en 2007 la construcción de 32 casinos, parques temáticos, hoteles con capacidad para 25.000 clientes, 250 tiendas... Preveía destinar 17.000 millones y crear 65.000 puestos de trabajo.

Desde un primer momento, Gran Scala contó con el apoyo de las instituciones de Aragón, empezando por Marcelino Iglesias, entonces presidente de la región, hasta el líder del partido que le había dado el Gobierno, José Ángel Biel (Par), principal impulsor del proyecto. Para contentar a los promotores, el Parlamento aragonés aprobó la Ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad, según la cual, un consorcio, en forma de Consejo de Administración, pasaba a gobernar los destinos de las localidades afectadas por el proyecto.

ILD firmó las opciones de compra y pagó a los propietarios entre el 4% y el 10% del valor de las parcelas. Pero el proyecto naufragó definitivamente en febrero de 2012 al no ejercerse la opción de compra que los promotores tenían sobre los terrenos sobre los que iba a desarrollarse.

El Reino de Don Quijote fue presentado en 2005. La compañía estadounidense Harrah’s Entertainment elegía Ciudad Real para su primer casino en Europa, que se iba a convertir en una auténtica Las Vegas europea. En torno al casino se alzaba un complejo que contaría con un hotel de cinco estrellas y 812 habitaciones, un centro de convenciones para 2.000 personas, un teatro con 3.000 localidades, un spa de 7.500 metros cuadrados y 9.000 viviendas. Se habló de inversiones de 6.500 millones de euros en 15 años, 7.000 empleos directos en Ciudad Real y 11.000 indirectos en el resto de Castilla-La Mancha.

La situación empezó a complicarse con el estallido de la crisis económica en 2008. Ese mismo año, sin que se hubiera puesto ni una piedra del supuesto macrocomplejo de ocio, Harrah’s Entertainment anunció que suspendía toda su inversión por la falta de financiación. Ese fue el inicio de una serie de problemas y, en diciembre de 2011, la sociedad Reino de Don Quijote entraba en concurso de acreedores. Su presidente, Sergio Álvarez, admitió en ese momento que la compañía tenía “falta de liquidez total”, pero que solicitaba el concurso con el ánimo de revitalizar el proyecto.

Queda por ver qué pasa con el único proyecto que sigue en pie: el macroresort de turismo, juego y negocios BCN World, vendido en su día en Cataluña como respuesta al no de Eurovegas. Existen dudas sobre su viabilidad, aunque en una entrevista reciente su presidente, Xavier Adserà, aseguraba que las inversiones para la primera fase están aseguradas y las obras podrían arrancar en el primer semestre de 2014.


* El País - 13.12.13
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala



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