Unos 80.000 vecinos de Madrid siguen a la espera de reformas prometidas en sus barrios

Otra ciudad que tampoco destaca por un urbanismo solidario y sostenible es la de Madrid, como es fácil de comprobar a poco que se mire en la periferia. Más de 80.000 vecinos de una decena de barrios padecen un abandono administrativo que les condena a padecer malas condiciones de habitabilidad en sus viviendas, entornos degradados y a convivir con la marginalidad. Así lo han denunciado los propios vecinos de la FRAVM y lo corroboran algunos profesionales. Probablemente ante las nuevas elecciones municipales habrá promesas de todo tipo, pero hay que constatar que esto ya ha ocurrido más veces y las promesas se quedan en humo año tras año, al tener poco interés los sucesivos gobiernos municipales en resolver estas cuestiones solidarias.
"ÁNGEL CALLEJA* : "El centro es un escaparate. El Ayuntamiento se preocupa de que esté arreglado, pero cuando vas a la periferia te encuentras los barrios abandonados, las infraviviendas y las chabolas". Para Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la ciudad "cohesionada" que Ana Botella vende no existe.

Según el recuento de la FRAVM, más de 80.000 vecinos de una decena de barrios padecen un abandono administrativo que les condena a padecer malas condiciones de habitabilidad en sus viviendas, entornos degradados y a convivir con la marginalidad.

En unos casos, los planes urbanísticos municipales para rehabilitar sus barrios se quedaron a medias, como ocurre en el Paseo de la Dirección o el antiguo Poblado Dirigido de Canillas. En el Barrio del Aeropuerto o la colonia Los Olivos apenas se ha pasado del papeleo.

A estos hay que unirles los núcleos que esperan que la administración regional responda a las promesas que les hizo en los tiempos de bonanza económica, como es el caso de la Colonia Experimental de Villaverde, la UVA de Hortaleza o la Cañada Real. "Además, la Comunidad adeuda las ayudas a la rehabilitación o la instalación de ascensores a miles de personas en Meseta de Orcasitas (Usera), San Agustín (Vallecas), San Ignacio de Loyola y Batán (Latina) o la Ciudad de los Ángeles (Villaverde)", añade Pérez. Aunque la mayoría de los casos se corresponden con alguna de las 145 "áreas vulnerables" a la exclusión social y económica identificados por el propio Ayuntamiento, la respuesta a las demandas es casi siempre la misma: en este momento, no hay dinero. Ahora bien, 48 millones del remanente de tesorería obtenido este año fueron a parar a obras en bibliotecas, centros municipales, calles o parques degradados.

"Ahora vienen las elecciones y oiremos promesas, por eso soy optimista en que las cosas van a salir adelante. Lo peor es que nos han mentido, ya no pueden hacernos más daño", se resigna Luis Romero, arquitecto y presidente de la asociación de propietarios del Paseo de la Dirección.

Barrios a la espera

Paseo de la Dirección (Tetuán) > 800 afectados directos y 10.000 vecinos en el entorno. Un paseo de dos kilómetros que bordea el Parque Rodríguez Sahagún. Su rehabilitación lleva prevista desde antes de los años 80. Gallardón adjudicó a la constructora Dragados (que cobraría mediante aprovechamientos urbanísticos) un plan para expropiar a familias que vivían en casas y edificios bajos, pero esta solo ha ejecutado un 20% debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ana Botella ha desbloqueado las obras otorgando a la empresa el 90% de la edificabilidad de la zona a cambio de que construya un segundo edificio de realojo y acabe el ámbito, pero parte de las antiguas viviendas han sido ocupadas ilegalmente. El nuevo proyecto, que se iniciará "en unos días", según el Ayuntamiento, prevé 500 viviendas libres y 1.500 protegidas o de precio limitado, pero los vecinos ya no se fían.

UVA de Hortaleza (Hortaleza) > Esta Unidad Vecinal de Absorción se construyó en 1963 para acoger a los desalojados de los poblados de Ventas y La Elipa, que obstaculizaban la construcción de la M-30. El proyecto que en el pasado recibió un premio arquitectónico como "solución humana" al chabolismo es hoy una explanada de infraviviendas que convive junto a edificios nuevos. La Comunidad de Madrid prometió en 1994 que las derribaría y que entregaría casas nuevas a casi 1.200 personas, de las que solo la mitad han visto cumplido su sueño.

Colonia Experimental (Villaverde) > 200 implicados. Data de 1957, cuando la Obra Sindical del Hogar Franquista construyó 408 viviendas en 28 bloques. El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) condenó en junio de 2005 al Instituto de la Vivienda a arreglar las deficiencias de seis de ellos, pero el Ejecutivo regional alega que carece de presupuesto y solo ha reformado uno de ellos. Los residentes padecen problemas de cimentación, de alcantarillado, basuras...

Barrio del Aeropuerto (Barajas) > 1.200 personas. Se levantó en los 60 para alojar a los peones y trabajadores del Aeropuerto de Barajas. Hoy está cercado por las carreteras M-14 y la A-2. En 2007, Gallardón se comprometió con los vecinos a sustituir 34 bloques con 567 viviendas por casas nuevas, equipamientos públicos, zonas verdes e instalaciones deportivas, pero nunca lo cumplió. Ahora espera que los vecinos paguen parte de los arreglos.

Colonia Los Olivos (Latina) > Unos 300 implicados directos y más de 4.000 indirectos. "El Ayuntamiento ha dado el primer paso para transformar la colonia", reza la nota de prensa del 6 de octubre de 2005. Urbanismo reconoce que las 329 viviendas que en su origen fueron "albergues para pobres" no cumplen los requisitos mínimos. Muchas de ellas han sido reocupadas pese a haberse tapiado por seguridad. La zona es conocida por las peleas y el menudeo de drogas. PSOE, IU y UPyD han denunciado la dejación municipal.

Poblado de Canillas (Hortaleza) > Del antiguo poblado de absorción donde obreros de la construcción, traperos y agricultores que abandonaban el campo convivían con militares y funcionarios solo queda un puñado de casas bajas. La última fase de realojos, que afecta a 63 familias y casi 200 personas, se encuentra paralizada desde 2010. Otros vecinos llevan más de 10 años disfrutando de sus nuevos pisos.

San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) > A pesar de que una parte del barrio se ha beneficiado de importantes trabajos de rehabilitación, los residentes continúan esperando un empujón estético y económico al resto del entorno, que comprende casi 8.000 viviendas de unos 18.000 vecinos. Actualmente es una de las zonas más baratas para encontrar piso en Madrid debido a su degradación.

Villaverde Bajo (Villaverde) > Comprende el sur del barrio de Los Rosales y el norte de Butarque donde viven unas 36.000 personas. La tipología de edificios de no más de tres alturas a los largo de calles estrechas en el entorno de las vías del Cercanías hace difícil el tratamiento de los espacios urbanos.

Cañada Real > Esperanza Aguirre anunció en marzo de 2009 que acabaría con la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal del sur de Europa, donde viven más de 8.000 personas, y que realojaría a todos los que tuvieran derecho, bien sobre el terreno, bien en pisos sociales. Casi cinco años después no se ha movido ni una piedra. En enero, los vecinos de este enclave que se extiende por Madrid, Coslada y Rivas tienen previsto iniciar acciones de protesta.


* 20 Minutos - AC - 29.12.14
Foto: Casas bajas, desalojadas primero y reocupadas después, en el Paseo de la Dirección (barrio Tetúan) - Jorge París

.................................... Leer más...

Un juez investiga a la 'número 3' de Alicante por prevaricación urbanística

Habría qué preguntarse cómo los ciudadanos han permitido que la ciudad de Alicante sea un feudo de la mafia urbanística más dura del partido popular, con el perjuicio que eso ha generado para el municipio. Tras los años salvajes del imputado alcalde Alperi y la vergonzosa continuación de su discípula dimitida Castedo, la trama delictiva sigue con los imputados números dos y tres de la lista de alcaldables, A.Llorens y MG.Romeu. Esta última, como edil de Urbanismo, hizo caso omiso de la sentencia judicial del TSJCV al validar unos proyectos que habían sido rechazados por exceso de edificabilidad en 2006 en la playa de S.Juan.
"ELMUNDO* : Las denuncias instaladas en los juzgados golpean con fuerza contra la cúpula del Ayuntamiento de Alicante. Si el vicealcalde Andrés Llorens tiene un pie en el banquillo, ahora es la concejal de Urbanismo y número tres del Consistorio, Marta García Romeu, la que está en una situación judicial muy comprometida. Un juez de Alicante ha admitido a trámite una querella en su contra por prevaricación urbanística al considerar que hay indicios suficientes para investigar un asunto que pivota sobre unas obras sin licencia.

Estas pesquisas pueden situar a la edil al borde de la imputación.

En concreto, el magistrado investiga por qué Marta García Romeu firmó dos decretos en 2013 que validaban unos trabajos que el propio Ayuntamiento de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) habían rechazado porque había exceso de edificabilidad. El asunto es un tanto técnico y obedece, a grandes rasgos, al restablecimiento de la legalidad urbanística. En el año 2006, los vecinos de un edificio de la Playa de San Juan denunciaron las obras en uno de sus bajos. Caprabo solicitó al Consistorio una licencia de obra para construir un supermercado. Pero el bloque, según la querella, ya tenía entonces exceso de edificabilidad. Por eso, se paralizó la ejecución de la licencia. Sin embargo, Caprabo, siempre según el escrito al que ha dado curso el juez, ya había demolido la infraestructura.

El Ayuntamiento alegó entonces que que el promotor no había solicitado el derribo y entonces Caprabo pidió esa licencia. Sin embargo, los técnicos municipales reiteraron que no procedía; que nada se podía hacer puesto que el edificio tenía exceso de edificabilidad y, por tanto, lo que planteaba la empresa quedaba fuera de ordenación.

Además, los técnicos solicitaban a la sociedad que restableciera la parcela para dejarla en buen estado. El promotor decidió entonces demandar al Ayuntamiento de Alicante. En ese momento, la comunidad de propietarios y el Consistorio iban de la mano, pues los vecinos lo apoyaban. Fue una primera victoria, pues el juzgado desestimó el recurso del empresario que, sin embargo, no se dio por vencido. Elevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia valenciano, cuyos magistrados confirmaron la decisión del juez alicantino.

Pese a todo, relata la querella, la empresa siguió con las obras y realizó una segunda planta, algo que motivó una nueva denuncia de los vecinos. El Consistorio emitió dos decretos en el año 2013 de paralización y demolición de los trabajos pero lo hizo respecto de esa segunda altura. Incomprensiblemente concluyó que la primera estaba respaldada por una licencia, cuando precisamente fue sobre esa planta baja sobre la que se pronunciaron los técnicos municipales, el juez de Alicante y el Alto Tribunal autonómico.

Ambos decretos de 2013 fueron redactados por un técnico y rubricados por Marta García Romeu. Los vecinos presentaron una querella contra el trabajador municipal y contra la edil de Urbanismo al considerar que habían incurrido en un delito de prevaricación urbanística.

El pasado 10 de noviembre y tras estudiar el escrito, el magistrado decidió abrir diligencias de investigación. Ya ha pedido al Ayuntamiento que remita los expedientes administrativos.


* El Mundo - Gema Peñalosa - 27.12.14
Foto: Alicante, ayuntamiento - alicante-ayto.es

.................................... Leer más...

La Laguna.- Sentencias contra Urbanismo se llevan el 32% de la inversión de Obras

Otro problema del Urbanismo actual es el pago que debe hacer frente a las sentencias judiciales condenatorias, algo ya demasiado frecuente en ciudades y pueblos del país. Esto supone para muchos municipios el no poder contar con recursos económicos para obras y servicios necesarios para la población. Dado que la justicia no dice nada de que los responsables delictivos político-empresariales paguen con su propio patrimonio los errores o fraudes cometidos, la deuda la terminan pagando, como siempre, todos los vecinos. Esto ocurre exageradamente en La Laguna (Tenerife) donde los responsables municipales de Coalición Canaria se han ido 'de rositas' una vez más.
"ELDÍA* : Casi uno de cada tres euros presupuestados para el próximo ejercicio 2015 de la Concejalía de Obras e Infraestructuras irán destinados para pagar tres antiguas sentencias judiciales impuestas contra la Gerencia de Urbanismo, un problema que lastra el desarrollo de las actividades y de trabajo del área que dirige Jonathan Domínguez.

De esta forma, el presupuesto para el área asciende a 8.695.648 euros, siendo el "castigo" de 2.782.525 euros (el 32%) para cubrir la ejecución de sentencias por expropiación de terrenos en la década anterior. Al final, Obras e Infraestructuras solo podrá disponer para sus proyectos de 5.913.123 euros.

Así está establecido en la documentación entregada a los medios de comunicación por parte del concejal de Hacienda del ayuntamiento de La Laguna, en el pleno del pasado lunes, en donde precisamente se debatieron las cuentas.

En este sentido, Domínguez señaló que se trata de sentencias de Urbanismo y que como Obras e Infraestructuras gestiona el Plan de Inversiones se cargan a este presupuesto, destacando que así son las cosas y que hay que cumplir las sentencias.

"Son sentencias de actuaciones de hace ya más de 10 o 12 años, pero no tenemos más remedio que cumplir. Se trata de terrenos vinculados a la Universidad de La Laguna (ULL) en él ámbito de Geneto-Los Baldíos y expropiaciones en San Lázaro, donde se construirá el local sociocultural, cuestiones que suman un total de 6.694.699 euros, creo recordar, y que empezamos a pagar este mismo año (1,2 millones)", aseguró.

Apuntó que "una de ellas está vinculada a la ULL, que en su momento pidió que se clasificaran terrenos para su uso en el anterior PGO, que se expropiaron y después no los gestionó, con lo que el ayuntamiento tras la denuncia de unos vecinos tuvo que asumir la carga".

"La otra está relacionada con un solar en San Lázaro que en un principio se creía que estaba expropiado y que al final no lo estaba, por lo que los vecinos denunciaron el caso en la época del exalcalde Elfidio Alonso. Al final la sentencia señaló que ese procedimiento expropiativo era ilegal", dijo.

El responsable de Obras lamentó que "al final son sentencias grandes que se están comiendo el presupuesto del área de Obras desde hace dos años".

Reconoció que es un gran problema para el área que el más del 30% del dinero no se pueda emplear, "pero hay una sentencia y tenemos que cumplirla".

¿Y por qué Obras e Infraestructuras tiene que asumir el pago de las sentencias? "Pues porque legalmente la Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo que lo que hace es gestionar temas urbanísticos, pero es el ayuntamiento como institución la que tiene que pagar la sentencia. Entonces el Plan de Inversiones lo gestiona Obras y por eso nos lo cargan en el presupuesto porque así está configurada la estructura presupuestaria", explicó Jonathan Domínguez con resignación.

Recordó, además, que desde su posición política ha insistido en que el área vea incrementado su presupuesto, pero existe el problema de la ley de topes de gasto de inversión a nivel estatal, por lo que no se pudo subir, aunque la intención del ayuntamiento era incrementar el presupuesto en el área de Obras para su plan de inversiones.


* El Día - 17.12.14
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com

.................................... Leer más...

Vecinos de Cabanas denuncian que perderán pisos “pagados legalmente”

El urbanismo coruñés sigue descontrolado en muchas zonas, como estamos viendo. Ahora es en Cabanas donde, según denuncian los vecinos, el Ayuntamiento permitió a la promotora Prominfer construir viviendas que "no cumplían las normas urbanísticas", lo cual implica el desalojo 'forzoso' previo al derribo de las ilegalidades cometidas. Lo increíble del fallo judicial, que es el desencadenante de la operación, es que el error fue municipal, no vecinal, y los responsables del ayuntamiento 'popular' no han sido penalizados por ello y tampoco facilitan ahora una solución a los afectados, que no han tenido culpa. Algo injusto a todas luces.
"ELPAÍS* : Vecinos de Cabanas (A Coruña) serán "desposeídos" el próximo 2 de enero de su vivienda en el edificio O Penso, que fue "comprada" y "pagada legalmente". Así lo ha denunciado, en un comunicado, el hijo de dos de los vecinos que se encuentran en esta situación, Rafael Pérez. Y es que, según ha relatado, el Ayuntamiento de Cabanas "permitió" construir viviendas que "no cumplían las normas urbanísticas".

De hecho, el hijo de los afectados recoge un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para argumentar esto último: "debemos anular y anulamos la licencia municipal otorgada para la misma por acuerdo de la Comisión de Gobierno del mentado Ayuntamiento, por no encontrarla ajustada al Ordenamiento jurídico, procediendo el derribo de las partes de tal construcción no amparables por la normativa urbanística".

Por ello, el Ayuntamiento ha notificado a los propietarios de los pisos cuarto y quinto, según ha precisado Rafael Pérez, que "desalojen" sus viviendas, pues serán "demolidos". "No les va a pagar ni la mudanza y el depósito de los muebles, ni el realojo", ha remarcado.

Por su parte, el Consistorio también ha notificado al resto de propietarios del primero, segundo y tercer piso que las obras serán iniciadas "con ellos en sus viviendas". "¿Es normal que se realice una demolición con gente viviendo en sus viviendas?", se pregunta Rafael Pérez.

Así las cosas, éste ha condenado que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanas y el constructor de Prominfer S.L. --que construyó la vivienda-- no hayan sido "penalizados" por la Justicia. Asimismo, sostiene que las "indemnizaciones por daños y perjuicios y por el valor de su vivienda" no serán "vistas" por algunos propietarios, pues la "mayoría" son "jubilados" y "de avanzada edad".


* El País - EP - 21.12.14
Foto: Cabanas (Coruña), vista - eltiempo

.................................... Leer más...

Castellón.- La Fiscalía denunciará la concesión de licencias del Castor por delito ambiental

Parece que algo se mueve dentro de las actuaciones fiscales para denunciar delitos ambientales, claro que para que eso suceda deben ocurrir auténticas catástrofes sociales, como la ocurrida frente a la costa de Vinaròs (Castellón). Las prospecciones gasísticas irresponsables causaron una actividad sísmica altamente peligrosa para el entorno costero y sus habitantes. Así el fiscal presentará una querella contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente, de Industria, y de la empresa Escal UGS (ACS). Aparentemente una acción judicial correcta, pero la doble cara es que se debe indemnizar a la empresa por el cese de la actividad, con lo que, una vez más serán los ciudadanos los paganos de una actividad delictiva de contenido público-privado. Lamentable.
"PÚBLICO* : La Fiscalía de Castellón denunciará los hechos "aparentemente delictivos" ocurridos en el entorno del almacén de gas Castor contra los organismos públicos que concedieron la autorización y contra la empresa Escal UGS por "prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente".

En septiembre de 2013, en el entorno del almacén de Gas, situado frente a las costas de Vinaròs, se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, cuatro de los cuales se situaron en torno a los 4 grados en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.

La Fiscalía acordó entonces incoar diligencias de investigación penal para esclarecer los múltiples terremotos.

Según han informado hoy fuentes de la Fiscalía de Castellón, en un comunicado, una vez finalizados los trámites que se han llevado a cabo en la citada investigación, la Fiscalía General del Estado ha dado el visto bueno y se va a proceder a interponer la denuncia ante los juzgados de Vinaròs.

La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto.

Asimismo, se presentará denuncia contra la mercantil Escal UGS, la empresa en la que es socio mayoriario ACS que construyó la planta y que la gestionaba hasta su cierre por los seísmos.

El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una "relación directa" entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

Desde el 13 de septiembre hasta finales de ese mes se produjeron cerca de 400 seísmos en el Golfo de Valencia, la mayoría de baja magnitud, en el entorno de la planta de extracción de gas. Esto generó gran intranquilidad en la población y el Ministerio de Industria ordenó paralizar la actividad de manera temporal hasta esclarecer la causa de los seísmos.

Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.

A principios de octubre de 2013 la Fiscalía de Castellón inició de oficio la investigación para tratar de averiguar si existían responsabilidades penales en los hechos. Ahoram, tras las investigaciones, el Ministerio Público ha decidido denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.

Compensación para la empresa

Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros aprobó en octubre pasado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.

El pago se hizo efectivo después de que el Gobierno intentara a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo, aunque el Alto Tribunal ratificó la validez de la misma.


* Público - Agencias - 23.12.14
Foto: La planta del proyecto de almacenamiento de gas Castor. REUTERS

.................................... Leer más...

La Unión.- Desastre en Portmán

La bahía de Portmán, situada junto a Cartagena-La Unión, es uno de los lugares más extraños de la costa española, como si se tratara de la visión de otro planeta de hace más de 50 años, todo ello efecto de la tremenda contaminación producida por los lavaderos de la floreciente industria minera que hubo aquí hace un tiempo. Cerradas las minas hace más de 20 años, el lugar costero ha permanecido abandonado, sin actuaciones de renovación y limpieza como sería de desear. A pesar de que ha habido algún proyecto urbanizador, ahora sería el momento adecuado para lograr ese tramo de costa idílica, sin especulación urbanística, que debió haber sido siempre la mediterránea.
"NAUTICOPORTMÁN* : Portmán es una localidad de la Región de Murcia situada al sur del municipio de La Unión a los pies de la Sierra minera de Cartagena-La Unión en una bahía bañada por el Mar Mediterráneo. Fue fundada por los romanos en el siglo I, con el nombre de Portus Magnus (Puerto Grande), origen de su etimología actual. En tiempos de los árabes se llamó Burtuman Al-Kabir (Burtumán el Grande).

Más tarde, en el siglo XIV, en el libro de montería de Alfonso XI de Castilla aparece nombrada como Porte Mayn, y la primera referencia al nombre actual aparece en un libro de Cabildos del Ayuntamiento de Cartagena de 1590.

Hace más de 2.000 años, bajo el poder romano, la bahía de Portmán era conocida como "Portus Magnus" –el "Gran Puerto"- y desde allí partían las galeras romanas hacia la metrópoli cargadas de plata que obtenían de Cartago Nova, próspera y conocida colonia romana.

Este pequeño pueblo nació rodeado al Norte, al Este y al Oeste por el extremo sur oriental de la Cordillera Bética y bañado por una preciosa bahía natural, siendo uno de los mejores puertos naturales de refugio del Mediterráneo español.

70 millones de toneladas de residuos.

La llegada de la minería moderna en 1957 con la creación del Lavadero "Roberto", una de las mayores instalaciones minero-industriales, rompió este equilibrio.

Durante los primeros años el vertido inicial era de unos 3.000 toneladas, pero debido a la gran producción de los años sucesivos los estériles se triplican y suman 8.000 toneladas, "en 1968 hay una actividad muy intensa en la mina y los estériles coleccionados hasta ese momento en pantanos se tiran al mar, a la Bahía de Portmán, pero siempre con concesión y permiso de la administración central" apunta José Velez, trabajador del lavadero y vecino del pueblo.

Al cierre de la mina en 1992, se habían arrojado más de 70 millones de toneladas de estériles, se había dejado anegada completamente la bahía y dejado en la calle a más de cuatrocientas familias, y, además, a un pueblo estancado social y económicamente al no existir actividad minera ni turística alguna.

Aún sin una solución en el horizonte.

En las últimas dos décadas se ha hecho aún más patente la necesidad de la regeneración de la Bahía que ha desbocado en la organización local y regional de la administración, además de los propios vecinos de Portmán, para solicitar fondos de inversión al gobierno estatal para recomponer y limpiar sus aguas y su Bahía.

La aprobación definitiva del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, a nivel nacional y europeo, tiene lugar en 2011 y supone la aplicación de 79.402.304 millones de euros por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Pero tras el cambio de gobierno en Diciembre del mismo año, la situación ha ido en retroceso hasta que, en 2012, se produce una desestimación del proceso de contratación desde el Ministerio de Agricultura, Agua y medio Ambiente, lo que viene a dejar las reclamaciones de la pedanía, de nuevo, en un punto muerto.


* Náutico Portmán - 2014
Foto: Portmán (Murcia), antes_despues - náutico Portmán

.................................... Leer más...

El fiscal pide diez años de inhabilitación para la concejala de urbanismo de Ourense

Otro caso de prevaricación urbanística en la conflictiva ciudad de Ourense y, como siempre, la lentitud judicial es pasmosa. Se trata de la concesión irregular de una licencia municipal en 2007, pero el acusador es un empresario orensano de la construcción, muy conocido en la ciudad, por lo que no está nada claro el posible delito de la concejala de Urbanismo. Parece más bien una guerra abierta político-empresarial que, además, está impidiendo el desarrollo de un correcto Urbanismo en la ciudad. Sobre la concejala socialista pesa también otra acusación privada por la legalización de una plaza pública. Así que todo esto es demasiado sospechoso en la tierra del famoso cacique 'popular' Baltar.
"LAVOZDEGALICIA* : La concejala de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, sobre quien pesa desde mediados de octubre una acusación particular de prevaricación por la licencia que legalizó la urbanización de la plaza de San Antonio en el año 2007, también tendrá en frente al fiscal. Es el primero de los casos abiertos en distintos juzgados de Ourense -todos por denuncias o querellas del grupo municipal minoritario Democracia Ourensana y por el entorno de un empresario del sector inmobiliario- en el que el ministerio público formalizará acusación contra ella.

El fiscal atribuye a Áurea Soto de un delito de prevaricación urbanística, por el que pide diez años de inhabilitación. Aunque la última revisión del Código Penal prevé por este delito penas de prisión y multa, al haberse producido los hechos en el año 2007 el fiscal aplica la redacción anterior, en la que la condena prevista es la de multa e inhabilitación.

El acusador público no advierte los indicios del delito de malversación de caudales que había apuntado el juez de instrucción en el auto del pasado 26 de septiembre de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El acusador privado tampoco plantea ese delito, que acarrearía penas de prisión.
Este asunto nació de una denuncia de D. O., que se retiró del caso tan pronto como el juez comenzó la instrucción y le exigió fianza. Entró en escena entonces el empresario que está detrás de la mayoría de los asuntos penales que afectan a la concejala de Urbanismo, con quien está abiertamente enfrentada por diferencias de criterio en el aprovechamiento de suelo y cesiones al Concello.

El caso que llevará al banquillo a la concejala afecta también al abogado Carlos Hernández, un profesional especialista en urbanismo a quien Soto encargó un dictamen que permitió conceder licencia municipal a la urbanización de la plaza de San Antonio, tanto a las viviendas como a los locales comerciales y al garaje subterráneo. El punto de controversia está en la licencia que ampara la explotación privada del subsuelo público. La acusación sostiene que al no estar los técnicos municipales dispuestos a informar favorablemente la legalización del párking, la edila acudió a Hernández para ampararlo con un informe a medida. Soto y el gobierno local defienden que su proceder está amparado por resoluciones del Tribunal Superior de Galicia y que con su actuación se puso fin a un conflicto que hubiera costado al Concello 38 millones de euros en indemnizaciones.


* La Voz de Galicia - P.Seoane - 20.12.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

.................................... Leer más...

Soria.- Los ecologistas tachan de 'burla' el informe favorable del Consejo de Urbanismo al Parque Empresarial

Una prueba más de que las Comisiones o los Consejos de Urbanismo Territoriales solo obedecen a motivos políticos la tenemos en este caso del Parque Empresarial de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Los 'populares' de la Junta de Castilla y León han informado favorablemente este proyecto, en contra de sindicatos y ecologistas y la abstención de los técnicos (faltaría más). Llueve sobre mojado en la anulada judicialmente Ciudad del Medio Ambiente (de lo que solo tiene el nombre). De nuevo los representantes políticos del PP de la Junta se quieren saltar las sentencias judiciales y seguir convirtiendo Castilla y León en un feudo primitivo y atrasado, lejos de la sostenibilidad que es norma hoy en día.
"HERALDO* : La asociación ecologista ASDEN ha calificado de "burla" a las sentencias judiciales y a la ciudadanos que el Consejo de Urbanismo de la Junta de Castilla y León haya informado este martes favorablemente el proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), según han informado en una nota.

El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio ha dado este martes su visto bueno al parque con los votos en contra de los ecologistas y los sindicatos y las abstenciones de los colegios profesionales de Arquitectos, Abogados e Ingenieros Técnicos Industriales, ha informado en un comunicado el portavoz de ASDEN, Carlos González.

En ella, ha declarado que este informe favorable responde a la "pretensión de la Junta de legalizar urbanísticamente la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) que fue aprobada por una ley regional en las Cortes de Castilla y León en 2006 y que fue anulada en diciembre de 2013 por sentencia del Tribunal Constitucional".

González ha señalado que el trámite en el citado consejo debería haber servido para informar y proponer mejorar sobre el PEMA, reconocer deficiencias e incluso proponer la desestimación del proyecto, pero la realidad ha sido muy diferente, ya que se ha dado validez, en su opinión, a las deficiencias de la declaración de impacto ambiental del citado proyecto, "en la cual se observaban descaradas anomalía".

En este sentido, ha apuntado que la Junta sigue sin considerar el informe negativo del Ministerio de Cultura por las afecciones paisajísticas al yacimiento de Numancia.

"Este Consejo de Urbanismo vuelve a ser manipulado como una mera burocracia", ha censurado.

Además, según el portavoz de ASDEN, la Junta de Castilla y León está utilizando sus "potestades de elaboración de decretos como un privilegio, respecto al resto de ciudadanos y promotores urbanísticos, para intentar regularizar una actuación que ha sido reconocida como ilegal por varias instancias judiciales".

González ha señalado que las decisiones "arbitrarias" de la Junta en este proyecto regional les costará a los ciudadanos más de cien millones de euros, "por la deplorable gestión de unos políticos incapaces".

Por último, ha avanzado que los ecologistas dedicarán su dinero y esfuerzos para recurrir a los tribunales y demostrar que lo construido en la Ciudad del Medio Ambiente -ahora PEMA- es y será ilegal "y está abocado a ser desmantelado, restaurando a su naturalidad el Soto de Garray".


* El Heraldo de Soria - EFE - 23.12.14
Foto: La Ciudad del Medio Ambiente en Soria, a vista de pájaro.- Mario Tejedor

.................................... Leer más...

Protestas campesinas en Nicaragua ante el inminente inicio de las obras del Gran Canal

Otro ejemplo más de las protestas ciudadanas ante problemas urbanísticos que afectan directamente al Territorio y a la calidad de vida de sus habitantes. El megaproyecto de la unión oceánica por Nicaragua (igual que pasó en Panamá) es una obra costosísima que pretende realizar una empresa china, arrasando campos y con enorme peligro de contaminación del Gran Lago, como ya han denunciado organizaciones ecologistas. No tenemos más datos sobre la necesidad de este nuevo Canal de 278 km de longitud, que se va a realizar con el visto bueno del gobierno de Nicaragua, pero de espaldas y sin consensuar con la población campesina. Miles de personas de todo el país están estos días protestando (con varias muertes ya) ante el inminente comienzo de las enormes obras.
"INFOLIBRE* : Campesinos de las comunidades de El Tule y Río San Juan han intensificado sus protestas este fin de semana contra las obras de construcción del Gran Canal interoceánico de Nicaragua, que comienzan oficialmente este lunes de la mano de empresa china HKND Group.

Este domingo, en el quinto día de protestas, los campesinos han cortado el tráfico de las carreteras de la zona totalmente y solo dejan pasar a vehículos de emergencia y a los de medios de comunicación, ha informado el periódico nicaragüense La Prensa.

"Amanece trancado", ha explicado en declaraciones telefónicas uno de los líderes de la protesta en Río San Juan, Antonio Orozco. El objetivo, ha señalado, es presionar al Gobierno para que derogue la Ley 840, la de creación del Gran Canal.

"Este cerco humano está que es una barbaridad, la gente está enojada (...). La gente está decidida a lo que venga", ha afirmado Orozco, quien estimó en unas 2.000 personas las que se han concentrado para participar en el corte de carreteras y ha anunciado que se espera la llegada de más campesinos a lo largo de la jornada.

"Al pueblo se le respeta y Nicaragua no la va a vender a los chinos", ha declarado otro dirigente campesino, Félix García, de la comarca El Camastro, en Río San Juan.

Las obras serán inauguradas con una ceremonia simbólica y simultánea tanto en Managua, como en el departamento sureño de Rivas, en el Pacífico, entre las 17.00 y 19.00 hora local (23.00 GMT del lunes y 1.00 GMT del martes), indicó HKND Group. Está previsto que la ceremonia de Managua la encabece el presidente del país, Daniel Ortega, y el empresario chino Wang Jing, propietario de HKND Group.

El inicio de las obras del canal también ha disparado las alarmas de los ecologistas, debido a la ausencia de un estudio de impacto ambiental y por el temor de que la obra provoque un grave daño al Gran Lago, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica. HKND Group ha dicho que los estudios de impacto ambiental de la obra estarán listos entre marzo o abril del próximo año. La vía interoceánica está proyectada con 278 kilómetros de longitud, entre 230 y 520 metros de ancho y 30 metros de profundidad, incluyendo un tramo de 105 kilómetros en el Gran Lago de Nicaragua.

La concesión para la construcción del Gran Canal de Nicaragua fue otorgada al HKND Group por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en junio de 2013. Además de excavar el canal, HKND Group tiene previsto construir carreteras, dos puertos, un lago artificial, un aeropuerto, un complejo turístico, una zona de libre comercio, así como fábricas de acero y de concreto. El presupuestos es de 50.000 millones de dólares.


* InfoLibre - 21.12.14
Foto: Nicaragua, proyecto nuevo Canal - pulzo

.................................... Leer más...

El fiscal acusa a Camps de crear una tapadera para organizar la Fórmula 1 en Valencia

Ocho largos años ha tardado la Fiscalía anticorrupción en imputar al expresidente de la C.Valenciana, F.Camps, por el oscuro asunto de la Fórmula 1. Un evidente despilfarro delictivo pagado con el dinero de todos que solo sirvió para dar publicidad a unos políticos corruptos hasta las cejas (véase la foto). Cuando había otras alternativas, como el cercano circuito de Cheste, el expresidente eligió la solución peor: un circuito urbano que todavía hoy sigue pesando urbanísticamente sobre la ciudad de Valencia, con unas obras desproporcionadas para la economía local y autonómica. El circuito está cerrado definitivamente, en pleno centro urbano, y acumula unas deudas cuantiosas sobre la empresa tapadera de la Generalitat, denominada Valmor Sports. Un 'pelotazo' prevaricador en toda regla.
"ELPAÍS* : Cuando Francisco Camps llevó a Bernie Ecclestone un día de abril de 2006 a pasear por la zona del Puerto de Valencia dedicada a la Copa del América, el patrón de la Fórmula 1 le exigió que “en caso de celebrarse una prueba en Valencia esta debía ser en un circuito urbano en esa zona y no en el Circuito de Cheste”.

Pese a que anunció que la prueba no costaría un euro a los ciudadanos, el entonces presidente valenciano satisfizo las exigencias de Ecclestone a costa del dinero público a lo largo de los años hasta el punto de incurrir en una malversación continuada de caudales públicos y en prevaricación, según la Fiscalía Anticorrupción, que le ha presentado una querella. La noticia ha caído este viernes como una bomba en la política valenciana.

Pese a que anunció que la prueba no costaría un euro a los ciudadanos, el entonces presidente valenciano satisfizo las exigencias de Ecclestone a costa del dinero público a lo largo de los años hasta el punto de incurrir en una malversación continuada de caudales públicos y en prevaricación, según la Fiscalía Anticorrupción, que le ha presentado una querella. La noticia ha caído este viernes como una bomba en la política valenciana.

Según la fiscalía, que abrió la investigación en respuesta a sendas denuncias de los diputados socialistas Eva Martínez y Josep Moreno y del portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Ignacio Blanco, Camps “garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat” la viabilidad del gran premio de Valencia al patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que exigió “negociar directamente con el presidente”. Camps “decidió que su amigo Jorge Martínez Salvadores, conocido como Aspar, crease una sociedad para poder organizar la prueba de Fórmula 1 y que se pudiera beneficiar de ello”, señala en su querella el fiscal especial Vicente Torres. Hasta el extremo de que con Ecclestone, no solo “todas las negociaciones las mantuvo el señor Camps”, sino que este último “eludió todos los procedimientos administrativos de contratación pública, interponiendo una empresa privada, sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública”.

El expresidente valenciano dispuso que la empresa Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que gestiona el circuito de Cheste, llevara la organización deportiva de la carrera y, a partir de la segunda edición, en 2009, que otra empresa pública, Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), pagase el canon anual a Ecclestone. “En ninguno de los dos casos existió contraprestación alguna por parte de Valmor Sports a las empresas públicas”, subraya el fiscal.

La querella, que detalla todas las reuniones de Camps con Ecclestone, explica que poco antes de dimitir por el caso de los trajes, en julio de 2011, Camps pactó en una reunión con Ecclestone en Londres que “el único Gran Premio a celebrar en España” sería el de Valencia y que la Generalitat se convertiría en avalista de Valmor, “con consciente desprecio hacia la legalidad vigente”. Para ello se llegó a simular la firma del director de SPTCV, que estaba de viaje de novios.

Tras la dimisión de Camps, en julio de 2011, ya con Alberto Fabra de presidente, la Generalitat compró la empresa Valmor Sports, cuyos socios, Jorge Martínez Aspar, el empresario Fernando Roig y Bancaja, pidieron una solución para no declarar la suspensión de pagos. La consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, llevó al Consell, en funciones de junta general de accionistas de la empresa pública Circuito del Motor, la decisión de comprar la firma.

La adquisición se aprobó, pero la fiscalía afirma que Johnson, que también ocupaba la presidencia de Circuito del Motor, “engañó” al resto de consejeros “al no decirles ni explicarles” que la compra suponía condonar a Valmor Sports los 14 millones de euros adeudados a Circuito del Motor, asumir más de 31 millones de deuda con terceros y exonerar a los gestores de la empresa pantalla de cualquier responsabilidad.

Anticorrupción añade que en marzo de 2012, cuando se inscribió el contrato, constaba en una documentación anexa toda la deuda de Valmor Sports de la que Lola Johnson “no informó”. Ahí acaba el relato del fiscal, quien decide trasladar la investigación al TSJ, donde la magistrada Pía Calderón será la encargada de realizar la instrucción y delimitar el grado de responsabilidad del actual Consell de Alberto Fabra, que ayer pidió tiempo para analizar la querella, aunque adelantó que no se personará como acusación particular.

El TSJ pidió a las Cortes que acredite la condición de diputado de Camps, como requisito previo a la asunción de la querella y la previsible imputación de Camps.


* El País - ADOLF BELTRAN / JOAQUÍN FERRANDIS - 21.12.14
Foto: Olivas, Fernando Roig, Ecclestone, Camps y Barberá celebran el acuerdo para la F-1 en Valencia. / CARLES FRANCESC

.................................... Leer más...

El TSJC da la razón a los vecinos que rechazaban pisos en La Sedera de Reus

Otro triunfo de la movilización ciudadana contra proyectos no consensuados urbanísticamente. En la localidad tarraconense de Reus los vecinos han ganado el pleito de 2010 contra el Ayuntamiento (antes tripartito, ahora CiU) y aprobado por la Comisión territorial de Urbanismo, referente a la nueva edificación residencial en la fábrica La Sedera. Los habitantes del entorno siempre se opusieron al proyecto, lo denunciaron a los tribunales e incluso hubo disturbios y detenidos en las movilizaciones para rechazarlo. Parece mentira que todavía haya que repetirlo, pero el urbanismo hoy día no se puede hacer de espaldas a la ciudadanía, que está harta ya de tanto 'pelotazo' y de sufrir los desmanes territoriales por la casta política-financiera que pretende hacer lo que le viene en gana, abusando de su poder omnipotente.
"LAVANGUARDIA* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el proyecto urbanístico de La Sedera de Reus, impulsado por el antiguo equipo de gobierno (PSC-ERC-ICV-EUiA) y denunciado por los vecinos del entorno, a los que el juez da la razón, ha confirmado este martes el Ayuntamiento. El Ayuntamiento modificó el plan urbanístico en el 2009, que bendijo la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona en el 2010, para recalificar el suelo industrial de la antigua fábrica textil La Sedera como suelo residencial y edificar allí.

Los vecinos del entorno siempre se opusieron al proyecto, lo denunciaron a los tribunales e incluso hubo disturbios y detenidos en las movilizaciones para rechazarlo.
El TSJC ha dado la razón a los vecinos, ha confirmado Miquel Domingo, concejal de Urbanismo del nuevo equipo de gobierno (ahora CiU en minoría), que valora que la sentencia es una "buena noticia" y que abre a "consensuar el proyecto".
La sentencia del TSJC deja la puerta abierta a un recurso al Banc Sabadell, propietario de los terrenos, y a la Comisión de Urbanismo, si bien Domingo cree que no se presentarán porque ya hace tiempo que negocian una alternativa acordada entre todas las partes.
El antiguo equipo de gobierno no resolvió las peticiones de Aviación Civil de que tres rascacielos rebajaran 4 metros su altura, lo que significaba perder una planta y que las viviendas protegidas tuvieran 75 metros cuadrados, lo que dejaba el plan en 180 pisos.
Así, se prevé mantener la antigua fábrica, que es patrimonio histórico industrial y reconvertirla para alojar equipamientos públicos; una gran zona verde y edificios con un techo máximo de cinco plantas.
El Ayuntamiento de Reus se ha retirado recientemente como acusación particular contra dos jóvenes imputados por alterar el orden público, en un acto de protesta en el pleno municipal que aprobó el proyecto de La Sedera.
En total, se imputó a ocho jóvenes y solo dos de ellos se enfrentan a un proceso penal que sigue abierto.


* La Vanguardia - EFE - 9.12.14
Foto: Imagen de archivo de la antigua fábrica de la Sedera, en el paseo Misericòrdia de Reus - ACN

.................................... Leer más...

Valencia.- Urbanismo fósil

Una prueba más de la politización en el Urbanismo actual la tenemos en el nuevo Plan General de Valencia. A pocos meses de las elecciones municipales, precipitadamente, y con una enorme profusión de errores, se va a poner en marcha el máximo documento que regula las actividades urbanísticas en la ciudad. Es decir, un disparate. Algo que no es nuevo desde que la alcaldesa 'popular' R.Barberá está en el poder del Ayuntamiento, pero que incide negativamente en el correcto desarrollo urbano de la capital valenciana. De los temas más graves en los que cae este Plan 'fósil' está la depredación medioambiental, mediante la transformación de suelo de 700 hectáreas de huerta, algo catastrófico para la conservación del paisaje a proteger ya que, además, es innecesario dado el stock de viviendas construidas, vacías o por construir.
"VICENTE GONZÁLEZ MOSTOLES* : Tras un consumo de tiempo, energía y dinero considerables y a solo seis meses de las elecciones municipales, Barberá pone sobre la mesa ciudadana un fósil al que llama Plan General, cuyos perfiles dejan mucho que desear.

Vaya por delante la incomprensible insistencia en la experiencia aislacionista, en vivir al margen de lo metropolitano, a pesar de haberse generado una profusa normativa que exige del urbanismo inserción territorial y consideración paisajística, de manera que toda ordenación deba ser referida, en nuestro caso, al marco metropolitano, como indica la Estrategia Territorial de la Comunitat, porque ésta es la realidad económica, social, ambiental y paisajística actual.
Ni caso.

Además, esta revisión de plan general insiste en la depredación medioambiental mediante la transformación de suelo de 700 hectáreas de huerta, de las que 300 son para nuevos sectores urbanizables, 200 para viarios prescindibles y 200 para la ubicación de equipamientos dotacionales privados en las huertas llamadas de Protección Especial H2, argucia ésta capaz de alterar el sistema productivo hortícola convirtiéndolo en una neo-huerta de resultado anti histórico y paisajístico deleznable.

Para muestra, Sociópolis.

Hay que impugnar un plan que pretende unos crecimientos perfectamente innecesarios, dado el stock de viviendas construidas, vacías o por construir, puesto que hay suelo disponible en la actualidad, en desarrollo del plan de 1988, para albergar 40.000 viviendas a las que hay que añadir las 65.000 vacías en la ciudad semiconstruida. Esto significa un incremento potencial de población en torno a 200.000 ciudadanos.

Sin que haga falta un solo palmo más de suelo edificable.

El plan de Barberá pretende renovar un urbanismo que había mostrado palmariamente su incapacidad para dirigir el futuro de la ciudad, que estaba desahuciado, tras haber sido modificado más de doscientas veces, algunas de impacto formidable, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de la Justicia, el Hospital Regional en Malilla, la ZAL en la Punta de Senent, la Marina de la Copa del América, el Circuito de Fórmula 1 o Sociópolis.

Para colmo, en los barrios de la ciudad semiconstruida, tan solo se ha ejecutado un 25% de los equipamientos previstos de manera que quedan pendientes nada menos que 430 jardines, servicios públicos y escuelas.

Todo un récord para los 20 años de gestión urbana de Barberá.

Volviendo al principio, hay serias reservas acerca de seguir utilizando este instrumento, de revisar el Plan General de 1988, de insistir en un formato de planificación que pretende prever para los próximos 20 años todas las capacidades del territorio y de los agentes urbanísticos públicos y privados, y no solo eso, sino que también debe establecer las características morfológicas de la ciudad, su diseño en detalle, a futuro y con carácter prácticamente universal.

Todo parece borroso, desenfocado, absurdo y tal vez requiera una reflexión específica acerca del modo de planificación a abordar en lo sucesivo, de un modo integrador, estratégico y flexible, con un ámbito metropolitano dotado de una gobernanza propia, que incorpore las infraestructuras generales imprescindibles, las dotaciones necesarias y la protección del paisaje entre los objetivos constitutivos, y que a la vez establezca límites y parámetros en los usos del suelo.

Y que delimite áreas de intervención pública, lo que se suelen llamar proyectos urbanos, entre los que deberían despuntar como emergentes en la ciudad de València, en primer lugar, el de la ordenación del litoral desde el Carraixet hasta El Saler, transformando la ZAL portuaria en base de innovación y conocimiento y salvaguardando los Poblados Marítimos y, en segundo, la configuración de un paisaje culto y cívico en la Ciudad Interior para dar fin a la reforma histórica siempre inacabada de la que quedan muestras pavorosas como la Plaza de la Reina o la Avenida del Oeste.

Para llegar a todo ello es necesario asumir previamente la incapacidad del plan general, tal como se nos presenta, para abordar la realidad metropolitana y la pluralidad de agentes que inciden en ella.

Así que Barberá haría bien dejando al próximo gobierno municipal una tarea para la que no parece estar capacitada, y por tanto, debería desistir de la revisión del plan general.

* VICENTE GONZÁLEZ MOSTOLES es arquitecto

* El País - Opinión - 16.12.14
Foto: Valencia, zona urbanizada litoral - elpais

.................................... Leer más...

Fianza de más de un millón al ex alcalde de Algeciras por las mordidas de Fitonovo

El complejo polideportivo El Calvario, en Algeciras, sigue dando que hablar y se ha convertido en un auténtico calvario desde que se supo en 2011 de este megalómano proyecto municipal con financiación privada. Ahora se acusa judicialmente al exalcalde, D.Sánchez, del cobro de comisiones ilegales por la construcción y gestión del complejo donde fue favorecida para la adjudicación la empresa Fitonovo, cuando el exalcalde era aun delegado de Contratación y Urbanismo del Ayuntamiento. Veremos en qué queda este nuevo caso de corrupción con los vaivenes y el paso del tiempo.
"DIARIODESEVILLA* : La juez Mercedes Alaya, que investiga el pago de comisiones ilegales por la construcción y gestión del complejo polideportivo El Calvario, en Algeciras, por parte de la empresa Fitonovo, ha impuesto una fianza civil de 1.117.440 euros a quien en el momento de la adjudicación era delegado de Contratación y Urbanismo en el Ayuntamiento y posteriormente alcalde, Diego Sánchez Rull (PSOE).

Alaya deja sin efecto las que pedía el fiscal para dos de los tres técnicos municipales imputados, José Álvarez Ruiz, director técnico de la Gerencia de Urbanismo; José Guillermo Alberola Visedo, arquitecto municipal, y Javier Malla, coordinador del Patronato Municipal de Deportes.

El auto de la juez tiene fecha de 28 de noviembre y se produce después de la declaración ante la juez de los imputados, si bien Sánchez Rull fue el único que se acogió a su derecho a no hacerlo y pidió acudir voluntariamente una vez se levantara el secreto del sumario, cosa que se produjo en la misma fecha del auto. Alaya centra en el ex alcalde algecireño el papel principal de la trama del cobro de mordidas. Para la juez, el que fuera "director de la Mesa de contratación y delegado de Urbanismo tuvo una participación activa en los delitos de cohecho, por lo que partiendo de la cantidad de 279.360 euros entregada por Fitonovo para lograr la adjudicación del contrato referente al polideportivo El Calvario, procede en previsión de la multa que le pudiera ser impuesta, el triplo de la dádiva y un tercio en concepto de fianza para asegurar las responsabilidades civiles que de la presente pudieran derivarse", lo que resulta esa cantidad de 1.117.440 euros, notablemente superior a los 900.000 euros que solicitaba el fiscal.

Sobre los tres funcionarios del Ayuntamiento, la juez destaca que "su intervención en la mesa de contratación se limitó a valorar los criterios que fuera objeto de sus respectivos informes, por elemental criterio de prudencia a la hora de fijar las responsabilidades pecuniarias, no existiendo la misma certeza de su participación en la valoración de los criterios que fueron expuestos en sus respectivas imputaciones, ni en la reclamación de la dádiva a Fitonovo, no procede fijar para estos imputados fianza alguna como técnicos intervinientes".

Estas decisiones de la magistrada sitúan en una posición más que delicada al ex alcalde, que dimitió de su cargo de concejal el pasado 22 de noviembre, señalado como el destinatario del pago de las comisiones "al partido del gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, en aquel momento el PSOE, o al alcalde Tomás Herrera Hormigo o al delegado de Contratación y Urbanismo y posteriormente alcalde, Diego Sánchez Rull". Se trataría de mordidas realizadas según la juez por los directivos de Fitonovo José Antonio González Baro y el empleado y gerente de dicha empresa, Pablo Pérez Benedicto que participó junto a Sánchez Rull en la colocación de la primera piedra que daba inicio a las obras del complejo deportivo investigado, el 23 de marzo de 2011 en Algeciras. La magistrada vuelve a insistir en el auto conocido ayer que "en este pago, tendría este inculpado Sánchez Rull una decisiva participación".


* Diario de Sevilla - ÓSCAR LEZAMETA - 17.12.14
Foto: Algeciras, polideportivo El Calvario - bodyfactory

.................................... Leer más...

España vuelve a ser el motor europeo de la construcción

Una noticia que, según se mire y de ser cierta, parecería hasta positiva, pero la realidad es tozuda y cuando España aun no se ha recuperado de la última burbuja inmobiliaria, parece un contrasentido sin parangón y un volver a caer en los mismos errores del pasado. El considerar al 'ladrillo' como la única solución de todos los males, incluido el paro, es una aberración sin límites. Hay que tener en cuenta que en este país hay unos 5 millones de viviendas vacías (3,6 acabadas + 1,4 a medio hacer) y que no se prioriza el ponerlas en funcionamiento, por ejemplo con programas adecuados de rehabilitación urbana, lo cual hace que otro crecimiento constructivo agrave aun más la situación, con nuevos pelotazos urbanísticos en la edificación y en la ocupación del suelo. Llueve sobre mojado. Un disparate colosal en el que están implicadas, como siempre, las políticas de vivienda del gobierno central y de los autonómicos.
"EUROPAPRESS* : La actividad en torno al ladrillo en España sigue subiendo y subiendo. Durante el mes de octubre, la producción del sector de la construcción a nivel nacional se disparó un 13,9% con respecto al mismo mes de 2013, según la oficina estadística comunitaria Eurostat. Este porcentaje va en consonancia con los datos de los últimos meses, en los que España se ha situado como un referente europeo en el sector.

El nuevo incremento interanual de la actividad española es el más alto que se registra en la zona euro, donde la construcción aumentó un 1,3% de media, y el segundo más elevado en el conjunto de la Unión Europea (UE), que registró una reactivación del 1,5%.

Respecto a octubre de 2013, las mayores subidas de la construcción se dieron en Hungría (+15,8%), España (+13,9%) y Suecia (+10,5%); mientras que caídas de la producción más grandes se registraron en Rumanía (-11,3%), Portugal (-5,7%), Italia (-4,3%) y Eslovaquia (-4,2%); mientras que las

En cuanto a la tasa intermensual, octubre respecto a septiembre, la producción de la construcción creció en España un 1,4%, por encima del aumento del 1,3% registrado en la Eurozona y del 0,4% de la UE. De esta manera, el ladrillo en la zona euro consigue recuperarse tras el descenso del 1% de septiembre y en el caso de España la construcción acelera su crecimiento (+0,5% en septiembre).

Entre los países con datos disponibles de octubre , los mayores avances intermensuales se produjeron en Hungría (+4%), Italia (+3,2%) y Países Bajos (+2,2%), mientras que los descensos más pronunciados se dieron en Rumanía (-6,1%) y Reino Unido (-2,2%).


* El Mundo - EP - 19.12.14
Foto: Múltiples grúas levantan más de 1.000 viviendas en el nuevo PAU Arroyo del Fresno, al norte de Madrid. EL MUNDO

.................................... Leer más...

Málaga.- Un estudio de inundabilidad de la Junta anula los proyectos urbanísticos en el Guadalhorce

El caos urbanístico de la Costa del Sol tiene como mejor exponente la propia ciudad de Málaga que, una vez más, mantiene el crecimiento urbano de su Plan General por encima del modelo territorial deseable. Las tensiones con la Junta andaluza son ahora por los terrenos inundables en la desembocadura del río Guadalhorce, zona tradicional de la expansión sin límites de la ciudad. Numerosos proyectos de urbanización, industriales y residenciales, en los aledaños del río quedan ahora descartados por el nuevo informe de la Junta que, no obstante, sí los aprobó en 2010 cuando se redactaba el nuevo Plan Municipal aparentemente consensuado. La disputa entre las administraciones es evidente y, desde luego, los cambios de criterio ante la tardanza en la ejecución de los Planes no auguran nada positivo, aunque en este caso parezcan ser para mejor.
"SUR* : Las previsiones y los cálculos del actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, un documento que el Ayuntamiento tardo ocho años en elaborar y consensuar con la Junta de Andalucía, que le dio su aprobación en 2011, pueden quedar en papel mojado, y nunca mejor dicho. Los estudios de inundabilidad de la cuenca del Guadalhorce a 500 años que maneja la Administración regional pueden echar por tierra los desarrollos de tipo empresarial, industrial, comercial y también residencial contemplados en la vega de Campanillas y en los suelos situados a ambos lados de las márgenes del Guadalhorce.

Se trata de unos análisis de los que el equipo de gobierno municipal ha empezado a tener noticias en los últimos meses, a raíz de la petición de informes en materia de aguas para la tramitación de determinados ámbitos, y que, según ha podido conocer SUR, han causado un profundo malestar y desconcierto en los responsables de la Gerencia de Urbanismo, ya que ven cómo la calificación de una gran masa de terrenos como zona inundable y, por ello, vedada a cualquier tipo de edificación, causa un serio destrozo en la configuración del PGOU hasta el punto de que podría invalidarlo.

La alarma saltó hace unos meses cuando a Urbanismo llegó un informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en materia hidráulica referido a una serie de sectores situados entre el cauce del Guadalhorce y el polígono que lleva su nombre. Se trata de unos suelos en los que existen actualmente varios desguaces de vehículos y otros situados al sur de la barriada de El Tarajal. Sus propietarios acordaron con el Ayuntamiento tramitar una modificación del PGOU para que la parte de sus terrenos que se destinarán a un parque fluvial previsto en la ribera del Guadalhorce fueran cedidos a cambio de que se les reconocieran derechos edificatorios en otros sectores urbanizables de la ciudad, como inicialmente estaba previsto en la revisión del PGOU, y del mismo modo que se ha hecho con la parte de dicho parque fluvial que se encuentra en su desembocadura, y con los terrenos de Arraijanal, entre otros ámbitos.

Manuel Jiménez Baras, del despacho Ius Urbis, que llevó a cabo los trámites necesarios para ello, explicó que de este modo se garantizaba y promovía la futura reubicación de estos negocios en suelos aptos y se ahorraba al Consistorio y a la propia Junta el dinero de las expropiaciones de esos terrenos para el parque, lo que se conseguía con un ligero aumento de la edificabilidad en uno de los sectores y con la posibilidad de destinar a uso comercial el 15% de lo que se puede construir en todos ellos.

La sorpresa de este abogado y de los responsables de la Gerencia de Urbanismo fue mayúscula cuando la Junta les contestó con un informe desfavorable por el riesgo de inundabilidad en todos estos suelos en base a un estudio hidráulico de la cuenca del Guadalhorce del que el Ayuntamiento no tenía noticias. Lo único que es de público conocimiento de ese estudio, que fue contratado por la consejería a una consultora privada a finales de 2008 y que también invalida el proyecto de ciudad aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, son parte de sus planos, colgados en la web de la consejería, en los que la huella de lo considerado como zona inundable (para un periodo de retorno de 500 años) 'mancha' más de una decena de proyectos empresariales, comerciales, residenciales y de equipamiento del PGOU para las zonas de Campanillas, el Guadalhorce y San Julián. Unos desarrollos que, por ahora, mientras no se acometan medidas de encauzamiento y desvíos de cauces para evitar posibles inundaciones que se antojan complejas y costosas, quedan invalidados.

Se trata de actuaciones que abarcan casi 1,5 millones de metros cuadrados para uso empresarial y comercial, y que prevén la construcción de unas ocho mil viviendas, que también se ven afectadas parcialmente por la huella de lo inundable.

Hasta San Julián

En el caso de las viviendas, los responsables de la Gerencia de Urbanismo ya eran conscientes de que su materialización quedó condicionada cuando el Plan General fue aprobado a la realización de obras de encauzamiento en el río Campanillas, pero con lo que no contaban era con la declaración de zona inundable de los suelos para desarrollo empresarial en el entorno del polígono Guadalhorce, una condición que llega incluso a afectar a los solares que, con ese mismo uso, están planificados al sur de la barriada de San Julián y del polígono Villa Rosa y que también se encuentran ya en tramitación para su urbanización.

Lo que más les sorprende es que justamente en el informe hidráulico que la Junta emitió sobre el PGOU en diciembre de 2010, antes de publicar la aprobación del plan en enero de 2011, no declaró como inundables estos sectores a excepción de dos de los situados en la fachada del polígono Guadalhorce al río, a los que, no obstante, colocó esta condición entre signos de interrogación.

Vega de Campanillas

Los estudios de inundabilidad realizados por la Consejería de Medio Ambiente para la cuenca delGuadalhorce invalidan parcialmente los proyectos para construir unas ocho mil viviendas al sur del núcleo urbano de Campanillas, así como actuaciones de tipo industrial, empresarial y comercial que suman más de 400.000 metros cuadrados de superficie.

Fachada del polígono

En la fachada del polígono Guadalhorce y su entorno, los planos de zonas inundables tumban proyectos de tipo empresarial que estaban previstos en unos ámbitos que suman unos 700.000 metros cuadrados. De este modo, no podría materializarse el traslado de varios negocios de desguaces.

San Julián / Guadalmar

El riesgo de inundaciones también se extiende hacia la zona de Guadalmar y San Julián, lo que podría invalidar varios proyectos de tipo terciario en suelos que abarcan unos 375.000 metros cuadrados.


* Sur - Jesús Hinojosa - 24.11.14
Foto: Málaga, río Guadalhorce zona inundable - sur

.................................... Leer más...

A Coruña.- Urbanismo de territorio comanche

El Urbanismo salvaje que se ha extendido en los últimos años como una mancha de aceite por todo el territorio español, tuvo sus orígenes en la explosión demográfica de los años sesenta y la permisividad de unas leyes que, en pleno franquismo, destrozaron el paisaje urbano de muchas ciudades del país. Así ocurrió en A Coruña con el Plan General de 1969 que permitió unas alturas sin precedentes creando una mezcla de volúmenes difíciles de digerir. El Ayuntamiento actual del PP, lejos de corregir esos errores, los reafirma indultando y ofreciendo una salida fácil para su regularización en los casos que están fuera de ordenación, sin preocuparse del desastre urbano causado y de la opinión de los propios vecinos que, claramente, están en contra.
"LAOPINIÓN* : Pescadería y Ensanche no son lo que eran ni lo que hubiesen podido ser, rota su excelencia y su armonía por la permisividad y la obsesión por el progreso, en una época en la que tal palabra era sinónimo de alturas, de mamotretos y de desdén por la importante historia arquitectónica residencial coruñesa en siglos anteriores. Hace cuatro décadas, estos barrios se convertían en territorio comanche, al amparo de leyes municipales cuyas muescas marcan, casi nunca para bien, un paseo por sus calles.

El nuevo plan especial del casco histórico se preocupa de estos inmuebles perfectamente reconocibles. De hecho, les ofrece una regulación específica para ellos y acepta la excesiva altura y volumen con los que fueron concebidos, indultándolos, en algunos casos, de situaciones de fuera de ordenación.

El catedrático de Geografía Urbana de la Universidade de Santiago, Andrés Precedo Ledo, fija con precisión cuál fue el pistoletazo de salida sin marcha atrás: el plan general de 1969, que aumentó el número de alturas que podían tener los edificios. Así lo escribe en su obra La Coruña, metrópoli regional, considerando que dicha normativa urbanística puso en marcha "un proceso especulativo de destrucción de la ciudad". El mismo año se abría el primer estacionamiento soterrado del municipio (plaza de Vigo) y cinco años después se inauguraba el primer rascacielos. En la aprobación "incomprensible" de esta norma, según el catedrático, reside el casi imparable deterioro del centro, principalmente de la Pescadería y del Primer Ensanche. Las tipologías tradicionales con galerías eran sustituidas por torres de nueve o diez pisos, con mayor o peor fortuna en su diseño, que fueron salpicando conjuntos históricos en algunas calles o incluso fagocitándolos e imponiéndose como especie imperante en otras.

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri), tras los cambios de última hora añadidos por el Gobierno local para su aprobación definitiva en enero, les ofrece una norma propia dentro de la norma, que les otorga excepcionalidad en medio de un entorno protegido, estén en Ciudad Vieja, Pescadería, Ensanche o As Atochas. Le han dado también nombre, las Áreas Urbanas Renovadas, hechas para "permitir que zonas muy consolidadas de los años setenta" puedan ser incluidas, según explicó en la presentación del plan el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado.

¿Dónde se ubican? Por todo el ámbito Pepri. Están, por ejemplo, en toda la estructura paralela de calles hacia paseo marítimo desde Durán Loriga, pasando por San Andrés, Cordelería y Comandante Fontanes, incluidos los grandes rascacielos con los que se cierra su unión con la plaza de Pontevedra.

También por la parte de Pescadería más próxima al casco histórico, con ejemplos que el Pepri señala en vías como la Galera o los edificios de vivienda de Torreiro. Otro de los núcleos de AUR dentro del ámbito del plan especial del casco histórico es la calle Orillamar. Queda enmarcada ahí la zona de Pelamios (entorno de la Escuela de Artes y Oficios Pablo Picasso) y el conjunto de viviendas que baja desde la avenida de Metrosidero hasta el paseo (Veramar).

El Pepri considera a todos estos edificios "excepciones tipológicas" en su entorno, áreas "renovadas" autorizadas por los ordenamientos urbanísticos anteriores, que se fueron endureciendo, aunque no al nivel de otras ciudades españolas, con la llegada de la democracia y el fin del relajado y desmesurado espíritu urbanístico imperante en los sesenta y setenta.

Otro de los edificios que quedan amparados como AUR es uno de los cambiazos urbanísticos de mayor recuerdo para la ciudadanía coruñesa: la mole acristalada que sustituyó a la desaparecida iglesia de San Francisco, frente al Banco de España en la calle Juana de Vega, que tiene más inmuebles (como el de la esquina en la calle Compostela) en la misma situación.

Asimismo, los grandes edificios del Cantón, ese frente de altura regulada a partir del nacimiento del Banco Pastor, figuran como AUR, así como el edificio de R. Las fundaciones que allí se ubican, así como otras entidades de la misma naturaleza en el ámbito (calle Fama, Hércules Ediciones....) suprimen su calificación de equipamientos. Esto hace, según el BNG, que puedan volver, llegado el caso, a su función anterior, incluido el de vivienda (uso y venta).

La novedad principal para estas AUR es que el artículo que las regula, el 146 bis, recoge que la regulación de su volumen queda definida por la ocupación y altura que tienen en la actualidad y para la que obtuvieron licencia, lo que regulariza algunas de estas construcciones que estaban condenadas al fuera de ordenación precisamente condicionadas por lo desmesurado de su tamaño. Sí que tendrían que adaptarse, según la normativa, a la estética urbana y a los usos que se fijan en el plan especial. No se permiten las agregaciones ni segregaciones de parcelas pero sí las "uniones funcionales" entre edificios, solo si no están catalogados o, estándolo, se encuentran en los tres niveles más bajos de protección.

Reunión con ausencias

El Gobierno local defendió ayer el proceso de participación en el plan especial, después de que la asociación vecinal de la Ciudad Vieja plantase a los responsables de Urbanismo al entender que no se les había hecho partícipes de la tramitación del documento. Sí fueron los de Ensenada del Orzán y los de la asociación de vecinos y comerciantes de Monte Alto. En el caso de este barrio el Concello no invitó a la asociación mayoritaria de la zona, crítica con el Ejecutivo. Señala que se le presentará la nueva versión del plan, que espera aprobar en un mes y ya sin posibilidad de alegaciones, a diversos colectivos.


* La Opinión Coruña - Ana Rodríguez - 16.12.14
Foto: A Coruña, caos urbanístico - laopinion

.................................... Leer más...

Las elecciones de 2015 incrementan la furia privatizadora del PP de Madrid

Ya se sabe que cuando se acercan unas elecciones (municipales, autonómicas o estatales) todos los gobernantes corren para tratar de dejar bien atado su legado. Eso ocurre ahora en Madrid, y otras ciudades, donde la furia privatizadora del PP intenta dejar consolidados los beneficios de promotoras inmobiliarias afines a su ideología. Hay muchos ejemplos de esto y en este artículo se desgranan algunos, pero parece clara la pérdida de la función social del urbanismo madrileño por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad en beneficio de sus amiguetes de la construcción que, lógicamente, actúan según unos intereses económicos alejados de las necesidades de la gran mayoría de ciudadanos. Operaciones poco transparentes y negativas están llevando a la capital a ser objeto de la mayor especulación de inmuebles públicos, y de actuaciones urbanísticas que los acompañan, lamentablemente partidistas y alejadas del sentido social imprescindible.
"EDUARDO MANGADA* : El principio que afirma la función social de la propiedad, sea privada o pública, está presente de una u otra forma en todas las democracias avanzadas. En nuestra legislación sobre el régimen del suelo en los procesos de desarrollo urbano, el principio antes enunciado está presente como parte sustantiva desde la Ley del Suelo de 1956 y mantenido, con mayor o menor énfasis, en todos los desarrollos legislativos posteriores, sean del rango que sean, nacional o autonómico.

Pero en estos últimos decenios y, sobre todo, en los últimos años, el citado principio ha sido olvidado y está siendo despreciado por las administraciones públicas en los tres niveles, dando prioridad al valor de mercancía del patrimonio público y, de forma muy señalada, del suelo público, entendidos como generadores de ingresos y beneficios mediante su privatización, su venta en el mercado.

La primera razón con que se intenta justificar esta venta del patrimonio público es la necesidad de nutrir las esquilmadas arcas de las administraciones o la de hacer frente a la cuantiosa deuda pública contraída por una mala gestión, una mala política económica. Siendo dudosa esta pretendida justificación, mucho más grave es cuando esta continua y empobrecedora privatización se lleva a cabo como lógica consecuencia de un neoliberalismo desregulador, que defiende las leyes del puro mercado por encima de las razones políticas y entiende que la mejor gestión de los patrimonios físicos, infraestructurales o humanos está en las manos de los operadores privados, hipotecando con ello la capacidad de actuaciones públicas futuras en beneficio de la colectividad.

Madrid ha sido, y sigue siendo en nuestros días, escenario de un proceso insaciable de privatización de lo público, ya sea el agua, las viviendas sociales incluidos sus ocupantes o los suelos y edificios de titularidad pública. Como ejemplos más visibles y recientes centrémonos hoy en dos casos concretos: la manzana de Raimundo Fernández Villaverde 50, propiedad del Ministerio de Defensa, y las Cocheras del Metro de Madrid, en Cuatro Caminos.

Ambos terrenos han sido adjudicados en subasta púbica a Domo Gestora y al Grupo Ibosa, gestoras de dos cooperativas creadas ad hoc y promocionadas con los nombres comerciales de “Residencial Maravillas”, en Raimundo Fernández Villaverde y “Residencial Metropolitan”, en Cuatro Caminos. (Fig. 1)

“Residencial Maravillas”, con una edificabilidad de 54.225 metros cuadrados, permitirá construir 355 viviendas a un precio estimado de unos 3.400 euros/metro construido. “Residencial Metropolitan” con una edificabilidad de 58.500 metros cuadrados, permitirá la construcción de 381 viviendas libres y 62 VPO, con un precio estimado de 2.700 euros/metro construido, las primeras, y 1.940 euros/metro cuadrado útil las segundas. Como puede comprobar cualquier persona medianamente conocedora del mercado de vivienda en estos tiempos, se trata de promociones destinadas a clientes de alta capacidad económica, salvo la pequeña cuota de viviendas protegidas, como ridícula muestra de una pretendida sensibilidad social.

Antes de esta venta de suelos públicos a promotores privados, aunque se amparen con el nombre de cooperativas, ¿el Ayuntamiento y el propio Ministerio de Defensa se han preguntado si existían otras necesidades sociales en la ciudad, más concretamente, en los barrios en que su ubican estas promociones, a las que estos suelos podrían dar asiento? No. En el caso de las Cocheras del Metro, ni siquiera se han atendido las solicitudes de Madrid Ciudadanía y Patrimonio y de la Sociedad de Amigos del Metro y los Tranvías Históricos de Madrid para que se califiquen como Bien de Interés Cultural los edificios históricos proyectados por el arquitecto Antonio Palacios y el ingeniero Miguel Otamendi. Tampoco han merecido la atención del Ayuntamiento las demandas de las asociaciones vecinales de Chamberí, especialmente las de Parque Sí Chamberí, reclamando equipamientos de distinto tipo y zonas verdes en el distrito.

Lo malo es que todo anuncia que esta furia privatizadora va a continuar acelerada en los próximos meses, ante el temor del PP de perder la mayoría en el gobierno municipal en las elecciones del mes de mayo, sin antes haber dejado consolidados los beneficios de promotoras inmobiliarias afines a su ideología. Predicción que puede verse confirmada en casos como las instalaciones de Metro en Ventas y Pacífico, los restos del estadio Vallehermoso (privatizado ya en parte), los terrenos de la Guardia Civil en Príncipe de Vergara, el Parque Móvil en Cea Bermúdez, la incierta cesión de la finca de Torre Arias a la Universidad de Navarra o el Mercado de Legazpi, entre otros.

EL MADRID DE LOS OCHENTA

Asumo el riego de una simplificación y una reflexión un tanto trasnochada cuando afirmo que este es el ejemplo de una política de la derecha a la que merece contraponer una operación semejante de los años ochenta, cuando gobernaba Madrid un ayuntamiento de izquierdas (PSOE-PCE).

En aquel tiempo se dispuso de suelos de titularidad pública en localizaciones centrales de Madrid, en mucho semejantes a los que dan lugar a este artículo. Junto a la Plaza de Castilla, dando frente a Bravo Murillo, los terrenos de propiedad municipal llamados el “Triángulo de Oro”. Más al sur, unas instalaciones militares denominadas Cuartel de la Remonta, a la altura del número 327 de Bravo Murillo. (Fig. 2) Dos solares atractivos para la iniciativa privada que, sin embargo, fueron promovidos por el propio ayuntamiento con una finalidad social y un compromiso con la revitalización de la ciudad.

Datos que ponen de manifiesto la diferencia entre estas dos políticas municipales

Sobre el Triangulo de Oro, con una superficie de 17.200 doscientos metros cuadrados, se construyeron 50 viviendas de promoción pública (EMV), un polideportivo de 7.132 metros cuadrados, zonas verdes y aparcamientos. Todo ello financiado por el ayuntamiento. La finalidad última de esta operación era la de facilitar a través del realojo en régimen de alquiler de familias residentes en infraviviendas en Tetuán para facilitar la gran operación de Barrios en Remodelación y dotar de un polideportivo a una zona de Madrid deficitaria de todo tipo equipamientos y servicios sociales.

En la Plaza de la Remonta, con una superficie de 41.900 metros cuadrados, se construyeron 132 viviendas de promoción pública (EMV), un Instituto de Enseñanza Media para 2.000 alumnos (Ministerio de Educación y Ciencia), un Centro Socio Cultural de 1.375 metros cuadrados (Ayuntamiento de Madrid), un polideportivo municipal de 4.200 metros cuadrados, una galería comercial y una Comisaría de Policía (Ministerio del Interior). Un ejemplo todo ello de colaboración finalista entre las administraciones públicas a través de los correspondientes convenios, incluyendo al sector privado en los espacios comerciales.

Dos operaciones significativas en las que se aprovecha la oportunidad que ofrece el patrimonio de suelo público, en lugares estratégicos de la ciudad, para dar respuesta a las demandas y anhelos de los ciudadanos y enriquecer la trama urbana.

Confrontemos estos ejemplos de actuación del gobierno municipal para mostrar de forma evidente que no es lo mismo la derecha que la izquierda. Tengámoslo en cuenta al votar en las próximas elecciones del mes de mayo.

* Eduardo Mangada es arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos

* Nueva Tribuna - Opinión - 13.12.14
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y presidente González - nuevatribuna

.................................... Leer más...

La UE pone el aeropuerto de Castellón como "ejemplo flagrante" de derroche

Lo llevamos denunciando varios años, así que lo único que se puede decir es que la UE va con bastante retraso respecto a señalar a España como ejemplo negativo del derroche en las infraestructuras públicas. Un informe del Tribunal de Cuentas europeo al fin se da cuenta de que en este país los distintos gobiernos, centrales y autonómicos, llevan largos años despilfarrando recursos comunes en obras sin sentido, mientras a la vez se recortan en otros apartados mucho más necesarios para la población. En concreto, en el caso de los aeropuertos, se señala como derroche y objeto de replanteamiento los aeropuertos de Castellón, Fuerteventura, Córdoba, Ciudad Real, etc. Tardía pero necesaria crítica de la UE ante unos casos que podrían ser calificados de delictivos y habría que pedir responsabilidades personales más explícitas.
"ELDIARIO* : España constituye el caso más flagrante de derroche de las multimillonarias ayudas europeas destinadas desde el año 2000 a la ampliación de aeropuertos, denuncia en un informe el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) citado por el semanario Der Spiegel que pone los ejemplos de Castellón, Fuerteventura, Córdoba o Ciudad Real.

"Se fomentaron demasiados aeropuertos y los proyectos en muchos casos eran sobredimensionados", señalan los auditores al referirse a las instalaciones principalmente en regiones estructuralmente débiles de Europa en su informe que se publica el martes y que hoy adelanta el semanario Der Spiegel.

La situación más grave se observa en España, el mayor receptor de las ayudas europeas en esta materia, apunta el documento.

Así, la nueva terminal del aeropuerto de Fuerteventura, en las Islas Canarias, que con las ayudas europeas amplió de diez a 24 el número de puertas de embarque y de siete a quince el de cintas transportadoras de equipaje, tuvo que cerrar seis de sus puertas.

Según las previsiones más recientes, el aeropuerto no estará en disposición de utilizar la totalidad de su capacidad hasta 2030 a pesar de las buenas cifras turísticas.

Otro caso criticado es el aeropuerto de Córdoba (sur), que recibió de los fondos de la UE 13,5 millones de euros para ampliar su terminal, en la que se invirtió un total de 85 millones de euros y cuyas instalaciones están siendo utilizadas para el aterrizaje y como aparcamiento de aviones gubernamentales y aparatos privados.

A pesar de su ultramoderna pista de aterrizaje, el número de pasajeros cayó a la mitad entre 2009 y 2013 hasta los 130 viajeros semanales.

Los auditores citan asimismo el caso del aeropuerto de Ciudad Real, que costó mil millones de euros y que cerró sus puertas en 2012.

En términos generales, el documento señala que los beneficios para los viajeros en muchos lugares "no son cuantificables ni demostrables" a pesar de que las inversiones para la mejora de aeropuertos europeos desde el año 2000 ascienden a un total de 4.500 millones de euros.

Según los auditores, siete de los veinte aeropuertos analizados presentan pérdidas y existe el riesgo de que se vean obligados a cerrar o a ser mantenidos a la larga por los contribuyentes.

Asimismo, sólo en la mitad de estos veinte aeropuertos las medidas de mejora de las instalaciones, subvencionadas con dinero europeo, eran realmente necesarias.

Los multimillonarias cantidades destinadas a los alrededor de 500 aeropuertos europeos fue utilizado en muchas ocasiones sin sentido ni razón, señala el informe.

Además, agregan los inspectores, en cuatro de los cinco países analizados -España, Italia, Grecia y Estonia- no existía si quiera un plan nacional de aeropuertos a largo plazo, por lo que la ampliación de las instalaciones se llevó a cabo sin coordinación alguna.

Aeropuertos fantasma como el de Castellón (este de España) existen en toda Europa, pero la culpa no es sólo de los políticos de provincia con aires de grandeza, sino también de una política europea de subvenciones totalmente equivocada e "insuficientemente supervisada", concluye el documento.


* El Diario - EFE - 15.12.14
Foto: Castellón, C.Fabra y Camps en el aeropuerto - EFE

.................................... Leer más...

La exalcadesa de Orihuela, imputada en otra pieza del ‘caso Brugal’

El escándalo urbanístico de las basuras en la provincia de Alicante (y Murcia) se ha llevado por delante al propio presidente de la Diputación, el 'popular' J.Ripoll, y quedan numerosos imputados en este caso, denominado 'Brugal', entre ellos la exalcaldesa del PP de Orihuela, M.Llorente, que se ha resistido a dimitir de su cargo hasta hace pocos días, a pesar de estar ya imputada por esta causa de corrupción urbanística en la Vega Baja alicantina. Ahora ha vuelto a serlo, y ya van tres imputaciones, por favorecer además los intereses de los conocidos capos empresariales E.Ortiz y A.Fenoll. Como se ve la trama mafiosa en la Vega está bien surtida de corruptos y especuladores delictivos, con lo cual la continuidad está asegurada, se supone.
"ELPAÍS* : Mónica Llorente, la exalcaldesa de Orihuela, ha sido imputada por tráfico de influencias en la tramitación del plan de gestión de residuos de la comarca de La Vega Baja, una de las piezas derivadas del caso Brugal. La juez Rosa Villegas, del juzgado de instrucción nº3 de Orihuela, la ha citado a declarar en una causa en la que ya están imputados el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y la exdirectora de canal 9, Genoveva Reig.

Esta es la tercera imputación que enfrenta la exalcaldesa, investigada en otros dos casos judiciales por la adjudicación de la contrata oriolana de basuras, también del caso Brugal, y por supuesta corrupción urbanística. Villegas apunta en su acto a la existencia de suficientes indicios que muestran que Lorente habría actuado en interés de los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, imputados también en la causa.

Ripoll, según la Fiscalía, concedió la contrata de residuos a Ortiz por cientos de millones de euros para que construyera y gestionara las dos instalaciones que tratarían las 250.000 toneladas de basura que la comarca genera anualmente. Fenoll también presentó una oferta en otros terrenos y, si bien no se hizo con la adjudicación, sí consiguió que se produjera una modificación posterior del proyecto para que se edificaran las instalaciones sobre terrenos de su propiedad.

Fiscalía y Policía sostienen que todos estaban al tanto del cambio, propuesto por el propio Ortiz. El visionado de un vídeo aportado por los socialistas en el que la exalcaldesa contesta a preguntas sobre una de las instalaciones que debía construir Ortiz ha llevado a pensar a la juez que la política era conocedora del destino final de las instalaciones, como ha venido insistiendo la Fiscalía que pidió la imputación en dos escritos. En su auto, la considera como la conexión entre Fenoll y Ripoll.

Lorente también está imputada por la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, en manos de Fenoll, empresario con amplios intereses en la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana. La política se enfrenta a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a autoridades. La Fiscalía sostiene que Lorente arregló la adjudicación en 2008 después de que Fenoll financiara ilegalmente la campaña que aupó a la política a la alcaldía oriolana en 2007.


* El País - Rubén Esquitino - 9.12.14
Foto: Orihuela (Alicante), alcaldesa Llorente y presidente Diputación Ripoll - periodistadigital

.................................... Leer más...