Boadilla.- La sombra del urbanismo Gürtel

El municipio madrileño de Boadilla del Monte, el más rico del país, ha sido uno de los epicentros del urbanismo corrupto desarrollado por la trama Gürtel, es decir por el partido popular con intermediarios. Las ilegalidades detectadas vienen del año 2002 cuando se publicó el Plan General, que al año siguiente era anulado por la justicia. El ayuntamiento popular lo recurrió y continuó desarrollando el Plan, ya que no se dictaron medidas cautelares por el Tribunal, hasta 2010 que fue anulado definitivamente, cuando ya había saltado a los medios toda la trama de corrupción Gürtel. A pesar de todo, el ayuntamiento siguió con operaciones de urbanismo delictivo hasta que hace poco fueron de nuevo tumbadas por la justicia.
"ELMUNDO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado el plan de vivienda de uno de los nuevos barrios de Boadilla del Monte por haberse redactado sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborado por el ex alcalde Arturo González Panero, el Albondiguilla, que fue anulado en 2010 por el Tribunal Supremo.En mayo de 2012 se intentó subsanar pero los tribunales lo volvieron a rechazar. Ahora, la reparcelación de el Valenoso, cuyo plan parcial está también anulado, decae. Ambas resoluciones han sido recurridas, según el Consistorio.

«El actual alcalde, Antonio González Terol (PP), lleva gestionando casi tres años ya, y dando licencias y aprobando planeamientos basados en una ilegalidad. Así lo confirman las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 13 de abril de 2012, de 22 de julio de 2013, de 22 de noviembre de 2013, y recientemente de 11 de febrero de 2014 del Juzgado de lo contencioso nº 29 de Madrid, todas ellas anulando el Plan Parcial del Sector Valenoso, el Plan Parcial del Sector El Encinar, el Plan Parcial del Sector La Cárcava, y el Plan Parcial del Sector El Pastel, así como todos sus proyectos de reparcelación», precisa Cristina de Lara, secretaria general del PSOE de la localidad.

Desde el Ayuntamiento sólo reconocen las ya citadas del Valenoso; la anulación de la modificación puntual de El Encinar y el plan especial de vivienda protegida de Valenoso y El Encinar, que también han sido recurridas.

Se trata de los nuevos barrios que se diseñaron en el plan de el Albondiguilla. «En todas estas últimas sentencias ha sido el Gobierno popular de González Terol el que ha ejercido la defensa del Plan General redactado por la corporación Gürtel», precisa la dirigente socialista.

La actual normativa urbanística de Boadilla del Monte se remonta a 2002 y fue redactada por Leopoldo Arnáiz. El la actualidad, el juez Ruz, el magistrado que instruye el caso Gürtel, ha conocido a través del último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), de 29 de febrero, como Francisco Correa le vendió supuestamente al mismo tiempo, a través de Jesús Calvo Soria, un testaferro al frente de Narcisos 22, S.A, terrenos en la localidad a Arnáiz.

En el 2002 el PSOE de la localidad denunció el Plan General por vulneración de «derechos fundamentales de los concejales de la oposición, a los que el PP ocultó deliberadamente documentos esenciales, impidiendo con esta actuación su labor de control y fiscalización de los trabajos de elaboración y aprobación del ordenamiento», precisa De Lara.

En 2003 el TSJM tumbaba el Plan General, pero González Panero lo recurrió y continuó desarrollando, ya que no se dictaron medidas cautelares. El Gobierno municipal volvió a tramitar el PGOU y, esta vez sí, informó a la oposición pero volvió a ser recurrido. El 12 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo hacía caso omiso al recurso municipal y confirmaba la nulidad del plan.

En el sumario Gürtel consta como Pablo Crespo, el que es considerado el número 2 de la trama, acreditó el control directo sobre el urbanismo de la localidad. «Que el Plan General de Boadilla siga adelante», llegó a afirmar. Las juntas de compensación de los nuevos barrios eran gestionadas por Jesús Calvo Soria. Las investigadores calculan que la red pudo embolsarse más de 10 millones.

El 10 de febrero de 2009 los escándalos de Gürtel se llevaban por delante a González Panero y se veía obligado a dimitir. El PP regional salió al paso de la trama e intentó atajarla de cara a las elecciones de mayo de 2011. La enfermedad se había extendido, entre otros lugares, por los municipios del noroeste. El PP volvió a ganar en Boadilla y el nuevo equipo, promete alejarse de las políticas urbanísticas de sus antecesores.

En el nuevo Gobierno local se sentó con responsables urbanísticos de la Comunidad para encontrar una solución al planeamiento. El 8 de mayo de 2012, la Comisión de Urbanismo autonómica volvía a ratificar el PGOU pero tras ser recurrido, fue nuevamente rechazado por los tribunales hace ocho meses. A la vez, los responsables municipales se lanzaban al rescate de contratos y adjudicaciones realizadas a la trama. Incluso llegaban a personarse como acusación particular en Gürtel y a reclamar el dinero del ex alcalde en cuentas descubiertas en Suiza.

Pero los socialistas no acaban de creerse nada. «El actual Gobierno, aunque toda la oposición le advierte y le reclama no continuar ejecutando y desarrollando un Plan General redactado por la corporación Gürtel y anulado en sentencia firme, continúa haciendo su política urbanística basándose en el plan general anulado», precisa la portavoz socialista.

De Lara se pregunta cómo puede personarse en el juicio y a la vez «defender los intereses urbanísticos de la trama». A su entender, se está ocultando la verdad a los ciudadanos y se está «jugando con los proyectos vitales de muchas personas que están comprando viviendas en Boadilla en sectores anulados judicialmente, incluido el Plan de Vivienda Municipal. El alcalde debería pensar en el bien de sus ciudadanos y no en su carrera política, sentencia.


* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 28.3.14
Foto: Boadilla (Madrid), el exalcalde Arturo_Gonzalez_Panero  (archivo) - elpais.com



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Telde, urbanismo patas arriba

En este blog ya se ha hablado repetidamente sobre la lamentable situación del urbanismo en el municipio grancanario de Telde, con varios casos abiertos de corrupción que están lastrando su ordenación territorial. El caso Grupo Europa es la antesala del caso Faycán, un entramado laberíntico de concesiones, comisiones ilegales y tráfico de influencias en el municipio que afecta a la mismísima alcaldesa, imputada por malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales. El diputado autonómico del PP, J.Rodríguez, entonces mano derecha del actual ministro Soria en el Parlamento canario, se sienta estos días en el banquillo acusado de dos delitos de tráfico de influencias como presunto mediador de la empresa Grupo Europa con el ayuntamiento para obtener la construcción de viviendas de protección oficial en Telde.
"CANARIASAHORA* : Telde está patas arriba. La desidia institucional, las trifulcas políticas y la orgía de corrupción que tuvo su máxima expresión entre 2003 y 2007 y que desembocó en el conocido caso Faycán han terminado por convertir a la cuarta ciudad de Canarias en un laberinto kafkiano de casos judiciales, demandas, disputas y traiciones políticas cuyas consecuencias son una deuda astronómica, la desatención de los servicios públicos más básicos y una profunda degradación democrática.

Uno de los últimos episodios lo protagoniza el antiguo jefe de Urbanismo e imputado en el caso Grupo Europa, José Luis Mena. Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde acusaron al grupo de Gobierno municipal de cocinar el pliego de condiciones para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitada por la vía de urgencia, con el pretendido propósito de recolocar a Mena en su antiguo puesto en Urbanismo, esta vez con plaza fija. Esta denuncia abortó el concurso y abrió un conflicto entre el funcionario y el grupo de gobierno que acabó con la destitución de Mena como director de Recursos Humanos y el regreso a su puesto como técnico en el área de Urbanismo.

José Luis Mena es juzgado estos días por su presunta implicación dentro del conocido como caso Grupo Europa, acusado de haber cobrado 30.000 euros en sobornos precisamente cuando ocupaba la jefatura de Urbanismo de manera interina entre 2003 y 2007. El fiscal pide para él ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación.

De Grupo Europa, una trama desvelada en 2007 por Canarias Ahora, hay un informe exhaustivo en la edición de hace unas semanas de Canarias Ahora Semanal. El diputado autonómico del Partido Popular Jorge Rodríguez, entonces mano derecha de José Manuel Soria en el Parlamento canario, se sienta estos días en el banquillo acusado de dos delitos de tráfico de influencias como presunto mediador de la empresa Grupo Europa con el Gobierno municipal para obtener la construcción de viviendas de protección oficial en Telde. Rodríguez se enfrenta a un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros. El presunto pago de estas comisiones ilegales se convirtió en pieza separada del caso Faycán por la condición de aforado de Jorge Rodríguez con su vuelta al Parlamento de Canarias en 2011, después de haber dimitido en 2007 precisamente por su vinculación a este escándalo en Telde y también por el caso Góndola, en el municipio de Mogán, también bajo mandato del Partido Popular.

El fiscal del caso sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, de los cuales al menos 64.000 habrían ido a parar a manos de Jorge Rodríguez cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias, y otros 30.000 a los bolsillos del entonces jefe de Urbanismo municipal, José Luis Mena. El mismo al que ahora el grupo de Gobierno actual en el Ayuntamiento de Telde (PP y CC) quiere colocar de nuevo en el puesto creando la convocatoria a medida, según denuncian los sindicatos.

Es la antesala del caso Faycán, un entramado laberíntico de concesiones, comisiones y tráfico de influencias en el municipio de Telde que afecta a la mismísima alcaldesa, imputada por malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales, y para quien la Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión y 14 de inhabilitación. María del Carmen Castellano, en aquel entonces concejal de Desarrollo Local y presidenta local del PP, se enfrenta a una acusación por blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente y a otra de falsificación de documento público por la presunta manipulación de una serie de facturas para que el Ayuntamiento corriese con la cuenta de unas obras de reforma realizadas en la sede del Partido Popular de Telde, disimulándolas como gastos de las escuelas taller y de un programa de empleo. Esas mismas escuelas y programas que ahora sufren los recortes y la desatención presupuestaria.

La actual alcaldesa también está imputada por prevaricación en el caso de la permuta de la Finca de San Rafael, valorada en 6,3 millones de euros y que fue vendida a una empresa del constructor Santiago Santana Cazorla por 2,5 millones. Casi cuatro millones de euros menos. En esta causa están imputados, junto a Castellano (PP) y Guillermo Reyes (Ciuca), los entonces concejales Raquel León, José Suárez, Carmelo Oliva y Guadalupe López, así como Carmelo Reyes y el empresario Santiago Santana Cazorla.

Es solo la punta del iceberg de una compleja trama de corruptelas y pagos de comisiones, la del caso Faycán, presuntamente destinada a la financiación irregular del Partido Popular, según recoge la acusación de la Fiscalía. Aunque también señala que el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de quienes dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.

Las cuentas actuales

Telde está en la ruina. El incremento diario de las deudas soportadas por los créditos ICO y las sentencias judiciales por expropiaciones de suelo generadas durante el gobierno de NC/PSOE/CCN -y posteriormente no ejecutadas por el gobierno de PP/Ciuca/CC- ha conseguido endeudar a Telde por muchos años. La suma asciende, entre unas cosas y otras, a más de 300 millones. A esta deuda habrá que sumarle en su momento la generada en el período del caso Faycán: el fiscal ya adelanta que podría superar los 30 millones de euros.

El año 2013 terminaba con un demoledor informe del Tribunal de Cuentas revelando que Telde, cuarta ciudad de Canarias en número de habitantes, es el ayuntamiento de España que más deudas no contabilizadas pagó en 2012 con cargo al plan estatal de pago a proveedores. En concreto, 30,8 millones sin contabilizar en los presupuestos. El Tribunal de Cuentas detalla que Telde pagó con cargo al fondo para proveedores una indemnización de 13,24 millones de euros concedida por sentencia judicial a Promociones Horneras, propiedad del empresario Ambrosio Jiménez, lo que representa la mayor factura abonada en toda España con cargo a ese plan. Un pago sospechosamente arbitrario, dado que había otras indemnizaciones judiciales pendientes de pago que no se vieron satisfechas. El TC considera que esa indemnización no podía pagarse con cargo a ese instrumento, como no podían pagarse tampoco 8,60 millones de euros en facturas de Sociedad de Aguas de Telde, al tratarse de una empresa participada al 50% por el Ayuntamiento. La tercera irregularidad se aprecia en los gastos cargados por Telde al fondo por importe de 2,66 millones de euros, correspondientes a indemnizaciones por expropiaciones forzosas. El TC estima que tampoco esos gastos podían incluirse en el fondo.

Telde no es el único municipio que requiere de control por parte de organismos del Estado como el Tribunal de Cuentas. La crisis económica y financiera se ha manifestado en las cuentas públicas con crecientes niveles de déficit y de endeudamiento. Los municipios debían pagar a los proveedores pendientes de cobro; para no colapsar el sistema, el Gobierno aprobó medidas para facilitar el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Pero Telde es el municipio de España que más gastos no presupuestados ha consignado con cargo a estas medidas, lo que le ha reportado esta admonición del Tribunal de Cuentas. El propio TC lo dice: “La ejecución por parte de las Administraciones Públicas de gastos sin consignación presupuestaria, además de constituir una práctica irregular, afecta profundamente a la transparencia y a la fiabilidad de la información sobre la actividad presupuestaria de aquéllas”. Millones de euros no presupuestados.

De esta situación, lo que quedan son los lodos: Telde tiene la tasa de paro más alta de Gran Canaria, encabeza la lista de ciudades de más de 100.000 habitantes por el volumen de su deuda y aparece en primera línea de la conflictividad social, sin políticas sociales que puedan hacer frente al empobrecimiento de sus barrios más castigados, que dan lugar a situaciones de auténtica alarma. Los plenos municipales se han convertido en episodios de realismo mágico propios de las novelas de García Márquez, con ciertos toques de burocracia kafkiana que hace del ejercicio de la política una pantomima en Telde.

Una respuesta a la desidia

En el otro lado de la balanza, empieza a despuntar la reacción de una parte de la población, la más desfavorecida, que toma conciencia de que sus actuales representantes públicos andan demasiado enmarañados en asuntos judiciales e intereses partidistas como para tomarse en serio sus problemas.

En el barrio de Jinámar, cerca de veinticinco familias se han organizado en una red de autogestión, denominada Red de Solidaridad Popular de Jinámar, en sintonía con otras redes de solidaridad popular que empiezan a despuntar en diferentes partes del Estado. Como se detalla en este mismo número en un reportaje especial, el objetivo es que quienes más lo necesitan puedan organizarse para hacer frente a las necesidades vitales más perentorias recogidas como derechos fundamentales tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución Española; pero que en Telde, como en otros muchos puntos de la geografía española, no se satisfacen mínimamente por parte de las instituciones. Es en el Ayuntamiento de Telde donde, al ir a solicitar ayudas, se les responde con un “aquí no hay nada que dar” y se les remite a servicios asistenciales como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos que son los que, ante la desidia institucional, se ocupan de los más necesitados. Previo pago por parte de la Administración, que externaliza así el servicio asistencial, e incluso en ocasiones también por parte de los afectados, quienes se han visto con la sorpresa de tener que pagar hasta 18 euros para figurar en algunas de las listas del Banco de Alimentos, según denuncia Manuel ‘Lolo’ Rodríguez, de IU Telde.

Se trata de satisfacer necesidades básicas como el acceso al alimento, la luz eléctrica o el agua corriente. La mitad de estas 25 familias no tienen siquiera acceso al servicio de abastecimiento de agua, puesto que su condición económica es tal que no han podido hacer frente a las facturas y se les cortó el suministro.

La red de solidaridad popular cuenta con otra figura, la Despensa Popular, ubicada en la sede de la Asociación de Vecinos La Concepción de Jinámar, donde se recogen alimentos y otros productos de primera necesidad que puedan requerir estas familias. La idea surgió a raíz de una convocatoria del Movimiento contra el Paro y la precariedad, pero han sido los propios afectados quienes han ido tomando las riendas de su red popular para desarrollar el proyecto. “Lo más interesante de la red” -cuenta Lolo Rodríguez- “es que no se trata de una cuestión caritativa o benéfica, sino de una organización autogestionada que permite a las familias afectadas tomar conciencia de que la situación en la que se encuentran no debe ser motivo de vergüenza o descrédito social”. Antes bien, comienzan a asumir que ante el descalabro institucional en lo que a Asuntos Sociales se refiere ha llegado la hora de reclamar sus derechos y organizarse para resolver sus problemas más básicos. No tienen dinero o trabajo, pero cuentan con tiempo y conocimientos y eso es lo que pueden aportar al resto de componentes. La red se fundamenta en el empoderamiento de sus integrantes, en la participación y en la fuerza de la organización social frente al sufrimiento individual y el desamparo en el que se encontraban hasta la creación de la plataforma, el pasado diciembre de 2013.

A finales de diciembre pasado se celebraron en Jinámar unas jornadas de solidaridad para recaudar alimentos y bienes de primera necesidad no alimentarios. Fueron las familias las que elaboraron un listado de productos que se adecuara a la realidad, en la que la higiene juega un papel fundamental que muchas veces se olvida a la hora de cubrir las necesidades de los más necesitados. Más de una tonelada de alimentos y productos no perecederos fueron el resultado de esta jornada solidaria, que se convirtió en el primer depósito de envergadura de la recién creada despensa popular. Este almacén de productos está gestionado por las familias de la Red, aunque cuenta con supervisión de la asociación de vecinos. La red se convierte así en un colectivo autosostenible, lógicamente con apoyos solidarios de otros vecinos y colectivos implicados, pero con total autonomía.

Atiende por igual a cualquier vecino de Jinámar que lo necesite sin considerar a qué término municipal pertenece, pues lo mismo da ser de Las Palmas de Gran Canaria que de Telde, cuando lo que está en juego es un plato de potaje que poner sobre la mesa, un jabón para la ropa o incluso la ropa que poner a los chiquillos. Fiel reflejo de un municipio, desvalijado primero y abandonado después, donde ya no se atienden ni las necesidades más básicas.


* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Domínguez - 23.3.14
Foto: Telde (Gran Canaria), ayuntamiento - canariasahora



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Condenado el exalcalde de Sedella por prevaricación urbanística

Ya se ha comentado en numerosas ocasiones la enorme ilegalidad urbanística que existe en la comarca malagueña de la Axarquía, donde hay investigaciones judiciales abiertas en 18 de sus 29 municipios. La construcción permisiva de multitud de casas sobre suelo rústico es la causa de este descontrol; en la mayoría de los casos además con sobornos para conseguir esta autorización ilegal. Los alcaldes son los responsables últimos de estas delictivas operaciones, como ahora ocurre en el pequeño municipio de Sedella. Tampoco es el caso más grave, comparado por ejemplo con el cercano Alcaucín, donde se pedían 226 años de cárcel para el regidor por decenas de ilegalidades semejantes. Habrá que esperar también a ver si luego el Gobierno no indulta a los culpables, como pasó en el ayuntamiento 'popular' de Valle de Abdalajís.
"LAOPINIÓN* : El exalcalde de la localidad malagueña de Sedella, Francisco Gálvez (PSOE), ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº9 de Málaga por un delito de prevaricación urbanística a cinco años y tres meses de inhabilitación. Además se le condena a cuatro meses y quince días de prisión al considerarse probado que concedió una licencia de obras para reformar y ampliar una vivienda en suelo no urbanizable.

En la resolución judicial también se condena al hombre que solicitó la licencia, un ciudadano extranjero, por un delito contra la ordenación del territorio, y se le impone la misma pena de prisión y multa de 1.620 euros.

Por otra parte, el juez declara nula la licencia otorgada y condena al propietario a la demolición de lo ilícitamente construido.

Para el magistrado el otorgamiento de la licencia "significó una resolución torcida y contraria con las más ineludibles normas urbanísticas".

El exregidor durante el juicio explicó que cuando concedió la licencia era "práctica habitual" aunque no hubiera informes técnicos o jurídicos pues el Ayuntamiento no contaba con ellos y, aseguró, que se limitó a firmarla, "confiando en su legalidad".

En este sentido, el juez le recuerda que ha sido alcalde "cerca de 19 años" y que "por muy desconocedor que pueda ser de la norma jurídica a aplicar y la función que como regidor le correspondía, no cabe duda de que el mismo dictó una resolución injusta y arbitraria por prescindir total y absolutamente del procedimiento".


* La Opinión Málaga - EFE - 23.3.14
Foto: Sedella (Málaga), vista - grupoextremo

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Sevilla.- Europa ratifica la infracción por la SE-35

La nueva circunvalación de Sevilla sigue dando que hablar, ahora desde Europa ratifican su ilegalidad. Los vecinos del Parque Tamarguillo denunciaron el caso ya que la nueva vía lo atravesaba con el consiguiente perjuicio. La guerra entre el ayuntamiento y la Junta estaba servida. Pero la Comisión Europea ha reiterado en el debate que se requiere una Declaración de Impacto Ambiental específica y que no basta el PGOU actual, lo que viene a significar un fuerte varapalo municipal. Además, la forma de su ejecución también resulta irregular al subdividirse la SE-35 en tramos aislados que se han desarrollado a posteriori de la aprobación del PGOU. No es la primera vez que la Comisión Europea llama la atención a municipios españoles por hechos similares, veremos cuál es el resultado final.
"DIARIODESEVILLA* : El primer debate de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la SE-35 y su efecto negativo en el Parque Tamarguillo sirvió este miércoles para corroborar que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento infracción a España por este proyecto. Lo que no dijo el representante de la Comsión Europea es que ese procedimiento se abrió el 3 de diciembre de 2013 y sigue abierto, como adelantó este periódico el pasado 3 de marzo con información directa del departamento del comisario Janez Potocnik.

El debate comenzó pasadas las cuatro de la tarde y pudo verse en directo por internet. A petición de Alejandro Gil, en nombre de la Plataforma en Defensa del Parque Tamarguillo, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea expuso sus tres conclusiones sobre el expediente abierto. Lo hizo José Manuel Servet, quien aclaró que la Comisión investiga todo el trazado de esta carretera, no sólo el tramo del parque. Y anunció como novedad lo que no lo es: "Anuncio a las autoridades españolas que se va a abrir un procedimiento de infracción de forma inmediata" al considerar que España no cumple las obligaciones que marca la Directiva de Impacto Ambiental de la UE.

En primer lugar, Servet dejó claro que el proyecto requiere "una declaración de impacto ambiental específica" que analice los detalles y que nada tiene que ver con la genérica del PGOU de 2006. Por eso afirmó que no comparte la pretensión del Ayuntamiento de Sevilla de defender lo contrario.

La segunda conclusión es que "resulta claro que la SE-35 se ha subdividido en múltiples tramos" con los que se pretende construir la vía completa. Y añadió que los proyectos de estos tramos aislados se han desarrollado a posteriori de la aprobación del PGOU, por lo que no basta este plan urbanístico para autorizar los tramos.

Como tercera conclusión, la Comisión Europea "no comparte el argumento de considerar este sistema general viario como calle o vial" y censuró que se bautice con este nombre "a efectos de excluirla del ámbito de los anexos 1 y 2" de la normativa europea que incluye los proyectos que requieren declaración de impacto ambiental.

En este punto, Servet recordó sin citar nombres que esta misma interpretación ha tenido "condenas inequívicas" del Tribunal de Justicia Europea respecto a proyectos de circunvalación anteriores de España. El eurodiputado Willy Meyer, vicepresidente de la comisión de peticiones del Parlamento, le puso nombre y recordar que este intento lo hizo el Ayuntamiento de Madrid con la M-30 llamando "calle" a lo que era una verdadera carretera. "La M-30 intentó burlar con el nombre de calle Madrid para evitar la declaración de impacto ambiental", lamentó.

Los eurodiputados Meyer (IU), el sevillano Luis Yáñez (PSOE) e Iñaki Irazabalbaitia (Aralar) mostraron su apoyo a la lucha vecinal por este parque que beneficia a Alcosa, Torreblanca y Sevilla Este, elogiaron la apertura de la infracción, y pidieron que se oiga al Ayuntamiento, a la Junta y al Ministerio de Fomento. Los apoyó la eurodiputada Margrete Anken. La presidenta Mazzoni dijo que el asunto sigue abierto y en la próxima legislatura la Comisión convocará a las autoridades locales y demás. Por parte del PP, Carlos Iturgáiz defendió los argumentos del Ayuntamiento: que la Junta de Andalucía,del PSOE e IU, es la responsable. Expuso como respuesta de la Gerencia de Urbanismo que el proyecto acabó el pasado 12 de febrero la fase de alegaciones, que ha recibido 29 alegaciones y que "en ningún caso hasta la fecha se ha iniciado la licitación de la ronda en ninguno de sus tramos".


* Diario de Sevilla - A. S. AMENEIRO - 20.3.14
Foto: Dos vecinas pasean por el Parque del Tamarguillo./Juan Carlos Muñoz

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El juez ve indicios de que Unió se benefició de una trama delictiva

La corrupción urbanística en Cataluña ha sido también desmedida. Afecta sobre todo al partido que ha ocupado las mayores parcelas de poder, que ha sido el nacionalista de CiU. Tanto Convergencia con los casos ITV y Palau como Unió con la Fundación Cataluña, han tejido tramas complejas para pasar inadvertidas, teniendo en cuenta además la inicial complicidad social y judicial. Pero todo tiene un punto final y ahora Unió deberá responder cómo vació de fondos la Fundación Cataluña para beneficio propio y así poder ejecutar actividades delictivas, junto a empresarios amiguetes, claro. Así en una de las operaciones, entre servicios y alquiler de locales, el partido se ahorró 370.000 euros. Pero hay más y de mayor entidad, como veremos.
"ELPAÍS : Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se benefició, presuntamente, de una trama delictiva que vació los fondos de la Fundación Cataluña y Territorio, afín al partido democristiano. En un auto en el que da por cerrada la investigación después de cuatro años, el juez concluye que hay suficientes indicios como para que seis personas —incluido el exgerente de la formación, José María Núñez— se sienten en el banquillo de los acusados por una ristra de delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedad y simulación de negocios.

Dos de los empresarios imputados, que ejercían al mismo tiempo como empresarios del grupo IMS y vocales de la fundación —Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés— y el exgerente de Unió procedieron, “de forma conjunta y concertada” a “desviar fondos” de la fundación que acabaron redundando en beneficio del partido, según el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre servicios y alquileres, el partido se ahorró unos 370.000 euros.

Una parte de ese dinero fue utilizado para “saldar las deudas” que la formación dirigida por Josep Antoni Duran Lleida había contraido con Kontrast Productions, una empresa que le organizaba congresos, reuniones y jornadas. Según declaró ante el juez el administrador de esa compañía, Núñez le dio instrucciones para que girara las facturas pendientes de cobrar no al partido, sino a sociedades del grupo IMS. E incluso le indicaba qué conceptos debía incluir en las facturas, detalló. La cantidad total asciende a 178.000 euros.

Desde 2005, además, y “en beneficio de UDC”, los dos vocales junto al entonces presidente de la fundación, Josep Boqué, —también imputado— “renunciaron a cobrar los alquileres de los inmuebles” que eran propiedad de Cataluña y Territorio y que el partido democristiano tenía alquilados. Además, cinco locales propiedad de la fundación fueron vendidos al partido democristiano a un precio “a todas luces sensiblemente inferior al del mercado”, según la querella de la fiscalía que motivó las investigaciones. Unió, de nuevo, resultó beneficiada y se ahorró unos 195.000 euros.

En 2010, cuando comenzó la instrucción, Boqué —que había sido director de Consumo de la Generalitat en los años 90— negó haber facilitado ventajas y se escudó en que la gestión estaba delegada en los vocales López y Cortés.

Durante la investigación, el juez dio la condición de responsable civil “a título lucrativo” a Unió. Se trata de una figura jurídica prevista para que quien se lucra gracias a un delito que no ha cometido, lo devuelva. El auto no aclara si mantiene esa condición a Unió. Fuentes judiciales confirmaron, sin embargo, que el partido ya ha devuelto 195.000 euros: unos 160.000 por la parte de los locales que aún no se había pagado, y otros 35.000 por los alquileres pendientes.

La investigación contiene media docena de subtramas, y el expolio de la fundación afín a Unió no fue solo en una dirección. Según el juez, el expresidente y los dos vocales del think tank extrajeron 1,8 millones de euros de la entidad entre 2004 y 2007 a favor de su grupo, IMS. Una tercera parte de ese desvío (600.000 euros) corresponde a servicios que la fundación pagó pero, en realidad, no recibió. “Se desconoce el destino de esos fondos”, señala el auto, toda vez que los imputados los retiraron mediante transferencias bancarias. El resto del dinero (1,2 millones) corresponde a un préstamo que Cataluña y Territorio concedió a IMS. Pero el préstamo tampoco es real, según el juez, sino solo “un intento de dar cobertura legal a la mayor parte de los fondos” desviados.

El auto también pide que se siga el proceso contra otros dos empresarios —Xavier Soriano y José Cornadó, de Copisa— por la simulación de un negocio que permitió a Soriano “obtener un millón de euros”. El juez pide a las partes —la fiscalía y las defensas— que presenten sus escritos antes de decidir si sienta en el banquillo a los imputados.


* El País - Jesús García - 25.3.14
Foto: Duran Lleida, líder de Unió - elperiodico

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El Tribunal de Andalucía dice ahora que el suelo del hotel del Algarrobico es urbanizable

Reír por no llorar. El caso del hotel El Algarrobico construido al borde mismo de una playa virgen en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, continúa su desgraciada historia de terror. Cuando ya parecía, tras 10 largos años de problemas de todo tipo, que el Supremo había dictado sentencia firme de ilegalidad y, por tanto, de demolición inmediata, viene el Tribunal de Andalucía y, saltándose el escalafón judicial, dice ahora que el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable y que no hay delito!! Demasiados intereses político-financieros se ven tras esta última sentencia (ilegal) del Tribunal andaluz, aunque, como bien sabemos, la justicia urbanística en este país es radicalmente injusta y sus actuaciones bordean lo delictivo. Hace pocos días comentábamos en este blog la extrañeza ante un retraso dictado para el derribo del hotel, pero esta nueva sentencia es el colmo de la desvergüenza judicial. El símbolo por antonomasia del Urbanismo Salvaje en este país continúa desgraciadamente en pié y, según parece, como no lo tiren los ciudadanos, los poderes fácticos no lo van a hacer.
"PÚBLICO* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado este martes que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994. La sentencia revoca el nivel de protección que se le dio en la nueva norma aprobada en 2008 y subraya que le corresponde el nivel de zonificación D2 o "suelos urbanizables cuyo desarrollo no resulta a priori contrario a los valores del espacio protegido".

La resolución de la Sección Tercera, que estima el recurso interpuesto por la promotora del hotel Azata del Sol, entra en contradicción con el fallo dictado por el Tribunal Supremo en torno a la misma cuestión, en este caso en respuesta al recurso de Ecologistas en Acción, que dictaminó en firme en octubre de 2012 que el suelo es no urbanizable de especial protección.

Así, el sector ST-1 consta como no urbanizable desde que el 23 de marzo la Junta lo publicó en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para, así, dar cumplimiento a otra providencia del Alto Tribunal andaluz que le instaba por segunda vez a ejecutar las resoluciones judiciales dictadas.

Nada más conocer la sentencia, la reacción de los colectivos ecologistas no se hizo esperar. Greenpeace anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según la responsable de Costas de la organización ecologistas, Pilar Marcos, puede haber "maniobras ocultas" para legalizar la construcción.

En cualquier caso, Marcos aseguró que Greenpeace lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, tribunal que, según recordó, ya resolvió dos medidas cautelares del TSJA diciendo que "los terrenos no eran urbanizables", lo que llevó a la Junta de Andalucía a "asumir ese error y a clasificar la zona como no urbanizable".

A la vista de los acontecimientos y de que aún sigue pendiente que se resuelva el "importante" pleito sobre la licencia de obras, Marcos sospecha que se estén realizando "triquiñuelas ocultas para legalizar el hotel". "De todo lo preocupante no es solo que el TSJA esté negando todas las sentencias y los pronunciamientos que dicen que la zona no es urbanizable sino que lo más importante es cómo esta pequeña pieza puede tener una gran influencia sobre el pleito, que lleva dos meses de retraso, sobre la licencia de obras", subrayó.

Ecologistas en Acción también confirmó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la "impresentable" sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, declaró este martes que en la tramitación judicial "se veían maniobras raras desde hacía tiempo", en alusión al dictamen del fallo pese al recurso contra la providencia que amparaba el cambio de sección y de ponente que han visto el caso en el seno del TSJA, y del cual se han enterado "a toro pasado".

Dicha modificación, según Domínguez, supondría una violación del derecho fundamental a ser juzgados por un juez ordinario predeterminado, algo que ha considerado un "atropello" desde el punto de vista formal, dada la "indefensión total y absoluta" en que quedaban los recurrentes.

Por otra parte, el letrado calificó de "impresionante" que la sentencia se haya dictado "tan rápido", antes de resolver su recurso anterior. "Ha habido cosas rarísimas", ha abundado. Domínguez ha recordado que ya existe una sentencia del Supremo y cuatro del TSJA que declaran espacio protegido el suelo donde se asienta el complejo, por lo que el último fallo es "contradictorio" con los anteriores, si bien, ha lamentado, éste "prepara el terreno al fallo de la licencia, que si se basan en éste tendrían que legalizar".


* Público - EP- 25.3.14
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - google



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El Gobierno plantea asumir el 50% de la deuda de las autopistas en quiebra para rescatarlas

En la misma línea de lo sucedido con la deuda bancaria, el gobierno del país pretende asumir la mitad de la deuda de las empresas concesionarias de las insostenibles nuevas autopistas de peaje. Es decir, que recaigan sobre todos los ciudadanos los errores de planificación y despilfarro delictivo de las infraestructuras construidas en los últimos años. Algo que denota, una vez más, como el gobierno 'popular' acude raudo a ayudar a sus amiguetes en la corrupción que ha supuesto la crisis-estafa que seguimos padeciendo en todo el país. En este blog se denunció desde el principio el atrevimiento 'interesado' de los dirigentes del ministerio de Fomento al despilfarrar los recursos en infraestructuras sin ningún tipo de beneficio social, solamente el privado de las grandes empresas constructoras amigas. Cuando se ha venido abajo este perverso negocio, se pretende socializar las pérdidas. Algo debería decir la justicia al respecto, si fuera justa de verdad.
20MINUTOS* : El Gobierno ha ofrecido a la banca acreedora de las empresas concesionarias de diez autopistas de peaje con problemas económicos una quita de algo más del 50% (unos 2.400 millones de euros) de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creación de una empresa de capital cien por cien público para aglutinar a esas vías.

Según han señalado fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta de los ministerios de Fomento y de Hacienda a los seis principales entidades financieras implicadas en este proceso contempla también crear un fondo de titulización que emitirá bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%, un porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías. El objetivo de este plan, que este martes ha avanzado el diario La Vanguardia, es evitar que la solución a la insolvencia que presentan estas autopistas afecte al déficit público. Está previsto que los bancos afectados, BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank, Banc Sabadell y Banco Popular, respondan a esta propuesta antes del próximo lunes.

La constitución de esta sociedad agregaría al 22% de la red total de autopistas de peaje y constituye la mejor solución para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el déficit público y evitar la declaración de ayuda de Estado, señalan las mismas fuentes.

Inicialmente el Gobierno había planteado a las concesionarias y a los bancos acreedores la creación de una sociedad con participación pública y privada. En función de esta idea inicial, el valor residual de estas concesiones representaría el 20% del capital de la empresa, que podría estar valorada en más de 600 millones de euros, mientras que el 80% restante estaría controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que en un primer momento no gustó a todas las partes. Es el caso de las constructoras y concesionarias, que llegaron incluso a reclamar una participación del 49%.

Además, en el marco de las negociaciones, desde Fomento no se negaba abocar incluso a estas autopistas en concurso de acreedores a la liquidación, un proceso que reconocían que era largo e incierto aunque no necesariamente más caro.

Por su parte, desde Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de peaje, consideraban que la liquidación de estas autopistas dañaba la imagen de España, cerraba el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durarían varios años. Por ello, reclamaban la creación de una sociedad concesionaria pública para integrar diez autopistas de peaje como la opción menos gravosa.

Asimismo, desde Seopan se ponía de manifiesto que las empresas ya han perdido el 100% de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable.

Las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) se declararon en concurso de acreedores, presionadas por una deuda conjunta de 1.700 millones de euros y una caída del tráfico que supera el 48% desde los máximos que registraban en 2007, antes de la crisis. Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) también se vieron abocadas al concurso.

Autopistas en quiebra

Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Esta autopista, que se abrió en diciembre de 2006, fue la primera en declararse en quiebra en mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380 a los bancos y 150 a los propietarios expropiados). Entre sus propietarios figuran empresas como Isolux, Comsa, Sando y Azvi y Banco Espírito Santo.

Radial 4 (Madrid-Ocaña). La autopista radial R-4 se declaró en concurso voluntario de acreedores en octubre de 2012. Inversora de Autopistas del Sur y Autopista Madrid Sur, las sociedades concesionarias, no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros. Las constructoras Cintra-Ferrovial y Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha están detrás de estas sociedades. Entre enero y septiembre de 2013, esta radial disminuyó su tráfico un 16,4% (hasta los 4.949 vehículos diarios).

Radial 3 (Madrid-Arganda) y Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). La sociedad Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y R-5 (participada por las constructoras Abertis, Sacyr y ACS), fue declarada en concurso voluntario de acreedores días después de hacerlo la R-4 con el fin de refinanciar la deuda de 666 millones de euros contraída con los bancos. La R-5 (Madrid-Navalcarnero) había perdido un 14,7% de usuarios entre enero y septiembre de 2013, hasta 6.957 vehículos diarios. La R-3, por su parte, cayó un 6,8% en ese mismo período y sumaba hasta 9.719 usuarios al día.

Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa, sociedad concesionaria de la R-2, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 tras acumular una deuda financiera de unos 450 millones de euros. Esta sociedad concesionaria está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía FCC y Bankia. Es la autopista que más tráfico perdió en 2013, un 22,5%, hasta contabilizar una media diaria de 4.588 vehículos.

Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La empresa concesionaria —gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa— entró el concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2012 —tras solicitarlo en octubre— al no poder hacer frente al pasivo de 522 millones de euros que soportaba y que vencía a finales de ese año. El tráfico en esta autopista cayó en 2013 un 9,8%, hasta 2.802 coches diarios.

Circunvalación de Alicante. Se declaró en concurso de acreedores en el verano de 2013. La concesionaria Ciralsa reconocía así su situación de insolvencia al declarar un pasivo superior a los 400 millones de euros. Su tráfico en 2013 había disminuído un 7,3% (hasta los 5.293 tránsitos al día).

Autopista AP-7 Cartagena-Vera. La falta de tráfico —en 2013 decreció un 3%, hasta los 2.737 usuarios diarios—, sumado a los problemas financieros por la imposibilidad de atender el pago de intereses y los sobrecostes por obras y expropiaciones llevaron a Aucosta, la sociedad concesionaria de esta autopista —participada por Ploder, Globalvía (FCC y Bankia), Unicaja, BMN y CAM— a declararse en concurso de acreedores en febrero de 2013 con un pasivo de unos 550 millones de euros.

Autopista AP-7 Alicante-Cartagena. Ausur, la sociedad que explota la infraestructura, aún no se ha declarado en concurso de acreedores pese a la importante deuda que mantiene con el consorcio bancario—Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— que le concedió un crédito de 210 millones de euros. Los bancos creen que la única solución pasa por la nacionalización, pero los accionistas de Ausur están intentando renegociar la deuda. La autopista alcanzó su tráfico máximo en 2007, con 20.410 vehículos, y ha ido perdiendo usuarios hasta rozar los 17.000.

Autopista Eje Aeropuerto M-12. Esta vía, de la que el grupo OHL es titular al 100%, ha sido declarada en concurso de acreedores en enero de este año, con una deuda de unos 550 millones de euros.


* 20 Minutos - agencias - 25.3.14
Foto: Carteles indicativos de la Radial 5 de Madrid.

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Llanes autorizó al hotel de la playa de Barru exceder la edificabilidad

No es un caso tan emblemático como el del hotel 'El Algarrobico' de Almería, pero es significativo que también en la costa asturiana de Llanes haya otro hotel al que el propio ayuntamiento ha permitido una edificabilidad muy por encima de la autorizada legalmente, saltándose así las normas urbanísticas existentes. La asociación de vecinos llaniscos ha solicitado su inmediata paralización, pero la licencia ilegal, concedida en el año 2013 por el ayuntamiento, puede significar ahora un importante desembolso al tener que indemnificar a los propietarios en caso de la evidente demolición (aunque solo sea parcial).
"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes otorgó al hotel situado en primera línea de la playa de Barru más edificabilidad del máximo legal permitido, según ha concluido la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Así se recoge en un informe en el que la CUOTA cuestiona también que el Ayuntamiento de Llanes haya otorgado licencia para construir un edificio de tres plantas más ático sin haber justificado en el expediente, como señala la ley, que esas alturas cumplen las exigencias de la legislación regional.

La primera conclusión de la CUOTA no deja lugar a dudas: "La licencia concedida por resolución de la Alcaldía de Llanes, de fecha 8 de marzo de 2013, a la mercantil Carrera y Pérez SL, para obras de reforma y ampliación del hotel Kaype y aparthotel de tres estrellas en Barru, autoriza una edificabilidad que supera la máxima que resultaría de aplicación conforme al criterio legal de cálculo utilizado", señala textualmente el informe, lo que ha llevado a la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) a solicitar al Servicio de Disciplina Urbanística la inmediata paralización de las obras.

AVALL, que calcula que el exceso de edificabilidad asciende a unos 2.000 metros cuadrados, "más de dos plantas de la nueva edificación", señaló que las supuestas ilegalidades observadas podrían conducir a la demolición de buena parte de los construido. "Atendiendo únicamente al informe de la CUOTA, sin necesidad de esperar a la sentencia jurídica (hay varios juicios pendientes) este despropósito se convierte en un descalabro potencialmente mortal para las arcas comunes de los llaniscos, pues no hay que olvidar que este proyecto ha sido validado, defendido y licenciado por el Ayuntamiento de Llanes y sus respectivos técnicos, con lo que la propiedad, al igual que ocurrió en otros casos, habrá de ser indemnizada por las arcas públicas, y en este caso la cifra de 500.000 euros habría que considerarla ridícula", señaló AVALL, en referencia al medio millón de euros que tuvo que abonar el Ayuntamiento de Llanes en concepto de indemnización a los propietarios de un chalé de Niembru que fue demolido en 2011 pese a contar con licencia municipal.

AVALL, en su escrito a Disciplina Urbanística, indica que el respaldo de la CUOTA al Ayuntamiento y al promotor, señalando que la obra se ejecuta en suelo urbano consolidado, se resolverá en los tribunales. Y es que tanto AVALL como los dos particulares que han llevado al juez el caso sostienen que la obra se ejecuta en un núcleo rural, y, por lo tanto, en suelo no urbanizable o, como mínimo, en suelo urbano no consolidado. Y en varias parcelas independientes. De ser así, la obra sería ilegal y habría que demoler todo lo construido.

Los propietarios del hotel, según la CUOTA, ya han admitido que incluyeron en el proyecto, "por error", 423,05 metros cuadrados de suelo público propiedad de Costas, como denunciaron AVALL y dos particulares. Ese "error" ya ha sido subsanado mediante una nueva inscripción catastral.


* LNE - Ramón DÍAZ - 1.3.14
Foto: Las obras del hotel de la playa de Barru, ayer.- Emilio G. Cea

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El diputado nacionalista Oriol Pujol y su mujer, imputados por soborno en el ‘caso ITV’

Continúa en activo el caso de la trama para la concesión irregular de estaciones de ITV en Cataluña, un hecho de gran relevancia política sucedido hace más de 6 años ya. En el mismo sigue imputado el parlamentario y exsecretario general de CiU, Oriol Pujol, hijo del que fuera muchos años presidente de la Generalitat, Jordi Puyol. Una nueva acusación judicial le acusa ahora de soborno al reclamar 30.000 euros a empresarios para dirigir el voto de CiU hacia su causa particular. Habrá que ver cómo termina este asunto y si el juez es capaz de sentenciar 'justamente' ante las fuertes presiones políticas existentes del partido nacionalista catalán.
"PÚBLICO* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado por presunto soborno al diputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol; a su mujer, Anna Vidal, y a los empresarios Sergi Alsina y Ricard Puignou dentro del caso de la supuesta trama para la concesión irregular de ITV. En un auto de 12 páginas el magistrado Enric Anglada ha decidido, tras escuchar este martes a las partes, "la continuación del presente procedimiento" dentro de la investigación de las ITV, donde Oriol Pujol ya estaba imputado por presunto tráfico de influencias.

El juez ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha citado a estos cuatro imputados, y también ha convocado a otras seis personas como testigos, incluido el que era encargado de la Generalitat para la negociación de las ITV, Josep Tous.

Sostiene que "hay indicios racionales" de que Oriol Pujol cometió un delito de soborno, y alude al escrito del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado que considera que el político exigió 30.000 euros a Puignou por votar en el Parlamento a favor de los intereses del empresario en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008.

El fiscal, basándose en informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), sostiene que Oriol Pujol ejecutó las pretensiones de Puignou "valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público".

Lo hizo presuntamente a través del empresario ya imputado Sergi Alsina, amigo personal del político, para hacer que el grupo de CiU en el Parlamento catalán presentase enmiendas a la ley a petición de Puignou, gestiones por las que presuntamente cobró.

Abono a Oriol Pujol ‘por los servicios prestados'

Puignou presuntamente pagó por esto 80.000 euros en 2008 a Alsina, mientras que el supuesto abono a Oriol Pujol "por los servicios prestados" se hizo a través de una mercantil de su mujer, también imputada.

El magistrado todavía no ha fijado fecha para las declaraciones de los imputados pero, según han informado fuentes judiciales, no serán antes de Semana Santa; se ha dado la circunstancia de que la primera imputación del político -entonces por tráfico de influencias- se produjo hace justo este miércoles un año, el 19 de marzo de 2013.


* Público - EP - 19.3.14
Foto: Oriol Pujol, junto a su padre Jordi y el presidente Mas (archivo) - publico



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Treinta y cinco años de Planeamiento Urbanístico

Qué es lo que ha ocurrido en la sociedad para que un actividad como el Urbanismo haya pasado en pocos años de ser ejemplar y esencial para la ordenación del territorio a un nido de corrupción y foco delictivo de las mayores atrocidades y salvajismo. Desde siempre y hasta hace unos 30 años la actividad urbanística fue generalista, abarcando materias tan amplias como la arquitectura, la ecología, la antropología, la psicología social, etc. Es decir, fundamental en la vida de las personas para su mejor desarrollo social. Pero el alejamiento progresivo de los técnicos formados en estas actividades, así como el avance notorio de la política y sus ideologías partidistas, con la corrupción subsiguiente, han permitido que se llegue a una situación como la actual, desastrosa para toda la comunidad, donde ya solo cabe apelar a la participación real y directa de la ciudadanía para, entre todos, solucionar esta grave crisis de identidad del Urbanismo clásico.
"JOSÉ E.BRETÓN* : En 1979, cuando en España empezaron a perder vigor los planeamientos anteriores y comenzaron a redactarse los planeamientos denominados democráticos, en las escuelas técnicas, los profesores de urbanismo aún enseñaban a sus alumnos los criterios y las pautas que deberían seguir al intervenir en la ordenación de los asentamientos humanos.

Los profesores animaban a los alumnos a profundizar en el contenido del término Ekistica, acuñado por Doxiadis (1913-1975, arquitecto por la Universidad Politécnica de Atenas, doctor por la Universidad de Charlottenburg en Berlín, responsable de la reformulación urbanística de Rio de Janeiro, autor de los planes de ampliación urbanística de Bagdad, Riyadh y Jartum y del diseño de las ciudades de Tema en Ghana y de Islamabad en Pakistán), para definir la ciencia general de los establecimientos humanos, que concibe el hábitat humano en su totalidad, y que comprende desde la arquitectura que da expresión a los conjuntos menores, hasta el regionalismo con la concepción y creación de la región, pasando por la urbanística que se concreta en las áreas urbanas. En aquellos años, las enseñanzas en las escuelas también incluían en el estudio de los asentamientos humanos aspectos relativos a la geografía y la ecología, al entorno físico, a la psicología humana y a la antropología, a la estética, a lo cultural y de vez en cuando a lo político. En definitiva, los estudios adquiridos en las escuelas técnicas tenían como objetivo el logro de la excelencia en los trabajos urbanísticos.

Pero al mismo tiempo, y a pesar conocer todos los principios anteriores, un nutrido grupo de profesionales del urbanismo aprovecharon la nueva situación para, de forma interesada, compatibilizar el desarrollo de planeamientos urbanísticos para la Administración con labores de asesoramiento a los movimientos reivindicativos vecinales, llegando incluso en el ejercicio de esta doble actividad, a formular el cuerpo esencial de los principios diferenciales que caracterizarían lo que para algunos serian los planeamientos urbanísticos propios de la izquierda. Posteriormente, y como era previsible, estos profesionales alcanzaron un destacado protagonismo en trabajos relacionados con la ordenación del territorio y la edificación, gracias a los encargos recibidos desde las distintas Administraciones.

Sin embargo, no fue necesario que pasara mucho tiempo para que la realidad demostrara a estos profesionales, y a quienes les facilitaban los encargos desde lo público, que la gestión urbanística dejaba escaso margen para poder plasmar en los planes urbanísticos, principios, intenciones y objetivos que son ajenos al urbanismo.

Fue a partir de ese momento cuando unos y otros, junto con algunos propietarios de suelo, buscaron formulas de entendimiento, y sin transcurrir más de un año desde la constitución de los nuevos ayuntamientos democráticos, comenzaron ya a suscribirse entre algunos ayuntamientos y particulares los primeros convenios urbanísticos, figura de ordenación perversa en la que la Administración y el particular, negocian y convienen una determinada ordenación urbanística, que ha sido utilizada hasta la saciedad por determinados entes locales provocado en numerosas ocasiones graves heridas tanto en la trama de las ciudades como en el resto del territorio, llegando incluso la negociación de algunos de estos convenios urbanísticos a demorar la conclusión de grandes infraestructuras de interés general, como ha sucedido en el oriente asturiano con la Autovía del Cantábrico a su paso por el municipio de Llanes, que aún hoy se encuentra en ejecución, provocando con esta forma de proceder cuantiosos perjuicios a los ciudadanos y a las arcas públicas.

Tampoco debe olvidarse que la mayor parte de los convenios urbanísticos negociados y firmados en aquella época, y más recientemente, no solo se han limitado a introducir cambios que permitieran aminorar los efectos más negativos de la ordenación original, sino que algunos Ayuntamientos han aprovechado la ocasión de negociar y suscribir los convenios urbanísticos para obtener cuantiosas contrapartidas de los particulares que han ido más allá de las meras cesiones de suelo establecidas por ley, contribuyendo con esta forma de proceder al encarecimiento de las viviendas y a que no pueda hacerse efectivo el Articulo 47 de nuestra Constitución, relativo al derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y a una regulación del suelo en la que prime el interés general y que impida la especulación.

Es necesario, por lo tanto, que quienes hayan sido formados en las Escuelas para ordenar el territorio, retomen las enseñanzas recibidas y las pongan en práctica, y también es necesario que, quienes han sido elegidos para lo público, sean conscientes de sus limitaciones y se abstengan de mediatizar a los profesionales en una labor que es de capital importancia y para la que no son competentes. Han trascurrido 35 años desde el inicio de los primeros planeamientos democráticos y la experiencia demuestra que debe corregirse el rumbo. La actual situación de crisis hace imprescindible esa reflexión.

*José Emilio Bretón García, Arquitecto y urbanista

* LNE - 25.2.14
Foto: Benidorm (Alicante) - abc



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El mayor delirio urbanístico del mundo está en China

Es algo que era fácil de prever: que en la explosiva China se estén cometiendo ahora las mayores atrocidades urbanísticas, sobre todo vistas las burbujas inmobiliarias en otros países, como Japón, Irlanda o España. El inmenso país asiático está empeñado en seguir los despilfarros urbanos y de infraestucturas que han castigado duramente la economía de otros países del planeta. Así hay ciudades y grandes barrios prácticamente vacíos, con una construcción de baja calidad destinada a la estafa-crisis de ciudadanos que necesitan imperiosamente una vivienda, pero lógicamente a otros precios y calidades de edificación. Los ejemplos aberrantes en China son numerosos, avalados además por una economía dirigista desde el poder y la consiguiente falta de elección libre. El día que explote la burbuja inmobiliaria China va a ser sonado tanto en el interior como en el exterior del país.
"PLAYGROUND* : Con el enorme parque de edificios vacíos que tenemos en nuestro país, ¿cómo puede ser que haya tanta gente sin vivienda? Esta es una pregunta que no deja de formularse en la España postburbuja. La cuestión es que en los años del boom inmobiliario se contruyó muchísimo más de lo que necesitábamos, y de manera muy poco sostenible. Nuestra economía estaba muy arriba, pero condenada a la implosión. Hoy España cae y China es el gigante, pero la historia a mayor o menor escala, es la misma: la explosión económica de China se sostiene sobre una serie de éxitos políticos y comerciales, pero también sobre una salvaje apuesta por la construcción de infraestructuras y la urbanización que ha dado ya lugar a una brutal deuda bancaria, y engendros como la ciudad de Ordos, probablemente la ciudad fantasma más grande la Tierra.

Situada en la Mongolia Interior, una región del norte de China que ha conocido un importante desarrollo económico en la última década, Ordos se despliega como ejemplo contemporáneo de urbanismo delirante; una muestra viviente de cómo la planificación urbanística basada en la especulación y el movimiento de capital son incapaces de dar forma a una ciudad funcional.

Ordos es una metáfora o un espejismo, salida del sueño megalómano de un grupo de inversores (que después de apostar por convertirla en la nueva joya urbana del país, acabaron dejándola a su suerte) que se hizo realidad mediante una finta gargantuesca al sentido común.

Planificada para acoger a un millón de habitantes, su población actual no llega a los 20.000. Y sin embargo no le falta de nada. Los edificios que no están abandonados (que son la inmensa mayoría) permanecen abiertos al público, esperando con los brazos abiertos un supuesto aluvión de gente que difícilmente llegará. Desde un lujoso aeropuerto decorado con símbolos del glorioso pasado mongol, hasta hoteles de cinco estrellas, burdeles, museos, mezquitas, estadios... Ordos posee todas las instalaciones que una ciudad moderna podría desear. ¿Pero qué es una ciudad sin la gente que la habita? ¿Quién va a querer visitar la que se declara a sí misma como "la espectacular ciudad turística China" si los empleados de mantenimiento sobrepasan en número a los habitantes? Sólo la ciega fe de sus pobladores en que la gente llegará tarde o temprano les hace permanecer viviendo en un mal sueño creado por otros.

El urbanista danés Jan Gehl afirmaba décadas atrás que a la hora de planificar un espacio urbano, primero estaban las personas y sus relaciones, y luego los lugares que las acogían: hacerlo al revés nunca funcionaba.

Y si uno observa la historia de los asentamientos urbanos, se da cuenta de que su naturaleza es fluida y compleja, y está basada en la actividad humana antes que en las grandes planificaciones institucionales. Pensemos si no en las desiertas y gigantescas ciudades soviéticas, en las delirantes capitales generadas por los millones del petróleo en la península arábiga, o en experimentos sociales a gran escala (y fallidos) como Brasilia. Uno no puede crear una ciudad a golpe de escuadra, cartabón y dinero muerto. Con eso en mente, la existencia de Ordos podría al fin y al cabo tener alguna utilidad: servirnos de recordatorio de la dirección que NO queremos tomar.


*Playground - Natxo Medina - 17.3.14
Foto: ciudad vacía de Ordos en China - playground

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Industria se gasta 2 millones anuales en el Palacio de Congresos, cerrado desde 2012

El despilfarro delictivo que ha ocurrido en los últimos años en el país ha permitido que edificios emblemáticos hasta hace poco sean abandonados al ver duplicada o triplicada su actividad con la construcción de otros de nueva planta. En el Madrid de los pelotazos urbanísticos que ha sucedido con la preparación inútil de la Olimpiadas y otros magnos eventos, el Palacio de Congresos de la Castellana lleva casi 2 años cerrado a la espera de que sus dueños del Ministerio de Industria se dignen restaurarlo. Mientras tanto los gastos se disparan absurdamente y el ministro anda a vueltas con otros problemas energéticos de mayor calado para los chanchullos y la corrupción financiera.
"ELCONFIDENCIAL* : El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, un emblemático edificio situado en el madrileño paseo de la Castellana, fue durante años un icono de la oferta de turismo de congresos de España. Su propietario, el Ministerio de Industria, decidió cerrarlo durante tres meses porque había que rehabilitarlo. Era diciembre de 2012, y las obras de remodelación todavía no se han iniciado. Mientras tanto, el departamento que dirige José Manuel Soria invierte una media de dos millones de euros al año en mantener a los 28 trabajadores que siguen velando por la integridad del edificio.

El Ejecutivo ofreció los últimos datos sobre la situación del Palacio en febrero, cuando el Grupo Parlamentario de UPyD presentó una proposición no de ley mediante la cual preguntaba por el edificio. La formación magenta que dirige Rosa Díez echa en cara a los populares que no se aceleren las obras para aminorar el gasto: además de mantener un edificio con capacidad para acoger a 2.000 personas que está cerrado, el edificio no obtiene ningún beneficio porque no se realizan eventos. Según los cálculos de la oposición, por el retraso en las obras se están perdiendo unos cinco millones anuales en eventos que la empresa privada ahora realiza en otros inmuebles.

Desde la Secretaría de Estado de Turismo admiten a El Confidencial que este cierre no implica, en ningún caso, la suspensión de la relación contractual con los prestadores de servicios del Palacio de Congresos. Los 28 empleados que fueron contratados como personal laboral y cuentan con una antigüedad de entre 30 y 40 años en el edificio estatal son principalmente ordenanzas, operarios de mantenimiento y administrativos. En todo este tiempo, aseguran las mismas fuentes, se ha estado negociando con los sindicatos un nuevo destino profesional donde estos trabajadores públicos puedan desempeñar su trabajo “acorde con su categoría profesional”.

Las mismas fuentes reconocen que los trabajadores no han tenido ocupación durante todo este tiempo, pero añaden que se les han ofertado hasta tres puestos distintos en cada caso para su reubicación en otras sedes oficiales. Hace una semana por fin se “llegó a un acuerdo”, aunque no se ha especificado cuál ha sido el nuevo destino de esta treintena de profesionales que han estado mano sobre mano durante dieciséis meses.

Rosa Díez culpó al Gobierno de su “incapacidad” para solucionar los problemas de esta instalación “en el tiempo estimado”, perjudicando “seriamente” al turismo de la ciudad de Madrid. “¿Cómo explica el Gobierno que existan mejoras pendientes y en retraso que suponen un coste mínimo en relación a los beneficios que genera el Palacio de Congresos y Exposiciones?”, cuestionó Díez en la pregunta que envió a la Mesa del Congreso de los Diputados.

Dos cierres temporales hasta que llegó el indefinido

El 21 de diciembre de 2012, un mes después de que la muerte de cinco jóvenes en el Madrid Arena provocara una psicosis por la seguridad de edificios públicos, se dictó una primera resolución para suspender temporalmente todas las actividades en el Palacio. Las primeras previsiones apuntaban a que las instalaciones, que se caracterizan por el mural de Miró que exhiben en una de sus fachadas, se abrirían el 31 de enero, dada la situación de las instalaciones e infraestructuras del edificio, “algunas de las cuales se hallan en un estado de deficiente conservación”.

Durante estos 40 días, según consta en la resolución, se procedió a la actualización del Plan de Autoprotección y se realizó un análisis para determinar las intervenciones necesarias tendentes a garantizar la prestación de servicios con plena seguridad para personas y bienes. El 30 de abril, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, anunció que se ampliaba la suspensión temporal hasta el 31 de diciembre. Tras dos cierres temporales consecutivos, el ministerio anunció un “cese de actividad indefinido” al no tener todavía una previsión de cuándo comenzarán las obras. El distrito de Tetuán, lugar donde se localiza el inmueble, exigía a Turespaña –organismo nacional de Turismo– un proyecto que cumpla con el Código Técnico de la Edificación y que supone, en la práctica, una rehabilitación integral del edificio. Desde el organismo autónomo no se comprometen a asegurar una fecha aproximada de reapertura ni ofrecen cifras de pérdidas.


* Ana I. Gracia - 20.3.14
Foto: El Palacio de Congresos. (Foto: César Astudillo - Wikimedia)

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Las iglesias de Mombuey y San Pedro de Villalpando, en la lista roja de Patrimonio

La lista roja de Patrimonio en España continúa aumentando año tras año. Los monumentos catalogados que están en ruina inminente y no son atendidos por sus dueños, públicos o privados (Iglesia), son ya innumerables. Y esto es debido, también, al desastre ocurrido con el Urbanismo salvaje de los últimos años que ha permitido la falta de conservación y restauración de los mismos. Las distintas administraciones se han ocupado fundamentalmente de nuevas edificaciones y de 'pelotazos' delictivos, olvidando la rehabilitación de los centros históricos y la restauración monumental. Aquí se traen unos ejemplos de lo ocurrido, desgraciadamente, en Castilla y León, con varias iglesias zamoranas en progresiva ruina, habiendo muchos otros casos en la misma autonomía, como pasa en Arévalo, Medina del Campo, Olmedo, etc.
"LAOPINIÓN* : Dos nuevos templos han sido incorporados a la Lista Roja del Patrimonio Español, que elabora la Asociación Hispania Nostra que vela por la defensa, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural. Se trata de la torre de la iglesia de Mombuey, declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, sobre la que se alerta del estado de ruina progresiva, y la iglesia de San Pedro de Villalpando, también en franco deterioro a pesar de tratarse de la única joya del románico mudéjar que se mantiene en pie en la villa terracampina.

Según consta en el informe de Hispania Nostra, la torre de la iglesia de Mombuey presenta una caída de elementos ornamentales, y como consecuencia, «expolio de los mismos». También se alerta del desprendimiento del mortero que se aplicó para rejuntar los sillares de la construcción en la restauración de 2010. Otro de los males de este monumento singular y único en su estilo en la provincia, es la presencia de vegetación en los vanos del cuerpo superior, que favorece la filtración de aguas, y aumenta las humedades.

La iglesia se encuentra situada en el barrio central de Mombuey, junto al Camino de Santiago. De ella se pueden diferenciar dos partes, la torre y la iglesia, siendo ésta última del siglo XVIII y de menor calidad constructiva. La original y singular torre fue, a todas luces, una atalaya militar con funciones añadidas, que ha venido asistiendo a la iglesia parroquial como campanario. Su construcción es atribuida a los caballeros templarios, que la edificaron siguiendo un estilo tardorrománico, en la segunda mitad del siglo XIII.

Respecto a la iglesia de San Pedro de Villalpando, Hispania Nostra justifica su incorporación a la «lista roja» en base a los «importantes daños, como grietas y humedades, que se han agravado durante los últimos años como consecuencia de la falta de intervenciones de mantenimiento». La torre es una de las partes más afectadas y presenta dos grietas de grandes dimensiones, incluso se apunta el «riesgo de desplome», puesto que «se está separando progresivamente del resto de la iglesia y puede suponer un peligro para los viandantes que pasan a diario por la calle anexa». Igualmente se hace constar la desaparición de obras patrimoniales.

Una situación de la que es conocedor el pueblo de Villalpando. De hecho, el ruinoso estado de la iglesia de San Pedro ha llevado a un grupo de vecinos de la villa a constituir la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico Religioso de Villalpando con el objetivo de frenar el grave deterioro que sufre el templo. Grietas, grandes manchas de humedad y desprendimientos amenazan el futuro de la única joya de románico mudéjar del siglo XII que se conserva en la localidad. El colectivo recién creado ha dado ya pasos para evitar la ruina de la iglesia buscando vías de financiación que permitan la intervención en el templo. Pero ha sido la aportación desinteresada de vecinos de Villalpando la que ha permitido la primera intervención de urgencia, reparando parte del tejado, donde se había producido un reciente desprendimiento.

Incluso la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico Religioso de Villalpando propone ideas para restaurarlo como convertirlo en la sede de un futuro museo que albergue y valioso y abundante patrimonio religioso existente en Villalpando y que actualmente está disperso por diversos edificios, incluso fuera de la provincia.

Ante esta incorporación de dos monumentos de la provincia, el Partido Socialista quiere llamar la atención sobre la situación del Patrimonio histórico-artístico de Castilla y León, en general, y del zamorano, en particular.

Precisamente, el pasado martes 11 de marzo, el portavoz socialista de Cultura y Turismo en las Cortes, José Ignacio Martín Benito, interpelaba a la Consejera de Cultura por la conservación y gestión del patrimonio cultural en la Comunidad, y hacía referencia al «mal estado de bienes de interés culturales en la provincia de Zamora como las iglesias de Mombuey y Molacillos, así como el retraso acumulado en la restauración de los mosaicos y apertura al público de la villa romana de Camarzana de Tera». Martín Benito precisa que el Partido Popular «se opuso el pasado mes de febrero en las Cortes a la propuesta socialista de una intervención integral en el monumento de Mombuey».

Con las dos nuevas incorporaciones, la «lista roja» del patrimonio cultural en la provincia incluye trece monumentos, entre los que se encuentra Castrotorafe, el Convento del Soto en Villanueva de Campeán o los castillos de Alba, Granucillo, Villalpando y Amesnal, este último en Alfaraz de Sayago.


* La Opinión de Zamora - I. GÓMEZ - 16.3.14
Foto: Mombuey (Zamora), torre en la lista roja - laopinion



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La piqueta indulta a las grandes obras y derriba pequeñas construcciones

La piqueta del derribo es selectiva a la hora de ejecutar órdenes y sentencias, algo que sucede en todo el país, desgraciadamente. Como suele ocurrir, es más fácil para los corruptos dirigentes deshacerse de una pequeña construcción ilegal que de grandes urbanizaciones, hoteles de lujo, etc. Así da la impresión que hacen algo positivo, cuando realmente las ilegalidades urbanísticas más importantes se cuelan 'de puntillas'. Siempre están detrás, por supuesto, los oscuros intereses político-financieros. Es lo que ocurre en Galicia, donde la Xunta demolió 111 obras ilegales el último año, la mayoría casas unifamiliares y galpones, mientras urbanizaciones y hoteles con órdenes de derribo siguen en pie y probablemente, con la inestimable complicidad judicial, nunca sean derribadas.
"ELPAÍS* : Las excavadoras derribaron 100 construcciones ilegales en Galicia durante 2013. En las próximas semanas otras 11 serán escombros. Xunta y ayuntamientos ingresaron el ejercicio anterior 1,24 millones de euros por multas urbanísticas. Las cifras están en el balance de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que presentó esta semana el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, quien aseguró que no es “afán recaudatorio” lo que mueve a su Gobierno sino concienciar a la sociedad en el respeto al medio ambiente.

Según consta en los planos de la APLU —el organismo nacido en 2008 con el bipartito que desde entonces ha echado abajo 300 edificaciones ilegales— la piqueta se está empleando a fondo contra viviendas unifamilares, galpones y alguna nave industrial levantados sobre suelo rústico. Pero, entretanto, grandes urbanizaciones, complejos residenciales de lujo y establecimientos hoteleros pegados al mar, también declarados ilegales con sentencias firmes, sobreviven tras lustros de burocracia y recursos judiciales.

Un ejemplo paradigmático se da en Fisterra. El Gobierno gallego amenazó el pasado enero a los propietarios de tres chalés a los pies de la playa de Mar de Fora con multas de 400.000 euros si no acceden a derribarlos. El expediente señala que se trata de obras realizadas “sin licenza ni autorización autonómica en suelo rústico de protección de costas que cuentan con orden de demolición”. Una infracción muy grave. Si los dueños aceptan tirarlos por las buenas, verán reducida la sanción en un 80% de su cuantía.

En ese mismo municipio de la Costa da Morte perviven en la apelotonada Recta da Anchoa seis edificios con 168 pisos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra los que la Xunta no actúa. Pertenecen a constructoras vinculadas a familiares de cargos del PP y evidencian el rastro que dejó el desaforado desarrollo urbanístico de este municipio costero, donde la construcción creció un 444% entre 2004 y 2007. Un portavoz oficial de la Consellería de Medio Ambiente alega que “no existe trato desigual” y garantiza que la Xunta solo espera a tener en su mano todas las sentencias —hay procesos judiciales que siguen tramitándose en juzgados, algunos con sentencias favorables a los constructores— para actuar.

En O Grove, pleno corazón de las Rías Baixas, las máquinas desmontaron el pasado febrero una residencia familiar de madera. El expediente constata una infracción muy grave por invadir suelo rústico de protección de costas. En la finca de aquella casita de madera hoy no queda nada.

A solo unos kilómetros de allí siguen en pie 52 chalés de lujo, incluidas sus solarium y piscinas saladas, que miran a la playa de Os Raeiros. La urbanización la levantó en 1991 sobre suelo rústico y con licencia de apartotel la sociedad Inproin Galicia SL, cuyo administrador es Fernando Varela, un empresario bien relacionado en el PP, hermano del anterior conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Tras una catarata de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal Superior de Xustiza desestimó el pasado 12 de septiembre el último recurso de la promotora y dio la razón a la Xunta, que inició el proceso en tiempos del bipartito. La sentencia que ordena la demolición de los 52 apartamentos de lujo es firme y ejecutiva. Y la APLU, el organismo competente para proceder a la ejecución forzosa. De momento, no lo ha hecho. Según explica un portavoz de la Consellería de Territorio, ese departamento está pendiente de un informe jurídico porque ve “contradicciones en varias de las sentencias”. Eso sí, ha impuesto una multa coercitiva que la constructora ha recurrido.

En Barreiros, donde su alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, quiso levantar “el Sanxenxo del norte”, la Xunta de Feijóo no solo no forzó la ejecución de aquellas sentencias que pedían demoler decenas de edificios sino que impulsó un polémico plan de legalización que acabaron frustrando los tribunales. Mucho más al sur, el Talaso de Oia también subsiste pese a haber agotado la vía judicial derrota tras derrota. Su licencia es nula y debe ser derruido. La Consellería de Medio Ambiente y Territorio tiene competencias para apurar la demolición. Pero el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado varias veces por buscar un atajo que le permita sobrevivir. Aduce razones de interés económico y recuerda que da trabajo a varias decenas de personas.

Los expertos urbanistas consultados para este reportaje admiten que las instituciones lo tiene más difícil cuando se enfrenta a inmobiliarias que cuentan con bufetes especialistas en eternizar las causas para mantener a salvo sus lucrativos negocios. Y aunque recuerdan que fue esta APLU quien tiró en 2008 la primera construcción ilegal en Galicia, después de décadas de impunidad, temen que el organismo se quede ahora para luchar contra las pequeñas chapuzas sin poder hacer frente a los abusos que tienen detrás grandes intereses económicos.


* El País - JOSÉ PRECEDO - 15.3.14
Foto: Vivenda unifamiliar en el Ayuntamiento de Bueu, el suelo donde fue contruido es rústico de protección de zonas agroforestales costeras y fue catalogada como "muy grave". Fue demolida en febrero - elpais

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El Algarrobico: un nuevo vericueto judicial retrasa todavía más el derribo del hotel

Es inconcebible toda la casuística que acompaña al monstruoso hotel de El Algarrobico situado en una playa virgen de Almería; el asunto es que sigue en pié tras ser considerado como icono del Urbanismo salvaje e ilegal que se ha practicado en todo el país. Tras diez años de denuncias, juicios, retrasos, etc, las asociaciones ciudadanas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción consiguieron una sentencia final favorable del Tribunal Supremo, hace solo dos años, que lo declaraba irrevocablemente ilegal. Pero de repente aparece el Tribunal de Andalucía, incomprensiblemente, y vuelve a retrasar la sentencia de demolición que pesaba sobre el hotel. Algo que huele a chamusquina y a la sospecha de que se trata de otro amaño político-judicial-empresarial.
"CUARTOPODER* : Un nuevo impedimento, ¿quizá trampa?, judicial se ha vuelto a cruzar en el larguísimo camino hacia el derribo del hotel de la empresa Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), que continúa exhibiendo su mole inacabada de 21 plantas y 411 habitaciones a escasos 25 metros de la orilla del Mediterráneo. Los vericuetos legales son como los caminos del dios de los católicos, inescrutables; en este caso, sirven para explicar por qué no se ha dictado de una vez la orden de demolición pertinente.

Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción-Almería han conseguido ya una quincena de sentencias contra el hotel, pero éste sigue donde estaba, con todos sus ladrillos en su sitio. Una de las resoluciones es del Tribunal Supremo ––dictada hace exactamente dos años, el 21 de marzo de 2012–– y fue la primera de carácter firme e irrevocable que establece la ilegalidad de la licencia y la construcción, porque invade la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Después de diez años de pleitos, denuncias, juicios y retrasos para evitar que se consolide la ilegalidad de la construcción en una cala del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el último acto previo a la demolición parecía servido. La Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebró una vista el pasado 14 de enero, sin que ninguna de las partes la hubiera solicitado, para examinar el recurso de la empresa Azata del Sol, dueña del hotel, y el Ayuntamiento de Carboneras (PP) contra la sentencia de 2008 de un juzgado de Almería que declaraba ilegal la licencia de construcción y, por tanto, se debía proceder al derribo.

Se esperaba la sentencia para finales de ese mes. Todo estaba empezando a prepararse para que la Junta de Andalucía se hiciera cargo de la regeneración de la playa tras la esperada demolición del hotel. Pero entonces, una providencia de la sala informó a las partes ––empresa y municipio por un lado; Salvemos Mojácar y EeA, por otro–– de que la comunicación oficial definitiva se haría el 25 de febrero. En esta fecha, un comunicado de la sección granadina del TSJA aseguraba que en diez días habría sentencia.

El lunes de 17 de marzo, ayer mismo, en vista de que no se producía ningún resultado, Salvemos Mojácar pidió la nulidad de las actuaciones y la anulación de la vista del día 14 de enero. Todo el embrollo proviene de la baja por enfermedad de la magistrada María del Mar Jiménez Morera que era ponente del asunto y fue sustituida por el magistrado presidente de la Sala Rafael Toledano Cantero el seis de noviembre pasado.

Fue éste quien decidió la celebración de la vista sin que nadie se lo pidiera. Pero ese acto se celebró después de que la magistrada se reincorporara al trabajo y, por lo tanto, según la petición de nulidad, le hubiera correspondido a ella y no a Toledano decidir al respecto, incumpliéndose de otro modo las normas de reparto del TSJA, y vulnerando el artículo 24 de la Constitución al privar a los peticionarios “del derecho fundamental al juez ordinario”.

Ante las dilaciones y la dudosa aplicación de las reglas que parecen llevar la ejecución del derribo a un callejón sin salida después de diez años, a los partidarios del derribo del hotel en El Algarrobico no les queda otro remedio que intentar darle la vuelta al calcetín, intentando que la juez Jiménez Morera se vuelva a hacer cargo del tema. Sorprendió en ambientes jurídicos de Almería que no fuera restituida en su puesto, después de su baja laboral, pues se creía conocer su postura favorable a que se ejecutara el derribo de la infame mole.

Muchas coincidencias de nombres, empresas y apellidos ponen la mosca detrás de la oreja a quienes pretenden que se cumpla la legalidad en la playa de El Algarrobico. El principal dueño del grupo Azata es José Domingo Rodríguez Losada, un notable promotor urbanístico e inmobilario en Marbella y en municipios de la Comunidad de Madrid como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Boadilla del Monte o Las Rozas, a quien se considera con buenas relaciones en el PP.

La situación extraña porque, además, el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada puede tener conocimientos adecuados y suficientes del asunto inmobiliario ya que familiares cercanos suyos se dedican a ese negocio en su Jaén natal. Y, en el improbable caso de que no tenga esa erudición, es seguro que tiene con quien aconsejarse convenientemente.


* Cuarto Poder - JOSÉ LUIS VIDAL COY - 18.3.4
Foto: Algarrobico (Carboneras-Almería), desde la playa- j.rojas (elpais)



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Santa Cruz.- Urbanismo intenta desmontar las 5.000 casas previstas en Las Huertas

Acostumbrados a ver noticias negativas sobre el urbanismo de Sta.Cruz de Tenerife, llama la atención la ejemplar disposición de la nueva Gerencia de Urbanismo de querer revertir situaciones insostenibles que afectan al territorio municipal. Es el caso de la agresiva urbanización prevista en la trasera de la Playa de las Teresitas. Pero claro, siempre dentro de lo legal (que no suele coincidir con lo razonable) y aquí se habla de un primer convenio suscrito en el año 1989, nada menos. La gigantesca urbanización prevista incluye la construcción de unas 5.000 viviendas, que supondría sumar 20.000 habitantes a los 2.500 que en la actualidad tiene el pueblo de San Andrés. Un disparate urbanístico que habrá que ver si ahora se puede revertir con la débil justicia existente.
LAOPINIÓN* : La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, que preside el concejal socialista José Ángel Martín, anunció ayer que hará todo lo posible por "desmontar" el proyecto de urbanización previsto para el Valle de Las Huertas, en la parte trasera de la Playa de Las Teresitas. Lo anunció Martín en la Comisión de Control celebrada ayer en el Consistorio. "Podemos dar la vuelta a todo el proyecto y desmantelarlo porque hay sentencias, como la que dio la razón contra la reparcelación del Polígono de Las Teresitas a los vecinos alemanes Lola y Enrique Schneidr, que facilitan el camino.

Las futuras causas que abriremos irán dirigidas a atacar el convenio que se estableció en 1989 con la Junta de Compensación porque este Ayuntamiento tiene pruebas suficientes como para demostrar la titularidad municipal de los terrenos" desde 1967, explicó ayer el edil de Urbanismo.

Pero eso sí, el concejal socialista José Ángel Martín también quiso ser prudente indicando que es cierto que hay un proyecto de urbanización aprobado y que "se echará atrás siempre que sea a coste cero para el Ayuntamiento de Santa Cruz; es decir, siempre que legalmente tengamos la posibilidad de hacerlo". "Es que si no es así, tendríamos que afrontar indemnizaciones millonarias", matizó el responsable del área de Urbanismo en el Consistorio chicharrero. La gigantesca urbanización prevista para Las Huertas incluye la construcción de unas 5.000 viviendas, que supondría sumar 20.000 habitantes a los 2.500 que en la actualidad tiene el pueblo de San Andrés.

El concejal de Urbanismo recordó también que ya se ha iniciado el expediente para convocar la reunión de la Junta de Compensación, según lo obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo abre la puerta a los propietarios de las parcelas de Las Huertas a recuperar las posesiones, que han denunciado que se les quitaron sin su consentimiento, o a percibir una indemnización. Ya varias familias han manifestado su intención de pedir a Urbanismo que vuelva a calificar los terrenos como rústicos para evitar que se puedan construir viviendas en Las Teresitas.

En el año 1989 se constituyó una junta de compensación, un órgano con personalidad jurídica que agrupaba a los propietarios de las distintas parcelas que constituyen la unidad de actuación urbanística de Las Teresitas. El primer problema fue que no todos los propietarios participaron en dicha junta. Cuando una veintena de ellos, de Las Huertas, Montaña Morera y El Suculum, acudieron al registro de la propiedad descubrieron que sus tierras habían sido traspasadas sin su consentimiento a la empresa Desurcic.

Inversiones Las Teresitas (ILT), constituida por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en junio de 1998, imputados en el caso de Las Teresitas, en el que se investiga la operación de compra y venta de los terrenos de la playa, consigue en apenas 48 horas un préstamo de 33 millones de euros para comprar las parcelas a la Junta de Compensación, incluidas las del frente de Las Teresitas, Las Huertas y Montaña Morera.

Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de Las Teresitas por 52 millones de euros y pacta con Inversiones la recalificación del suelo que ésta se reserva en el Valle de Huertas y Montaña Morera. ILT a su vez vende esa parte trasera a Mapfre Inmuebles por 96 millones. Desurcic se hace con el proyecto de urbanización sin que hasta ahora haya podido desarrollarlo.

Desurcic llegó a ofrecer a los propietarios tres parcelas ya urbanizadas para construir entre 100 y 120 viviendas y algo más de un millón de euros a cambio de que le dejaran urbanizar la zona y construir viviendas por una inversión de más de 25 millones de euros. Pero la veintena de santacruceros afectados rechazaron la propuesta y lograron parar las obras.

En la nueva reunión de la Junta de Compensación se decidirá el futuro de esta zona. Mientras, en los tribunales continúa la causa penal del caso de Las Teresitas, en la que aparecen imputados, entre otros, los nacionalistas Miguel Zerolo y Manuel Parejo, ex alcalde y exconcejal de Urbanismo, y la causa civil, en la que el Ayuntamiento exige a Inversiones Las Teresitas que le devuelva el dinero de la compra de los terrenos, 75 millones de euros, por la sentencia que ha anulado dicha operación, y los empresarios exigen más de 60 millones de euros de indemnización. Asimismo, la Gerencia de Urbanismo encontró el año pasado nuevos documentos que vendrían a demostrar que los terrenos de Las Teresitas ya eran de titularidad municipal desde el año 1967. En estos queda de manifiesto que el frente de la playa fue cedido por la Junta de Compensación al Ayuntamiento a cambio de que el Consistorio llevase a cabo un proyecto que incluía la construcción de una playa en la cala de arena negra y de un dique. Para recuperar las parcelas, la Junta tendría que abonar 50 millones de las antiguas pesetas (más de 300.000 euros), pero supuestamente solo abonó 39 millones de pesetas (234.000 euros).


* La Opinión Tenerife - Eloísa Reverón - 14.3.14
Foto: Terrenos del Valle de Las Huertas, en la trasera de la Playa de Las Teresitas. la opinión

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