El Consell autoriza el PAI con el que la Gürtel intentó blanquear dinero de la visita del Papa

El urbanismo valenciano sigue 'rizando el rizo' judicial para aprobar planes corruptos que parecían ya superados. El PAI de l'Algar de La Nucía (Alicante) había sido ya anulado por el TSJ y el Supremo (2013) por falta de recursos hídricos, pero el propio Consell y el ayuntamiento de la localidad han desoído la sentencia y aprueban ahora esta gran urbanización que, además, está relacionada con el blanqueo de capitales de la trama Gürtel en la Comunidad valenciana. Se supone que esto no acabará aquí y que la lenta y débil justicia deberá actuar de inmediato. Ya se verá.
"ELMUNDO* : La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó el pasado 12 de diciembre el proyecto de homologación modificativa y plan parcial l'Algar de La Nucía, que contempla la construcción de 2.200 viviendas y un campo de golf. Se da la circunstancia de que ese proyecto urbanístico ya fue anulado por el TSJ y el Supremo, que sobre él intentaron dar un pelotazo los integrantes de la red Gürtel con el posible blanqueo de fondos procedentes de las adjudicaciones obtenidas con la visita del Papa en Valencia, allá por 2006, y que los informes hídricos que avalan la aprobación están bajo sospecha porque hay un edil del PP denunciado por falsear la documentación.

Alega ahora la Comisión Territorial de Urbanismo que el acuerdo impugnado y anulado por el TSJ y el TS era el que se produjo el 20 de noviembre de 2006, pero que las sentencias nada dicen del otro acuerdo, fechado el 13 de diciembre de 2005, y que, por lo tanto, el plan estaría vigente «porque así lo considera el Ayuntamiento de La Nucía».

En ese acuerdo, el de 2005, se supeditaba la aprobación del plan a la subsanción de la falta de recursos hídricos. Entonces lo que ha hecho el organismo es mantener la tramitación del PAI original, pese a las sentencias, y dar por bueno un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar presentado posteriormente, con fecha 21 de noviembre de 2012 en el que se recoge que el municipio dispone de caudales suficientes para abastecer las nuevas viviendas proyectadas.

En su momento, tanto el TSJ como el Supremo anularon el plan porque no existía ese informe que era preceptivo y vinculante. Por esta razón, ahora la Generalitat considera que el plan ha salvado los escollos hídricos y por tanto puede autorizarse y someterse a exposición pública.

Entre la primera tramitación anulada y la segunda aprobada está la denuncia presentada contra el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, por los regantes. El edil está denunciado por falsedad documental al haberse atribuido la condición de presidente de la Comunidad de Regantes y remitir un escrito a la CHJ en el que desistía de un intento de los regantes de controlar todo el agua del acuífero de Les Rotes.

Con esta maniobra, el ayuntamiento nuciero consiguió mantenía su 25% sobre los recursos de ese pozo y podía justificar ante la propia Confederación de que disponía de recursos hídricos suficientes para el agua necesaria para los tres grandes planes urbanísticos de La Nucía: L'Algar; La Serreta y Pie de Monte.

Los regantes tuvieron conocimiento después del escrito de desistimiento a posteriori y lo denunciaron. La denuncia sigue ahora su curso en los juzgados. Otro edil, el de Agricultura, está denunciado por coacciones.

LA POLICÍA VINCULÓ A CANO CON CORREA

Cuando saltó el caso 'Gurtel', las primeras grabaciones que salieron a la luz pública eran las del cabecilla de la red hablando de un posible pelotazo en un PAI de La Nucía. Se refereía al de Pie Monte, que la trama quería adquirir. Pero no fue el único. El de l'Algar también despertó las sospechas de la Udef de la Policía Nacional.
Como ya publicó EL MUNDO, l'Algar también es motivo de un extenso análisis por parte de los investigadores, quienes sostienen que también existe una conexión entre Correa y el alcalde del municipio, Bernabé Cano. «Cabe deducir que Bernabé Cano habría participado junto con la organización de Francisco Correa en la recalificación de la finca de 12.000 metros cuadrados adquirida por Castaño Corporate».
Según la investigación, se compró como terreno rústico pero con la finalidad de que desde el Ayuntamiento se convirtiese en urbanizable. Eso reportaría unos beneficios de casi dos millones de euros. «Si no fuera así no podría entenderse la compra de un terreno tan yermo». La trama corrupta lo compró por 756.240 euros. Se desconoce quienes son los actuales propietarios, sobre todo, ahora que adquirirá la condición de urbanizable.
Por último, en sus informes la Policía alude al PAI La Serreta, otra de las iniciativas urbanística polémicas de La Nucía. La Policía plasma que «no existe participación constatada de Correa que lo vincule a Cano». No obstante, añade: «Aunque cabe decir que la urbanización de este PAI fue adjudicada a la sociedad Cases del Pinar SL en la que figuran como miembros del órgano de administración Antonio Rocamora y Gerardo Martínez», dos personas que según la Policía, participan también junto a Cano en Pie Monte «y son utilizadas por la organización como pantalla tras la cual acceder a la sociedad Montemar La Nucía SL». Antonio Rocamora y Gerardo Martínez fueron los empresarios que adquirieron unos terrenos a la familia de Cano, según admitió el mismo primer edil cuando se investigó su patrimonio.


* El Mundo - 23.12.13
Foto: Terrenos en los que se ha autorizado el PAI en el término de La Nucía, en Alicante. LARS TER MEULEN

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La Policía cerca al ex-número dos del PNV en Álava por el 'pelotazo' de Zambrana

Como se sigue viendo la corrupción urbanística no es cuestión de banderas o nacionalidades, en el País Vasco son muchos los casos en los que el PNV, principal partido en el poder durante largo tiempo, ha caído en estas prácticas ilegales que han supuesto una importante estafa a la ciudadanía. El caso del Polígono industrial de Zambrana sigue en primera línea judicial tras casi 10 años (diez) de su inicio, ahora se hacen públicas nuevas investigaciones acerca de comisiones ilegales entre empresas y altos políticos para la adjudicación de las obras. Demasiado tiempo está tardando la justicia en esclarecer este 'pelotazo' urbanístico delictivo.
"ELMUNDO* : La Policía, en su esperado informe sobre el 'caso De Miguel', señala la existencia de claras irregularidades en la contabilidad de la trama de empresas del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y de su amigo y socio Josu Arruti relacionadas con el 'pelotazo' urbanístico de Zambrana (Álava), un proyecto por el que De Miguel cobró mediante testaferros de los promotores catalanes (Riera) mientras lo impulsaba desde distintas responsabilidades públicas, entre ellas la de diputado alavés del área de Urbanismo (denominada Administración Local y Equilibrio Territorial). Estas irregularidades vendrían a reforzar la hipótesis del juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, y del fiscal, Josu Izaguirre, que intuyen desde que este sumario se abrió hace ya cuatro años que estas mercantiles actuaron como tapadera para el cobro de comisiones ilegales y el blanqueo de capitales.

En total -los especialistas en delitos económicos de la Ertzaintza no aportan una cuantificación general- Riera y sus filiales (Enginergy, Prograig, SSDA, ...) abonaron una cantidad próximas a los dos millones de euros a sociedades de la órbita de De Miguel y Arruti. Este último, militante del PNV, fue el elegido por De Miguel para captar inversores para Zambrana mediante su empresa Sidepur y, como el político, está imputado en la causa. También lo está su padre, Jesús Arruti, que sacó de las cuentas de Sidepur 600.000 euros en efectivo en operaciones en cajeros o ventanilla casi diarias, hechos que apuntan a blanqueo de capitales pero sobre los que la Policía no tiene elementos para pronunciarse.

Lo que sí es claro es que Kataia Consulting, la asesoría desde la que De Miguel -a través de su mujer, con su hermana como contable y con la suegra como 'trabajadora'- tutelaba los múltiples negocios privados en los que estaba embarcado -algo ilegal para un cargo público a la luz de la Ley de Incompatibilidades- se llevó de los promotores catalanes un 'pellizco' de 180.000 euros. Además, el padre de Arruti ingresó 18.000 más en una cuenta a nombre de De Miguel que éste compartía con otros dirigentes del PNV alavés como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también imputados. Se desconoce a qué se correspondía este pago.

En principio, todos los ingresos de Riera y sus empresas asociadas -el personaje clave es Francesc Fernández, administrador de todas ellas- se justificaban por gestiones encargadas a Sidepur u otras empresas afines (en las que trabajan la hermana de Arruti y su marido o la esposa de De Miguel). Pero la Policía ha constatado en varias ocasiones que no hay soporte documental que justifique esos pagos elevadísimos. Un ejemplo de una de las supuestas transacciones comerciales: "Sobre las otras tres facturas no se reportan trabajos, por lo que se desconoce el trabajo concreto por el cual se realizó el pago a SIDEPUR S.L de 155.820 euros". Asimismo, el informe de la Ertzaintza reseña que estas empresas, en su mayoría, tenían muy poca actividad más allá de los cobros de Riera. Es más, según ha averiguado, Sidepur, que teóricamente elaboró informes técnicos sobre Zambrana con unos honorarios superiores al millón de euros, no tenía más que una trabajadora en nómina, la hermana de Arruti.

Los Arruti -y De Miguel- han argumentado que todos los pagos de Riera a este conglomerado de empresas están perfectamente justificados. Una buena parte corresponderían a informes técnicos, labores de asesoramiento, ... Si esos documentos no aparecen es -alegan- porque se inundó el almacén de Arruti en el que se guardaban. Han aportado la indemnización que les concedió una conocida aseguradora para probar esta coartada. Además, los pagos que no responden a encargos de Riera son préstamos. Es decir, que Riera les ingresaba el dinero pero que tenían que devolver esas cantidades.

La Policía sospecha de esta segunda coartada porque algunas de las empresas que cobraban no tenían mayor actividad. "No se entiende qué necesidades de tesorería puede tener una empresa que se declara en Hacienda inactiva. Y, ¿qué fianza ofrece para devolver el préstamo?", repite en dos ocasiones en su informe la Ertzaintza. Además, ya antes este periódico informó de que uno de esos 'préstamos' de Riera, con el que De Miguel, los Arruti y otros imputados compraron terreno en la zona de expansión urbana de Frúniz, nunca fue elevado a escritura pública. Es decir, no hay pruebas de que los justificantes de la transferencia no se hicieran 'a posteriori' para tapar ante el juez un pago por otro motivo.

Otra clave que agranda las sospechas sobre las operaciones vinculadas con Zambrana y Riera es que, como en el resto de negocios en los que la Policía ha descubierto ya el pago de comisiones, De Miguel las tenía registradas en unas carpetas que le fueron decomisadas en 2010, cuando fue arrestado -ahora está en libertad con cargos-. Esas anotaciones llegan a niveles de detalle extremos ("Martes, Josu Arruti -> Ayuntamiento"; "Reunión 21 octubre Txaber/Josu Arruti"), lo que apunta a que el político estuvo desde el inicio en la cocina del proyecto de Zambrana, que luego quedó en nada porque la recalificación y el polígono industrial que querían construir estaban planificados sobre terreno inundable ante eventuales crecidas del cercano río Ebro.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico lamentan que el informe -encargado hace más de un año- sea menos concluyente de lo esperado. De hecho, y a diferencia del emitido en 2011, la Policía no es contundente al calificar o no como delictivos los hechos investigados excepto en el caso de algunas operaciones de los Arruti. Ahí sí, apoyándose en informes de Hacienda, aprecia indicios claros de delitos fiscales.


* El Mundo - IKER RIOJA ANDUEZA - 28.12.13
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos



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