La corrupción, la estrella judicial que no se apaga

Debido a la tardanza y debilidad de la acción judicial en este país, aun quedan innumerables casos de corrupción pendientes de ser investigados y sentenciados por los tribunales. En este blog se ha repetido incesantemente que poco se puede hacer en la lucha contra la corrupción urbanística si la justicia no toma medidas cautelares para evitarla o deja que las acusaciones de prevaricación política prescriban. Así se llega a este 2014 con sentencias recurridas por falta de dedicación o por excesiva politización judicial. Si a esto se unen los casos de corrupción pendientes en los tribunales, veremos un panorama bastante desolador.
"ELDIARIO* : Este año 2014 traerá una intensa actividad en los tribunales de justicia, como viene siendo habitual en los últimos años, en la que destacarán las investigaciones sobre los casos de corrupción, la estrella judicial que no se apaga. Madrid, con los casos Gürtel y Bárcenas, y Palma, con Nóos y el Palma Arena, tendrán en permanente conexión el foco de la actualidad, que también iluminará las novedades de las causas sobre los ERE fraudulentos de Sevilla y la trama de las ITV y el Palau de la Música de Barcelona.

CASO GÜRTEL (Madrid).- Investigación a una supuesta trama de corrupción ligada al PP, que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que en 2014 tratará de concluir su sucesor en el juzgado, Pablo Ruz, para llevar el caso a juicio.

Hay un centenar de imputados en la causa, entre los que destacan el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; el extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a acumular 48,2 millones de euros en Suiza y que se encuentra en prisión desde el 27 de junio), y sus antecesor en ese cargo Ángel Sanchís ("depositario y custodio" del dinero de Bárcenas "expatriado desde Suiza").

CASO BÁRCENAS (Madrid).- Pieza separada del caso Gürtel, abierta por el juez Pablo Ruz en 2013 a raíz de la publicación de los llamados "papeles de Bárcenas" sobre una supuesta contabilidad B en el PP. Los documentos reflejan presuntas donaciones de empresarios y pago de sobresueldos a altos cargos del partido.

Hasta el momento hay 17 empresarios imputados, así como el propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería del PP Álvaro Lapuerta, así como el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas; el exgerente del partido Cristóbal Páez y el arquitecto que realizó la reforma en la sede de la calle Génova, Gonzalo Urquijo.

También han declarado como testigos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, entre otros. El 19 de diciembre, Ruz envió a la policía a la sede nacional del PP, de donde se llevó cinco mil folios para la investigación.

CASO NÓOS (Baleares): Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investigan desde 2010 varios presuntos delitos de corrupción por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos -que fue presidido por Iñaki Urdangarin, imputado en la causa, entre 2003 y 2006-, así como fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La investigación tiene su epicentro en Palma, pero cuenta con ramificaciones en Valencia, Barcelona y Madrid, donde hay decenas de imputados.

El juez José Castro ultima la instrucción y una de las últimas decisiones pendientes es si vuelve a imputar a la infanta Cristina para que declare, cuestión que resolverá previsiblemente en los primeros días de 2014.

PALMA ARENA (Baleares): Iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante la etapa de gobierno de Jaume Matas (PP) de 2003-2007, este caso ha derivado en 26 piezas distintas, entre ellas los casos Nóos y Over, de las que por ahora se han juzgado dos.

En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a 6 años de prisión por varios delitos de corrupción al beneficiar con dinero público a un periodista que le escribía los discursos, si bien el Tribunal Supremo redujo la pena a 9 meses al considerar que solo había cometido tráfico de influencias.

El pasado 8 de diciembre solicitó el indulto del Gobierno para evitar entrar en prisión, como había ordenado la Audiencia de Palma. En el segundo juicio, Matas ha sido condenado por un jurado a pagar 9.000 euros como autor de un delito de cohecho por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.111 euros por un trabajo ficticio. Respecto al resto de piezas, la mayoría se están instruyendo.

ERE FRAUDULENTOS (Sevilla): El caso de los ERE falsos suma hasta ahora 133 imputados por la juez sevillana Mercedes Alaya entre "intrusos", mediadores y altos cargos de la Junta, aunque en noviembre las nuevas ramas abiertas por esta magistrada y su compañero Juan Gutiérrez Casillas se ampliaron a nueve empresas públicas andaluzas y los avales otorgados por casi todas las consejerías.

Alaya ha imputado hasta ahora a una treintena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, y el pasado 22 de noviembre dio un paso más al pedir al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz que certifiquen el aforamiento de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros de la Junta.

La magistrada ha extendido su investigación al sindicato UGT, ha imputado a varios de sus dirigentes por posibles irregularidades en las comisiones percibidas de los ERE, y ha abierto una nueva vía que investiga el desvío de fondos de formación para otros fines, hasta el punto de haber ordenado el registro de la sede regional de esta formación.

CASO PALAU (Barcelona): Cuatro años y medio después de abrirse la investigación por el expolio del Palau de la Música a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull, el caso está casi listo para enviarse a juicio: la Fiscalía pide 27 años para los saqueadores confesos y siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.

El fiscal plantea además el comiso de 6,6 millones a la formación nacionalista por las comisiones ilegales que cree que recibió de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública, mientras la acusación particular ejercida por el Palau se ha cebado en Millet, para el que pide 81 años de cárcel, sin acusar a CDC del expolio.

También el caso de las irregularidades urbanísticas por la construcción del fallido Hotel del Palau de la Música está a las puertas de juicio, que se iniciará en febrero próximo contra Millet y Montull y la antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

CASO ITV (Barcelona): La presunta trama de empresarios y cargos públicos que intentaba amañar el mapa de estaciones de ITV en Cataluña ha comportado este año la imputación por tráfico de influencias del diputado de CDC Oriol Pujol, al que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera "vértice" entre las dos ramas de la presunta red corrupta.

La imputación de Pujol por el caso de las ITV, que sigue en instrucción, le ha costado su cargo de secretario general de CDC, funciones que ha delegado temporalmente, aunque sin renunciar a su escaño de diputado en el Parlament.

OPERACIÓN CAMPEÓN (Lugo): Tras más de dos años de diligencias, la operación Campeón, en la cual se investiga la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, con el empresario lucense Jorge Dorribo -propietario de la farmacéutica Nupel- en el epicentro de las pesquisas, podría quedar definitivamente concluida antes de marzo.

Aunque el fiscal ha solicitado la práctica de nuevas diligencias en la causa, en cuyo sumario figuran más de medio centenar de imputados, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, está ya resolviendo los recursos que presentaron los abogados defensores para solicitar el sobreseimiento del proceso tras el cierre inicial de la fase de instrucción.

OPERACIÓN POKEMON (Lugo): La jueza del llamado caso Pokemon, Pilar de Lara, informó en su última resolución de que el secreto de sumario, después de casi año y medio de reserva sobre las actuaciones, podría quedar levantado "de forma parcial" antes del próximo 11 de enero, de forma que casi medio centenar de imputados, en las nueve piezas en las que ha sido dividida la causa principal, podrán conocer los hechos que les atribuye la instructora.

Esta operación investiga la existencia de varias tramas en distintas administraciones, en Galicia, Asturias y Cataluña, para hacerse con contratos y concesiones públicas a base de sobornos a los responsables políticos y en el sumario figuran como imputados los alcaldes de Santiago de Compostela, Lugo y O Carballiño, así como los antiguos regidores de Ourense y Boqueixón.


* El Diario - EFE - 31.12.13
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es



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Imputado el alcalde de Torremolinos por presunta prevaricación urbanística

Torremolinos es una población muy cercana a Málaga capital y con un término municipal pequeño casi totalmente construido desde hace bastantes años. Por lo tanto se ha mantenido un poco al margen del boom inmobiliario de los últimos tiempos. No obstante aún queda espacio para pelotazos urbanísticos como este caso del Plan del Campo de golf, redactado hace 9 años (nueve) bajo el mandato del alcalde 'popular' P.Fernández. Este tema de corrupción urbanística ha supuesto un perjuicio patrimonial para el ayuntamiento de más de 15 millones. Ahora solo queda esperar que la justicia sea más diligente y efectiva.
"ELDIARIO* : El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández (PP), ha sido imputado por la posible comisión de delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental, entre otros, y declarará ante el Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad el próximo 5 de marzo. El procedimiento había sido archivado por este órgano judicial y fue reabierto en junio del año pasado por orden de la Audiencia Provincial de Málaga, que ordenó continuar investigando los hechos denunciados. En la causa se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la venta de terrenos integrados en el plan parcial Campo de Golf de la ciudad de la Costa del Sol. Según el escrito de denuncia, la transmisión irregular de esos terrenos habría supuesto un perjuicio patrimonial para el consistorio de más de 15 millones de euros.

Los hechos datan del año 2005 y actuaciones posteriores de reparcelación del año 2008, según recoge la resolución de la Audiencia Provincial, emitida el 28 de junio. El juzgado de instrucción investiga la venta directa y, por tanto, sin concurso público, del 10% del aprovechamiento urbanístico en el sector R.1.10 del Plan Parcial de Ordenación del municipio. Según la denuncia interpuesta en su día, la superficie vendida asciende a 12.886 metros cuadrados, todo el suelo del que era propietario el Ayuntamiento en el sector.

En la denuncia se considera que la venta, que se formalizó el 4 de enero de 2005, debió realizarse mediante concurso público, por tratarse de un bien patrimonial municipal. Según el denunciante, el precio de la venta fue de 653,08 euros el metro cuadrado; en 2008, el proyecto de reparcelación definitivo aprobado por el Ayuntamiento estableció que el precio es de 1.679,85 euros. "La pérdida para las arcas municipales es de 15,347 millones de euros", asegura la representación jurídica de la acusación.

Fuentes del Consistorio aseguran que "todo se hizo de acuerdo con la Ley, con los preceptivos Informes de los Técnicos Municipales, que son los que por Ley deben hacer las valoraciones de los terrenos", y sugieren que se fue más allá de lo legalmente prescrito: "Se hizo algo inusual, como fue ratificar la valoración mediante la tasación de dichos terrenos por una de las dos empresas más solventes de España en esta materia, Tasaciones Hipotecarias S.A.".

Venta autorizada por el alcalde, según la denuncia

La denuncia explica que las tres sociedades mercantiles que adquirieron la parcela (Promociones y Proyectos Inmobiliarios Mijas, S.A., la Leala Norte, S.L. y P.Q. Suquined S. L.) vendieron el mismo día 3.500 metros cuadrados a Construcciones Reyal S.A.U. (actualmente Reyal Urbis, hoy en concurso de acreedores). Siempre según este documento, la venta inicial (del Ayuntamiento a las tres adquirentes) se fraccionó en dos contratos (por 3.094 metros cuadrados y por 9.672 metros cuadrados), lo que sirvió, explica el abogado del denunciante, para "modificar el órgano competente para la contratación": en lugar de por el Pleno, fue autorizada por el alcalde.

Los contratos fueron ratificados por el Pleno en marzo y en mayo de 2005, pero ya en abril (un mes antes de la autorización del Pleno de la segunda venta) se elevó a escritura pública el contrato de cesión de suelo entre las compradoras originales y Reyal Urbis, incorporando una certificación del Pleno datada en marzo. Esto da pie a que los denunciantes interpreten que o bien se incorporó una certificación falsa, o bien la escritura pública es falsa. Por eso, el juzgado también ha ordenado a la notaría que remita una copia de la escritura pública. Según la denuncia, Luis Miguel Salguero Gómez era representante de dos de las empresas compradoras, presidente de la Junta de Compensación del sector y trabajador de la notaría en la que se formalizó la escritura pública.

Pedro Fernández es alcalde de Torremolinos desde 1995. En 2011 revalidó la mayoría absoluta y desde entonces gobierna con el apoyo de 17 de los 25 concejales. El juez le cita a declarar "en calidad de imputado" mediante una providencia fechada el 18 de diciembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Fuentes del ayuntamiento insisten en que la denuncia ya fue archivada en dos ocasiones: el 21 de diciembre de 2011 por la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, y el 24 de abril de 2012 por el Juzgado que ahora cita a declarar al alcalde.

Sin embargo, la Audiencia ordenó el 28 de junio de 2013 la reapertura las diligencias. Se investigarán, por tanto, la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental, "sin perjuicio de una ulterior concreción, a la vista de los posibles escritos de acusación, por otros tipos penales (blanqueo, etc)", según dispone la resolución de la Audiencia Provincial. La decisión de archivar la causa, adoptada por el juzgado de instrucción, había sido apoyada por la Fiscalía, que se opuso (mediante informes de 10 de octubre de 2012 y de 2 de marzo de 2013) a la reapertura del procedimiento.


* El Diario - Néstor Cenizo - 8.1.14
Foto: Torremolinos, ayuntamiento - centroasturiano



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