El Consell gasta 22 millones en equipar el aeropuerto de Castellón

El aeropuerto sin uso de Castellón se merece una película de tipo 'berlanguiano', porque el surrealismo 'interesado' aparece por todas partes. Desde los inicios del corrupto condenado (mínima condena) presidente de la Diputación C.Fabra, hasta la actuación ilegal partidista del Gobierno de la Comunidad Valenciana. A pesar del gran dineral público dilapidado por unos políticos mafiosos, la justicia hasta el día de hoy no ha imputado a todos los responsables de tamaño despropósito que ha sido portada de todos los medios y, por tanto, no ha dictado una sentencia condenatoria como claman la enorme mayoría de ciudadanos. Reír del absurdo, por no llorar.
"ELPAÍS* : La empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), de titularidad casi exclusiva del Gobierno valenciano, ha gastado 22 millones de euros en diversos contratos para equipar la torre de control, la central eléctrica y para sistemas de seguridad aeroportuaria. Los gastos ascienden a medio millón de euros más al contar otros contratos como los de limpieza y para la construcción de un stand en Fitur para el año 2007. Así consta en una respuesta parlamentaria dada a Compromís y que refleja nuevos costes de la instalación de Vilanova d’Alcolea, más allá de su construcción.

El Gobierno valenciano ha acabado pagando los 120 millones de una infraestructura pensada para ser sufragada por la iniciativa privada. A ello se suman otros 50 millones en sobrecostes y obras anexas como, por ejemplo, el desvío de la torre eléctrica. El desembolso también ha sido millonario en otras partidas como los informes de asesoramiento (16 millones) y de patrocinio deportivo. En este último caso destacan los veinte millones de patrocinios para el Villarreal CF, así como el millón de euros para patrocinar al equipo de motociclismo de Alex Debón en el mundial de 2011. El aeropuerto también patrocinó durante años al CD Castellón.

Junto a lo gastado ya, el Consell desembolsará otros 25 millones para la empresa encargada de gestionar la instalación. Otro gasto que no estaba previsto cuando se proyectó el aeropuerto. Está previsto que a finales de este mes el Consell adjudique el contrato. Las dos empresas que compiten son SNC-Lavalin Aéroports y el grupo formado por Marina d’Or, Airvata, Inmaquip Europa y Gesnaer Consulting.


* El País - LORENA ORTEGA - 22.1.14
Foto: Castellón, bendición aeropuerto con Fabra y Camps - aerocas

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La resaca del ladrillo arruina Miño con deudas urbanísticas por 30 millones

El pueblo coruñés de Miño es conocido sobre todo por su estupenda playa en la ría, y esa ha sido también su desgracia en el boom inmobiliario de hace pocos años, ya que las monstruosas urbanizaciones ilegales arruinaron gran parte de su paisaje idílico. Muchos propietarios fueron expropiados hace 11 años por el gobierno municipal para permitir esas construcciones, luego declaradas ilegales, y todavía no han recibido las cantidades adeudadas. Numerosas sentencias judiciales contrarias han caído sobre los promotores sin escrúpulos y el propio el ayuntamiento delincuente que las autorizó. Actualmente la situación es dantesca ya que la costa ha sido destrozada, pero no hay visos de una solución rápida.
"ELPAÍS* : El bum del ladrillo y las descomunales macrourbanizaciones arruinan la pequeña localidad costera de Miño, a 20 minutos en coche de A Coruña. Este ayuntamiento gobernado por el PP desde hace décadas debe 30,5 millones de euros por condenas judiciales a consecuencia de una mala tramitación de expropiaciones de terrenos para albergar promociones inmobiliarias a gran escala, como la descomunal e inacabada Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas) de Martinsa-Fadesa, o el proyecto de 750 viviendas que pretendían erigir en el monte Piñeiro cinco promotoras. Una factura millonaria que representa seis veces el presupuesto anual de este municipio de apenas 5.700 habitantes. Y puede dispararse en otros 75 millones de euros por reclamaciones de daños y perjuicios de las empresas afectadas.

La estrategia del alcalde, Jesús Veiga Sabín, intenta ganar tiempo recurriendo invariablemente las sentencias contra el ayuntamiento que sucesivamente emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero ya van más de 11 años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales que abocan a un callejón sin salida y la ruina económica de esta localidad. Su deuda municipal, unos cuatro millones de euros, va camino de ser tan grande como su presupuesto anual (4,9 millones en 2013, prorrogado este año).

El último varapalo llegó la semana pasada, cuando el Ayuntamiento confirmó que decayó, por incumplirse los plazos, el convenio urbanístico para construir 750 viviendas en el monte Piñeiro, un enclave privilegiado con vistas al mar y gran valor ecológico al incluir una marisma y humedales. El proyecto fue ideado y pactado antes de la crisis, en 2006, cuando Miño ya llevaba cuatro años enfrascado en una de las promociones más grandes de Galicia, la de Costa Miño Golf de Martinsa-Fadesa.

Pero en el monte Piñeiro, las cinco promotoras (una UTE compuesta por Constantino Núñez, Odegal y Lucus Urban así como las empresas Promociones Areal y Vallehermoso) recurrieron en los tribunales el sistema de expropiación y ganaron el litigio frente al Ayuntamiento, que fue condenado a devolver los tres millones de euros que cobró en 2006 como canon por ese aprovechamiento urbanístico que nunca se llegó a realizar y a pagar 1,5 millones en intereses. Hace un año, en un intento de resucitar el proyecto y pagar a plazos esa deuda que ponía en quiebra las maltrechas arcas municipales, el Ayuntamiento renegoció y firmó con las constructoras un nuevo convenio por el que se comprometía a tramitar en un año la aprobación definitiva de esta macrourbanización y su proyecto de parcelación.

Debiera estar todo listo antes de la entrada en vigor, el próximo 24 de febrero, del Plan de Ordenación del Litoral que acota, y bastante, la edificación en el monte Piñeiro al calificarlo de área de mejora ambiental. Pero transcurrió el año sin que ese convenio fuese al pleno y ahora la nueva norma obligaría a redimensionar el proyecto, dado que ya no se podrá construir cerca de la marisma. Además, alerta el PSOE local, único partido en la oposición (seis ediles frente a siete del PP), la resolución del convenio da la posibilidad a las promotores de reclamar perjuicios al Ayuntamiento, unos 20,8 millones de euros según cálculos de las empresas.

“Se está repitiendo el caso de Fadesa”, acusa el portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo: “el gobierno local expropia terrenos para un negocio privado, con una tramitación turbia y problemas judiciales, hasta la entrada en concurso de empresas implicadas”, como ocurrió con una filial de la UTE promotora de la urbanización del monte Piñeiro. En 55 millones de euros cifró Martinsa-Fadesa la indemnización que podría reclamar a Miño, después de la sentencia del Tribunal Superior, en noviembre pasado, que anula el proceso de adjudicación de la urbanización Costa Miño Golf. Una condena que ha sido recurrida ante el Supremo, pero que también amenaza con llevar a la ruina total al Ayuntamiento. Y sigue sin pagar los 26 millones por las expropiaciones de esa promoción.

Sin visos de cobrar

Expropiados por la fuerza hace ya 11 años por su Ayuntamiento, los 400 exdueños de parcelas que hoy albergan la macrourbanización Costa Miño Golf siguen sin cobrar. Ni hay visos de que vean a corto plazo un euro de la millonaria factura, cifrada en más de 21 millones por el Tribunal Superior de Xustiza, el pasado junio. El Ayuntamiento también recurrió ese fallo que, entre duras críticas por su “funcionamiento anormal” al tramitar esa descomunal promoción privada, le condenó a hacerse responsable del pago del justiprecio de las expropiaciones realizadas en su día para Martinsa-Fadesa.
En solitario, sin conseguir siquiera entablar diálogo con el gobierno local, los expropiados lograron, en una batalla judicial de casi una década, que los tribunales elevasen el precio de sus solares de 6,32 a 25,9 euros el metro cuadrado. Pero al entrar la promotora en 2011 en concurso de acreedores, el tribunal consideró “ desproporcionado” que los expropiados tengan que esperar, según el calendario de la administración concursal, hasta 2019 o incluso 2022 para cobrar. Y condenó al Ayuntamiento, que no reclamó en su día un aval a la empresa.


* El País - PAOLA OBELLEIRO - 28.1.14
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es



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