El Supremo ordena derribar un complejo turístico en un área protegida de Cáceres

Este asunto ya viene de hace años cuando Ecologistas y Adenex denunciaron la construcción de un gran complejo turístico en una isla protegida del embalse de Valdecañas en Cáceres. Tras sentencia del Tribunal de Extremadura , y al final del Supremo, ha sido declarado ilegal, pero lamentablemente la 1ª fase del proyecto está ya acabada, con lo que ahora la reposición del terreno a su primitiva situación es bastante complicada. Habrá que ver si la actuación judicial cumple con la sentencia que ha dictado de derribo y reposición y, también, si los culpables de este atentado contra el territorio, sean políticos o empresarios, son efectívamente penalizados con todos los cargos a su costa.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha ordenado el derribo de una macrourbanización enclavada en una isla del pantano de Valdecañas, en el noreste de la provincia de Cáceres, porque sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 y no se pueden hacer desarrollos urbanos en zonas con este nivel de protección ambiental. El fallo vislumbra el final de una batalla judicial iniciada en 2007 por las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ya había considerado ilegal el complejo Marina Isla de Valdecañas, promocionado como el proyecto turístico y de ocio más importante de Extremadura.

La piqueta llegará, si llega, demasiado tarde, cuando la primera fase del proyecto ya está culminada. En ella se incluyen 180 villas turísticas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, o una base naútica con 76 atraques, además de playa artifificial, senderos peatonales o un complejo deportivo. La compañía Marina Isla de Valdecañas, S.A., asegura que ha desembolsado ya 130 millones de los 200 previstos. La Junta de Extremadura debería asumir la demolición y los posibles daños que reclamen los propietarios de las viviendas ya vendidas o la propia promotora, a la que dio vía libre para desarrollar el proyecto.

El Gobierno de Extremadura aseguró ayer a EL PAÍS que se están planteando impugnar las sentencias ante el Tribunal Constitucional. “Desde que se modificó la Ley de Suelo de Extremadura en 2010 y 2011, Marina Isla de Valdecañas se acoge a la legalidad vigente”, señaló un portavoz. Este cambio legislativo, también recurrido por las ONG, se produjo días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considerara ilegal este complejo. Para ello unieron sus fuerzas PSOE y PP. “La Ley del Suelo de Extremadura se modificó con el apoyo unánime de la Cámara regional”, argumentan.

Los abogados José María Trillo y Maria Ángeles López Lax, representantes de Ecologistas en Acción y Adenex respectivamente, inciden en que no se puede revertir la protección en un suelo una vez que se ha dictado y critican duramente que se haya llegado a cambiar una ley para adaptarla. “Es un ejemplo de la irracionalidad del planteamiento urbanístico en el que estábamos asentados”, destaca Trillo.

A pesar de que en 2011 ya tenían una sentencia de alto tribunal extremeño que ordenaba el derribo del macrocomplejo no pudieron impedir que el continuara desarrollándose porque les reclamaban una fianza de 40 millones para ejecutar la demolición, algo “inasumible” para una organización ecologista. La crisis y el proceso judicial han ralentizado las ventas de estas villas, ofertadas a medio millón de euros, y apartamentos, que parten de los 200.000 euros.

“Vamos a una política de hechos consumados y esto no puede ser”, opina López Lax, que recuerda que muchos compradores han reclamado en los tribunales la nulidad de los contratos de venta al conocer que la legalidad de la urbanización estaba cuestionada. Este periódico ha pedido a la compañía que aporte su versión de lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 6-2-14
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion y golf - ecologistasenaccion.org



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Un exalcalde de CiU de Sant Cugat será juzgado por prevaricación

Se vuelve a demostrar que la corrupción urbanística está por encima de banderas y colores. En Cataluña, tras largos años en el poder autónómico y municipal, CiU es el partido político que acumula mayor número de casos de ilegalidades, por mucho que traten de echar inútilmente la culpa al gobierno central. El problema de esta prevaricación del exalcalde Sant Cugat, junto al exjefe de urbanismo, es que se refiere a hechos sucedidos hace 20 años (veinte). Una vez más es algo totalmente incomprensible la tardanza inexcusable de la justicia, ya que, por supuesto, el daño urbanístico está realizado hace tiempo y es posible que algunos delitos de la acusación hayan prescrito.
"ELPERIÓDICO* : Una jueza de Rubí, Emma Sánchez Gil, ha acordado la apertura del juicio oral contra el exalcalde de Sant Cugat del Vallès, Joan Aymerich (CiU), acusado por la fiscalía de prevaricación al cometer supuestas irregularidades urbanísticas en la recalifcación de unos terrenos para favorecer el asentamiento de una empresa en el municipio, en un caso que se remonta a la década de los noventa. La titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Rubí acuerda enviar a juicio a Aymerich -que fue alcalde entre 1987 y 1999-, así como al que fue jefe de Urbanismo del consistorio durante el mismo periodo, Juan Francisco Borrás; al ex jefe del servicio jurídico de Urbanismo Eduard Graell; al ex arquitecto municipal Vicente Tort, y al ex jefe de gestión urbanismo José María Casanovas.

El fiscal reclama para los cuatro primeros cinco años de inhabilitación para ocupar cargo público. El quinto imputado, se enfrenta a una pena de dos años y tres meses de inhabilitación.

En el auto, la jueza impone a los cinco imputados una fianza conjunta de 5,5 millones de euros, en la que figura como responsable civil el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de la causa, decretando el embargo de bienes si no se deposita. La resolición sostiene que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" contra los acusados, para los que la Fiscalía pide una condena de hasta cinco años de inhabilitación para ocupar un cargo público.

Los hechos, en los que el fiscal aprecia la eximente de dilaciones indebidas por la larga instrucción del caso, que estuvo en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durante los años en que Aymerich fue diputado del Parlament, en las legislaturas de 1992 y 1995, se remontan a principios de la década de los 90, cuando el consistorio impulsó varias actuaciones urbanísticas en el sector de Can Mates.

Convenio de permuta

Según sostiene la juez, el consistorio presidido por Aymerich cometió supuestamente, al menos, cinco irregularidades urbanísticas para favorecer el asentamiento de Boehringer Inhelheim SA (Biesa) en la zona, "en detrimento de otros propietarios, que vieron frustradas sus legítimas expectativas". El origen de las supuestas irregularidades se remonta a un convenio de compraventa-permuta firmado en 1993 entre el ayuntamiento y la empresa, que fue ratificado de forma arbitraria, según la instructora, ya que se prescindió de la publicidad registral y se ignoraron "absolutamente" los derechos de los demás propietarios, actuando de forma arbitraria. La acusación particular está ejercida por las empresas Tafecsados y Cotreras Obras y Servicios, representadas por el abogado Sergi Mercè Klein, que resultaron perjudicadas.


* El Periódico - J. G. ALBALAT - 4.2.14
Foto: Sant Cugat del Vallès (Barcelona), vista aérea - enciclopedia cat



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