Los jueces, impotentes ante la escasa ejecución de las sentencias urbanísticas

La noticia es equívoca, hay que decirlo claramente. Los jueces no pueden venir ahora quejándose de que no les hacen caso, cuando han sido ellos mismos los que han permitido que se llegara a esta lamentable situación en casos de delitos urbanísticos. La justicia ha sido lenta, lentísima, cuando no cómplice necesaria en la enorme corrupción urbanística que ha habido en los últimos años (décadas) en este país. El Urbanismo y la Ordenación Territorial han sido considerados por esta casta judicial como algo accesorio o sin importancia, y han permitido por acción tardía u omisión que estos delitos pasaran de largo o prescribieran, que viene a ser lo mismo. Multitud de políticos, empresarios y financieros se han lucrado ilícitamente con esta actividad, debido a la pasividad judicial, bien para beneficio personal como de sus partidos. Respecto a las sentencias urbanísticas que no se cumplen, habría qué decir que la justicia tiene la llave para hacerlo y que si no lo hace es por pura presión política o financiera, lamentablemente.
"ELNORTEDECASTILLA* : Se ponen muchas sentencias, todas hay que cumplirlas, pero solo un ínfimo porcentaje se ejecutan de manera voluntaria cuando se habla de licencias, edificios y suelo. Los expertos juristas que protagonizaron ayer las ponencias de la jornada técnica amparada por la Consejería de Fomento y organizada por la ‘Revista de Derecho Urbanístico’ reconocieron que el urbanismo es «la zona gris» de la jurisdicción contenciosa administrativa en España en lo que a ejecuciones de sentencia se refiere.

El magistrado Ramón Sastre, afirmó con rotundidad que una licencia que ha sido anulada por sentencia firme «conlleva la demolición del edificio y, si se trata de planes urbanísticos, supone su anulación inmediata». Ponente de numerosísimas sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en Valladolid, reconoció que la principal ‘zona gris’ con la que se encuentra la jurisdicción contenciosa administrativa es, precisamente, la ejecución de las sentencias. Puntualizó también que si se anula una licencia y la sentencia firme obliga a la demolición, cualquier persona, aunque no haya sido parte directa en el recurso, puede instar al derribo, y hay un plazo para hacerlo de hasta 15 años, transcurridos dos meses desde que la sentencia firme ha sido comunicada. Además de la demolición, subrayó, la ley contempla multas coercitivas, e incluso la responsabilidad penal por desobediencia.

Ante un público especializado de más de sesenta técnicos y responsables de urbanismo de administraciones públicas de Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid José Manuel Díaz, aseguró que las dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional que anulan las leyes singulares de la Junta de Castilla y León sobre el centro de tratamiento de residuos de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, y la Ciudad del Medio Ambiente, en Soria, dan un vuelco a la jurisprudencia mantenida por el Tribunal Constitucional durante 30 años, a partir de la expropiación de Rumasa, que no la declaró inconstitucional. Ahora, afirmó el catedrático, tanto el Estado como las comunidades autónomas se lo van a tener que pensar cuando promulguen leyes singulares porque vulneran el derecho a la tutela judicial, es decir, impiden, a través de declaraciones como la de «interés regional», el derecho a recurrir. El experto incidió en que España no puede permitirse este tipo de legislación extrordinaria porque «es más propia de los tiempos de Franco, y Europa nos puede poner la cara colorada».
Precisamente, respecto de la Ciudad del Medio Ambiente, el director de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, Ángel Marinero, avanzó que el decreto consecuencia de la sentencia que declara inconstitucional la ley regional será aprobado antes de que acabe el año. Esta tramitación ordinaria busca «adecuar un proyecto del año 2000 a la realidad de hoy y permita la creación de empleos especializados para aprovechar el potencial medioambiental y las tecnologías en la zona».

«Demasiados recursos persiguen eludir el fallo judicial»

No tuvo problema alguno, la magistrada, en respuestá a una urbanista y política gallega asistente a la jornada, en asumir la parte de culpa correspondiente de los tribunales de Justicia en la situación, pero Martínez Olalla insiste en que « la falta de lealtad institucional» es una de las causas por las que las sentencias urbanísticas no se ejecutan de forma voluntaria y ello contribuye a que se dilatan los procedimientos durante años.

Muchas veces, insistió, «los recursos le sirven a la administración para ganar tiempo, a sabiendas de que no van a prosperar, con el fin de eludir el cumplimiento de la sentencia» y se mostró firmemente partidaria de favorecer la ejecución provisional de las mismas «con el fin de evitar que se haga irreversible la situación de ilegalidad», por ejemplo en casos de planes urbanísticos, o edificaciones.

Para la presidenta de la sala vallisoletana de lo contencioso, los intereses económicos «no pueden primar sobre la legalidad, porque esto sería una selva», e insistió en que la ejecución de las sentencias en capital para el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva.


* El Norte de Castilla - Ciclo de la Justicia - 20.2.14
Foto:

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Anticorrupción pide de nuevo cárcel para Pacheco por su gestión en Jerez

El que fuera alcalde Jerez entre 1979-2004 en las filas andalucistas, P.Pacheco, fue condenado el pasado año por prevaricación a más de 4 años de cárcel, y ahora, nuevamente, vuelve a estar imputado por fraude en la venta de la antigua estación de autobuses de la ciudad. La fiscalía pide 7 años, pero ya veremos en qué queda la supuesta condena, dada la laxitud judicial. Aparte de su figura prepotente y sus tropelías urbanísticas en la alcaldía jerezana durante tantos años, quizás el problema que le ha llevado a las sucesivas condenas judiciales haya sido el no pertenecer a los dos grandes partidos nacionales, con lo que sus agarraderas políticas han sido menores que en casos semejantes.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al exgerente de la empresa municipal de suelo Miguel Ballesteros, a dos empresarios y a tres testaferros de un supuesto fraude en la enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez. El fiscal pide hasta siete años de cárcel y seis de inhabilitación para el histórico líder andalucista por vender más de 4.000 metros cuadrados de terreno a un empresario afín y su socio sin concurso público y con “total desprecio de las normas administrativas y legales de contratación pública en perjuicio del interés general”.

Pacheco fue condenado el año pasado a cuatro años de cárcel por enchufar a compañeros del partido en el Ayuntamiento. Entonces la fiscalía pidió seis años de prisión.

Para los siete acusados, el fiscal solicita una indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jerez de 1.695.000 euros, cantidad que el Consistorio dejó de percibir por la operación.

Según la acusación, Pacheco, cuando era delegado de Urbanismo y presidente de Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo), y el gerente de la misma sociedad pública, “con la única finalidad e intención de perjudicar a las arcas municipales” y “beneficiar a los empresarios José Luis López (conocido como El Turronero) y Francisco Chávez, con los cuales Pedro Pacheco mantenía vínculos de amistad”, diseñaron un procedimiento de enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez que supuso “un grave quebranto del erario público”.

¿A cuánto asciende el fraude? Según Anticorrupción, la cifra oscila entre 1,7 y 5,4 millones de euros. El escrito de Anticorrupción detalla que el inmueble se transmitió en 2006 por precio notablemente inferior a su valor real, concretamente por la cantidad de 2,7 millones, pese a que la tarifa de mercado de la finca nunca podría ser inferior a 4,4 millones.

La venta se realizó partiendo de una tasación de 2004 que no se actualizó y el procedimiento para llevarla a cabo limitó las ofertas a las empresas de López y Chávez, quienes utilizaron a tres testaferros para dar “la apariencia ficticia de estar ante diferentes empresas” y “ocultar la verdadera identidad de los compradores”. De esta forma, “los acusados pudieron fijar el precio que estimaron por conveniente sin ajustarse a criterios de mercado”. Solo tres meses después de adquirir el terreno, El Turronero, uno de los mayores operadores de suelo de la zona, y su socio dividieron la parcela en dos y la transmitieron a terceros, obteniendo unos beneficios de 415.000 euros.

Para medir el quebranto a las arcas municipales, la fiscalía destaca en su escrito que una tasación bancaria hecha en 2006 fijó el valor de mercado de las dos parcelas de la estación de autobuses en 8,1 millones de euros, una cifra muy lejana a los 2,7 millones que pagó López y su empresa Ingeniería Jienense SL a Emuvijesa.El Turronero estaba detrás de las tres ofertas que recibió el Consistorio para comprar los 4.000 metros cuadrados de terreno, pero no figuraba en ninguna de ellas. Ángel Monereo fue el hombre de paja colocado en la empresa que adquirió el suelo en 2006 “para ocultar la identidad de los verdaderos administradores”.

En el extenso escrito de acusación, la fiscalía concluye que Pacheco, el técnico municipal, López y su socio vulneraron “de manera grotesca y flagrante la normativa administrativa”. Los acusa de ejecutar la venta “evitando la concurrencia de terceros en términos de igualdad” y ocasionando un “grave perjuicio al patrimonio público”. Para los tres testaferros, el mencionado Ángel Monereo, Vicente Cervera y Joaquín López, la fiscalía pide tres años y medio de prisión por delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial.

Para los empresarios se reclama seis años de cárcel. Uno de ellos, José Luis López, ya cuenta con una condena de dos años por fraude a la seguridad social en el caso Karlos, en el que resultó condenada también María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. La fiscalía cree que Pacheco firmó y dirigió la venta del suelo. Para él reserva la mayor pena de prisión: siete años por prevaricación, fraude y falsedad documental.


* El País - ANA HUGUET - 19.2.14
Foto: Jerez, Pacheco en el juzgado (archivo) - lainformacion



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