El juez amplía la imputación del alcalde de Castellón por Gürtel

El escándalo sigue con la trama de corrupción Gürtel, en este caso en la Comunidad Valenciana y en concreto en la ciudad de Castellón. Si ya el pasado año fue imputado su alcalde 'popular', A.Bataller, ahora vuelve a serlo de nuevo por las contrataciones ilegales llevadas a cabo hace 6 años, cuando era consejero de Sanidad. En su declaración ante el juez ha señalado a dos exconsejeros del expresidente de la Generalitat Francisco Camps como responsables de contratar con la trama Gürtel. Como se ve, aquí estaban casi todos implicados y solo hace falta que la justicia sea capaz de tirar de la manta para que el castillo de naipes 'popular' se venga abajo y los culpables sean sentenciados de una vez.
"ELPAÍS* : El juez José Ceres, instructor del caso Gürtel en Valencia, ha ampliado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por las contrataciones con la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Bataller, que fue imputado el pasado año y declaró en junio por el contrato para la celebración del Acto Premios Salud y Sociedad 2007 cuando era subsecretario de la Consejería de Sanidad, ha sido citado de nuevo. En esta ocasión, el juez le ha llamado para ampliar su declaración como imputado en relación con la facturación de un vídeo elaborado por Orange Market para la ampliación del hospital Clínico de Valencia.

La cita del regidor será este miércoles 26 de febrero.

La ampliación de esta imputación llega después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara al magistrado y este dictara nuevas diligencias. Entre ellas, la declaración de una funcionaria que apuntó directamente al alcalde castellonense y aseguró que los contratos para la celebración de los premios de 2007 se llegaron a firmar antes de que la consejería tuviera todas las ofertas. En esta declaración, la testigo habría apuntado además a nuevas irregularidades con la facturación del vídeo promocional que costó 47.172 euros.

La de Bataller no es la única nueva imputación efectuada por el juez José Ceres. A raíz de las pesquisas que mantuvo en secreto durante meses, el magistrado ha estrechado el cerco respecto a la adjudicación de la empresa de Medio Ambiente de la Generalitat Vaersa a Orange Market de un contrato que tenía como objeto la grabación de un vídeo para una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo, por cerca de 140.000 euros. El magistrado ha citado como imputada a Patricia Callagham, jefa de Sección ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Entre los nuevos documentos incluidos en el sumario, figuran abundantes correos entre Callagham y empleados de la trama que versan sobre los detalles de dicha contratación, así como de las gestiones de Orange Market por cobrar. La investigación de Ceres también reveló que la trama elaboró directamente acuerdos jurídicos entre Vaersa y Orange Market relativos a la mencionada campaña de medioambiente, sustituyendo así en sus funciones a los servicios jurídicos de la Generalitat. Callagham ya había declarado como testigo.

El magistrado cita igualmente a Santo Juan, que fue responsable de prensa de Vaersa y ya está imputado en la causa, ha vuelto a ser citado a declarar el mismo 5 de marzo.

La nueva declaración de Bataller en calidad de imputado complica su futuro político en el Ayuntamiento. Recientemente se postuló como candidato a la alcaldía al mostrarse convencido de que sus problemas con la justicia se resolverían en breve. Poco después, manifestó que dejaba su cargo a lo que decidiera el partido.

Tras conocer la nueva citación, el regidor ha manifestado a través de un comunicado que tiene “la conciencia muy tranquila” porque “siempre” ha actuado “con transparencia y honestidad”. “Estoy tranquilo y con la conciencia de que he actuado bien y deseo aclarar ante el juez cualquier cuestión que quiera preguntarme. Voy a seguir colaborando con la Justicia como ya lo hice en mi comparecencia del pasado mes de junio”, ha indicado.


* El País - LORENA ORTEGA / IGNACIO ZAFRA - 24.2.14
Foto: El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en el centro, acude a declarar al Tribunal Superior valenciano. / TANIA CASTRO (EL PAÍS)

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