El TSJCV abre juicio contra Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y diputado del PP

El conflictivo urbanismo de Alicante ha estado desde hace 20 años bajo la batuta de este personaje, símbolo significativo de la corrupción en el país. Primero como alcalde hasta 2008 en que pasó a ser diputado autonómico 'popular', y hasta el día de hoy a través de su discípula aventajada S.Castedo. Ambos tienen varias imputaciones judiciales por manejos ilegales en el urbanismo alicantino, contando con empresarios amiguetes como E.Ortiz, uno de los beneficiados en esta trama mafiosa. Alperi fue exculpado en 2009 por una justicia injusta, sin asumir responsabilidades políticas, y en 2011 acusado también en el caso de corrupción Brugal. Es decir, una carrera impresionante de irregularidades urbanísticas varias, mientras los ciudadanos seguían dándole mayorías electorales, incomprensiblemente.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio al actual diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, y a tres empresarios.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el auto el juez establece una fianza por posibles responsabilidades derivadas de los dos delitos imputados de 2,3 millones para Díaz Alperi, otros 1,5 millones para el empresario Antonio Moreno y 900.000 euros para el también empresario Antonio Solana.

Para el tercer empresario, Javier Palacio López, el fiscal sólo le imputa un delito de cohecho y no solicita el establecimiento de fianza alguna.

La investigación se abrió tras una denuncia presentada en marzo pasado por el ministerio público ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV.

La Fiscalía cree que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010 a través de sociedades en las que participaba.

Díaz Alperi está también imputado en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al apreciar el juez indicios de supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

Tras culminar las actuaciones por el presunto delito fiscal, el juez dio traslado de lo actuado, en un auto del 13 de diciembre de 2013, al ministerio Fiscal y a la acusación personada (Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria) para que solicitasen la apertura del juicio oral, el sobreseimiento que pudiera proceder o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

En el auto de apertura del juicio oral, el magistrado consideraba que los hechos imputados a Díaz Alperi podrían ser constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio.

En esa resolución, el tribunal recoge el contenido de los escritos de acusación presentados tanto por el ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado y determina que es la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV el órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa.

La Fiscalía considera en su acusación que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010.

La denuncia detalla que la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada (405.351 euros) se refiere a 2007, cuando el dirigente popular tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros y únicamente declaró unas retribuciones de 113.250,89 euros por sus cargos públicos.

De 2008, se considera que defraudó por 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de "Akra Uno", para lo que habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL".

Del tercer y último ejercicio analizado, 2010, la Fiscalía considera que la cantidad que Díaz Alperi debió pagar a la Agencia Tributaria asciende a 132.468 euros, también en relación al catamarán, aunque por cambios en la propiedad del mismo junto a uno de los otros imputados.

La Abogacía del Estado solicitó también la apertura del juicio oral contra el exalcalde y dos de los empresarios, Antonio Moreno y Antonio Solana por tres delitos contra la hacienda pública.


* El Diario - EFE - 1.2.14
Foto: Alicante, alcaldes Castedo y Alperi - elpais



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