Exalcalde de Santiago cambió al jefe de Urbanismo para favorecer un pelotazo

La corrupción urbanística en Galicia, como ya se ha repetido en este blog, abarca a todo el territorio de la Comunidad con especial énfasis en sus principales ciudades. Tras el levantamiento sumarial del inabarcable caso Pokémon, han surgido detalles de irregularidades como la sustitución del jefe de Urbanismo de Santiago por el exalcalde 'popular' Conde Roa, a fin de dar nuevos pelotazos urbanísticos. El exalcalde había dimitido por un delito de fraude fiscal poco antes de estas operaciones ilegales.
"LAVOZDEGALICIA* : El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP), que dimitió por un fraude fiscal por el que ha sido condenado, estaba preparando dos pelotazos según se desprende del sumario de la operación Pokémon cuyo secreto acaba de levantarse de forma parcial. Uno era la ampliación del contrato del servicio de aguas a Aquagest, empresa cuyos responsables en Compostela también han sido imputados en el caso. El otro, la modificación del convenio urbanístico de la Finca do Espiño, operación para la que el gobierno local llegó incluso a fichar a un nuevo jefe de Urbanismo a propuesta de la propia empresa promotora, Layetana, con el objetivo de que fuese permeable a sus intereses.
Así se desprende de una conversación que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) grabó a Ángel Espadas el 18 de abril del 2012. El que por aquel entonces era jefe de gabinete y mano derecha de Conde Roa admite a Paula Prado, exconcejala en Santiago y actual portavoz del PPdeG en el Parlamento, que con el nuevo convenio el Concello salía perdiendo en beneficio de Layetana.


Ángel Espadas. ¿De qué estábamos hablando?
Paula Prado. De la Finca do Espiño.
Á. E. Bueno, ahí hay una cuestión que es clave, que como alguien se dé cuenta flipa, el mismo que propone el fichaje de Ignacio Soto.
P. P. Ah, ese.
Á. E. ¿El qué?
P. P. Ah, eso era, que estábamos hablando de la gerencia de Urbanismo.
Á. E. Bueno, el que propone el fichaje de Ignacio Soto es el abogado de Layetana, la promotora de la Finca do Espiño.
P. P. ¿Cómo? ¿El que propone qué? ¿Su nombramiento?
Á. E. Sí, sí, sí, como jefe de Planeamiento.
P. P. Bueno...
Á. E. Nunca se dio cuenta nadie y yo ayer, pensando cómo habían hilvanado todo y tal me di cuenta, joder.
P. P. ¿Pero quién lo propuso entonces?
Á. E. Juan Raposo, Juan Raposo [abogado de Layetana].
P. P. Juan Raposo.
Á. E. Juan Raposo. Y Gerardo [Conde Roa] nunca lo, o sea, nunca dijo nada, pero cuando el de O Pino no pudo venir dice, bueno, pues el de Teo, el de Teo. María Pardo y yo decíamos, bueno, si es el de Teo. María Pardo decía, yo no le conozco de nada y tal, no sé qué... pero sí lo propuso Juan Raposo y yo creo que Albino [Vázquez, exedil de Tráfico] no se dio cuenta nunca de esto, pero yo creo que ahí está la clave de todo.
P. P. Eso hay que ponerlo en el informe.
Á. E. Sí, sí y, bueno, pero ya te digo, ¿eh?, yo creo que en el momento, él, en la hora de la verdad, si alguien dice, oye, eso no está muy claro, nos van a dar, nos van a machacar, porque ahí se permutó dinero por obra, y cuando permutas dinero por obra tiene que haber un incremento de un 20 o un 25 por ciento y ahí no hubo incremento, más bien hubo decremento.


El nuevo convenio que pretendía Conde Roa para la Finca do Espiño nunca se llegó a firmar y el Concello tuvo que dar marcha atrás a la operación.


* La Voz de Galicia - XURXO MELCHOR - 6.2.14
Foto: Ayuntamiento Santiago - turismo

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El juez Ruz investiga el despilfarro de los actos de ‘primera piedra’ de Aguirre

El juez está tras la trama de corrupción Gürtel en la Comunidad de Madrid, quizás su foco principal en todo el país, donde el capo Correa se manejaba a su antojo por las distintas administraciones 'populares'. Resultan llamativos los actos de inicio de multitud de obras adjudicadas a la trama corrupta y proyectadas bajo la presidencia de E.Aguirre al frente de la Comunidad. Todavía ningún alto cargo político del PP ha sido imputado seriamente por esta corrosiva mafia urbanística que operaba en varias autonomías, y ya va siendo hora que, lo que todo el mundo sabe, se corresponda con unas severas sentencias judiciales, ya que el tiempo sigue pasando inexorablemente a favor de los delincuentes político-empresariales.
"ELPAÍS* : Un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en apariencia de mero trámite, puede provocar otra sacudida en el PP nacional y especialmente en el de Madrid. El magistrado ha decidido profundizar la investigación sobre los contratos que la Comunidad de Madrid otorgó a la trama empresarial de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, para la organización de cientos de actos de propaganda de la expresidenta de la comunidad y líder regional del partido, Esperanza Aguirre.

El juez Ruz ha dado un plazo de cinco días a las Consejerías de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid para que aclare si 15 de estos actos, casi todos puestas de primeras piedras de hospitales, carreteras, urbanizaciones y viviendas protegidas, fueron sufragados por las empresas adjudicatarias de esas construcciones, y no pagados directamente por el Gobierno regional a las sociedades de Correa, como se creía hasta ahora. Los agasajos, celebrados entre 2005 y 2007, tuvieron un coste total de 730.000 euros.

Sin embargo, el magistrado va un paso más allá. Ruz, a sugerencia de la Fiscalía Anticorrupción, quiere saber quién redactó los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares de los contratos de las obras y quién fue el responsable técnico o político de su adjudicación y su fecha. En el caso de la Consejería de Sanidad, los actos se refieren a una serie de hospitales en los que Aguirre puso la primera piedra entre enero de 2005 y octubre de 2006. Se trata de los centros sanitarios 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Hospital del Sur, Arganda del Rey, Aranjuez, Vallecas y Valdemoro. En esa época el consejero de Sanidad era Manuel Lamela, que actualmente forma parte de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, que él mismo adjudicó.

El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras examinar un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del pasado octubre, en el que se establecía que “determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales podrían haber sido abonados por las sociedades concesionarias adjudicatarias de los contratos de construcción”.

El magistrado requiere también los mismos datos a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, por actos celebrados entre 2005 y 2007, en concreto las primeras piedras de los planes de actuación urbanística de Vallecas y Ventillas y de VPO de Torrelodones, así como los actos de la entrega de viviendas sociales en San Sebastián de los Reyes y la inauguración de la carretera M-407, entre Leganés y Griñón.

En esos años, las responsabilidades en materia de vivienda y de infraestructuras del transporte estaban repartidas en dos consejerías. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirigía Mariano Zabía, que hoy preside el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que se ocupaba del urbanismo y la construcción de pisos sociales. Por otro, la cartera de Transportes e Infraestructuras, que se ocupaba de la expansión del metro y la red regional de carreteras, y que dirigía la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y, después, Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Todos estos contratos forman parte de los 71 actos de los que la Comunidad de Madrid no encontró documentación en sus archivos cuando el juez Ruz se la reclamó el pasado octubre. El juez Ruz pedía esa documentación para sumarla a la ya examinada por la Intervención General de la Administración del Estado, que concluyó que el Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre pagó 8,7 millones a la trama en otros 246 contratos. Según la Intervención, casi todas las consejerías contrataron con las empresas de Correa entre 2004 y 2008.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró este jueves que van a entregar a la Audiencia Nacional la información que les ha requerido sobre adjudicaciones a empresas vinculadas a la red Gürtel, y que lo harán “dentro del plazo” establecido. En relación a estos actos de inauguración, ha indicado que es “público y notorio y es lo habitual en grandes infraestructuras que la contratación de esos actos la realizan empresas, no la Comunidad”.

FE DE ERRORES

Manuel Lamela ya no pertenece al Consejo de Administración de Assignia Infraestructuras, del que fue relevado en octubre de 2013. Assignia no fue adjudicataria del Hospital de Aranjuez, sino que fue encomendado a Constructora Hispánica, empresa que posteriormente fue adquirida por Assignia.


* El País - FERNANDO J. PÉREZ - 28.2.14
Foto: Aguirre coloca la primera piedra del metro a Barajas en 2006. / J. H. (EFE)

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