Ruz vuelve a citar a declarar a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel

La dilatación en el tiempo de la trama Gürtel hace que los imputados deban declarar repetidamente, y parece que, además, con escaso éxito porque solo se acusa a unos empresarios afines al PP, pero todavía no se ha visto a ningún político de los cientos que debe haber en este caso de corrupción en varias autonomías. Y esto empieza a oler mal, si finalmente solo se condena a la parte privada de la mafia urbanística pero no a los responsables públicos que lo permitieron y se lucraron también con ello (de una forma u otra). El caso Gürtel de corrupción es demasiado grave y hay numerosos altos cargos 'populares' implicados en él, pero hay que dudar de que, finalmente, se haga justicia, ya que todos los políticos inmersos en esta trama mafiosa están libres y sonrientes al día de hoy, y no parece que la situación vaya a cambiar mucho en el futuro.
"20MINUTOS* : El juez Pablo Ruz ha llamado a declarar la semana que viene, entre el 19 y el 21 de marzo, a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como al considerado contable de la red José Luis Izquierdo para concretar mejor los delitos que se les imputan. Ruz adopta esta decisión en un auto a petición de las fiscales de caso Gürtel al entender que procede "nuevamente recibir declaración" a estos imputados, teniendo en cuenta que fueron interrogados "cuando la causa estaba aún secreta —en 2009— o antes de que se remitiera documentación" de comisiones rogatorias, informes policiales y de las unidades de auxilio judicial.

A Crespo, al que el juez ha citado para el 19 de marzo, Ruz también le quiere interrogar en el marco de la investigación de si el acrónimo 'PAC' que aparece en documentos de la trama Gürtel se refiere al exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos como perceptor de comisiones, ya que su abogado Miguel Durán ha afirmado que realmente se refiere a Francisco Correa. La toma de declaración a los presuntos cabecillas de la trama se enmarca en las diligencias que está realizando el juez como paso previo al cierre de la causa en la que se investiga el caso Gürtel, han informado fuentes jurídicas.

Hechos constitutivos de delito

Hasta el momento, según señala el auto, los hechos que la Fiscalía imputa a Correa, Crespo, Izquierdo y 'El Bigotes' serían constitutivos de delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales, todos ellos de carácter continuado.

La Fiscalía relata en su dictamen, en el que se basa el juez para acordar estas diligencias, cómo Correa, desde 2000 hasta 2009, auxiliado por otros imputados y desde 2002 por Crespo, "habría liderado un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas —bien para sus empresas bien para terceros— mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones". Correa desarrolló su actividad en la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid, así como en los municipios de Madrid, Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares, y en relación con entidades públicas como AENA "prevaliéndose para ello de la relación que le unía con algunos cargos públicos vinculados a esas entidades".

Las dádivas presuntamente percibidas por los distintos cargos públicos consistían en dinero en efectivo o viajes organizados por Pasadena Viajes, y que eran sufragados por él o por los propios funcionarios de esas entidades "simulando pagos de servicios recibidos por parte de las sociedades" del grupo Correa con "facturas inveraces". "En algún caso como el de la Comunidad de Madrid, las comisiones entregadas a los funcionarios se computaban como coste de los contratos públicos a los que afectaban generando un sobreprecio".

Ocultación de fondos

También hay indicios de que Correa habría colaborado en la ocultación de los fondos percibidos por los cargos públicos, bien comprando los bienes con ellos adquiridos, bien encubriendo sus inversiones en sociedades participadas por funcionarios o bien, como hizo con el extesorero del PP Luis Bárcenas, constituyendo sociedades que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como la procedencia de sus ingresos.

De Crespo, la Fiscalía refiere que sería "el encargado de la gestión diaria del entramado societario" de Correa, auxiliado por José Luis Izquierdo, que se ocuparía, básicamente, "de la gestión de la tesorería opaca del grupo y de la facturación irregular". "El Bigotes", gerente de la empresa Orange Market, sin perjuicio de lo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, habría colaborado en los pagos a Bárcenas, el ex alcalde de Pozuelo y ex marido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, y el ex diputado Jesús Merino.

En otro auto notificado este martes, el juez cita también como imputada por un delito de prevaricación para el 18 de marzo, día en el que estaba ya previsto que declare como imputado el hijo del extesorero de AP Ángel Sanchís, a Julia López Valladares, que trabajaba para el servicio de Régimen Interior de Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en relación a las contrataciones públicas adjudicadas a empresas relacionadas con la trama. Según el juez, la imputada daba supuestamente instrucciones a las empresas del grupo de Correa de cómo debían facturar para eludir la publicidad en la contratación pública y, en particular, sobre cómo facturar un mismo acto mediante varios contratos menores a diversas empresas de la Gürtel aparentemente independientes.


* 20 Minutos - EFE - 11.3.14
Foto: F.Correa (archivo) - 20minutos



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El alcalde de Ourense, imputado por dar una obra a dedo en 2008

Continúa la corrupción urbanística en Galicia y, a poco que la justicia quiera investigar, de allí no se escapa ningún político sin acusaciones delictivas. En Ourense, unos de los feudos 'populares' gracias al cacique Baltar, sale ahora la concesión a dedo de una obra por el actual alcalde socialista, A.Fernández, cuando en 2008 formaba parte de la junta de gobierno local. Pero en realidad la licencia de construcción es de 1998, nada menos. Como siempre la celeridad judicial es asombrosa y no se sabe bien cuáles son los motivos de que aparezcan las imputaciones años más tarde y en determinadas condiciones políticas. ¿Hay alguna mano oscura por detrás, tanto en este caso como en otros semejantes? Queda siempre la sospecha.
"LAVOZDEGALICIA* : El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández Gallego, que tantas veces había acudido a los juzgados en calidad de testigo, o perito, durante su etapa como inspector de Hacienda, estrenará el 27 de marzo la condición de imputado. Era concejal de Economía e Facenda y formaba parte de la junta de gobierno local en 1998. Una obra encargada en aquella época provoca esa situación. Hay doce imputados más: políticos que no están en activo -la mayoría del BNG- y las actuales primera y segunda tenientes de alcalde, las socialistas Marga Martín y Áurea Soto. Pero también hay tres empresarios y un funcionario.

La remodelación de la céntrica calle Bedoya ha quedado como una de las obras estrella del Concello de Ourense durante el mandato de la corporación municipal del 2007 al 2011. Es la causa de que Agustín Fernández y su antecesor, Francisco Rodríguez, que dimitió por la Pokémon, compartan imputación. Formaban parte de la junta de gobierno en la que se decidió encargar unas obras por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente, pese a que su montante de 623.000 euros «la hacía impropia para poder ser tramitada por el procedimiento elegido». Como se dice en el propio auto judicial, con referencia a la Ley de Contratos del Sector Público, deberán publicarse anuncios cuando el valor estimado de las obras sea superior a 200.000 euros.

La denuncia presentada el pasado mes de septiembre por el concejal Gonzalo Pérez Jácome, del grupo minoritario de Democracia Ourensana (DO), que no formaba parte de aquella corporación, afecta también a dos concejalas del PSOE que permanecen en activo: Marga Martín, imputada en el caso de ayuda a domicilio que instruye el mismo juez, Antonio Piña, y Áurea Soto, la edila de Urbanismo, sobre la que pesan hasta cinco querellas en las que intervienen de uno u otro modo un promotor inmobiliario local, DO, PP, USO y la CIG.

También aparecen citados el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, la exconcejala nacionalista Marta Arribas y los tres ex tenientes de alcalde del BNG: Alexandre Sánchez Vidal, Isabel Pérez y Andrés García Mata.
Este último, al igual que el titular del servicio de asesoría jurídica del Concello, han sido convocados por el juez para una segunda declaración, también en calidad de imputados. A la prevaricación administrativa que el juez apunta para toda la junta de gobierno suma, en estos dos casos, la concurrencia de un segundo delito de fraude y exacciones ilegales.

Citación «con garantías»
El juez Antonio Piña, como ya ha hecho en otro auto sobre la gestión del servicio de ayuda a domicilio entre el 2007 y el 2011, acota el sentido de este auto. «Adviértase -dice- que el carácter de imputados no supone más que un llamamiento al proceso con todas las garantías que la ley establece para los mismos, sin que suponga, en este momento procesal, declaración alguna de responsabilidad criminal».

El auto del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense parte de que con la cantidad prevista para esta obra, 623.000 euros, «no era admisible jurídicamente su tramitación sin publicidad, hecho sustancial en cuanto limitaba la concurrencia de empresas y permitía a través del cauce de la invitación llamar al procedimiento de licitación en forma exclusiva a aquellas empresas que se estimasen adecuadas».

El juez sitúa el momento del supuesto delito cuando se redacta el pliego de cláusulas técnicas y administrativas en virtud del cual se licitó y se adjudicó la obra. Es en dicho pliego donde se opta por el procedimiento negociado, sin publicidad y urgente.

Las declaraciones prestadas en este procedimiento por el exconcejal Andrés García Mata y el máximo responsable del órgano de Asesoría Jurídica, Luis Tros, muestran notables diferencias. El juez las pone de relieve. En una reunión previa con el concejal, los técnicos llamarían la atención de García Mata -algo que este niega- sobre la ilegalidad del procedimiento. Desde el gobierno local, tanto ahora como entonces, se defendió el trámite con el fin de no perder una subvención. Los técnicos, desde la asesoría jurídica, advertían que el proceder «no encontraba acomodo legal al imputarse el retraso a actos propios» al propio Concello de Ourense.

El instructor dice que el pliego lo redactó Tros, «según este siguiendo indicaciones de García Mata, algo que este también niega». Hace notar que «en el expediente se carece de los preceptivos informes jurídicos y de la intervención, remitiéndose con tal carencia para su aprobación en la junta de gobierno». En la época de este acuerdo, las responsabilidades de gobierno estaban repartidas y los dos grupos, PSOE y BNG, funcionaban sin comunicación. De hecho, cada concejalía tramitaba sus asuntos, los llevaba a la junta de gobierno y los socios se limitaban a apoyarlos.


* La Voz de Galicia - PEPE SEOANE - 11.3.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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