Barcelona.- El exdirector del Palau sostiene que los políticos apoyaron el proyecto del hotel "por amistad"

Parece que el caso del hotel ilegal junto al Palau de la Música se va a llevar por delante solamente a los directivos del mismo, pero no a los políticos municipales y/o autonómicos que, sabiendo las irregularidades urbanísticas, permitieron que siguiera adelante concediendo su autorización. La Fiscalía pide 10 años para los dos altos cargos de la institución barcelonesa, pero no dice nada acerca de la imputación política, algo que huele a chamusquina y que parece un pacto corrupto para no perjudicar la imagen de numerosos implicados de las administraciones.
"ELPERIÓDICO* : El exdirector del Palau de la Música, Jordi Montull, ha asegurado este lunes que el proyecto de construir un hotel de lujo junto al auditorio contó con el apoyo de los políticos por su "amistad" con los responsables de la institución cultural, a sabiendas de que el proyecto era impulsado por un particular. A diferencia de Fèlix Millet, que solo ha aceptado responder a las preguntas de su abogado, el que fuera su mano derecha ha contestado durante cuatro horas a las cuestiones de la Fiscalía y de su defensa, ante los que ha defendido que el proyecto hotelero convenía al Palau y ha negado que presionara a ningún político para sacarlo adelante.

De hecho, Jordi Montull ha destacado que él y Millet contaban con "el apoyo de todos los políticos" para este proyecto, por la "relación de amistad" que les unía y porque, ha admitido: "los teníamos en el Palau cada día". Según el acusado, todos los partidos políticos eran conscientes de que el proyecto hotelero era impulsado por el promotor Manuel Valderrama, a través de su empresa Olivia Hoteles, porque "era obvio que el Palau de la Música no era una constructora".

"Todo el mundo estaba contento", ha añadido Jordi Montull, especialmente los vecinos de la calle Sant Pere més Alt, donde se iba a construir el hotel, y los padres de alumnos de la escuela La Salle, que, ha dicho, le "paraban por la calle" para preguntarle cuándo iban a comenzar las obras, dado que el proyecto incluía reformas en el centro educativo a cargo del promotor hotelero.

Modificaciones urbanísticas

Para Montull, que en ocasiones ha respondido a la Fiscalía en tono altivo o jocoso, la construcción del hotel era "un proyecto que caía por su propio peso", dado que el Palau era de los pocos auditorios de Europa que no contaba con un hotel de primera en sus inmediaciones, pese a ser Patrimonio de la Humanidad.

La Fiscalía pide más de 10 años de prisión para Millet y Montull por utilizar su capacidad de influencia sobre los políticos para llevar a cabo las modificaciones urbanísticas necesarias para sacar adelante este proyecto, a sabiendas de que era una "operación especulativa" que beneficiaba a un promotor particular.

En ese sentido, Montull ha asegurado que nunca se ocultó que las fincas que albergarían el hotel eran titularidad de un constructor y que, además, en su día tanto la Generalitat como el consistorio fueron informados de esa circunstancia.

Durante el interrogatorio, el que fuera mano derecha de Millet al frente del Palau de la Música, ha evitado dar explicaciones, escudándose en su falta de memoria, sobre la abundante documentación que le ha esgrimido el fiscal con correos electrónicos y misivas que intercambió con responsables municipales y de la Generalitat con relación al proyecto. En esa línea, Montull ha restado valor al documento de su puño y letra que se incautó en el Palau de la Música y en el que, según la Fiscalía y la juez instructora, se establecía la "hoja de ruta" del proyecto hotelero, basado en un convenio con la Generalitat que debía permanecer sin publicidad y en un segundo acuerdo, a tres bandas, con el ayuntamiento.

En relación al exteniente de alcalde Ramon García Bragado, del que en la causa consta correspondencia en que Montull se dirige a él como "distinguido amigo", el acusado ha asegurado que solo lo había visto en una ocasión antes del juicio, aunque ha admitido que se refirió a él con el término "amigo común" en otro documento que consta en el sumario.


* El Periódico - EFE - 10.3.14
Foto: Barcelona, edificio para Hotel Palau  (archivo) - elpais

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Gürtel se repartió una comisión de 1,8 millones en Boadilla del Monte

Siguen apareciendo más datos relativos a la trama de corrupción urbanística Gürtel, aunque son de hace años y resulta lamentable que hasta hoy no se haya tenido conocimiento de ellos. En Boadilla del Monte (Madrid), el municipio más rico de España, los capos municipales 'populares' actuaban cuando y como querían. Esta nueva comisión ilegal de 1,8 millones viene por adjudicaciones ilegales a constructoras, algo habitual de la trama corrupta en diferentes lugares del país. Esperemos que la justicia penalice de una vez estos casos tan evidentes, hasta documentalmente, y no siga mareando la perdiz.
"ELPAÍS* : La trama de corrupción Gürtel se hizo de oro de muchas maneras. Aparte de dedicarse a organizar docenas de actos electorales e institucionales del Partido Popular, ya fuera en Madrid o en Valencia, también sacó tajada de las comisiones que recibía de distintas empresas y de operaciones de compraventa de fincas. Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia y considerado el número dos de Francisco Correa en la red corrupta, anotó en su agenda personal distintas operaciones, como una comisión de 1,8 millones de euros por una adjudicación en Boadilla del Monte.

El reparto que consta, de acuerdo con el análisis de la agenda de Crespo realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se realizó entre varias personas identificadas por las iniciales de sus nombres y apellidos, o bien por los apodos con que eran conocidos. Así, 390.000 euros correspondieron a Correa —figura en las anotaciones como “FC”— y otros 390.000 euros a Alfonso Bosch, exdiputado regional y exdirector de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS), que aparece anotado como “AB”.

También recibió 390.000 euros a Tomás Martín Morales o “TM”, quien fuera consejero delegado de la EMVS. A Arturo González Panero El Albondiguilla, alcalde de la localidad entre 1999 y 2009, anotado como “Alb”, el inicio del apodo por el que es conocido, le fueron entregados presuntamente 210.000 euros. Por su parte, el propio Crespo, o “Fra P”, percibió 300.000. La cifra que obtuvo cada una de las personas mencionadas, todas ellas imputadas en el caso Gürtel, varía ligeramente en otras anotaciones de Crespo en su agenda.

Aunque “no puede establecer” el origen de la comisión obtenida por la organización, la UDEF llega a la conclusión de que el pagador es la constructora Teconsa. “Una cuantía de 1.800.000 euros de comisión solo puede corresponderse con un volumen de negocio muy importante desarrollado por Teconsa en ese municipio, bien en una única obra (no es el caso) o en varias”, recoge el informe.

Antonio González Terol, alcalde de Boadilla desde 2011 y también del PP, se personó el pasado septiembre en la Audiencia Nacional como acusación particular y en calidad de perjudicado “por las presuntas irregularidades cometidas” durante el mandato de González Panero. Este dimitió tras su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama Gürtel. A Panero le reemplazó Juan Siguero, que también renunció en febrero de 2011. Mercedes Nofuentes ejerció de alcaldesa hasta las elecciones municipales y autonómicas ese mayo.

La UDEF también ha encontrado en la agenda de Crespo anotaciones relativas a un terreno en San Lorenzo de El Escorial, comprado por 4,9 millones y vendido por 8,5. La organización de Correa compró en julio de 2004 la finca Monte el Valle a la sociedad Elitehotels por 4.974.254 euros (previamente se habían adelantado 300.000 euros). Para ello creó una sociedad denominada Proyedicon SL, representada en la operación por Crespo y Juan Millán Alcaide y participada en un 50% por Rustfield Trading Ltd (domiciliada en Reino Unido), un 25% por Millán Alcaide y otro 25% por Juan Ramírez Ucha. Además, se constituyó una hipoteca por la sociedad Proyedicon por 4,5 millones.

En la tramitación a UFC participó Inversiones Kintamani, representada por Ramón Blanco Balín, considerado por la policía como el cerebro que tejió en paraísos fiscales la maraña de empresas que utilizó Correa para blanquear el dinero que obtenía de forma ilícita. “UFC procuraría la clasificación de la finca como urbanizable y su posterior desarrollo inmobiliario”, apuntan los investigadores.

Tras manejar distintas opciones, finalmente el terreno se vendió en mayo de 2006 a la constructora UFC —su antiguo propietario, el empresario José Luis Ulibarri, también está imputado— por 8,5 millones “los cuales, una vez descontados costes, gastos e impuestos, fueron repartidos entre los socios participantes, procediéndose a la disolución de Proyedicon”.

En uno de sus apuntes (realiza varios al respecto), Crespo estimó en tres millones el “beneficio total” que obtuvo Proyedicon por la operación, dejando el “beneficio puro” en 2,55 millones tras deducir 450.000 euros (15%) en concepto de plusvalía. Tras otras cantidades aportadas, entre ellas 150.000 euros por parte de Ulibarri, el “beneficio a repartir” fue de 817.500 euros. El dinero, según el informe de la UDEF sobre la agenda de Crespo, quedó a repartir entre cuatro partes, de las que el 50% correspondía a Rustfield, y el resto a Millán Alcaide y Ramírez Ucha.

El día de la escritura de la finca por parte de UFC, Inversiones Kintamani consideró que existía “la posibilidad de vender a un tercero los terrenos a un precio superior al abonado por UFC”, por lo que se mostró “interesada en promover como intermediario independiente en su venta”. La UDEF concluye que el objetivo de la operación inmobiliaria en El Escorial era la obtención de un beneficio “mediante la especulación urbanística, previendo una venta posterior de la finca, promoviendo el cambio de utilidad de la misma”.


* El País - JOSÉ MARCOS - 10.3.14
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es



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