El juez Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500

Empiezan a salir a la luz más casos de corrupción urbanística en las altas esferas político-empresariales de Cataluña, algo que aquí ya habíamos advertido, pero que se ha tratado de ocultar por los medios durante décadas. Ahora aparecen nuevos vínculos entre el caso Gürtel y los escándalos de corrupción relacionados con el clan Pujol (Jordi, Oriol, etc) y CiU. Por supuesto hay datos que lo relacionan también con el extesorero del PP, Bárcenas, lo cual confirma que las relaciones de clase y monetarias están por encima de nacionalismos y banderas. Ya se sabe que el dinero y la corrupción no tienen colores, se pueden 'aparentar' diferencias políticas pero, al final, el poder impune termina siempre corrompiéndose.
"ELCONFIDENCIAL* : El instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, acaba de reclamar a una inmobiliaria catalana que aporte “de forma urgente” a su juzgado documentación sobre operaciones que el extesorero del PP Luis Bárcenas habría realizado con fondos de la presunta caja B del partido. La promotora inmobiliaria, Neu 1500 SL (Ruz la denomina por error Nou 1500 SL), ya había aparecido con anterioridad en el sumario, pero es la primera vez que el juez pide a sus administradores que aclaren un movimiento de fondos que podría ser relevante para la causa. No es un paso cualquiera. La entrada en escena de esta sociedad establece un nuevo vínculo entre el caso Gürtel y los escándalos de corrupción relacionados con el clan Pujol que han sacudido Cataluña en los últimos años.

En un auto dictado el pasado viernes por la tarde, Ruz da tres días al representante legal de Neu 1500 SL para que aporte en su juzgado “toda la información y documentación de que disponga relativa a la justificación del ingreso efectuado” en una cuenta a su nombre en el Banco Santander. El pago fue efectuado por la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Ascendió a 149.000 euros y fue disfrazado con el concepto “remesas de cheques”.

La operación tuvo lugar el 11 de abril de 2005 y la imposición fue cargada contra una cuenta de Rosalía Iglesias en Caja Madrid. Presumiblemente, tenía por objeto sufragar la adquisición de un chalé en Baqueira valorado en 900.000 euros que el matrimonio había comprado a la promotora inmobiliaria, pero el instructor de Gürtel quiere aclarar cómo llegó ese dinero a la cuenta de la mujer del extesorero y cuál fue exactamente el destino de los fondos.

Dos grandes corporaciones catalanas

Ahí es donde entra Neu 1500 SL, que deberá enviar todos los datos sobre la operación a la Audiencia Nacional. El nombre de esta inmobiliaria no es muy conocido, ni siquiera en Cataluña, donde tiene su sede social. Pero los grupos empresariales que acaparan su accionariado tienen más fama. Se trata de Teyco y Copisa, dos grandes corporaciones que poseen cada una el 50% de las participaciones de la promotora y tienen estrechos vínculos con el clan Pujol, la familia más poderosa de la historia reciente de Cataluña.

Teyco es una constructora de mediano tamaño que facturó 82 millones de euros en 2012. Está controlada por la familia Sumarroca, que también es propietaria de bodegas, explotaciones e industrias hortofrutícolas e inversiones en un amplio abanico de negocios. El cabeza de familia, Carlos Sumarroca Coixet, fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), las siglas de Jordi Pujol y Artur Mas. Y el actual jefe del clan, Carlos Sumarroca Claverol, es uno de los grandes empresarios que ha respaldado públicamente los planes independentistas de CiU.

El éxito del grupo de los Sumarroca ha ido aparejado a la hegemonía política de CiU. En diciembre de 2012, Javier de la Rosa, el financiero catalán condenado por el caso Grand Tibidabo, estableció otro vínculo. El empresario declaró ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que Carles Sumarroca era un testaferro de Jordi Pujol, y que el expresidente de la Generalitat de Catalunya lo había utilizado para evadir su fortuna a Suiza y Liechtenstein. De la Rosa también denunció que estaba sufriendo amenazas para que no contara a nadie esa relación. Un año después, el financiero se negó a ratificar esas acusaciones ante la Justicia.

Pujol y Sumarroca, una relación familiar

La relación entre ambas familias es tan cercana que la esposa de Carlos Sumarroca Coixet, Nuria Claverol, y la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, llegaron a compartir una empresa de flores y jardinería, Hidroplant. Los vínculos entre los dueños de Teyco y la familia Pujol han seguido incluso con la siguiente generación. La matriz de Teyco adquirió una empresa de informes medioambientales que había sido fundada por Pere Pujol Ferrusola y también ha contratado los servicios como arquitecta de Marta Pujol Ferrusola, una de las dos hijas del expresidente.

Además, los Sumarroca fueron accionistas durante un tiempo de Tipel, la empresa peletera del exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y hombre de confianza de Jordi Pujol, que fue detenido en 2009 por presuntos delitos de corrupción urbanística en el marco de la operación Pretoria. El propio Artur Mas fue gerente de Tipel antes de dar el salto a la política y convertirse en presidente del Gobierno catalán. Por todos los sitios por los que han pasado Pujol y Mas merodea también el rastro del clan Sumarroca.

Donantes del Palau y UDC

La otra firma presente en el accionariado de Neu 1500 SL, Copisa (Constructora Pirenaica SA), también aparece involucrada en numerosos escándalos próximos a CiU. Se trata de otra importante inmobiliaria catalana controlada en este caso por la conocida familia Cornadó, que posee decenas de sociedades agrupadas en el holding Comapa. En 2012, Copisa facturó 517 millones de euros y tenía en plantilla a 700 trabajadores. En su página web, la inmobiliaria atribuye parte de sus excelentes resultados a su "ética profesional". Sin embargo, el líder del clan, Josep Cornadó Mateu, acaba de ser procesado en una presunta trama de financiación irregular ligada a Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La constructora habría ayudado a la formación a desviar fondos de procedencia ilícita.

Copisa figura además como uno de los donantes destacados de la Fundación del Palau de la Música, otro de los grandes casos de corrupción vinculados con CIU. Entre 2007 y 2009, el grupo de los Cornadó aportó 700.000 euros a las arcas de la fundación. Gran parte de esa donación acabó siendo presuntamente desviada a las arcas del partido de Artur Mas a cambio de licitaciones públicas.

El gigante inmobiliario catalán ya llegó a la mesa de Ruz por otra vía el pasado mes de febrero. Un informe de la Agencia Tributaria concluyó que Copisa es una de las mercantiles que abonó facturas de más de 200.000 euros a mercantiles de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente, por supuestos servicios de intermediación empresarial. El juez de la Audiencia Nacional investiga si esos pagos se hicieron a cambio de alguno de los numerosos contratos que la Administración catalana ha concedido a Copisa en los últimos años.

Menciones en los papeles de Bárcenas

La inmobiliaria catalana había aparecido con anterioridad en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investigan los papeles de Bárcenas, aunque sin la implicación de Teyco y como una más de las empresas que había aportado supuestamente fondos a la caja B del PP. En concreto, los documentos del extesorero de los populares atribuyen a Copisa ocho pagos a Génova por importe de 362.000 euros. La inmobiliaria negó a Ruz el pasado mes de enero haber realizado esos pagos, al igual que casi todas las empresas que son mencionadas en esos documentos.

Pero el instructor del caso de corrupción más importante que haya afectado nunca al Partido Popular ha vuelto ahora a centrar el foco en una sociedad vinculada con Copisa. En esta ocasión, se trata de una mercantil compartida en la misma proporción por dos clanes familiares conectados con los grandes escándalos del clan Pujol y CiU. Las diligencias ordenadas por Ruz pueden arrojar nueva luz sobre el vínculo de la corrupción catalana con la trama ligada al PP. El magistrado ha exigido a Neu 1500 SL que envíe la documentación requerida en un plazo máximo de tres días a contar desde la recepción del auto.


* El Confidencial - José María Olmo - 1.4.14
Foto: Oriol Pujol (d) junto a su madre, Marta Ferrusola (c), y Jordi Pujol (2i)

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Los guardas forestales, con las alas cortadas

Parece que las leyes se hacen actualmente sin pensarse demasiado o, quizás, para favorecer intereses especulativos inconfesables. La nueva Ley de Montes que el ministro Cañete pretende aplicar establece que los guardas forestales no podrán denunciar ante la fiscalía o el juez posibles delitos. Como se sabe, estos agentes eran muchas veces los encargados de vigilar el territorio en toda su amplitud, sobre todo en los puntos forestales más delicados. Pues con la nueva ley ya no podrán hacerlo, lo que puede impedir la necesaria denuncia en casos de excesos o de construcciones en suelo rústico. Algo que, visto lo que ha pasado en este país en las últimas décadas, resulta impensable y sospechoso de que se haga para favorecer la ilegalidad urbanística. Otra aberración más.
"ELPAÍS* : Son los notarios de los bosques, quienes perciben si la noche anterior han estado merodeando cazadores furtivos, si se están levantando construcciones sin permiso o dan la voz de alarma ante envenenamientos, incendios o cualquier otro abuso a la naturaleza. Hasta ahora, los agentes forestales podían acudir directamente a la fiscalía o los juzgados a denunciar posibles delitos. Con la nueva Ley de Montes, que modifica la de 2003 y acaba de terminar su periodo de exposición pública, tendrán que reportarlo a las Administraciones de las que dependen, de carácter regional, y serán ellas quienes los tramiten.

El colectivo, formado por unos 6.000 agentes en toda España, teme que muchas de sus denuncias se queden por el camino. Sienten que les están cortando sus competencias de policía judicial, y que les asigna la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), niega que se cambien esas funciones, “al menos en sentido genérico”. “Los agentes también deben de actuar de acuerdo con la estructura funcional en la que están incardinados, algo que resulta lógico”, razona un portavoz del Magrama. “En la práctica se traduce en que si han de denunciar o practicar las primeras diligencias en caso de un posible ilícito penal, deberán informar simultáneamente a la fiscalía y a sus superiores jerárquicos, con lo que se consigue una mayor coordinación”, añade.

Pero el nuevo artículo 58, en el que se fija este cambio en la forma de proceder, no se habla de “información simultánea”. Fija que sean los órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes forestales quienes establezcan “los cauces adecuados para garantizar la remisión a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de aquellos supuestos en que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos”.

“Lo que no se puede permitir en ningún caso es que personas ajenas a la fiscalía o los juzgados decidan qué es delito o no”, consideran fuentes de la fiscalía de Medio Ambiente.

En los últimos años, comunidades como La Rioja, Murcia, Madrid o Cataluña, ya han intentado controlar las denuncias que parten de sus agentes forestales. La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, publicada en 2013, considera superadas las reticencias de “determinados representes superiores” de los agentes forestales a que puedan presentar las denuncias directamente en Fiscalía.

El borrador de la nueva Ley de Montes todavía no es definitivo, ya que el ministerio puede introducir cambios y debe de aprobarse en las Cortes. En una de las últimas reuniones del Comité Asesor de Medio de Ambiente, a la que acudieron representantes de las cinco principales ONG y representantes sindicales de este colectivo, se les explicó que, como los agentes forestales no son juristas, se pretende hacer de filtro para que no haya avalanchas de denuncias que pueden no prosperar, coinciden varias fuentes.

La explicación no convenció a los principales afectados. “Nos quieren cortar las alas y no es la primera vez que lo intentan”, resume José Araujo Díaz, agente forestal y representante de UGT. “Somos un colectivo independiente, ya que las policías locales están muy sujetas a sus Ayuntamientos”, añade. “La Comunidad de Madrid ya ha emitido notas internas en las que se ordena notificar previamente todas las denuncias que se interpongan”, cuenta.

Francisco Cabezos, secretario de salud laboral y medio ambiente de CC OO, recuerda precedentes en Castilla-La Mancha o Cataluña, en los que se ha tenido que rectificar. “La relación con la fiscalía es extremadamente cordial, los resultados son excelentes”, añade Cabezos.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente incide en el “loable voluntarismo y compromiso” del colectivo. “Hay que encontrar la fórmula más eficaz y rápida de comunicar esa información”, consideran fuentes de esta fiscalía especializada. Las denuncias deben llegar en un plazo razonablemente breve y se debe de dejar la capacidad de decisión sobre si se tramita o no, siempre, a jueces o fiscales, insisten.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 30.3.14
Foto: Bosque - medioambientales



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