El ‘caso Innova’ salpica al presidente de la Diputación de Tarragona

Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: la profundidad de la corrupción en Cataluña del principal partido nacionalista, CiU, es inmensa y llega a todas las administraciones y rincones. Ahora salta, otra vez más, el caso Innova en Tarragona, un compendio de irregularidades urbanísticas de todos los tipos. En la macrocausa de Reus y alrededores, ha sido imputado también el presidente de la Diputación por CiU y alcalde de Vila-seca, J.Poblet, un político de gran poder en la provincia. En total los imputados por corrupción en esta delictiva trama asciende ya a unos 50, y subiendo. Como se ve, son todas las provincias catalanas las que han terminado cayendo, lamentablemente, en irregularidades urbanísticas, prevaricación y tráfico de influencias, generalmente a las órdenes de CiU.
"ELPAÍS* : El caso Innova, la macrocausa judicial en la que investiga una larga lista de presuntas ilegalidades en el entramado de empresas municipales de Reus (Baix Camp), dio ayer otro vuelco: Diego Álvarez de Juan, el titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Reus, que instruye el proceso, imputó al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet (CiU), por una ristra de presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez ha citado a declarar a Poblet mañana. El presidente de la Diputación de Tarragona, el político de CiU con más poder en la provincia, está imputado por supuestas irregularidades en la construcción del Centro de Atención Primaria (CAP) de Vila-seca (Tarragonès). El proyecto sanitario está siendo investigado por la Guardia Civil, la fiscalía y el juez en la pieza separada del caso Innova.

El juez también imputa por el mismo motivo a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca. Están acusados de los mismos delitos que el alcalde y citados a declarar: Francesc Xavier Farriol, regidor de Hacienda; Manuela Moya, titular de Urbanismo; Josep Maria Pujals, ex concejal de Salud Pública; Josep Toquero, edil de Relaciones Ciudadanas; Esmeralda Núñez, concejal del Área de La Pineda (el núcleo turístico de Vila-seca); y Ana Josefa Girona, que fue responsable del barrio de La Plana.

El caso Innova se ha extendido desde el entramado de empresas municipales de Reus hasta Vila-seca tras investigar la Guardia Civil los trabajos efectuados por uno principales imputados en la causa: Jorge Batesteza, arquitecto acusado de blanqueo por cobrar 387.000 euros presuntamente injustificados entre 2007 y 2010 en concepto de asesoría técnica para la construcción del hospital Sant Joan de Reus.

Batesteza fue gerente de Infraestructuras de Área de Patrimonio y Inversiones del Servicio Catalán de la Salud desde 2000 hasta el 2007. Precisamente, uno de estos trabajos de Batesteza fue la supervisión de la redacción del proyecto del CAP de Vila-seca. El 19 de mayo de 2008 una sesión ordinaria de la junta de gobierno local aprobó el encargo de Batesteza por 10.440 euros a cargo del presupuesto municipal. La decisión se tomó “por unanimidad” tras un informe del arquitecto municipal. “Este contrato puede conceptuarse y ser tramitado como contrato menor, por razón de cuantía”, que solo requiere de “la aprobación del gasto, la incorporación de la factura al expediente y el presupuesto de las obras”, rezaba en el acta municipal. El CAP, que costó 11,2 millones de euros, entró en funcionamiento en septiembre de 2011 y da servicio a 21.000 personas.

En febrero la Guardia Civil ya acudió al Ayuntamiento de Vila-seca para recbar información referente a la adjudicación, construcción y puesta en marcha del centro.

Convergència emitió ayer un comunicado en el que anuncia su total “apoyo” a Poblet y expresa su confianza en la inocencia del edil. De manera extemporánea, el comunicado mezcla la imputación de Poblet con el hecho de que el sábado participara en un acto de la Assemblea Nacional Catalana y que la acusación se produzca un día antes de que en las Cortes se debata la petición de transferencia a la Generalitat de la competencia de convocar referéndums. El Ayuntamiento De Vila-seca negó cualquier conexión con Innova y el Ayuntamiento de Reus y manifestó su seguridad en el trabajo “transparente” de técnicos y políticos del Consistorio.

El caso Innova suma ya casi 50 imputados, entre los que se encuentra la misma esposa de Poblet, Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova. Está acusada de estafa, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros delitos.


* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 7.4.14
Foto: El presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet / JOSEP LLUÍS SELLART



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Córdoba.- El TSJA anula el plan especial que regularizaba las naves de Sandokán

Continúa la polémica de las inmensas naves industriales que posee R.Gómez 'Sandokán' en las cercanías del conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba. El empresario corrupto, acusado gravemente en el caso Malaya, luego metido en política municipal con su propio partido, siempre ha salido adelante gracias a una justicia débil y permisiva. Ahora el Tribunal andaluz anula el Plan especial que el ayuntamiento cordobés había aprobado para regularizar sus ilegales naves, pero ya es la segunda vez que esto ocurre y habrá que esperar nuevos acontecimientos.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón a la Junta de Andalucía y ha tumbado el plan especial de la carretera de Palma del Río, que preveía la regularización de 15.000 de los 40.000 metros cuadrados de las naves ilegales construidas por Rafael Gómez, conocido como Sandokán. El plan especial permití también el uso industrial y comercial de los inmuebles. Y son estos dos puntos los que tumba el TSJA. Según la sentencia, se declaran “nulos” los dos artículos del Plan Especial de la carretera de Palma del Río, el 14 y el 20, referidos a los usos, “dada su inadecuación al orden jurídico”.

El alto tribunal andaluz ha anulado, de esta manera, el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Córdoba en el que votaron de forma unánime todas las formaciones el 11 de diciembre de 2012: PP, dos concejales de UCOR, IU y PSOE. Es la segunda vez que el TSJA rechaza el plan especial de Carretera de Palma. En 2008 el tribunal lo tumbó porque el documento había sido redactado por la propia empresa infractora, Arenal 2000, de Rafael Gómez.

La resolución del TSJA de hoy atiende el grueso de la impugnación de la Junta y supone un duro revés a la Corporación municipal que votó a favor de legalizar las naves ilegales. El revés es especialmente duro para el PSOE e IU, que votaron a favor. Sus colegas de ambos partidos -que gobiernan coaligados en San Telmo- recurrieron un proyecto al que dieron luz verde en Córdoba sin abrir la boca y sin dudar en público ni un segundo. No les importó que su voto positivo beneficiase al mayor deudor del Ayuntamiento -Gómez debe una multa de 24,6 millones de euros por construir ilegalmente las naves- ni tampoco dudaron en alinearse con Unión Cordobesa, el partido que Sandokán improvisó poco antes de las últimas elecciones locales y que le aupó a ser el actual líder de la oposición, por delante de IU y PSOE.

Las naves se levantaron durante el mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. En su mandato se dejó que fuese el mismo Sandokán quien redactase un plan especial que regulase todo el urbanismo de la carretera de Palma del Río y legalizara sus propias naves. El documento redactado por la empresa infractora fue aprobado en el pleno con los votos a favor de IU y PP. Pero la oposición del PSOE y de la Consejería de Obras Públicas llevó el asunto a los Tribunales que lo terminarían declarando nulo en 2008.

En 2010, Aguilar se convirtió en consejera de Obras Públicas. Con ella al frente se coció el nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma que se aprobó definitivamente en diciembre y que la Junta tumba ahora nuevamente. El plan permitía que el propietario de las naves, oficialmente, Rafael Gómez, redactase un proyecto de ejecución que derribaría solo 15.000 metros cuadrados de los 40.000 metros cuadrados ilegales que conforman las naves

Gómez decidió presentarse él mismo a alcalde en 2011. Unión Cordobesa arrasó en las urnas y hasta hizo pensar en que la mayoría absoluta del PP estaba en peligro, aunque no llegase a tanto. Logró cinco ediles.


* El País - MANUEL J. ALBERT - 1.4.14
Foto: Naves de Colecor construidas por Rafael Gómez en Córdoba. / JUAN MANUEL VACA

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