Una jueza investiga tráfico de influencias del ex alcalde de Bermeo

El juez indaga una reclasificación de un solar para construir 40 pisos en el que está imputado el actual edil de Urbanismo y regidor de Bermeo durante 16 años, JK.Goienetxea (EH Bildu). La denuncia sostiene que el cambio urbanístico se produjo sin informes técnicos y que Goienetxea hizo "notas manuscritas e indicaciones que se elevaron a definitivas" en el nuevo Plan General que avaló el cambio. Como se ve las irregularidades urbanísticas alcanzan a todos los partidos y no hay peor cosa que el poder impune para caer en el oscuro pozo de la corrupción, con las graves consecuencias que esto conlleva para la credibilidad de los políticos partidistas y sus amiguetes cómplices del mundo de la construcción.
"ELDIARIONORTE* : Un juzgado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación del ex alcalde de Bermeo y actual concejal de Urbanismo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) y un constructor por la reclasificación de un solar para construir 40 pisos. La demanda, investigada desde diciembre por la titular del juzgado de instrucción nº2 de Bilbao, que ya tomado declaración al denunciante, sostiene que el Ayuntamiento cambio un terreno de urbanizable a urbano sin informes técnicos que lo avalasen, lo que ha supuesto un beneficio de tres millones de euros. En la documentación presentada hasta ahora ante el juzgado por el consistorio, no se ha aportado ningún estudio técnico que avale el cambio.

Fuentes municipales han asegurado que la licencia concedida a estas viviendas "se ha dado en base a un plan general aprobado inicialmente en la legislatura anterior, un plan cuya tramitación ha transcurrido durante unos cuantos años y ha seguido todo los pasos legales en base a los informes jurídicos y urbanísticos de los técnicos, los propios del ayuntamiento y también de la Diputación y de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco". Han agregado que el plan general fue aprobado "por unanimidad en el pleno municipal. En esta legislatura no se ha procedido a ninguna modificación para conceder la licencia que se ha ooncedido en base a la legalidad vigente".

Este caso se une a otro en tramitación en el ayuntamiento de Bermeo contra otro ex alcalde, Xabier Legarreta (PNV) –actual director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia- por otra operación urbanística que supuso un quebranto de 3,4 millones para las arcas municipales y al que se le imputan dos delitos.

El denunciante es propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado y en 2008 pidió que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.

La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales.

"Notas manuscritas"

En esos años comenzó a tramitarse el cambio del Plan General Urbanístico (PGOU) de Bermeo, que quedó aprobado en 2012, y “en un momento que no ha podido concretar” el denunciante, aparece el cambio a urbano del solar adquirido por el constructor. La demanda agrega que no aparecen informes técnicos que avalen el cambio pero que “en copias del PGOU entonces en tramitación aparecen notas manuscritas e indicaciones del Sr. Goienetxea alterando determinaciones del documento en tramitación que finalmente se elevaron a definitivas”.

La construcción de las viviendas avanza rápido y ya se están edificando 16 de las 40 previstas. Además de señalar la posible comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, el denunciante exige la suspensión de las edificaciones y que no se concedan más licencias de obras.

En su declaración ante el juzgado, el pasado 24 de enero, el denunciante señala que ha presentado la demanda penal al estar paralizada su reclamación en la vía contenciosa y “ante la falta de respuesta” del ayuntamiento tras entrevistarse con Goienetxea (quien fue alcalde durante 16 años) y la alcaldesa de Bermeo. “Me consta que el señor Goienetxea tiene relaciones de amistad con los constructores que actúan en Bermeo, entre ellos el señor Tardío”.

En su testimonio, como señala en la denuncia, incluye que, al denunciar los hechos, el ayuntamiento le abrió un “expediente penal” (luego retiró la expresión penal, que no compete a un ayuntamiento) por las obras de un caserío de su propiedad, que atribuye a una venganza. La denuncia “la ha interpuesto [el constructor] Tardío según me ha llegado aunque he solicitado documentación para verificarlo”.


* El Diario Norte - Alberto Uriona - 18.3.14
Foto: Bermeo (Vizcaya), ayuntamiento - wikipedia



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Barcelona.- Los vecinos se movilizan contra la polución de las cementeras

La ciudadanía está cada vez más concienciada de la necesidad de actuar en movimientos vecinales o Plataformas para resolver problemas urbanísticos acuciantes. Es lo que sucede en Montcada, en el entorno de Barcelona, con la contaminación causada por la enorme cementera que allí funciona. El asunto de salud es grave y viene ya desde hace casi 40 años, cuando se iniciaron las primeras protestas, obligando a la compañía multinacional a tomar medidas. Sin embargo las quejas siguieron hasta que en 2013 la justicia anuló la licencia ambiental. Todavía la sentencia no es firme, pero en ella incide también la dejadez de la Generalitat en la gestión del tratamiento de los residuos producidos.
"LAMAREA* : José Luis Conejero y Manolo Gómez muestran con espanto los botes de vidrio que les han ido trayendo los vecinos a la sede de la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan, en Montcada i Reixac, a las afueras de Barcelona. Contienen el polvo de cemento que han recogido de sus terrazas y balcones. Procede, denuncian, de la cementera que la multinacional francesa Lafarge tiene a escasos metros de sus casas. “Aquí los tejados no los verás rojos, si no hace muy poco que los han puesto”, asegura Conejero, que junto a otros habitantes del municipio creó en 2006 la Plataforma Antiincineración de Montcada i Reixac.

La actividad de la cementera, alertan, es la causante de los problemas respiratorios que padecen los vecinos de Montcada, y de los numerosos casos de cáncer que se han dado en la población. “Hace cuatro meses enterramos a dos chicas, una de 35 y otra de 37 años, de cáncer las dos”, lamenta Gómez. “Muchas familias de Montcada han trabajado en la fábrica. A las charlas que damos suele venir un chico que perdió a su padre y a su tío de cáncer. Su padre siempre le decía que ni se le ocurriese trabajar en la fábrica”, explica Conejero.

En 1975, participaron en las primeras protestas contra la fábrica, presente en el municipio desde 1917. “A partir de entonces se empezaron a poner los primeros filtros, obligados por los vecinos”, rememora Conejero. “Antes íbamos andando y cuando llovía se nos quedaban los pies pegados del cemento”, asegura Gómez. Las incipientes medidas de seguridad no frenaron los riesgos a los que se ve abocada esta población, formada por la llegada de trabajadores de otros puntos de España, y donde permanecen construcciones precarias en callejuelas estrechas y desordenadas.

En el 2008, las entidades de Montcada denunciaron el caso ante el fiscal de Medio Ambiente, que envió a agentes de los Mossos d’Esquadra a hacer mediciones. “Estuvieron unos tres meses tomando mediciones de incógnito, y a nosotros nos decían: Madre mía lo que tenéis aquí”, relata Gómez. El fiscal se querelló por un delito contra el Medio Ambiente y el entonces alcalde de Montcada, César Arrizabalaga; la concejala del ramo, Eva Gonzalo; y el director de la fábrica, Osvaldo Pereda, fueron imputados. Los Mossos constataron que las emisiones a la atmósfera de polvo de cemento generaban “una evidente contaminación sobre las viviendas y los habitantes” del barrio de Can Sant Joan, el más próximo a la fábrica. Lo mismo pasaba con el ruido, que “vulneraba” de forma “reiterada” los límites.

Licencia anulada

En septiembre de 2013, y después de una demanda de los vecinos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la autorización ambiental de la cementera. La Generalitat y la empresa recurrieron la sentencia, que aún no es firme, y ahora están pendientes de lo que dicte el Tribunal Supremo. Mientras, la actividad en la fábrica continúa. A la producción de cemento se ha añadido otra más preocupante si cabe: la quema de residuos urbanos. Una actividad que la empresa niega. “Nosotros no estamos incinerando. Nuestra actividad es producir cemento, no es incinerar”, sostuvo el responsable de Medio Ambiente de Lafarge, Jaume Ramón, en el programa Els Matins de TV3. Sin embargo, según los propios planes de la Generalitat, así como estudios universitarios y la investigación de los vecinos, la incineración de residuos se lleva a cabo en todas las cementeras de Cataluña.

“Queman residuos en las cementeras porque los gobiernos han hecho una mala gestión de residuos”, afirma el doctor en Medicina y miembro del Centro de Análisis y Programas Sanitarios, Josep Martí Valls. En 2009, encabezó un manifiesto firmado por médicos, profesores universitarios e investigadores, cuya difusión acabó por paralizar la construcción de una incineradora en la Zona Franca de Barcelona. “Continuaron teniendo el problema de dónde poner los residuos –explica Valls-. A partir de entonces, con el eufemismo de que es un combustible barato, que las cementeras han perdido producción y por tanto no se ganan la vida, se han puesto a quemarlo en las cementeras de toda Cataluña”, asegura, a la vez que advierte: “Lo cual aun es peor, porque son instalaciones que fabrican cemento, no están pensadas para quemar residuos”.

Con la quema de residuos urbanos, mantiene Valls, “nunca puedes saber qué saldrá por la chimenea, porque no sabes lo que estás quemando. Depende de lo que llega a los que preparan los residuos, desde materia orgánica hasta plástico, algunos metales…”. “Hay unas 120 y pico substancias tóxicas que salen de la incineración de residuos. Los más frecuentes son óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, monóxido de carbono, furanos, dioxinas, hidrocarburos policíclicos aromáticos…. Todo esto es muy tóxico”, afirma.

La peligrosidad de las micro-partículas

Las partículas ultrafinas que emite la incineración de residuos, sostiene el doctor, pueden provocar patologías en todo el organismo. “Las partículas menores a 10 micras (de cemento o amianto, por ejemplo) las respiramos pero se quedan en el pulmón, y el daño lo hacen allí. Pueden provocar cáncer pulmonar o de pleura, enfisemas pulmonares, insuficiencia respiratoria, bronquitis crónica, ataques de asma… Pero las más peligrosas son las que no se ven. Las partículas menores de 2,5 micras, que salen mucho de las chimeneas de las incineradoras porque son muy difíciles de contener, del pulmón pasan a la sangre”. La acumulación de estas partículas a lo largo de los años, detalla, pueden provocar “cáncer de todo tipo, aumento de los infartos de miocardio y cerebrales, diabetes, trastornos de la reproducción, sensibilidad química múltiple, fibromialgia…”.

Un estudio del Instituto de Salud Carlos III de Madrid concluye que la población que vive alrededor de un área de cinco kilómetros de un centro de quema de residuos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, la problemática no es local, afirma Valls. “El 80% de la contaminación nos entra por vía digestiva. Las partículas y gases caen al suelo, quedan en las hortalizas, en la hierba que comen los animales, y entran en la cadena trófica. Los que viven muy cerca del foco están mucho más expuestos que el resto de población, pero es indiferente que vivas en Montcada o en Barcelona”.

En Montcada, los problemas respiratorios afectan a varias generaciones, asegura Gómez: “Los críos van con ventolín al colegio. Es que ya nacen así”. Varios estudios médicos señalan que las mujeres son las únicas que pueden depurar los metales pesados que se acumulan en el organismo, transmitiéndolos al feto durante el embarazo.

Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio específico que trate de determinar la causa-efecto de la actividad de la cementera señala Valls. “Es muy difícil comprobar el nivel de incidencia de una incineradora en la población. Los estudios epidemiológicos en población humana son muy costosos porque son muy largos, hay muchas variables que se deben controlar, porque quizás haya más fumadores, o una dieta peor… Además, deberías seguir a la población durante 15 o 20 años, porque es el periodo de inducción de muchos cánceres”. “Por eso también es muy difícil que los jueces acepten demandas de daños para la salud, porque faltan pruebas para demostrar que la chimenea de determinada fábrica es la que causa las muertes”, añade.

La empresa niega causar la contaminación

Según Lafarge, los altos niveles de contaminación de Montcada i Reixac no proceden de la actividad de la cementera. “Hemos comprobado que durante la marcha de la instalación no hay variación del nivel de partículas en el aire. El principal problema de este entorno es debido a las infraestructuras viarias que tiene alrededor”, afirma el responsable de Medio Ambiente de la empresa. Los datos que la misma empresa envía, obligada por ley, al Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, señalan emisiones de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx y NO2), partículas PM10 y también los más peligrosos: amoniaco, mercurio y hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros. “Los datos son muy tozudos y desmienten lo que dicen”, constata Conejero.

“Además, para nuestra compañía la prioridad es la salud y la seguridad de nuestros trabajadores”, añade Jaume Ramón en referencia a las posibles afectaciones en la salud de los empleados. Algunos de estos empleados, miembros del comité de empresa, defienden en las charlas de la Plataforma Antincineradora a las que acuden la incineración de residuos. “Nosotros les decimos que hagan cemento, pero que no quemen residuos, y nos dicen oh, es que si no quemamos residuos (que ellos llaman valorizar) no somos competitivos”, explica Gómez. “Lo mismo decían los de la uralita en Cerdanyola, y los primeros que cayeron con cáncer pulmonar fueron los trabajadores y sus familias, porque llevaban la fibra de amianto en la ropa y la respiraban las mujeres y los niños”, apunta Valls, que comprende que la cementera niegue que está quemando residuos urbanos. “La fábrica qué va a decir. Ha pasado de 17 toneladas de producción al año a 1,5. Está prácticamente en la ruina, seguramente se mantiene gracias a quemar residuos”, sostiene.

Y es que los residuos urbanos son un combustible barato, y además, permiten a las cementeras hacer negocio en el mercado de CO2. Según detalla Valls, el tratado de Kyoto fijó como generador del cambio climático la quema de combustibles fósiles, tales como el carbón y el petróleo, pero no la combustión de biomasa ni la de residuos urbanos. “Con una excusa: que la biomasa, y la fracción orgánica de los residuos urbanos, han absorbido CO2 de la atmósfera durante su vida, y cuando se quema, lo devuelve, por lo tanto el balance es neutro, es decir, no crea nuevo CO2, aunque produzca muchos más contaminantes que afecten a la salud de las personas”. Como método para que las empresas redujeran sus emisiones de CO2 se creó un mercado, en el que a cada fábrica se le asigna un volumen máximo de emisiones. Si al cabo de un año sus emisiones de CO2 son menores al cupo fijado, puede vender estos derechos de emisión a otras empresas que estén emitiendo por encima de lo que tienen asignado.

El negocio del CO2

De esta forma, al utilizar residuos urbanos como combustible reducen de forma considerable el gasto de este cupo máximo de emisiones, y pueden vender los derechos a otras empresas, lo que les reporta grandes beneficios. Según los cálculos elaborados por la Plataforma de Montcada, las seis cementeras que existen en Cataluña tenían asignadas emisiones por algo más de 6 millones de toneladas de CO2 en 2012, de las cuales solo emitieron algo menos de 3 millones. El resto, según estos cálculos, les reportó 19 millones de euros en el mercado de CO2.

“Hemos creado una coordinadora estatal, porque los mismos problemas que tenemos aquí los tienen en todo el Estado español”, explica Conejero. “En mayo seguramente se creará la coordinadora en Cataluña, porque aquí es una de las zonas donde más concentrada está la industria cementera, sólo en la provincia de Barcelona hay seis, y es que, además, tienen la manía de ponerlas pegadas a la población”, concluye.


* La Marea - Brais Benítez - 7.4.14
Foto: José Luis Conejero, con la cementera y el barrio de Can Sant Joan de Montcada i Reixac al fondo. BB

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