La lucha vecinal se intensifica en Madrid con un centenar de protestas activas en los barrios

A raíz de la gran protesta del 15 de mayo de 2011, parece que la ciudadanía se ha vuelto más reivindicativa ante los numerosos ejemplos de corrupción y recortes político-financieros de todo tipo. Tras las importantes 'Mareas' especializadas, la lucha se ha diversificado por todos los barrios de Madrid, a través de los propios vecinos y Plataformas creadas al efecto, sobre todo tras la desaparición y/o complicidad política de los sindicatos 'oficialistas'. Es importante conocer que estas protestas en la mayoría de las ocasiones van dirigidas contra el urbanismo depredador que acosa a los habitantes de una zona, acrecentado por los recortes sin límite de las administraciones implicadas. A continuación se hace un desglose pormenorizado, barrio por barrio, de estos casos de indignación madrileña.
"20MINUTOS* : El movimiento vecinal está más vivo que nunca. Las asociaciones de los barrios y municipios madrileños están intensificado en los últimos meses las protestas contra los recortes que sufren en sus vecindarios y para reclamar la construcción de nuevos equipamientos públicos. Actualmente, los vecinos madrileños mantienen activas más de un centenar de reivindicaciones sobre problemas concretos de sus barrios, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm). De hecho, prevén una primavera caliente con acciones y manifestaciones en diferentes barrios y municipios.

"Ha habido un repunte de la movilización como respuesta a los recortes. Este es uno de los momentos en que más se está expresando la lucha vecinal porque se ha demostrado que organizándose y saliendo a la calle se pueden transformar las cosas", asegura Ignacio Murgui, presidente de la Fravm. La Federación se ha marcado el objetivo de "impulsar la recuperación del espacio urbano para realizar asambleas abiertas regulares y salir a la calle", según un documento interno de la entidad, que marca su hoja de ruta para los próximos meses. Se plantean la posibilidad de "realizar plenos alternativos coordinados entre los distritos" y de ampliar el movimiento vecinal a "pueblos de más de mil habitantes que carecen de asociación".

Entre los motivos de estas reivindicaciones se encuentran la lucha para evitar el cierre de institutos, la petición de remodelación de colonias degradadas, la construcción de centros sanitarios en barrios con déficit de ambulatorios, la instalación de ejes viarios para favorecer la movilidad en los barrios o el desarrollo de mejoras en el transporte público. En los últimos días estas protestas se han traducido en manifestaciones con centenares de vecinos, como las realizadas para pedir la construcción de institutos en Butarque o el PAU de Vallecas, la reapertura de las bocas del metro en Valdebernardo y Nueva Numancia, o el uso público de la finca Torre Arias, en San Blas.
"La ciudadanía está dando un paso adelante. Hay tres motivos para este aumento de las movilizaciones. Principalmente, el desencanto hacia la clase política hace que se unan para buscar una solución a los problemas. Además, se perciben los recortes sociales y los ciudadanos luchan para mantener los servicios. Y por último, los vecinos están motivados porque ven que cuando se organizan tienen éxito en sus peticiones", explica Ramón de Marcos, sociólogo experto en movimientos ciudadanos. Además de esas protestas de barrio, los colectivos vecinales también tienen cada vez más participación en plataformas "contra los desahucios, la privatización de la sanidad pública o el deterioro del transporte público", destacan fuentes de la Fravm. Incluso, estos días han vuelto a resurgir los colectivos antiparquímetros para exigir la retirada del SER en zonas periféricas.

Las principales protestas, distrito a distrito

Arganzuela: Los vecinos reivindican la construcción de un instituto para el entorno de Legazpi y Delicias e incluso proponen ubicarlo en los solares existentes entre la antigua estación y el parque Enrique Tierno Galván, que están catalogados como suelo dotacional. Sin embargo, temen que el nuevo Plan General Urbanístico convierta esos terrenos en uso residencial o lucrativo. Por otro lado, están recogiendo firmas para que se eliminen las antiguas vías de mercancías Delicias-Abroñigal, que forman una barrera entre dos barrios. Proponen sustituirlas por una vía verde.
Barajas: Una década después de anunciarse la remodelación del Barrio del Aeropuerto, los vecinos avanzan más movilizaciones para que se lleve a cabo. Los antiguos y degradados edificios se iban a rehabilitar para dejar paso a modernas construcciones, con nuevas zonas verdes, pero el plan sigue en el aire y los residentes exigen su ejecución.
Carabanchel: Los residentes piden que la finca de Vista Alegre, un vergel en el centro del distrito, se abra como jardín público para disfrute de los ciudadanos. El Ayuntamiento no se decide a habilitar este jardín, pese a las constantes manifestaciones, fiestas reivindicativas y acciones que llevan a cabo los vecinos. Los vecinos tampoco abandonan sus protestas contra el Ivima por la cantidad de pisos públicos vacíos, abandonados por falta de mantenimiento y con impagos a las comunidades de propietarios.
Centro: El ruido es el principal caballo de batalla de todas las agrupaciones vecinales de Centro: la proliferación de terrazas y locales de ocio nocturno sigue sin freno, lo que ha llevado a los vecinos a acudir a la Defensora del Pueblo e incluso a amenazar con demandas ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Otra petición insatisfecha es la de construir un polideportivo junto al antiguo mercado de la Cebada. El Ayuntamiento demolió las anteriores instalaciones deportivas con la promesa de levantar un centro nuevo, pero aún no se ha realizado.
Chamartín: Los vecinos se volcaron contra la conversión del hospital de La Princesa en un geriátrico. Consiguieron su objetivo mediante marchas y firmas, pero todavía siguen alerta. Además, exigen a la Consejería de Sanidad que construya un nuevo centro de especialidades médicas, ante la carencia de equipamientos sanitarios.
Chamberí: El gran objetivo de los vecinos es la construcción de un parque público en los terrenos que ocupa el campo de golf del Canal de Isabel II. Consiguieron que un juez lo declarara ilegal y ahora siguen luchando para que el jardín sea de entrada libre para los ciudadanos. También son parte activa en la reivindicación de un plan para rehabilitar el edificio histórico del Beti Jai y convertirlo en equipamiento público.
Ciudad Lineal: Dos protestas siguen abiertas en el distrito, después de muchos años de reivindicaciones: una es la construcción de un centro de salud en La Elipa, un barrio con carencias sanitarias; la otra exige el desmantelamiento de las torres y cables de electricidad que son considerados como peligrosos por los vecinos, sobre todo en la zona de Quintana.
Fuencarral-El Pardo: La Comunidad cerró el centro de especialidades del distrito, obligando a los vecinos a desplazarse hasta el hospital de La Paz. Intentaron evitar el cierre y no lo consiguieron, pero todavía no se han dado por vencidos y siguen pidiendo su reapertura. Además, son constantes las marchas vecinales para exigir la habilitación de equipamientos educativos, sanitarios y deportivos en los PAU de Montecarmelo y Las Tablas.
Hortaleza: Los vecinos se están movilizando para impedir que el instituto Rosa Chacel pierda su ciclo de Educación Secundaria. También siguen en pie las acciones vecinales para que se terminen de remodelar los edificios de la UVA y del poblado de Canillas, dos barrios deteriorados pendientes de una rehabilitación.
Latina: En Batán llevan años tocando a la puerta del Ayuntamiento para pedir el soterramiento de la A-5. Es la solución que proponen contra el elevado nivel de ruido que sufren por el tráfico de la vía a su paso por el barrio. Incluso han llevado al Ayuntamiento a tribunales por los daños que ese ruido provoca en la salud de los vecinos. Otro foco de protestas está en la Colonia de los Olivos, una zona conflictiva del distrito que sigue a la espera de un proyecto de remodelación.
Moncloa: Los residentes del entorno de Ciudad Universitaria exigen el desmantelamiento del Ciemat, un centro de almacenaje de residuos nucleares, al considerar que es nocivo para su salud. Su lucha les ha llevado a pedir estudios epidemiológicos y a constantes manifestaciones que continúan vivas hoy en día. Se han hecho trabajos de descontaminación, pero los vecinos piden que continúen hasta que haya "reactividad cero". También realizan con frecuencia fiestas reivindicativas y actos simbólicos para solicitar una mayor protección para la Dehesa de la Villa.
Moratalaz: La asociación vecinal reivindica la reforma de áreas degradadas del distrito, como los polígonos A, C y G, así como los barrios 1 y 2 de Pavones. Además reclaman que se finalice el ámbito de la Cuña Verde y que se mantengan en condiciones las áreas de este parque que ya están construidas.
Puente de Vallecas: La vivienda centra las protestas de los vallecanos. Por una parte, reclaman activamente el cobro de las subvenciones para la rehabilitación prometidas por la Comunidad. También solicitan que se finalice la construcción del Ecobarrio en el Ensanche, un ambicioso plan urbanístico que permanece paralizado con aspecto de barrio fantasma.
Retiro: El barrio reclama la construcción de un centro de especialidades médicas para cubrir la carencia de equipamientos sanitarios y exigen que se ponga ya en servicio el teatro proyectado en los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde.
Salamanca: Los vecinos están manteniendo diálogos con las administraciones para que habiliten equipamientos públicos en los terrenos de las cocheras de Metro de Ventas. La intención de la Comunidad es construir allí un centro comercial.
San Blas: Hace dos semanas, los vecinos se manifestaron en las puertas de la finca Torre Arias para que el Ayuntamiento abra los jardines y destine todo el recinto a dotaciones públicas. También se movilizan por la construcción de centros sanitarios (como un nuevo ambulatorio en Gran San Blas) y por el mantenimiento de centros educativos (como el instituto Barrio de Bilbao).
Tetuán: Una reivindicación histórica que sigue en marcha es la petición de equipamientos públicos (escuela infantil y biblioteca, entre otros) en las cocheras de Metro de Cuatro Caminos. La Comunidad planea construir allí viviendas y una zona verde. Además, el Ayuntamiento ha aprobado un plan para urbanizar las cocheras cercanas de Bravo Murillo, con pisos y equipamientos. Por otro lado, los vecinos se oponen a la venta de viviendas públicas por parte del Ivima en La Ventilla.
Usera: Los vecinos reclaman la construcción de una biblioteca en San Fermín y la remodelación de otra en Orcasur, mediante recogidas de firmas y reuniones con el Ayuntamiento. Otra de sus prioridades es la reforma integral y la reactivación del mercado de Orcasur, para potenciar el tejido económico del barrio.
Vicálvaro: Cientos de vecinos marcharon la semana pasada por la calle Pinillas para exigir la apertura de la boca de Metro de Valdebernardo, que fue cerrada dentro del plan de ahorro de la Comunidad. También hay protestas por cierres de vestíbulos en Nueva Numancia (Vallecas) y en El Capricho (Barajas).
Villa de Vallecas: Los malos olores procedentes de la incineradora de Valdemingómez centran las reivindicaciones vecinales, que piden su cierre definitivo. Los vecinos del PAU se han manifestado recientemente para pedir la habilitación de un instituto y un colegio, dada la falta de estos centros en el barrio. Además, se movilizan por la construcción de una conexión viaria entre el barrio y el hospital Infanta Leonor.
Villaverde: Los vecinos de Butarque se muestran entre los más activos de la capital. Salen a la calle con frecuencia para pedir un instituto, la retirada de una gasolinera o la regeneración del parque Lineal del Manzanares. En otras zonas del distrito exigen la rehabilitación de sus barrios, como en San Cristóbal de los Ángeles, Los Rosales o Villaverde Bajo.

Vecinos activos en toda la región

En el resto de municipios madrileños, también hay destacadas luchas vecinales. En Alcalá se oponen a la eliminación de Secundaria en el instituto Avellaneda y en Coslada piden que permanezca el bachillerato tecnológico del centro Luis Braille y la Secundaria en el de La Cañada. También en Coslada rechazan las derivaciones del hospital del Henares. Mientras, en Alcorcón hay protestas activas por el servicio de recogida de vidrio, por la falta de limpieza viaria y contra los recortes en las escuelas de adultos, danza y música. Los vecinos de Fuenlabrada reclaman que Coca Cola mantenga su planta en el municipio y que el edificio clasusurado del colegio Julio Verne se reconvierta en centro multifuncional. En Morata mantienen una lucha vecinal contra la incineración de residuos en la fábrica de cementos Portland y los residentes de Villaviciosa se oponen a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que prevé urbanizar gran parte del municipio. Los ciudadanos de Leganés protestan por los recortes en las becas escolares de comedor y por la cesión de parcelas públicas a empresas privadas. Por su parte, en Majadahonda rechazan la eliminación de pistas deportivas y la tala de árboles en el parque de Colón. Además, en varios municipios, como Alcobendas y Majadahonda, denuncian la venta de viviendas públicas (de empresas municipales o del Ivima) a entidades privadas.


* 20 Minutos - MARIO TOLEDO - 14.4.14
Foto: Madrid, concentración vecinal en Vallecas para exigir instituto- J.Paris

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El fiscal imputa al alcalde de Porriño centenares de contratos fraudulentos

Otro caso más de corrupción urbanística en Galicia. Esta vez es en el municipio pontevedrés de Porriño, cuyo alcalde 'popular' otorgaba a dedo la contratación de obras a allegados empresariales, a pesar de los informes contrarios de la arquitecta y el secretario municipal. Es fácil imaginar que si algunos casos salen a la luz, debe haber una cantidad enorme de municipios en situación parecida, sobre todo cuando se utilizan subterfugios poco claros para que el delito no sea reconocible. Muchas veces hay hasta terceras personas que asesoran en la oscuridad para tratar de dar legalidad a la corrupción político-empresarial (recordemos Marbella por ejemplo). Hay que contar en casi todos los casos con el visto bueno o el 'pasotismo' de otras formaciones políticas y de los técnicos municipales para tratar de ocultar estos habituales delitos urbanísticos.
"ELPAÍS* : Prevaricación continuada, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores por supuestas contrataciones irregulares. La titular del juzgado de instrucción nº3 de Porriño, C.Martínez, que acaba de levantar el secreto del sumario de dos causas abiertas contra el alcalde de este municipio, Nelson Santos, del PP, lo imputa por la contratación a dedo de empresas afines a cargos de su formación política y a familiares y por haber autorizado pagos por cuatro millones de euros —ignorando los reparos constantes del secretario y del interventor— por obras que, según consta en la denuncia de la fiscalía de Vigo, en algunos casos no llegaron a ejecutarse. A los reparos de los funcionarios, que el alcalde obvió sistemáticamente, se sumaban los informes de la arquitecta municipal en los que certificaba, tras personarse en algunas de las obras facturadas, que “no estaban ejecutadas”.

Santos entró en 2010, —en cuanto accedió a la alcaldía a través de la moción de censura que la formación política que presidía antes de pasarse al PP, Ciudadanos por Porriño (CxP), planteó al BNG— en una espiral contratadora. La práctica habitual del alcalde consistía, según denuncia el fiscal, en contratar “indiscriminadamente” servicios para el Ayuntamiento omitiendo “de manera absoluta” los procedimientos legales. “Hasta el punto”, dice el fiscal en su denuncia, de que “no existe por escrito ninguno de los contratos relativos a centenares de prestaciones”.

La fiscalía especifica que este supuesto delito de prevaricación del regidor se evidencia en que se presentaban al cobro al Ayuntamiento facturas sin que constara la previa contratación de las empresas. Nelson Santos autorizaba los pagos levantando, uno tras otros, los reparos de los informes del interventor y del secretario que advertían “de lo ilegal de la contratación”, a dedo, “por no tratarse de obras menores”. En la documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario, consta que el alcalde autorizaba por decreto cada una de esas facturas “sin regularizar en ningún momento la situación de dichas contrataciones”. Lo hacía “mediante designación directa, sin publicidad ni libre concurrencia” y ordenaba los pagos durante meses “sin proceder a la contratación legal de los servicios que remuneraba”, precisa el informe del ministerio público.

Lo hizo, según se desprende de la documentación incluida en el sumario, con buena parte de los servicios básicos de mantenimiento del Ayuntamiento. La mayoría de ellos recayeron en empresas vinculadas a CxP, escisión del PP que retornó al partido una vez alcanzada la alcaldía mediante la moción de censura. Las obras adjudicadas supuestamente de forma ilegal van desde un arreglo de tuberías por las que el Ayuntamiento pagó más de 7.000 euros, sin contrato ni licitación y levantando los reparos de los técnicos municipales, hasta los 198.000 abonados —procedentes de fondos municipales y de la Xunta— por obras en el cauce del río Louro que la arquitecta municipal comprobó que no estaban culminadas, según detalló en un informe. Entre las adjudicaciones a dedo contraviniendo los informes llenos de reparos de los dos funcionarios figura la del servicio de mantenimiento del alumbrado público a la empresa Abelmar, de la que es presidente un destacado militante del PP de O Porriño, Abelardo Otero Tourón. El sumario incluye una carpeta específica sobre contrataciones municipales a esta sociedad a la que ya en 2010 el alcalde ordenaba, con reparos del inteventor, el pago de facturas por 379.000 euros correspondientes al mantenimiento completo del alumbrado público que hasta antes de la moción de censura asumía el Ayuntamiento con su personal. Paralelamente, la empresa realizaba montajes y distribución de propaganda para la campaña electoral del PP. En el informe judicial consta la declaración de un funcionario que sostiene que un concejal del grupo de gobierno le indicaba que copiara literalmente en las prescripciones técnicas de los informes las características de Abelmar. El secretario y el interventor alertaron de que la voluntad de la empresa se imponía a los intereses vecinales.


* El País - CRISTINA HUETE - 16.4.14
Foto: Porriño (Pontevedra), ayuntamiento - flickr




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