Greenpeace pinta de negro el hotel El Algarrobico

Ayer mismo comentábamos aquí sobre la ordenación territorial salvaje e ilegal que ha ocurrido con la construcción del simbólico hotel almeriense de El Algarrobico. Pues ayer mismo, también, en una acción de protesta más, Greenpeace ocupaba esta horrenda mole frente al Mediterráneo y la pintaba de negro señalándola así como importante Punto Negro costero. La espectacular operación seguramente no tendrá mayores consecuencias, pero es un recordatorio a la ciudadanía de que en este país todavía existen colectivos que dan la cara frente a la corrupción generalizada y no se conforman con aquello del "y tú más", tan previsible e infantil. También hay que esperar que la justicia rectifique de una vez su lamentable trayectoria cómplice con estos atentados paisajístico y sentencie la demolición inmediata, exigiendo responsabilidades a los políticos y empresarios corruptos.
"EFE* : Más de cien activistas de Greenpeace se encuentran en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para pintar un enorme punto negro en la fachada del hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones construido por Azata, para exigir su desmantelamiento inmediato. La organización ecologista ha informado de que se trata de la sexta acción que lleva a cabo en estas instalaciones así como que es en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España, para reclamar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente que devuelvan este paraje natural a los ciudadanos.

"Algarrobico punto negro de la costa" y "Demolición ¡YA!" son algunas de las consignas que se leen en las pancartas de los ecologistas que participan en esta iniciativa contra el que "se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español".

Exigen demolerlo y recuperar la zona
Greenpeace ha indicado que el hotel de El Algarrobico "es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental".

Este colectivo ha reclamado que se proceda a la demolición inmediata del inmueble y se inicie la recuperación de la zona, sin que la "maraña judicial que se ha creado" sirva como "escudo" a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente.

En este sentido, Greenpeace ha exigido al Gobierno andaluz que como "primer movimiento" ejerza su derecho de retracto sobre los terrenos, y que el Ministerio de Medio Ambiente aplique a continuación la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para ordenar el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa a continuación.

Los ecologistas han instado además a ejecutar en protocolo de colaboración firmado entre ambas administraciones para la consecución de este objetivo.

Una larga maraña judicial
Greenpeace se ha referido además a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara urbanizable el suelo sobre el que se asienta el hotel, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994, que "no hace más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley".

El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha afirmado que "si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, Ministerio y Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley".

"Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha apostillado Rodríguez.


* RTVE - EFE - 11.5.14
Foto: Una activista de Greenpeace muestra un cartel delante del hotel El Algarrobico - EFE/Mario Gómez


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Zaragoza.- "Marcelino Iglesias cobró un millón de euros por desbloquear la operación urbanística"

La corrupción urbanística abarca todas la Comunidades y los principales partidos políticos. Evidentemente es mayor en ciertas Autonomías como la valenciana y en partidos como el PP (según se ve en este blog), pero eso no implica que no exista en el resto, como lo atestigua esta noticia que, de verse corroborada por la justicia, es de una enorme gravedad, dado el cargo público del socialista M.Iglesias. En el tristemente corrupto municipio zaragozano de La Muela, una recalificación de terrenos fue favorecida por el expresidente de Aragón a cambio de un millón de euros, según denuncia un empresario vasco implicado también en la trama.
"ELCONFIDENCIAL* : "La empresa Construcciones Sagain entregó un millón de euros a Marcelino Iglesias en diciembre de 2008 por facilitar el cambio de calificación urbanística de la 6ª fase del polígono industrial Centrovía, en el municipio de La Muela, que había sido inicialmente denegada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza". Quien lanza tan rotunda acusación contra el entonces presidente de Aragón y actual portavoz del PSOE en el Senado es el empresario vasco Santiago Sánchez Valor, que ha firmado una declaración jurada, en poder de este diario, en la que asegura: "Me consta, porque tuve conocimiento de ello en varias reuniones presenciales, que con el pago de esa comisión se desbloqueó la operación urbanística".

Quienes presuntamente pagaron esa mordida fueron los empresarios Francisco Aramburu e Ignacio Unsain -que tenían deudas contraídas con Sánchez Valor, su antiguo cliente-, actualmente imputados por varios delitos de corrupción en el conocido como caso La Muela, una monumental estafa urdida en el municipio del mismo nombre en torno a la entonces pujante industria eólica, que convirtió casi de la noche a la mañana a esa localidad situada a solo 20 kilómetros de Zaragoza en una de las más ricas de España. La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla –que ya estuvo cuatro meses en prisión–, se enfrenta ahora a una pena de 37 años y al pago de una fianza de 66 millones de euros.

El fiscal del caso La Muela –instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, en el que hay 45 imputados– acusa a Pinilla de haberse enriquecido ilícitamente favoreciendo con recalificaciones irregulares a varias empresas constructoras, entre ellas Construcciones Sagain, manejada por Unsain y Aramburu. Ninguno de ellos quiso ayer ofrecer a este diario su versión de los hechos.

Quienes presuntamente pagaron esa mordida fueron los empresarios Francisco Aramburu e Ignacio Unsain -que tenían deudas contraídas con Sánchez Valor, su antiguo cliente-, actualmente imputados por varios delitos de corrupción en el conocido como caso La Muela, una monumental estafa urdida en el municipio del mismo nombre en torno a la entonces pujante industria eólica, que convirtió casi de la noche a la mañana a esa localidad situada a solo 20 kilómetros de Zaragoza en una de las más ricas de España. La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla –que ya estuvo cuatro meses en prisión–, se enfrenta ahora a una pena de 37 años y al pago de una fianza de 66 millones de euros.

El fiscal del caso La Muela –instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, en el que hay 45 imputados– acusa a Pinilla de haberse enriquecido ilícitamente favoreciendo con recalificaciones irregulares a varias empresas constructoras, entre ellas Construcciones Sagain, manejada por Unsain y Aramburu. Ninguno de ellos quiso ayer ofrecer a este diario su versión de los hechos.

Iglesias, que gobernó Aragón durante 12 años (1999-2011) y fue número tres del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, respondió ayer con un "no rotundo" a las acusaciones de cobro de comisiones, y aseguró que "no conoce" a Unsain y Aramburu. Este último, en conversación telefónica con este diario, se limitó a decir: "Gracias por llamar. Adiós". Sin embargo, un segundo empresario también muy cercano a la firma Construcciones Sagain –que responde a las iniciales C. P.– ha ratificado las acusaciones de Sánchez Valor, asegurando que la entrega del millón de euros al actual portavoz socialista en el Senado se hizo a través de Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza C. F. y socio de Unsain y Aramburu en Inversiones Aguina S. L. , que acudió a recogerlo al hotel Meliá Zaragoza de la avenida César Augusto de la capital aragonesa pocos días antes del fallo de la Comisión de Ordenación del Territorio.

De suelo rústico a urbanizable

Construcciones Sagain adquirió en 2005 una dehesa de 239 hectáreas de suelo rústico, a tres euros el metro cuadrado, en el término municipal de La Muela. El pelotazo supuestamente urdido por Unsain y Aramburu, en connivencia con Pinilla, consistía en la recalificación de esos terrenos como suelo urbanizable de uso industrial para levantar en ellos la 6ª fase del polígono Centrovía. Eran los años del boom urbanístico e industrial de La Muela, que quintuplicó su población mientras surgían como setas cientos de molinos de viento y la alcaldesa subvencionaba con dinero público viajes al Caribe para sus vecinos. El negocio iba a ser redondo, porque el polígono se levanta junto a la autovía Madrid-Barcelona y muy cerca de la Plataforma Logística de Zaragoza y el aeropuerto de la capital. Sólo hacía falta que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza (CPOT) avalase la recalificación.

Pero la CPOT dijo no. En un informe emitido el 11 de agosto de 2008, la comisión, con su presidenta, Nuria Mas, a la cabeza, denegó la operación urbanística con el argumento de que la 5ª fase del polígono Centrovía aún estaba pendiente de ejecución, y que sus dimensiones eran más que suficientes para asegurar el desarrollo industrial de La Muela, por lo que era innecesario acometer las obras de la 6ª fase. Sin embargo, cuatro meses más tarde, en diciembre de 2008, la CPOT, sorprendentemente, cambió radicalmente de criterio y dio luz verde al proyecto.

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, fechado en enero de 2009 y al que ha tenido acceso El Confidencial, afirma que la inesperada aprobación del proyecto de delimitación de la 6ª fase del polígono industrial de Centrovía "se produjo a pesar de que unos meses antes este mismo órgano [la CPOT] había rechazado ese mismo proyecto y que no habían cambiado las circunstancias que motivaron su denegación, es decir, continúa el excedente de suelo industrial en este municipio, puesto que la 5ª fase seguía sin arrancar".

Fuentes cercanas a la investigación judicial han asegurado a El Confidencial que Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza C. F. y empresario muy cercano al expresidente de Aragón –con el que, pese a la coincidencia de apellidos, no tiene vínculo familiar alguno– y Carlos Escó, entonces viceconsejero de Obras Públicas y mano derecha de Marcelino Iglesias en el Ejecutivo autonómico, también jugaron "un papel decisivo" para torcer la voluntad de la CPOT en beneficio de Construcciones Sagain. De hecho, en otra conversación pinchada por la policía, la alcaldesa Pinilla "dice que ha hablado con Carlos Escó, que es el único que le puede dar la orden [a Nuria Mas] para meter lo de La Muela". Iglesias y Escó, además, están imputados en el llamado caso Plaza, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Aragón.

El pasado mes de febrero, un juez de Zaragoza pidió para Iglesias y Escó una fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros por su presunta implicación en el saqueo de decenas de millones de euros en la construcción y gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), una de las mayores de Europa. Escó es, además, el marido de Eva Almunia, exsecretaria de Estado de Educación con Rodríguez Zapatero y candidata socialista en las últimas elecciones autonómicas, que perdió frente a su rival del PP y actual presidenta, Luisa Fernanda Rudi. Las Cortes de Aragón aprobaron hace dos meses la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas del caso.


* El Confidencial - José L. Lobo - 8.5.14
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es



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