El juez imputa al ‘número dos’ de Rita Barberá por los contratos de Nóos

El asunto viene de hace nada menos que 10 años, con los contratos de Nóos con el Ayuntamiento de Valencia. Está claro que se hicieron irregularmente y que ya hay más imputados por este caso relacionado con el instituto de I.Urdangarín. Pero lo que resulta vergonzoso es que la justicia actúe tan tarde y además, según parece, todavía no haya terminado con la lista de culpables. Porque si está el número dos del Ayuntamiento 'popular', ¿no lo sabía el uno?. ¿Y qué ocurre con la Generalitat de Camps también implicada en la trama corrupta?... Según vaya avanzando en el tiempo se va a ver con claridad que aquí ha habido demasiados cómplices y que algunos jueces y fiscales también han contribuido a ello.
"ELPAÍS* : El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por los convenios suscritos con el Instituto Nóos para la organización de tres ediciones —de 2004 a 2006— de los Valencia Summit, congresos sobre deporte y promoción de la ciudad, financiadas a medias por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat (Cacsa) y por la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB). El magistrado cita a declarar el sábado a Grau en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad de presidente del patronato de la citada fundación.

En el auto hecho público este martes, Castro acepta la petición de la acusación popular, que ejercen los socialistas de Valencia, a la que se sumó la fiscalía, al apreciar “indicios fundados de criminalidad” en la firma y ejecución de los convenios con Nóos, que costaron a las arcas públicas valencianas más de tres millones de euros.

En su escrito, el magistrado asegura que existen “indicios racionales” de que “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado” y “tampoco fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos”. Castro entiende que todos ellos son requisitos obligados para una fundación que, según argumentan la acusación popular y la fiscalía, se nutría de fondos de “naturaleza abrumadoramente pública, lo que hace necesario que Alfonso Grau, sea oído en calidad de imputado”.

La fiscalía alude a un informe del IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) que acredita que es el sector público el que financia la práctica totalidad de los gastos de la TVCB, siendo la aportación del Ayuntamiento de Valencia entre 1992 y 2013 la más relevante de todas, con 63,4 millones de euros. Le corresponde, además, el 99% de los votos y es el Gobierno local quien preside el patronato de TVCB. Según el fiscal de Palma Pedro Horrach, “queda sujeta a la ley de Contratos públicos”.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y su número dos, Alfonso Grau, se han escudado desde un principio en que la fundación es privada e insistido en que los convenios se decidieron “de forma colegiada” entre todos los patronos de una fundación que promociona turísticamente la capital.

Las declaraciones de los patronos, en calidad de testigos, los pasados 11 y 12 de abril ante el juez Castro no apuntan en esa dirección. De un modo u otro, una mayoría señaló que Grau y el director general, José Salinas, controlaron el proceso de contratación con Urdangarin. Rafael Ferrando, patrono por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), a la pregunta en el juzgado de quién decidía, respondió: “Supongo que sería el director de la fundación [Salinas] y el presidente [Grau]”. “Ellos eran los que nos informaban del tema”, declaró.

Otra testigo, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Mayrén Beneyto, que comparte gobierno con Grau, reconoció que no decidía nada. “Grau me parece una persona estupenda con capacidad para tomar decisiones en esos temas”, manifestó.

Desde que estalló el proceso, Barberá ha reducido el caso a la “importancia electoral” de los socialistas. “Todo ha empezado con un escrito interesado de los socialistas”, dijo hace dos días. Ayer, con la imputación en marcha, la regidora no quiso valorar la citación de Castro y solo recordó que “citar a declarar a una persona es para su mejor defensa”.

Joan Calabuig, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, replicó que el objetivo de la personación “no es ir contra nadie, sino recuperar el dinero que se entregó indebidamente a Urdangarin”. El edil recordó que los ediles del PSPV tomaron la iniciativa “ante la absoluta pasividad” de Barberá y su equipo. “El Grupo Popular fue incapaz de dar un solo paso para defender los intereses de la ciudad, por ello nos vimos obligados a tomar la iniciativa y personarnos”, justificó. Calabuig lamentó que Barberá se escude en su número dos cuando cada vez está más acreditado que Turismo Valencia fue un instrumento para burlar los controles de la ley.

El resto de grupos de la oposición municipal han ido un paso más allá. El portavoz municipal de Compromís ha exigido la dimisión de Grau. Y ha reiterado la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación que fiscalice las actividades hechas por la fundación y pagadas con presupuesto municipal.

El portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, también pidió la renuncia del vicealcalde para que se defienda de la imputación “como un ciudadano particular sin mezclar a la institución en el proceso”. Del mismo modo, ha pedido su renuncia como presidente de Turismo Valencia.

El coordinador de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Valencia, Eduardo Gómez, exigió a Grau que abandone el acta de concejal y deje de cobrar un sueldo público mientras permanezca imputado. “Ha comprometido la imagen de la ciudad”, según Gómez.

Un político en el final de su carrera

C. V. VALENCIA
Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa Rita Barberá, es el primer imputado de la fundación Turismo Convention Bureau, una de las dos entidades gestoras de los convenios suscritos con el instituto de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres para la organización de tres ediciones de Valencia Summit.
Es el último pero no el único encausado en la conocida como rama valenciana del caso Nóos. Hay otros cinco cargos y funcionarios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) —sociedad de la Generalitat— imputados.
Grau, de 73 años, viudo y con dos hijas, es médico cirujano, vicealcalde de Valencia y responsable del área económica del Consistorio.

Entró en el Ayuntamiento de Valencia como segundo teniente de alcalde en 1995, segundo mandato de Barberá y el primero en que el que el PP logró una mayoría absoluta que ha conservado desde entonces. Su trayectoria pública ha estado dedicada a la política municipal, donde ha ocupado las concejalías de Fiestas, Presupuestos y Hacienda y Grandes Proyectos, hasta situarse como número dos incontestable de la alcaldesa, con la creación de una vicealcaldía pensada para él tras las elecciones municipales de 2011.

Grau ha sido el gran aliado de Barberá para hacer frente a las críticas y acusaciones recibidas por la gestión de la ciudad, especialmente en sus grandes proyectos, como el plan de El Cabanyal.

Político culto, con fama de rocoso y duro en los debates con los grupos de la oposición, Grau se ha encargado de defender los grandes proyectos de Valencia. Mucho antes de su imputación, en el Consistorio se daba por sentado que Grau no repetiría en la próxima candidatura. Es un político al final de su carrera pública.


* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - 13.5.14
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org

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El Gobierno renuncia a la mezquita de Córdoba en favor de la Iglesia

Algo que parece evidente, como que los monumentos y Bienes de Interés Cultural deben ser propiedad del Estado, que tiene la capacidad y obligación de su conservación como así lo recoge la Constitución, por obra de una Ley Hipotecaria de los tiempos del ínclito presidente Aznar, pasan a ser de la Iglesia, según dice la misma Hacienda pública que ha renunciado a su propiedad (algo inaudito). Un tema que ha pasado desapercibido pero que tiene una importancia capital por ser la Iglesia católica privada y estar fuera de los cauces representativos públicos. Por medio de esta Ley de 1998 miles de propiedades de todo tipo —cementerios, huertos, ermitas o catedrales— han pasado a manos de ésta, lo que ha llevado a múltiples denuncias y protestas ciudadanas por ese ilegal y obsoleto reconocimiento.
"ELPAÍS* : La Mezquita de Córdoba se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la lucha de plataformas ciudadanas contra los privilegios de la Iglesia. Y en esa pelea, el Estado acaba de ponerse del lado de la jerarquía eclesiástica. La Dirección General de Patrimonio del Estado, encargada de la defensa de los bienes públicos, no considera que el Obispado de Córdoba haya “usurpado” los más de 22.000 metros cuadrados del monumento, como planteaba un particular en una denuncia que ha decidido archivar.

Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, se coloca al margen del debate asegurando que de su investigación “no ha resultado indicio alguno de que dicho inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado”. Añade que el único “titular catastral” del monumento es el Obispado de Córdoba y pasa de puntillas sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que convierte a los clérigos en una suerte de notarios.

El artículo 206 de esta norma franquista de 1946 les ha permitido inmatricular (registrar por primera vez) a su nombre miles de propiedades con un proceso sencillo que distintos expertos jurídicos consideran inconstitucional. La citada Ley Hipotecaria equiparó a la Iglesia con un funcionario para registrar propiedades. En 1998, el Gobierno de José María Aznar extendió este privilegio para que también pudiera aplicarse a los templos de culto. Desde entonces son miles las propiedades de todo tipo —cementerios, huertos, ermitas o catedrales— que han pasado a sus manos.

Solo en Navarra se han registrado 1.087 propiedades con esta fórmula, entre ellas la Catedral. Una estimación realizada por este periódico hace un año con fuentes cercanas al Registro de la Propiedad aludía a unas 4.500 en España, aunque la cifra real no se conoce porque el Gobierno no da datos.

En medio de este debate, en el que las plataformas ciudadanas piden el fin de esos privilegios con carácter retroactivo, el Ministerio de Justicia presentó en abril una reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el artículo 206. Pero, además de los meses de tramitación que quedan por delante, ha fijado un año desde su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor los cambios.

El Obispado de Córdoba registró la Mezquita en 2006 por 30 euros. A finales de 2013 un grupo de ciudadanos crearon una plataforma cívica para exigir que la titularidad y la gestión pasaran a manos públicas y tratar así frenar el intento del obispado de borrar las huellas islámicas del monumento (llegó a borrar el término mezquita de folletos y carteles). Otra Administración, la Junta de Andalucía, ha dado también algún paso en este debate y pidió un informe en febrero que le indique si es competente para pedir su gestión o la titularidad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 años.

La postura del Estado ha quedado definida por ahora en la respuesta a la denuncia de un particular, Fernando Jabonero, que acudió por su cuenta a la Dirección General de Patrimonio para denunciar la “usurpación” de este bien por parte de la Iglesia. Patrimonio le responde en un escrito fechado el 6 de mayo, haciendo suya la misma referencia histórica que usó el Obispado de Córdoba cuando inmatriculó la Mezquita a su nombre en 2006. Ambos citan que Fernando III el Santo decidió en 1236 que fuera “consagrada y convertida en Catedral”.

“El Código Civil no recoge la consagración de un bien como una de las fórmulas para adquirir una propiedad, eso es solo un acto religioso”, señala Isabel Urzainqui, abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, el colectivo que ha sido referencia en esta batalla ciudadana contra la inmatriculación de más de un millar de propiedades en la Comunidad Foral y ha conseguido arrebatar algunas de ellas a la Iglesia. Urzainqui considera que los argumentos de Patrimonio para archivar la denuncia por la Mezquita son una “dejación del Estado por no defender un patrimonio público”.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, comparte que la postura del Estado incluye argumentos “más políticos que técnicos”. “Es sorprendente que el órgano que debe defender el patrimonio no se plantee la menor duda sobre la inconstitucionalidad” de las inmatriculaciones, añade. Patrimonio lo zanja señalando que no existe un pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional, que ni siquiera tiene encima de la mesa una petición para analizar este asunto.

“Deberíamos inundar con denuncias las Administraciones hasta que esto se pare"

P.Á.
Fernando Jabonero es un informático que nació hace 56 años en Pastrana (Guadalajara). En esta localidad de la Alcarria empezó su particular pelea quijotesca contra los privilegios de la Iglesia. Descubrió que el convento de Santa Teresa había sido registrado en 1999 por los frailes. Acudió indignado a la Abogacía del Estado para intentar que se diera marcha atrás. El asunto todavía colea. Cuando un grupo de ciudadanos se unieron para reivindicar la gestión pública de la Mezquita de Córdoba, Jabonero presentó por su cuenta una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio por la “usurpación” del monumento por parte de la Iglesia. La respuesta no le ha convencido.
Pregunta. ¿Por qué denunció este asunto?
Respuesta. Veía por Internet mucho movimiento alrededor de este tema. Y tras mi experiencia con el convento de Pastrana, consideré que la única vía de intentar recuperar la Mezquita era presentar una denuncia en Patrimonio del Estado.
P. ¿La respuesta le ha convencido?
R. Me ha sorprendido por contradictoria. Por un lado, citan un informe de la Abogacía del Estado que dice que fue el Rey Fernando III quién decidió qué hacer con la mezquita. Es decir, fue el rey el que decidió sobre algo que era suyo y dejó a la Iglesia como gestora. Y luego añaden que no hay nada que hacer. Está llena de incongruencias.
P. ¿La presentó en solitario?
R. Sí, hacerlo solo tiene una ventaja y es que nadie te lleva la contraria. Llevo años investigando y consultando a amigos que conocen el tema y con el paso de los años he adquirido suficiente experiencia para elaborar los escritos y presentar los documentos.
P. ¿Considera que denunciar es una buena vía para los ciudadanos?
R. Lo que deberían hacer los ciudadanos es una revolución, inundar la Dirección General de Patrimonio con miles de peticiones, aburrir al poder hasta que tenga determinación y derogue el artículo de la Ley Hipotecaria que beneficia a la Iglesia. Debemos atosigar a la Administración para que trabaje al servicio del pueblo y no de los partidos y de los Gobiernos en las prerrogativas abusivas a la Iglesia Católica. Es increíble que se persiga más al ciudadano por una multa que a la Iglesia. Te rastrean durante años si no pagas mientras que en el caso de la Iglesia, le dejan que registre propiedades sin pruebas documentales o que campe a sus anchas.
P. ¿Va a responder al escrito de Patrimonio?
R. Estoy preparando una nueva denuncia argumentando que lo que me ha respondido es una broma pesada y no una verdadera argumentación. Desde el punto de vista político, los ciudadanos nos merecemos un esfuerzo mayor por parte de las Administraciones. Patrimonio debería indagar mejor para dejar esto claro y no darle carpetazo tan pronto. Al final resulta que los principales abogados de la Iglesia en todo lo que tiene que ver con sus privilegios y prebendas han sido los sucesivos Gobiernos del Estado.


* El País - Pilar Álvarez - 9.5.14
Foto: Córdoba, mezquita aérea- arte

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